STC17322-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17322-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-01232-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 24 de junio de 20211, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Nancy Patricia P\u00e9rez R\u00faa contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, con vinculaci\u00f3n del Juzgado Quince Laboral del Circuito de esa ciudad, partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 05001-31-05-015-2013-00325-00 (rad. Corte 73985). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora solicit\u00f3 la anulaci\u00f3n de las sentencias de segunda instancia y de casaci\u00f3n, para que, en su lugar, se confirme el fallo de 29 de mayo de 2015 dictado por el juez del circuito. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de la empresa Taxis S\u00faper S.A., Jhon Jairo G\u00f3mez G\u00f3mez y \u00c1ngela Marcela Vargas Jim\u00e9nez, con el fin de que se reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes, con ocasi\u00f3n de la muerte violenta de su hijo cuando se desempe\u00f1aba como conductor de taxi, pretensiones que salieron avantes en el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medell\u00edn (29 may. 2015), pero el Tribunal las desestim\u00f3 para simplemente condenar a \u00ab\u00c1ngela Marcela Vargas Jim\u00e9nez y Taxis S\u00faper S.A. a pagar a la se\u00f1ora Nancy Patricia P\u00e9rez R\u00faa la suma de $3.801.600 (\u2026)\u00bb, por concepto de auxilio funerario (29 oct. 2015). Cont\u00f3 que postul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero la Corte decidi\u00f3 no casar la sentencia del juez colegiado (CSJ SL4742-2020, 18 nov.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que los funcionarios de segunda instancia incurrieron en \u00aberr\u00f3nea apreciaci\u00f3n de la prueba testimonial\u00bb y los de casaci\u00f3n de exceso ritual porque \u00abla demanda (\u2026) no cumpli\u00f3 con los rituales de formalidad que su interposici\u00f3n impone, refiri\u00e9ndose a los cargos denunciados solo de manera general (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 luego de hacer el recuento de las actuaciones, defendi\u00f3 su pronunciamiento y se\u00f1al\u00f3 que las resultas del recurso se dieron porque \u00abel \u00fanico cargo que formu[l\u00f3] el recurrente lo dirig[i\u00f3] por el sendero de puro derecho en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la ley sustancial, lo que implic[aba] por parte del censor la plena conformidad con los hechos fijados por el operador judicial (\u2026)\u00bb, agreg\u00f3, que \u00ablos hechos que dio por probados [el Tribunal] son absolutamente diferentes a los que tomaron como punto de partida para demostrar el cargo\u00bb. El Juez Quince Laboral del Circuito de Medell\u00edn resalt\u00f3 sobre la residualidad de este especial mecanismo. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el ruego tras considerar la razonabilidad del veredicto cuestionado. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 la quejosa e insisti\u00f3 en las alegaciones del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se anticipa que el desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia de casaci\u00f3n reprochada, sobre la que circunscribir\u00e1 el an\u00e1lisis, al ser la determinaci\u00f3n que finiquit\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre el litigio, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
En efecto, las disertaciones que condujeron a desechar el \u00fanico cargo que en esa sede elevaron Nancy Patricia P\u00e9rez R\u00faa y Jhon Bairon Ort\u00edz Hern\u00e1ndez, ata\u00f1en a razones de t\u00e9cnica de casaci\u00f3n por la forma en que dirigieron el ataque, perspectiva donde la autoridad enjuiciada sostuvo que: <\/p>\n
(\u2026) sabido es que en el recurso de casaci\u00f3n la v\u00eda directa supone plena conformidad con las conclusiones f\u00e1cticas e inferencias probatorias del ad quem, raz\u00f3n por la cual s\u00f3lo admite discusiones netamente jur\u00eddicas (CSJ; SL2841-2020, SL2548-2019, SL3169-2018, SL6107-2014, SL2799-2014, entre otras), la inclusi\u00f3n de aspectos f\u00e1cticos es ajena a esta senda de violaci\u00f3n, sobre todo cuando los mismos son diametralmente opuestos a los inferidos por el operador judicial plural. <\/p>\n
