STC17341-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17341-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04545-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, dirime la Corte la tutela de Jorge Ruiz P\u00e1ez, Pedro Ruiz G\u00f3mez, Marcela P\u00e9rez y Jenny Ruiz P\u00e9rez, esta \u00faltima en nombre propio y en representaci\u00f3n del menor Juan Jos\u00e9 Montenegro Ruiz contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, extensiva al Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes en el asunto de radicaci\u00f3n No. 23001-31-21-003-2018-00154-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes pidieron dejar sin efecto todo lo actuado en el pleito a que alude su solicitud y ordenar tramitarlo con respeto de sus garant\u00edas o, en su defecto, declarar \u00abprobado un discurrir de buena fe exenta de culpa en el marco de la Ley 1448 de 2011\u00bb, reconocerle a Jorge Ruiz P\u00e1ez, as\u00ed como a los dem\u00e1s impulsores, la calidad de \u00absegundos ocupantes\u00bb, y adoptar medidas coherentes con tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En respaldo dijeron que el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda tramit\u00f3 juicio de formalizaci\u00f3n de tierras, impulsado por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (UAEGRTD) a favor de Luisa Fernanda, Pedro, Carlos, Mar\u00eda, Antonio, Jos\u00e9 y Doris del Carmen Monsalve Pardo, del predio \u201cEl Desenga\u00f1o\u201d, ubicado en la vereda Maquencal del Corregimiento La Manta del Municipio de Monter\u00eda, C\u00f3rdoba, y se orden\u00f3 enterar a Jorge Ruiz P\u00e1ez al ser el propietario, quien se opuso. <\/p>\n
No obstante, la Sala accionada resolvi\u00f3 desfavorablemente tal oposici\u00f3n porque desconoci\u00f3 el informe t\u00e9cnico de caracterizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica y los testimonios que serv\u00edan para constatar su situaci\u00f3n de vulnerabilidad; adem\u00e1s, afect\u00f3 los derechos de Pedro Ruiz G\u00f3mez, Marcela P\u00e9rez, Jenny Ruiz P\u00e9rez y de su menor hijo, quienes poseen el inmueble desde 1993 y viven en \u00e9l, pero dejaron de ser convocados a ese ritual y, por ende, no pudieron hacer valer sus derechos. <\/p>\n
Tampoco valor\u00f3 adecuadamente las din\u00e1micas del conflicto armado interno porque desconoci\u00f3 el concepto de segundo ocupante y dej\u00f3 de lado a quienes habitan el fundo en calidad de poseedores, ya que entre ellos y Jorge Ruiz P\u00e1ez no existe contrato alguno que limite el ejercicio de tal poder\u00edo. Adem\u00e1s, la UAEGRTD omiti\u00f3 la verdad en el informe de caracterizaci\u00f3n socio-jur\u00eddica porque no mencion\u00f3 al menor que tambi\u00e9n vive en el bien y confundi\u00f3 el concepto de buena fe exenta de culpa con el de segundo ocupante. <\/p>\n
Err\u00f3 al colegir que el opositor no desvirt\u00fao la ausencia de consentimiento en el contrato firmado con Antonio Madrid Platero, sin advertir que tampoco se constat\u00f3 la presencia de tal elemento y que, por tanto, era imposible desvirtuar algo que no fue probado; tambi\u00e9n le neg\u00f3 la calidad de segundo ocupante a Jorge Ruiz P\u00e1ez y le hizo extensiva tal determinaci\u00f3n a Benigno Escalante y Mariela Lozano, pese a que no les permiti\u00f3 defenderse y hacer valer sus derechos. <\/p>\n
2. La Sala convocada se opuso a la prosperidad del amparo y defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n. Cuando se elabor\u00f3 el proyecto no hab\u00eda m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El amparo invocado no est\u00e1 llamado a prosperar porque la decisi\u00f3n cuestionada fue proferida bajo un criterio de interpretaci\u00f3n razonable, pues el tribunal s\u00ed apreci\u00f3 el informe t\u00e9cnico de caracterizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica allegado al plenario y los testimonios con los que se trat\u00f3 de sustentar la oposici\u00f3n de Jorge Ruiz P\u00e1ez. <\/p>\n
