STC17347-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17347-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00935-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 27 de septiembre de 2021, proferido por la Sala \u201cA\u201d del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cB\u201d dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 \u201cC\u201d contra el Juzgado de Familia de \u201cB\u201d y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que \u00e9l y \u201cF\u201d contrajeron matrimonio (\u2026) en el extranjero, v\u00ednculo del cual naci\u00f3 la menor \u201cG\u201d. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, despu\u00e9s de dar a luz a la descendiente, la se\u00f1ora \u201cF\u201d \u00abempieza a desarrollar problemas mentales los cuales debe atender con medicamentos, supervisi\u00f3n constante y tratamiento hospitalario\u00bb, y que, en agosto de 2017, tomaron la decisi\u00f3n de separarse, por lo que \u201cF\u201d se fue a vivir con la menor a un apartamento, gracias a los servicios sociales que presta el gobierno de ese pa\u00eds y a su ayuda econ\u00f3mica. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, desde esa \u00e9poca y hasta inicios del 2018, \u201cG\u201d asisti\u00f3 a un jard\u00edn infantil en esa localidad, en el cual pasaba 45 horas a la semana, y como \u00ab\u201dF\u201d no pod\u00eda dedicarle mucho tiempo a su hija, \u201cG\u201d pasaba la mayor\u00eda del tiempo en la casa de \u201cC\u201d (su padre) y en la de sus abuelos paternos\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dadas las complicaciones de salud de la madre de la menor, \u00abla Oficina de Asistencia Familiar le sugiere que regrese a sus terapias (en el siquiatra) y que despu\u00e9s se enrole en una instituci\u00f3n de vida asistida o a una residencia de apoyo. Sin embargo, \u201cF\u201d consider\u00f3 que era mejor tomarse primero unas vacaciones de ocho (8) semanas en Colombia para recuperarse\u00bb. Por lo anterior, aquella present\u00f3 una declaraci\u00f3n \u00abbajo protesta de decir la verdad\u00bb, en la que detall\u00f3 su viaje a Colombia, refiriendo que tendr\u00eda el vuelo de regreso al extranjero el 16 de abril de 2018 y que no concurr\u00eda inter\u00e9s de permanecer en el territorio nacional. <\/p>\n
No obstante, el 8 de febrero de 2018, la hija y su progenitora se radicaron en Colombia, y se matricul\u00f3 a \u201cG\u201d en un jard\u00edn infantil, sin avisarle al padre, aqu\u00ed tutelante; y, ante el anuncio de viaje de este \u00faltimo a este pa\u00eds, la se\u00f1ora \u201cF\u201d solicit\u00f3 el restablecimiento de los derechos de \u201cG\u201d por abuso sexual, acusaci\u00f3n que considera injusta y contraria a la realidad. De igual forma, cuestion\u00f3 que en la actuaci\u00f3n administrativa \u00aben ning\u00fan momento se le notific\u00f3 sobre el inicio de este procedimiento y nunca tuvo la oportunidad de defenderse\u00bb. <\/p>\n
Luego de varios tr\u00e1mites, y del viaje del convocante a Colombia, radic\u00f3 solicitud de restituci\u00f3n internacional de la menor (rad. XXX) ante el ICBF, el 30 de abril de 2018 se expidi\u00f3 el auto de apertura de la investigaci\u00f3n, y ese mismo d\u00eda \u00abestando en curso una reclamaci\u00f3n de restituci\u00f3n internacional, proceso que proh\u00edbe expresamente tomar decisiones sobre la custodia de los menores mientras el proceso est\u00e9 en curso , el Defensor de Familia toma la decisi\u00f3n de suscribir, \u201cActa de entrega por ubicaci\u00f3n en medio familiar de origen a su cargo, como medida provisional de restablecimiento de derecho en favor del NNA (\u2026) de 3 a\u00f1os de edad, identificada con R.C. (\u2026), en cabeza y custodia de la progenitora, la se\u00f1ora \u201cF\u201d\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n refut\u00f3 que, el 4 de octubre siguiente, en el proceso administrativo, se fij\u00f3 fecha para la pr\u00e1ctica de pruebas y emisi\u00f3n del fallo, aspectos que no le fueron puestos en conocimiento. Seguidamente, el 25 de octubre de esa calenda, se dict\u00f3 la resoluci\u00f3n XXX, en la que se declar\u00f3 a \u201cG\u201d en estado de vulnerabilidad y se confirm\u00f3 la medida de ubicaci\u00f3n en el medio familiar de origen de su progenitora. <\/p>\n
