STC17329-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17329-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04605-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Comunicaci\u00f3n Celular \u2013 Comcel S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2018-00360. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con los autos de 6 de agosto y 4 de noviembre de 2021, mediante los cuales la magistratura encartada (por auto de ponente y despu\u00e9s en grado de s\u00faplica) declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n que ella interpuso contra la sentencia de primera instancia (con fundamento en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso), pese a que la demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado formulada en su contra no solo se finc\u00f3 en la mora en el pago de los c\u00e1nones, sino en otras circunstancias que hac\u00edan viable la segunda instancia. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Mario Hermosa Puyo y Vivian Fern\u00e1ndez Hermosa defendieron la legalidad de la fustigada providencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal convocado declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n interpuesta por quien aqu\u00ed acciona contra el fallo de primera instancia, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, en raz\u00f3n a que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
Con tal fin, el tribunal se apoy\u00f3 principalmente en la pretensi\u00f3n primera del libelo incoativo, en la cual se consign\u00f3, en forma expresa, que la pretendida terminaci\u00f3n del contrato obedec\u00eda al \u00abincumplimiento en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento pactados, a partir del mes de ENERO de 2018\u00bb, y con base en ello coligi\u00f3 que las otras irregularidades invocadas en el ac\u00e1pite de hechos (relativas a la modificaci\u00f3n inconsulta e ilegal del inmueble arrendado) ten\u00edan como \u00fanico prop\u00f3sito exponer las razones que justificaban: (i) que los arrendadores no recibieron a satisfacci\u00f3n el predio en la fecha inicialmente acordada; (ii) que, por ello, el v\u00ednculo contractual mantuvo su vigencia con posterioridad al a\u00f1o 2017; (iii) que, en consecuencia, la arrendataria segu\u00eda obligada a pagar los c\u00e1nones pactados; y (iv) que, al no hacerlo, incurri\u00f3 en una infracci\u00f3n contractual que ameritaba la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo jur\u00eddico. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura sostuvo que \u00abadelantada la revisi\u00f3n preliminar que ordena el art\u00edculo 325 del C\u00f3digo General del Proceso, se advierte que el \u00fanico motivo que los se\u00f1ores Hermosa y Fern\u00e1ndez alegaron para solicitar la terminaci\u00f3n del contrato fue el \u201cincumplimiento en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento pactados a partir del mes de enero de 2018\u201d, como se precis\u00f3, de manera inequ\u00edvoca, en la pretensi\u00f3n primera de la demanda, lo que, por supuesto, determina la congruencia del fallo (CGP, art. 281, inc. 2). Que en la demanda se hubiere hecho referencia a un motivo de terminaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico que hab\u00eda invocado la sociedad arrendataria, no significa que esa tambi\u00e9n sea causal alegada por los arrendadores, menos a\u00fan si, seg\u00fan dicho escrito, estos no la aceptaron. Con otras palabras, el proceso es de \u00fanica instancia teniendo en cuenta la causal que alega el arrendador, sin que esta conclusi\u00f3n se altere en funci\u00f3n del alegato de defensa del arrendatario. Y si bien es cierto que este Tribunal Superior, en auto de 21 de agosto de 2019, resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que la parte demandada interpuso contra la providencia de 30 de octubre de 2018, relativa al monto de una cauci\u00f3n, no lo es menos que en ese momento no contaba con la totalidad del expediente. Pero sea lo que fuere, un error no puede conducir a otro, raz\u00f3n por la cual no es posible asumir conocimiento para pronunciarse sobre el fallo de primera instancia, por carecer de competencia funcional, la cual, como se sabe, es motivo de nulidad insaneable\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar el recurso de s\u00faplica interpuesto contra ese prove\u00eddo, anot\u00f3 que \u00aben la pretensi\u00f3n primera del libelo genitor la parte demandante solicit\u00f3 \u201c(\u2026) PRIMERA. Se declare terminado el contrato de arrendamiento, celebrado en abril de 1998 entre MARIO HERMOSA PUYO y VIVIAN FERNANDEZ HERMOSA como ARRENDADORA y COMUNICACI\u00d3N CELULAR COMCEL S.A. como ARRENDATARIO, por incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento pactados, a partir de ENERO de 2018 (\u2026)\u201d. (negrita del original). Las restantes pretensiones, son consecuencia de la exigencia antes citada, luego no son de recibo los argumentos de la apoderada suplicante, puesto que a pesar que en el ac\u00e1pite de las pretensiones existen doce ordinales, lo cierto es que todos son, derivan de la solicitud de terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento por la causal de mora en el pago del canon. Sobre el particular, en sede de tutela, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia puntualiz\u00f3 que \u201cLa citada norma [inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 39 de la Ley 820 de 2003] es de raigambre eminentemente procesal, en la medida que se refiere el tr\u00e1mite en \u00fanica instancia y no se aplica exclusivamente a los contratos de vivienda sino a todos los contratos de esa \u00edndole, sean ellos civiles o comerciales, conforme a lo decidido por la Corte Constitucional, siempre y cuando, \u201cla causal de restituci\u00f3n sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento\u201d. A su turno, la Corte Constitucional en sentencia C-670 de 2004 se\u00f1al\u00f3 que \u201cLa ley 820 de 2003 se titula \u2018Por la cual se expide el r\u00e9gimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones\u2019, por lo que, no s\u00f3lo regula el contrato de arrendamiento de vivienda urbana sino que se dictan otras disposiciones, entre ellas algunas de tipo procesal aplicables por supuesto a \u2018todos los procesos de restituci\u00f3n de tenencia de arrendamiento\u2019, dado que el legislador ha consagrado un solo procedimiento para tramitar la restituci\u00f3n del inmueble arrendado independientemente de la destinaci\u00f3n objeto del mismo. (\u2026)\u201d. Siendo as\u00ed las cosas, en el caso en concreto, de entrada resultaba evidente la confirmaci\u00f3n de la providencia objeto de s\u00faplica, por cuanto, al ser exclusiva la causal invocada en el proceso de restituci\u00f3n, la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento como se observa en el expediente, el tr\u00e1mite es de \u00fanica instancia y, por consiguiente, como se trascribi\u00f3 precedentemente, no procede la apelaci\u00f3n en este caso, siendo bien negada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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