Frente al primero de esos medios se refiri\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
De cara a lo informado en la caracterizaci\u00f3n de los ocupantes encontrados en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, la UNIDAD indico\u0301 que el n\u00facleo familiar del opositor JORGE RUIZ P\u00c1EZ es extenso y esta\u0301 compuesto por su esposa SILVIA NARVA\u0301EZ MERCADO, donde identifico\u0301 que el predio objeto de restituci\u00f3n esta\u0301 siendo habitado por uno de sus hijos, llamado BENIGNO ANTONIO ESCALANTE NARVA\u0301EZ junto con su esposa MARCELA P\u00c9REZ y su nieta YERLADIN ESCALANTE LOZANO. <\/p>\n
(\u2026) el n\u00facleo familiar de BENIGNO ANTONIO ESCALANTE NARVA\u0301EZ \u201cSi\u0301 presenta indicie (sic) de pobreza multidimensional\u201d, empero que para calcular el IPM264 se ponderan 15 variables de acuerdo con su asignaci\u00f3n porcentual de 0% a 100%, donde 100% es total de privaci\u00f3n y 0% corresponde a ning\u00fan grado de privaci\u00f3n y que un hogar se considera dentro de esa clasificaci\u00f3n al obtenerse una asignaci\u00f3n porcentual del 33%. As\u00ed\u0301 las cosas, observa esta Colegiatura que aplicada la anterior metodolog\u00eda a los ocupantes del predio \u201cEl Desengan\u0303o\u201d su puntuaci\u00f3n fue de 30.00%, present\u00e1ndose vulnerabilidad asociados al desempleo de larga duraci\u00f3n y bajo logro educativo, por lo que no se halla dentro de los supuestos de \u00edndice de pobreza multidimensional. <\/p>\n
A partir de ese estudio dedujo, entonces, que el n\u00facleo familiar que habita el predio objeto de restituci\u00f3n no puede ser apreciado como segundo ocupante, por cuanto ingres\u00f3 a \u00e9l de forma pac\u00edfica en raz\u00f3n a que Jorge Ruiz P\u00e1ez, que es uno de sus integrantes, figura como propietario y les permiti\u00f3 radicarse all\u00ed, lo que desvirt\u00faa un factor de violencia como motivo determinante del acceso a ese terreno, as\u00ed como el desconocimiento de su titular. <\/p>\n
Respecto de las declaraciones allegadas por el opositor encontr\u00f3 que no guardan coherencia con las circunstancias que determinaron la venta del predio y sus condiciones, porque en tal sentido hay diversos relatos discordantes, aunado a que algunos testigos son de o\u00eddas, mientras que el recuento hecho por deponentes de la parte interesada en la restituci\u00f3n es coherente y concuerda, en lo medular, con los dem\u00e1s medios de prueba obrantes en el plenario, raciocinio que no fue desvirtuado por los accionantes. <\/p>\n
Ahora bien, tampoco se vislumbra la presencia de alg\u00fan desatino en lo resuelto respecto de la buena fe exenta de culpa de Jorge Ruiz P\u00e1ez, ya que el juzgador analiz\u00f3 ese principio en armon\u00eda con las sentencias C-820 de 2012 y C-330 de 2016 y descart\u00f3 que la conducta que aqu\u00e9l despleg\u00f3 cuando adquiri\u00f3 el bien encaje en ese est\u00e1ndar cualificado en raz\u00f3n a que no acredit\u00f3 haber adelantado acciones concretas para verificar la regularidad de la situaci\u00f3n y constatar la veracidad de las razones que expuso Pedro Monsalve Pardo para justificar la venta que de ese predio le hizo, m\u00e1xime cuando los testigos Regino Antonio Madrid Fern\u00e1ndez, Eliecer de los Santos Almanza Villadiego, Julio Jos\u00e9 Padilla Nisperuza y Jos\u00e9 de los Santos Miranda Urango al un\u00edsono se refirieron a la desaparici\u00f3n forzada de Antonio Monsalve Pardo, hijo del vendedor, ocurrida en dicho inmueble antes de la venta. <\/p>\n
