STC17340-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17340-2020 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01594-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 31 de agosto de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael Heberto Mart\u00ednez Collante contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00b8 la Fiscal\u00eda 22 Delegada ante esa Colegiatura, la Unidad de Gesti\u00f3n de Pensionados y Parafiscales \u2013 UGPP y el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al m\u00ednimo vital y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, al suspenderle el pago del reajuste de la indexaci\u00f3n de la primera mesada, como pensionado de la Empresa de Puertos de Colombia -Foncolpuertos. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene a la Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP, \u00abcancelar[le] la indexaci\u00f3n a que tiene derecho\u00bb, tras \u00abrevocar la injusta e ilegal resoluci\u00f3n que suspendi\u00f3 el pago del reajuste de la indexaci\u00f3n a la primera mesada\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone en compendio, que es pensionado de la Empresa de Puertos de Colombia desde el 5 de abril de 1992, y mediante Resoluci\u00f3n No. 027 de 26 de enero de 1998 se le reconoci\u00f3 la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional; no obstante, ese reajuste fue suspendido por la UGPP mediante Resoluci\u00f3n No. RDP 020737 de 25 de mayo de 2015 por orden de la Fiscal\u00eda 22 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, debido a que el citado acto administrativo hab\u00eda sido firmado por el director de Foncolpuertos Manuel Heriberto Zabaleta, contra quien se adelanta juicio penal, por lo cual pidi\u00f3 se le permitiera intervenir como \u00abtercero incidental\u00bb en ese proceso, el cual se encuentra ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n de sentencia. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en decisi\u00f3n T-199 de 2018, la Corte Constitucional ampar\u00f3 el derecho de los pensionados de Puertos de Colombia, tras considerar que a instancias del precitado juicio no se pod\u00eda suspender el pago de sus pensiones, motivo por el cual promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela en dos ocasiones reclamando el pago de la indexaci\u00f3n de su mesada, las cuales fueron negadas, empero, como la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 han emitido nuevos pronunciamientos donde amparan los derechos de personas en situaci\u00f3n similar a la suya, ello \u00abconstituye un hecho novedoso que amerita un nuevo pronunciamiento por el juez constitucional\u00bb, pues, \u00abel hecho de que haya sido reconocida o firmada la resoluci\u00f3n [donde se le reconoce la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional] por el se\u00f1or Manuel Heriberto Zabaleta, quien fue director de Foncolpuertos, no quiere decir, per s\u00e9, que sea ilegal\u00bb, situaci\u00f3n que, aunada a que es una persona de la tercera edad, en una dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica, hace posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que, dentro del proceso penal seguido contra Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez, en sentencia del 18 de septiembre de 2019 decret\u00f3 como medida de restablecimiento de derecho, el levantamiento de la medida provisional de suspensi\u00f3n de la indexaci\u00f3n de la mesada pensional de varios trabajadores de Puertos de Colombia, orden que se har\u00e1 efectiva una vez el fallo que la contiene cobre ejecutorio. <\/p>\n
Precis\u00f3, que dicho proceso penal es adelantado \u00fanicamente por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n y el aqu\u00ed interesado no es parte de este, ni ha elevado solicitud alguna como tercero incidental. <\/p>\n