Se dice lo anterior toda vez que el Tribunal soport\u00f3 su decisi\u00f3n en un juicio jur\u00eddico y otros f\u00e1cticos, en el primero precis\u00f3 el alcance del art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1562 de 2012, cuando dijo que bastaba que el accidente ocurriera cuando la persona se encontrara desarrollando las actividades propias dentro de su jornada ordinaria de trabajo o cumpliendo \u00f3rdenes del empleador, para que se configurara el acontecimiento como accidente de trabajo, que es exactamente el mismo argumento jur\u00eddico que subyace en el cargo, solo que el juez de segundo grado no arrib\u00f3 al mismo puerto de los censores porque los hechos que dio por probados son absolutamente diferentes a los que toman como punto de partida para demostrar el cargo. <\/p>\n
No obstante, ese Colegiado pese a las deficiencias de t\u00e9cnica resalt\u00f3 las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal, y explic\u00f3 que <\/p>\n
(i) Ninguna prueba de autoridad competente se alleg\u00f3 al proceso que demostrara la relaci\u00f3n de causalidad del hecho generador del fallecimiento del causante y su trabajo, pues no se desprende de la prueba documental que el causante estuviera conduciendo el veh\u00edculo de servicio p\u00fablico cuando sucedi\u00f3 el homicidio. <\/p>\n
(ii) La prueba testimonial no informa que el joven Sebasti\u00e1n se ocupaba de la conducci\u00f3n del veh\u00edculo de propiedad de la demandada afiliado a la empresa codemandada, ni que fuera el \u00fanico conductor del rodante, por lo tanto, no se tiene prueba certera que esa noche condujera el veh\u00edculo. <\/p>\n
(iii) No se trajo al proceso la prueba del nexo causal necesario entre la prestaci\u00f3n del servicio y la muerte del causante. <\/p>\n
Para en ese escenario concluir, <\/p>\n
(\u2026) el recurso de casaci\u00f3n no le otorga competencia para dirimir el pleito, toda vez que no constituye esta sede extraordinaria una tercera instancia, de igual manera se ha adoctrinado que el art\u00edculo 61 del CPTSS concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aportadas al proceso para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos. <\/p>\n
Pues bien, aunque se present\u00f3 la casaci\u00f3n, la tutelante omiti\u00f3 el cumplimiento de los requisitos t\u00e9cnicos se\u00f1alados en los art\u00edculos 90 y 91 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, complementados por las reglas jurisprudenciales fijadas para su procedencia, pues dado su car\u00e1cter riguroso, rogado y extraordinario, estas exigencias son supuestos racionales del recurso que aseguran su debido proceso y no pueden ser suplidos de manera oficiosa. <\/p>\n
En este orden de ideas, lo dispuesto por el \u00f3rgano de cierre no puede calificarse como \u00abun exceso ritual manifiesto\u00bb, que se traduzca en trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas b\u00e1sicas de la inconforme, toda vez que contrario a lo por ella entendido, bajo el principio de \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre las formas\u00bb no es viable desatender las exigencias que la normatividad procesal establece en algunos eventos como presupuesto esencial para el \u00abejercicio de un derecho\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esa incuria o falta de cuidado en la proposici\u00f3n del \u00abrecurso de casaci\u00f3n\u00bb, impide que por esta senda se revise el fondo del veredicto emitido por los funcionarios convocados, por tanto, no es de recibo lo alegado por la impugnante en lo atinente a que estaba probado el \u00abnexo causal necesario entre la prestaci\u00f3n del servicio y la muerte del causante\u00bb, pues ese fue precisamente el aspecto echado de menos por el colegiado de casaci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela no puede ser usada como una tercera instancia en la que se reabra un debate suscitado ante los jueces ordinarios, de ah\u00ed que la reclamaci\u00f3n de la impugnante en punto a que se efectu\u00e9 una nueva valoraci\u00f3n probatoria en sede constitucional sea inaceptable. <\/p>\n
Lo anterior cobra mayor relevancia cuando lo enjuiciado es el examen de las probanzas recaudadas, pues como lo ha reiterado esta Corte, <\/p>\n
(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia \u2026\u00bb (CSJ STC7213-2020, STC5447-2021, memoradas en STC7266-2021). <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la directriz controvertida no alberga anomal\u00eda susceptible de ser enmendada por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 30 de agosto, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 26 de noviembre, donde se radic\u00f3, reparti\u00f3 e ingres\u00f3 al despacho el d\u00eda 30 de noviembre siguiente. <\/p>\n
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