De igual modo, hizo un estudio de la figura del segundo ocupante acu\u00f1ada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, as\u00ed como de los elementos que deben confluir para su reconocimiento, consistentes en que quien alegue esa condici\u00f3n habite el predio objeto de restituci\u00f3n o derive de ellos su m\u00ednimo vital, se encuentre en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y que no exista, ni directa o independientemente, relaci\u00f3n con el despojo o el abandono forzado del predio. <\/p>\n
Frente a esos axiomas, extrajo, entonces, que <\/p>\n
A lo largo de esta providencia, se ha dejado establecido que el opositor no tuvo relaci\u00f3n (directa o indirecta) con los hechos victimizantes sufridos por MANUEL ANTONIO MADRID PLATERO ni su n\u00facleo familiar, pues se ha sostenido que las circunstancias que obligaron al padre de los solicitantes a vender el predio \u201cEl Desengan\u0303o\u201d el 2 de marzo de 1993 fue como consecuencia del temor que les genero\u0301 la presencia de los grupos paramilitares que ejercieron su influencia en esta zona del pa\u00eds, como lo fue la CASA CASTAN\u0303O y la desaparici\u00f3n forzada de uno de los hijos (ROBERTO ANTONIO MADRID SOTELO). De otro lado, se tiene que JORGE RUIZ P\u00c1EZ se hizo al inmueble ubicado en la vereda Maquencal del corregimiento La Manta del municipio de Monter\u00eda (Co\u0301r.), a trav\u00e9s de la Escritura Publica 103 del 2 de marzo de 1993 de la Notaria \u00danica de Planeta Rica (Co\u0301r.). <\/p>\n
No obstante, el opositor JORGE RUIZ P\u00c1EZ no cumple los requisitos de que trata la sentencia C-330 de 2016 de la Corte Constitucional ya citada, para atribuirle la calidad de segundo ocupante, pues en la declaraci\u00f3n judicial del 13 de noviembre de 2019, conto\u0301 que es agricultor sembrando arroz, ma\u00edz y yuca y vive en la vereda Maran\u0303onal del municipio de Planeta Rica (Co\u0301r.). Respecto al predio \u201cEl Desengan\u0303o\u201d y su forma de explotaci\u00f3n adujo que desde que lo adquiri\u00f3\u0301 un hijo es quien lo ha habitado desde que se caso\u0301 aproximadamente hace 23 a\u00f1os, construyendo la casa y el corral en bareta, donde tambi\u00e9n tiene pl\u00e1tano, siendo \u00e9l quien lo \u201cesta\u0301 explotando. <\/p>\n
De otro lado, sostuvo a lo largo de la declaraci\u00f3n que adem\u00e1s del predio objeto de restituci\u00f3n, es propietario de la mitad de la finca \u201cMamihonda\u201d comprada junto con su hermano a JOSE\u0301 MADRID con una extensi\u00f3n de 93 hect\u00e1reas de la cual no se han realizado los papeles para la divisi\u00f3n material; Tambi\u00e9n de la parcela comprada a SIMO\u0301N MADRID de quien refiri\u00f3\u0301 que era hijo de MANUEL ANTONIO MADRID PLATERO y es un terreno de 5 hect\u00e1reas que \u201cqueda de frente a la carretera con lo que le compre\u0301 al se\u00f1or Manuel Madrid\u201d. Por ultimo, del inmueble en el que vive, adquirido aproximadamente desde los 80s. <\/p>\n
As\u00ed\u0301 las cosas, no existe evidencia probatoria que determine que ESCALANTE MENDOZA se encuentra en condiciones de vulnerabilidad con ocasi\u00f3n de la restituci\u00f3n del inmueble objeto de reclamaci\u00f3n; antes por el contrario, al detentar la propiedad de otros predios en el departamento de C\u00f3rdoba, se puede establecer que no se trata de persona vulnerable, y tampoco que se haya hecho al predio \u201cEl Desengan\u0303o\u201d para solucionar un problema fundamental de vivienda, o que el ingreso que por la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de esa finca afecte su condici\u00f3n econ\u00f3mica congrua para su subsistencia m\u00ednima, pues se resalta que