b. La Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP, indic\u00f3 que hay temeridad en la solicitud de protecci\u00f3n, porque el aqu\u00ed interesado ha presentado dos acciones de tutela con el mismo prop\u00f3sito, los mismos hechos y las mismas partes, las cuales fueron negadas mediante sentencias de 27 de enero de 2020 del Juzgado Tercero de Familia Oral de Santa Marta y de 17 de enero de 2021 del Juzgado Quince Civil del Circuito de la misma ciudad; que suspendi\u00f3 el pago de la indexaci\u00f3n del gestor en cumplimiento de una orden judicial, sin tener la potestad de decidir si la acog\u00eda o no, adem\u00e1s, \u00e9ste cuenta con la posibilidad de elevar su reclamo ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo o dentro del proceso penal donde se emiti\u00f3 dicha imposici\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente precis\u00f3, que en el presente caso se descarta la generaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, porque el gestor recibe su pensi\u00f3n, y que la sentencia T-199 de 2018 no tiene efectos erga omnes. <\/p>\n
c. La Coordinaci\u00f3n de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3, que la Fiscal\u00eda 22 de esa unidad fue eliminada. <\/p>\n
c. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 corrobor\u00f3, que tramita la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia emitida el 18 de septiembre de 2019 por Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, dentro del proceso penal seguido contra Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez. <\/p>\n
d. Manuel Zabaleta Rodr\u00edguez y Tatiana Margarita Santiago Bol\u00edvar, coadyuvaron la solicitud del inconforme. <\/p>\n
e. El ciudadano Julio Acosta Cruz Benedicto puso de presente, que la UGPP tambi\u00e9n suspendi\u00f3 los efectos jur\u00eddicos del reconocimiento de su pensi\u00f3n, y no recibe ning\u00fan ingreso pese a tener 83 a\u00f1os de edad, por lo cual pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de sus propios derechos fundamentales mediante el levantamiento de dicha medida, acorde con la sentencia proferida por el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tras descartar la temeridad en el proceder del gestor, porque \u00aben la presente demanda, el accionante invoca un cambio jurisprudencial de esta Sala Especializada frente a la procedencia formal de la acci\u00f3n de tutela en casos como el suyo, que no fue analizado en el tr\u00e1mite anterior, lo cual constituye un hecho novedoso que amerita un nuevo pronunciamiento del juez constitucional\u00bb, advirti\u00f3 cumplido el presupuesto de la subsidiariedad, porque \u00abel demandante no cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para atacar la legalidad del acto administrativo por el cual, la UGPP, suspendi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 027 del 26 de enero de 1998, que le reconoci\u00f3 la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, por ser un acto de ejecuci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que a pesar de estar en curso el proceso penal dentro del cual se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n que perjudica al gestor, \u00abesta Sala Especializada, en la STP 9949, dictada el 29 de septiembre de 2020, en el radicado 112150, en un evento similar al aqu\u00ed estudiado, estim\u00f3 que, ante la clara afectaci\u00f3n de derechos fundamentales, ser\u00eda un desacierto impedir el acceso a la protecci\u00f3n constitucional por la falta del condicionamiento en menci\u00f3n. Por consiguiente, en este espec\u00edfico asunto se tendr\u00e1 por satisfecho el requisito de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Hechas estas precisiones, accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n reclamada, porque \u00aben la sentencia a la que se ha hecho alusi\u00f3n se reiter\u00f3 que es v\u00e1lido que la Fiscal\u00eda, en procesos tramitados por la Ley 600 de 2000, disponga la suspensi\u00f3n de efectos jur\u00eddicos de los actos suscritos por el acusado. Pero, la UGPP viola el debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital y seguridad social de los beneficiarios, cuando cumple esa orden sin antes verificar si la actuaci\u00f3n es evidentemente fraudulenta, realizando los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003, para as\u00ed determinar si procede o no suspender la mesada pensional (CC T-199-2018, CSJ STP2208-2019, STP12079-2019, STP13363-2019 y STP2748-2020). En el subjudice, es indiscutible que en el proceso penal 2013-00061 la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n se profiri\u00f3 contra Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez, como supuesto autor del delito de peculado por apropiaci\u00f3n, y no frente al actor. La UGPP admite que, el 25 de mayo de 2015, suspendi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 027 del 26 de enero de 1998, que benefici\u00f3 