STC17316-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17316-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04553-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por D. Ingenier\u00eda S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el juicio n\u00ba 2017-00182. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su representante legal, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con las sentencias (de primera y segunda instancia) de 13 de julio de 2018 y 16 de junio de 2021, mediante las cuales los falladores accionados desestimaron su demanda de responsabilidad civil contractual, sin contar con un dictamen pericial que, dadas las particularidades del asunto, resultaba \u2013a su juicio- indispensable, para estudiar la viabilidad del reclamo indemnizatorio que formul\u00f3 en contra de la aseguradora demandada. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga hizo un breve recuento del juicio materia de este amparo y resalt\u00f3 que all\u00ed no trasgredi\u00f3 ninguna garant\u00eda de los intervinientes. <\/p>\n
2. Allianz Seguros S.A. pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda, dada la razonabilidad de los fallos que son objeto de censura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Preliminarmente, es importante se\u00f1alar que el per\u00edodo probatorio del juicio sobre el que versa esta actuaci\u00f3n, fue clausurado desde comienzos del a\u00f1o 2018, habiendo transcurrido m\u00e1s de 3 a\u00f1os para radicar la presente tutela, a lo que se suma que los elementos de juicio recaudados en el decurso de esta tramitaci\u00f3n no evidencian que en las oportunidades concedidas para el efecto (incluso en segunda instancia), la querellante haya hecho uso de las herramientas que le confer\u00eda el ordenamiento jur\u00eddico para intentar ampliar el caudal demostrativo que ahora, en forma sobreviniente, tild\u00f3 de insuficiente. <\/p>\n
Tales circunstancias, en raz\u00f3n de los principios de inmediatez y subsidiariedad que gobiernan la acci\u00f3n de tutela, impiden analizar en esta sede la supuesta vulneraci\u00f3n aducida por la omisi\u00f3n en decretar pruebas adicionales en el litigio, lo que impone estudiar la legalidad de la fustigada providencia de segunda instancia, a partir del conjunto de elementos suasorios que s\u00ed le fueron puestos de presente a la colegiatura encartada. <\/p>\n
Puesta la Corte en esa tarea, observa que dicha magistratura inici\u00f3 destacando que, \u00aben el presente asunto se acredit\u00f3 la existencia del contrato de seguro, finc\u00e1ndose entonces, de contera, el asunto en la culpa o e incumplimiento contractual de la aseguradora, a partir de la objeci\u00f3n a la reclamaci\u00f3n sobre el da\u00f1o que ha calificado unilateralmente como de menor cuant\u00eda y que la actora ha calificado como de mayor. En ese sentido, habr\u00e1 de decirse que el incumplimiento o culpa contractual, ata\u00f1e a una negaci\u00f3n de car\u00e1cter indefinido, que invierte as\u00ed la carga de la prueba en cabeza de la parte demandada, a quien ata\u00f1e, por ende, enervar el incumplimiento que se le endilga, de acuerdo a las reglas del principio onus probando del art\u00edculo 167 del C.G.P., es decir que a esta corresponde acreditar que una vez verificado el siniestro, cubri\u00f3 el monto asegurado o cuando menos se allan\u00f3 a hacerlo conforme al art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3, seguidamente, que \u00abEn el sub lite, lo que interesa al aspecto procesal y toral, es que el siniestro qued\u00f3 acreditado conforme a los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, seg\u00fan reconoci\u00f3 la demandada al contestar el hecho del libelo genitor. No obstante, como se dijo, es la magnitud y monto del da\u00f1o el que se cuestiona en este asunto. A partir de la norma en cita, en su parte in fine, se dispone que \u201cel asegurador deber\u00e1 demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad\u201d, aspecto que se evidencia cumpli\u00f3 la aseguradora, quien de esta forma justific\u00f3 la objeci\u00f3n parcial de la reclamaci\u00f3n. En efecto, el incumplimiento alegado por haberse aparentemente sustra\u00eddo la aseguradora al pago del siniestro, de un lado, no se aprecia total, sino parcial, pues esta, en su objeci\u00f3n, accedi\u00f3, conforme lo determin\u00f3 pericialmente, al reconocimiento de un pago correspondiente a un da\u00f1o parcial de menor cuant\u00eda. Incluso ofreci\u00f3 la reparaci\u00f3n al resultar inferior al 75% del valor comercial del bien asegurado\u00bb. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n, la bas\u00f3 en que \u00abas\u00ed como se desprende no solo de la testimonial recaudada (\u2026), sino tambi\u00e9n de la documental, seg\u00fan la cual la demandada, mediante escrito del 25 de junio de 2016, dio respuesta a la reclamaci\u00f3n de la actora, a quien le puso de presente que el da\u00f1o no era de menor cuant\u00eda conforme a la valoraci\u00f3n efectuada de los da\u00f1os, que no superaban el 75%, se\u00f1alando expresamente, en consecuencia, que \u201cofrecemos de esta manera que el rodante sea reparado por uno de nuestros proveedores, con quienes daremos plena garant\u00eda de los trabajos realizados\u201d. Entre tanto, mediante correo electr\u00f3nico del 27 de septiembre de 2016, y conforme al an\u00e1lisis de la misma aseguradora, se envi\u00f3 a la demandante propuesta final de arreglo directo por la suma de $37\u00b4000.000 menos deducible (\u2026). Propuesta que, por el mismo medio, fechado el 18 de agosto del mismo a\u00f1o, no fue aceptada por la actora, por conducto de C\u00e9sar Duarte, a partir del concepto del ingeniero C\u00e9sar Mantilla\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 resaltando que, \u00abDe igual forma, obran propuestas de arreglo directo, v\u00eda e-mail, en las que se pone de manifiesto la viabilidad de arreglo del veh\u00edculo o como arreglo directo la suma de $37\u00b4000.000, con requerimientos por parte de la aseguradora para que la asegurada definiera si autorizaba el arreglo, a las que siempre se opuso la actora al estimar que el da\u00f1o era de mayor cuant\u00eda. Todo lo anterior, evidencia que la demandada no se sustrajo injustificadamente al cumplimiento de su obligaci\u00f3n de salir al resarcimiento del siniestro, no obstante, que objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n a partir de su an\u00e1lisis del mismo, en el que determin\u00f3 que el da\u00f1o era parcial de menor cuant\u00eda, vali\u00e9ndose para ese prop\u00f3sito de experticias y conceptos sobre el particular, y tambi\u00e9n de cotizaciones\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abla aseguradora tambi\u00e9n dio cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 1077 del C.Co., entre tanto la experticia aportado por la actora no se muestra que haya sido elaborada en campo, es decir, en el lugar de los hechos, como tampoco establece una cuant\u00eda de los da\u00f1os, es decir, con inspecci\u00f3n directa al veh\u00edculo, por lo que en efecto lo calific\u00f3 el juez de instancia como te\u00f3rico, y no de otra forma pod\u00eda ser, pues arrib\u00f3 a tales conclusiones a partir solo de registros fotogr\u00e1ficos, no obstante que en el asunto, de lo que se trata es determinar, valga aclarar, m\u00e1s all\u00e1 de si la experticia rendida por la aseguradora o por la contraparte, tiene m\u00e1s peso o no que la otra, lo que se trata es de verificar la disposici\u00f3n que tuvo la demandada para determinar o para encaminarse al cumplimiento del contrato. Por lo que, como se viene diciendo, se trata es de determinar el incumplimiento injustificado del contrato de seguro, que, de esta forma, se muestra desvirtuado, toda vez que la demandada se allan\u00f3 a cumplir conforme al art. 1077 del C. Co. y 1546 del C.C., puesto que, confiando en sus propias experticias, como es apenas obvio, determin\u00f3 la obligaci\u00f3n a resarcir en una suma inferior a la reclamada, objeci\u00f3n que no equivale a un incumplimiento, donde no se advierte, entonces, la culpa contractual alegada como elemento de responsabilidad contractual, por lo que evidentemente las pretensiones principales est\u00e1n llamadas al fracaso\u00bb. <\/p>\n
Desestimadas las pretensiones principales, advirti\u00f3 que \u00aben lo que toca al petitum subsidiario, se advierte que el disenso debe prosperar parcialmente, en la medida en que reclama el reconocimiento y pago del valor ofrecido por la aseguradora, el cual, la misma reconoci\u00f3 tambi\u00e9n al contestar el libelo, acorde a la obligaci\u00f3n contra\u00edda mediante la p\u00f3liza, ella nunca se ha negado a esto y al cual no se sustrajo, sino que al inicio fue rechazada por la propia asegurada, sin que resulte entonces factible de rubros distintos a t\u00edtulo de perjuicios, que eventualmente se generaron con ocasi\u00f3n al rechazo de la oferta de arreglo directo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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