se auto reconoce como propietario de otros bienes inmuebles diferentes al solicitado en restituci\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, precis\u00f3 que el terreno objeto de restituci\u00f3n fue de la familia Madrid Sotelo quien lo habit\u00f3 desde 1961 hasta 1993 cuando, seg\u00fan indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) dieron en venta el predio y se desplazaron inicialmente a Planeta Rica (C\u00f3r.) y posteriormente a Arjona (Bol.) como consecuencia del temor que les gener\u00f3 la presencia de los grupos paramilitares que ejercieron su influencia en esa zona del pa\u00eds, como lo fue la CASA CASTA\u00d1O y la desaparici\u00f3n forzada de uno de los hijos (ROBERTO ANTONIO MADRID SOTELO) el 28 de abril de 1990, por lo que l\u00f3gico y coherente resulta el miedo que fue sembrado con aquel hecho victimizante en un grupo familiar numeroso como el de los solicitantes. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, la desaparici\u00f3n forzada de ROBERTO ANTONIO MADRID SOTELO fue un hecho ampliamente conocido en la zona, pues los testigos tra\u00eddos al proceso, v\u00e1lgase recordar REGINO ANTONIO MADRID FERNA\u0301NDEZ, ELIECER DE LOS SANTOS ALMANZA VILLADIEGO, JULIO JOSE\u0301 PADILLA NISPERUZA y JOSE\u0301 DE LOS SANTOS MIRANDA URANGO, al un\u00edsono expusieron el evento que ocurri\u00f3\u0301 en el mismo predio que ahora se pretende en restituci\u00f3n y mediante el cual no se volvi\u00f3\u0301 a saber el paradero de la mencionada persona y aunque los deponentes trataron de soslayar las circunstancias de violencia ocurrida, reconocieron su existencia y su intensidad, lo cual reafirma la magnitud de violaciones al Derecho Internacional Humanitario y\/o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, reconocido como hecho notorio por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
De otro lado, aunque en la contestaci\u00f3n emitida por la apoderada judicial del opositor se menciono\u0301 que en la demanda resultaba contradictorio el ac\u00e1pite de \u201cIdentificadores Institucionales del Predio\u201d y el denominado \u201cResultados y conclusiones del informe t\u00e9cnico jur\u00eddico predial\u201d, porque hac\u00edan referencia a folios de matriculas diferentes y ubicaciones diferentes, donde es evidente aquel yerro, debe precisarse que en el Informe de Comunicaci\u00f3n en el Predio realizada el 9 de marzo de 2016, el opositor y titular inscrito JORGE RUIZ P\u00c1EZ tuvo la oportunidad de enterarse de primera mano de la existencia de la reclamaci\u00f3n del predio \u201cEl Desengan\u0303o\u201d, quien en esa oportunidad dijo a los funcionarios de LA UNIDAD que \u201ccompro (sic) al se\u00f1or Manuel Madrid Platero 18 Ha a ciento cincuenta mil por Hect\u00e1rea hace aproximadamente 32 a\u00f1os.\u201d. <\/p>\n
De igual forma tuvo la oportunidad de intervenir en el tramite judicial y oponerse de forma oportuna exponiendo sus argumentos para denegar la restituci\u00f3n del bien inmueble objeto de la litis, sin ning\u00fan inconveniente, pues n\u00f3tese que en todo momento se refiri\u00f3\u0301 al predio \u201cEl Desengan\u0303o\u201d identificado con la matricula inmobiliaria 140-14328 que origino\u0301 la matricula 140-49191, as\u00ed\u0301 como tambi\u00e9n participo\u0301 a trav\u00e9s de su apoderada judicial de la diligencia de inspecci\u00f3n al predio, realizada el 12 de noviembre de 2019, en la cual se verificaron cuatro puntos de los georreferenciados por LA UNIDAD y se estableci\u00f3\u0301 que \u201cel mismo coincide con el identificado por la unidad de tierras dentro de su solicitud\u201d, sin que se presentara alg\u00fan reparo al respecto. <\/p>\n