a RAFAEL HEBERTO MART\u00cdNEZ COLLANTE con la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional, bajo el \u00fanico argumento de cumplir una orden de la fiscal\u00eda, es decir, que no agot\u00f3 previamente el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003, para determinar si la actuaci\u00f3n era evidentemente fraudulenta\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la UGPP alegando, de un lado, que el actor actu\u00f3 de manera temeraria y la situaci\u00f3n expuesta no le genera un perjuicio irremediable porque est\u00e1 recibiendo su pensi\u00f3n; y de otro, que suspendi\u00f3 el acto administrativo de indexaci\u00f3n de la pensi\u00f3n del gestor, en cumplimiento de una orden judicial, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave o en el delito de fraude a resoluci\u00f3n judicial, adem\u00e1s que ya se pronunci\u00f3 sobre dicha actualizaci\u00f3n de valores, mediante Resoluci\u00f3n RDP031228 de 25 de agosto de 2016, donde la neg\u00f3 debido a la existencia de la aludida orden judicial, acto administrativo que fue recurrido extempor\u00e1neamente, por lo que se encuentra en firme. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Rafael Heberto Mart\u00ednez Collante est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra la decisi\u00f3n de la UGPP de suspender la Resoluci\u00f3n 017 del 26 de enero de 1998, con que se le hab\u00eda reconocido la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, pues en su criterio, tal reconocimiento pensional es legal, a pesar de haber sido firmado por Manuel Heriberto Zabaleta, contra quien se adelanta proceso penal por presunto peculado por apropiaci\u00f3n como directivo de Foncolpuertos. <\/p>\n
3. De entrada corresponde precisar, que tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, la formulaci\u00f3n del amparo no resulta temeraria, porque a pesar que similar pedimento le fue negado al gestor en sede de tutela el 27 de enero de 2020 por el Juzgado Tercero de Familia en Oralidad de Santa Marta y el 17 de enero de 2021 por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en esta ocasi\u00f3n \u00e9ste reclama la aplicaci\u00f3n a su caso de un nuevo criterio con que, dice, la Corte Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia han concedido la protecci\u00f3n solicitada por otras personas en situaci\u00f3n similar a la suya, lo que descarta la similitud en el fundamento de las peticiones de amparo e impide sostener que se trata de un ejercicio repetido de la acci\u00f3n. <\/p>\n
4. Sobre la tem\u00e1tica planteada en la impugnaci\u00f3n, esta Sala viene sosteniendo que el reclamo constitucional resulta improcedente, principalmente por incumplimiento del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que las resoluciones con que la UGPP afect\u00f3 pensiones como la del aqu\u00ed accionante, como consecuencia de la ejecuci\u00f3n de la orden emitida dentro del proceso penal seguido contra Manuel Zabaleta Rodr\u00edguez, cuyo prop\u00f3sito es cesar los efectos nocivos derivados de los supuestos actos delictivos que cometi\u00f3 \u00e9ste como ex director de Foncolpuertos, \u00abson objeto de an\u00e1lisis en el proceso penal, y es all\u00ed donde se debe definir si las prestaciones conferidas con intervenci\u00f3n del sindicado est\u00e1n o no afectadas por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n, y no al juez de tutela, escenario en donde, adem\u00e1s, los interesados en hacerlas valer tienen la posibilidad de exponer las razones por las cuales sus derechos no est\u00e1n asociados al il\u00edcito. Con mayor raz\u00f3n, si los favorecidos con la sentencia de la Sala Penal no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable que haga impostergable la intervenci\u00f3n constitucional\u00bb (STC5436-2021). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha negado la protecci\u00f3n porque \u00abresulta ostensible el actuar precipitado del actor qui\u00e9n, seg\u00fan los informes rendidos a este tr\u00e1mite, adem\u00e1s de asistir a ese pleito para ser reconocido como \u00abtercero incidental\u00bb, acudi\u00f3 a esta salvaguarda sin esperar las resultas propias del rito que se adelanta a fin de resolver, entre otras, lo relativo a los efectos de las cautelas que all\u00ed se ordenaron sobre su prestaci\u00f3n pensional (\u2026) De otro lado, a pesar de las manifestaciones de urgencia y perjuicio insalvable que acot\u00f3 el precursor, se echa de menos la prueba de su existencia, panorama suficiente para frustrar la intervenci\u00f3n constitucional, siquiera de forma transitoria. En efecto, oteados los informes y el escrito de tutela es dable colegir que la mesada ordinaria del gestor se sufraga regularmente por la convocada pues dicha prestaci\u00f3n no se halla vinculada por la resoluci\u00f3n criticada que s\u00f3lo cobij\u00f3, como ya se dijo, la indexaci\u00f3n de esa cuota de jubilaci\u00f3n, lo que desdibuja la alegada lesi\u00f3n supra legal. Con todo, la condici\u00f3n de ser persona de la tercera edad no es \u00f3bice para la concesi\u00f3n autom\u00e1tica del resguardo\u00bb (STC12891-2021). <\/p>\n
5. Frente al mismo supuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte opt\u00f3 por variar su postura y en decisiones como la STP9949 del 29 de septiembre de 2020 concedi\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por personas en situaci\u00f3n similar a la del aqu\u00ed accionante, tras considerar que, \u00absi bien la facultad de la Fiscal\u00eda para ordenar la suspensi\u00f3n de los efectos de actos administrativos que reconocen una prestaci\u00f3n de car\u00e1cter pensional, es una medida necesaria para cesar los efectos que pudo generar la conducta punible calificada, la actuaci\u00f3n debe ser evidentemente fraudulenta por parte del beneficiario para que la administraci\u00f3n pueda revocar su propio acto sin obtener previamente su consentimiento. (\u2026) En tal virtud, la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n se profiri\u00f3 en contra de Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez, como supuesto autor del delito de peculado por apropiaci\u00f3n y no frente a los aqu\u00ed coadyuvantes, raz\u00f3n por la cual, a pesar de haberse emitido una orden por parte de la Fiscal\u00eda, esta no pod\u00eda ser ejecutada autom\u00e1ticamente por la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP-, porque, se insiste, de las piezas procesales aportadas al presente tr\u00e1mite constitucional, la actuaci\u00f3n presuntamente fraudulenta \u00abevidentemente\u00bb no tuvo como origen un acto de Denis Patricia Bol\u00edvar Mart\u00ednez, representante de la menor T.M.S.B., Cruz Benedicto Julio Acosta, Horacio Cantillo Narv\u00e1ez y Miriam del Socorro Yoleani Daza. Por tanto, era imperativo respetar el debido proceso administrativo, esto es, lo previsto en el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
6. El prenotado criterio corresponde con un pronunciamiento emitido en sede de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, donde se dijo que \u00aba pesar de que la medida adoptada por la Fiscal\u00eda Delegada de suspender los efectos jur\u00eddicos de los actos suscritos por el acusado era v\u00e1lida en el marco de la vigencia de la Ley 600 de 2000, no era posible aplicarla pues aunque la accionada tiene la facultad de revisar actos administrativos que conceden o reconocen derechos pensi\u00f3nales, esta debe estar fundada en motivos reales, objetivos y trascendentes, lo que se presentar\u00eda en caso de haber sido reconocida la prestaci\u00f3n sin cumplir los requisitos, o con base en documentaci\u00f3n falsa; dichas conductas fraudulentas, frente a las accionantes nunca fueron ni propuestas, ni investigadas, ni controvertidas, ni comprobadas, lo que le hubiera permitido a la accionada actuar sin siquiera contar con el consentimiento de las pensionadas\u00bb (T-199-2018). <\/p>\n
7. Expuesto lo anterior, en esta oportunidad observa la Corte que, si bien es cierto est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n el proceso penal donde se discute la medida de restablecimiento de derecho de la cual el actor deriva la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, lo que en principio impedir\u00eda la intervenci\u00f3n del juez constitucional hasta tanto concluya ese juicio, tambi\u00e9n lo es que el acatamiento a la misma se dio por parte de la Unidad Pensional accionada, de manera unilateral, sin reparar en el derecho fundamental al debido proceso del beneficiario de la mesada, a quien no se le atribuye la conducta delictiva que trata el aludido juicio, lo cual, devino en la afectaci\u00f3n de la garant\u00eda superior a la seguridad social y al m\u00ednimo vital de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, por ser de la tercera edad, priv\u00e1ndolo de su derecho a la indexaci\u00f3n de la mesada pensional. <\/p>\n
8. En este contexto, la condici\u00f3n del gestor y la ostensible mengua de su ingreso pensional, permiten flexibilizar el an\u00e1lisis del requisito de la subsidiariedad de la tutela, para no exigirle soportar la misma carga procesal que un sujeto sin esas condiciones de vulnerabilidad, pues, como lo ha considerado la Corte Constitucional, \u00abexigir id\u00e9nticas cargas procesales [tanto a las] personas que soportan diferencias materiales relevantes [como a las que] no se encuentran en estado de vulnerabilidad alguno, puede resultar discriminatorio y comportar una infracci\u00f3n constitucional al acceso a la administraci\u00f3n de justicia en igualdad de condiciones\u00bb (T-074-2015), particularidades que entones posibilitan analizar de fondo la tem\u00e1tica planteada en la tutela. <\/p>\n
9. Bajo este panorama, se observa que la UGPP procedi\u00f3 a suspender la Resoluci\u00f3n 017 del 26 de enero de 1998, con la cual hab\u00eda reconocido al actor la indexaci\u00f3n de su mesada pensional, sin antes evidenciar la abierta ilegalidad de ese acto administrativo por actuaciones de su beneficiario, mediante el agotamiento del procedimiento establecido en el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003, siendo que, seg\u00fan tiene establecido la Corte Constitucional, \u00abes posible suspender el pago de prestaciones pensionales y posteriormente revocar de manera unilateral los actos irregulares que los reconocieron, si acaecieron actos o hechos manifiestamente ilegales, por parte de su beneficiario, que le permitieron acceder a ellos, siempre y cuando la Administraci\u00f3n y toda entidad encargada del reconocimiento y pago de mesadas pensionales adelante los tr\u00e1mites tendientes a dicha suspensi\u00f3n y revocatoria, observando estrictamente el debido proceso\u00bb (T-199-18). <\/p>\n
Ahora, aunque la UGPP respald\u00f3 su proceder en el acatamiento a la orden que le dio el Delegado de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para cesar los efectos derivados de la posible comisi\u00f3n de una conducta punible, ello no obstaba para que antes adelantara el aludido procedimiento, en procura del respeto al derecho fundamental al debido proceso del beneficiario de la indexaci\u00f3n y de los derechos que adquiri\u00f3 presumiblemente de buena fe, ello, bajo el entendido que dicha conducta il\u00edcita no es atribuida a \u00e9ste, lo que descarta, de momento, actuaciones fraudulentas por parte del beneficiario de la indexaci\u00f3n pensional, que permitan suspenderle ese reconocimiento sin su consentimiento expreso. <\/p>\n
10. Lo expuesto no quiere decir, que la UGPP deb\u00eda desacatar la orden que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n emiti\u00f3 en uso de sus facultades legales, sino que particular derecho afectado con la misma, le impon\u00eda agotar previamente el procedimiento establecido en el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003 para determinar si proced\u00eda la revocatoria del reconocimiento de la indexaci\u00f3n pensional, ante la constataci\u00f3n de una irregularidad en la actuaci\u00f3n por parte de su beneficiario o en los documentos que sirvieron de soporte para el reconocimiento econ\u00f3mico, so pena de afectar las garant\u00edas superiores cuya protecci\u00f3n invoc\u00f3 \u00e9ste, en su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
11. As\u00ed las cosas, se mantendr\u00e1 la protecci\u00f3n concedida en el fallo constitucional de instancia, teniendo en cuenta las consideraciones esbozadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC17340-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC17340-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01594-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 31 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60338","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60338","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60338"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60338\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60338"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60338"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60338"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}