Ante esta situaci\u00f3n, como ubicaci\u00f3n del predio a restituir se tendr\u00e1\u0301 la determinada en el ITP, esto es, en la vereda \u201cMaquencal\u201d del corregimiento \u201cLa Manta\u201d, jurisdicci\u00f3n del municipio de Monter\u00eda (Co\u0301r.), con una extensi\u00f3n de 18 has con 7439 m2, contenida en la actualidad en la matricula inmobiliaria 140-49191 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Monter\u00eda (Co\u0301r.) y c\u00e9dula catastral n\u00famero 230010002000000040141000000000, as\u00ed\u0301 como deber\u00e1\u0301 estarse a los linderos, coordenadas y dem\u00e1s especificaciones all\u00ed\u0301 establecidas, por provenir del informe t\u00e9cnico de georreferenciaci\u00f3n previo trabajo de campo en compa\u00f1\u00eda de los solicitantes MARTA ELENA y MANUEL DE JESU\u0301S MADRID SOTELO y ser estos documentos los que para ese fin fueron sometidos a contradicci\u00f3n dentro del presente tr\u00e1mite, y pese a que se cometi\u00f3\u0301 un error de transcripci\u00f3n en la solicitud y se trato\u0301 de objetar o reprochar por la apoderada opositora, se dejaron descartados en la etapa de instrucci\u00f3n como se vio. <\/p>\n
Mediante esa labor heur\u00edstica, desestim\u00f3 la oposici\u00f3n de Jorge Ruiz P\u00e1ez y tambi\u00e9n su buena fe exenta de culpa, seg\u00fan la Ley 1448 de 2011, tanto as\u00ed que aclar\u00f3 que para que esta sea un factor de compensaci\u00f3n tiene que ser cualificada y que quien la exponga debe acreditar no solo la conciencia de haber obrado con lealtad y rectitud, sino tambi\u00e9n de haber realizado conductas positivas enderezadas a consolidar tal certeza, es decir, a hacer ver que procedi\u00f3 con prudencia y diligencia, condiciones que hall\u00f3 insatisfechas, sin que tales conclusiones se revelen antojadizas o contraevidentes. <\/p>\n
2.- En cuanto al segundo t\u00f3pico, referido a la situaci\u00f3n de Pedro Ruiz G\u00f3mez, Marcela P\u00e9rez, Jenny Ruiz P\u00e9rez y del hijo de esta \u00faltima que aparece mencionado en el escrito de amparo, no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad porque si estas personas cre\u00edan tener alg\u00fan derecho sobre el bien debieron hacerlo valer en el proceso, pues se les inform\u00f3 de su existencia mediante publicaci\u00f3n, como lo dispone el literal e), art\u00edculo 86, de la Ley 1448 de 2011, pero guardaron silencio, seg\u00fan consta en la sentencia que ahora atacan. <\/p>\n
Con todo, si estiman que en ese pleito les fue vulnerado el debido proceso, como lo afirman, deben acudir ante el juez natural a plantear sus reclamos, toda vez que este escenario superlativo es residual y no est\u00e1 hecho para remplazar las v\u00edas establecidas por el legislador para la soluci\u00f3n de los conflictos entre los particulares. Inclusive tienen a su alcance el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que prev\u00e9 el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011 como un instrumento de control al que bien pueden acudir para para que all\u00ed se analicen los puntos que pretenden aqu\u00ed tramitar en sede constitucional. <\/p>\n
Con mayor raz\u00f3n, si se tiene en cuenta que no alegaron, ni tampoco demostraron la existencia de alguna situaci\u00f3n particular que haga inminente la ocurrencia de un perjuicio irremediable y torne impostergable la necesidad de abordar sus inquietudes a trav\u00e9s de este mecanismo supralegal. <\/p>\n
En cualquier caso, hay que decir que la sentencia se manifest\u00f3 frente a ellos y respecto de la condici\u00f3n que ocupan dentro del n\u00facleo familiar del opositor Jorge Ruiz P\u00e1ez, pues, al respecto, expres\u00f3: <\/p>\n
De cara a lo informado en la caracterizaci\u00f3n de los ocupantes encontrados en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, la UNIDAD indico\u0301 que el n\u00facleo familiar del opositor JORGE RUIZ P\u00c1EZ es extenso y esta\u0301 compuesto por su esposa SILVIA NARVA\u0301EZ MERCADO, donde identifico\u0301 que el predio objeto de restituci\u00f3n esta\u0301 siendo habitado por uno de sus hijos, llamado PEDRO RUIZ G\u00d3MEZ junto con su esposa MARCELA P\u00c9REZ y su nieta JENNY RUIZ P\u00c9REZ <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por lo anterior, considera esta Sala que el n\u00facleo familiar que actualmente se halla en el inmueble no puede ser apreciado como de segundo ocupante, por cuanto su ocupaci\u00f3n obedece a un ingreso pacifico a la tierra de la cual es propietario su progenitor y ahora opositor JORGE RUIZ P\u00c1EZ, quien tiene pleno conocimiento de ello, permitiendo que eso ocurra y no a que sea el factor violencia la causa por la cual accedieron a las \u00e1reas ocupadas y se desconozca su titular. <\/p>\n
Fue as\u00ed como el tribunal dilucid\u00f3 que Pedro Ruiz G\u00f3mez, Marcela P\u00e9rez y Jenny Ruiz P\u00e9rez entraron al predio en virtud de la relaci\u00f3n de familiaridad que tienen con Jorge Ruiz P\u00e1ez, quien aparece inscrito como propietario de ese bien, sin que la violencia haya sido el factor que desencaden\u00f3 tal situaci\u00f3n, lo que, seg\u00fan precis\u00f3, impide otorgarles el estatus de segundos ocupantes. <\/p>\n
De otro lado, presumi\u00f3 inexistente la posesi\u00f3n que pudiera haber forjado Jorge Ruiz P\u00e1ez, Pedro Ruiz G\u00f3mez o Marcela P\u00e9rez, con estribo en que las fechas de su ingreso al bien coinciden con la temporalidad prevista en la Ley 1448 de 2011, raz\u00f3n por la que concluy\u00f3 que tal poder\u00edo es inexistente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del art\u00edculo 77 ejusdem. <\/p>\n
Tal recuento revela que el Tribunal valor\u00f3 las pruebas, a la luz de lo previsto en la Ley 1148 de 2011; dio prelaci\u00f3n al relato de los solicitantes por su condici\u00f3n de v\u00edctimas y evidenci\u00f3 que no fue acreditada la buena fe exenta de culpa alegada por el opositor, como tampoco su situaci\u00f3n de vulnerabilidad, sin que tal fundamentaci\u00f3n asome antojadiza al estar en contexto con la Ley 1448 de 2011 y la jurisprudencia existente sobre la materia; luego, entonces, el simple hecho de que los accionantes no compartan tal desenlace no se erige en raz\u00f3n para tildarlo de sesgado, antojadizo o caprichoso, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la simple alusi\u00f3n a un menor de edad, quien, seg\u00fan se dice, es hijo de Jenny Ruiz P\u00e9rez, no desvirt\u00faa las conclusiones de la colegiatura reprochada, toda vez que su situaci\u00f3n respecto del bien deriva de la que ostenta su progenitora y los dem\u00e1s integrantes del n\u00facleo familiar encabezado por el opositor Jorge Ruiz P\u00e1ez, sin que la sola menci\u00f3n del aludido menor sea motivo para acceder al auxilio en raz\u00f3n a que no se observa configurado ninguno de los m\u00faltiples defectos sugeridos por los gestores. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo, pues, como qued\u00f3 dicho, no se observan los desaciertos enrostrados a la colegiatura fustigada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, DENIEGA la salvaguarda. <\/p>\n
Comun\u00edquese a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC17341-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC17341-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04545-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60339","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60339"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60339\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}