De otra parte, el 15 de noviembre posterior, el ICBF present\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n internacional de la menor, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado de Familia \u201cB\u201d (rad. XXX), quien admiti\u00f3 el libelo el 28 de noviembre de 2018. Paralelamente, esa entidad adicion\u00f3 la medida de protecci\u00f3n y \u00absin ning\u00fan pudor el ICBF le prohibi\u00f3 al se\u00f1or \u201cC\u201d tener contacto f\u00edsico y virtual con su hija, no obstante existir un proceso de restituci\u00f3n internacional. Desde el 4 de marzo, m\u00e1s de dos a\u00f1os, el se\u00f1or \u201cC\u201d no hab\u00eda podido tener contacto con su hija\u00bb. <\/p>\n
Surtidas varias actuaciones en el proceso judicial, en las cuales se reliev\u00f3 la importancia de adelantar con prontitud el tr\u00e1mite, aunado a los memoriales de impulso procesal, el apoderado del accionante reiter\u00f3 que esa causa deb\u00eda dirimirse en un plazo m\u00e1ximo de seis semanas, pero el estrado prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para decidir hasta por seis meses. <\/p>\n
De otra parte, tambi\u00e9n solicit\u00f3 ante el ICBF la revocatoria de las \u00abResoluciones No. XXX y XXX\u00bb, pero no fue absuelta de fondo, por lo que, el 29 de octubre de 2020, reiter\u00f3 el requerimiento. Adem\u00e1s, adujo que \u00abnunca se intent\u00f3 ejercer la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento porque como se mencion\u00f3 arriba y como es de com\u00fan conocimiento, se trata de un proceso judicial que por las complejidades propias de nuestro sistema jur\u00eddico siempre va a demorarse m\u00e1s \u2013 o eso se esperaba \u2013 que el proceso de restituci\u00f3n internacional\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, el 20 de agosto de 2021 fue notificado de que el despacho remiti\u00f3 las diligencias al Juzgado de Familia Transitorio \u201cH\u201d. Por \u00faltimo, expuso que denunci\u00f3 a la se\u00f1ora \u201cF\u201d por la presunta comisi\u00f3n del punible de \u00abfalsa denuncia\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, que \u00abpara evitar un perjuicio irremediable, se ordene al ICBF revocar inmediatamente las Resoluciones No. XXX y XXX.\u00bb; \u00abque se ordene a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial iniciar investigaci\u00f3n al Juez de Familia de \u201cB\u201d por su negligencia en el manejo del proceso de Restituci\u00f3n Internacional identificado con el radicado No. XXX\u00bb y \u00abque se ordene al ICBF iniciar todas las medidas administrativas para reconstruir el v\u00ednculo familiar entre \u201cC\u201d y la menor\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado de Familia de \u201cB\u201d relat\u00f3 las actuaciones del proceso y manifest\u00f3 que \u00ablas diligencias ingresan al despacho el 8 de septiembre de 2021, al ser devueltas por el Juzgado de Familia Transitorio de \u201cH\u201d en cumplimiento al Acuerdo XXX del 19 de agosto de 2021. Y por auto proyectado con fecha 17 de septiembre y que se fijar\u00e1 en estado del 20 del mes que avanza, se dispuso avocar nuevamente el conocimiento al darse por terminadas las medidas transitorias y se se\u00f1al\u00f3 como fecha para continuar con el tr\u00e1mite el d\u00eda 8 de octubre de 2021 a la hora de las 9.00 a.m., esto a pesar de que la agenda de audiencias del despacho se encuentra asignada en su totalidad hasta el mes de abril del a\u00f1o 2022, sin embargo y ante la devoluci\u00f3n del expediente por parte del desaparecido juzgado transitorio, fue necesaria su reasignaci\u00f3n en la fecha mencionada a fin de darle continuidad al tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2. Un abogado que indic\u00f3 ser el apoderado judicial de \u201cF\u201d en el proceso confutado reliev\u00f3 que su labor feneci\u00f3 el 4 de diciembre de 2019. <\/p>\n
3. La actual mandataria de la precitada interviniente adujo que \u00ablos derechos fundamentales de \u201cG\u201d son prevalentes respecto de los de \u201cC\u201d y las autoridades colombianas deben disponer de todas las herramientas jur\u00eddicas necesarias para protegerla, y en este caso espec\u00edfico en aras de garantizar su inter\u00e9s superior, siendo uno de sus elementos para su protecci\u00f3n la prohibici\u00f3n de exponerla a riesgos prohibidos, no resulta constitucional exponer a la menor de edad a la presencia y compa\u00f1\u00eda de su victimario y m\u00e1xime cuando la misma ni\u00f1a en las oportunidades que lo ha visto, inmediatamente se desestabiliza y de manera contundente y explicita le manifiesta a los funcionarios su deseo de no querer ver a su padre ni permanecer con \u00e9l como as\u00ed consta en la comunicaci\u00f3n de fecha 13 de febrero de 2020 enviada por el Doctor \u201cI\u201d, en su calidad de Defensor de Familia [en funciones ante el] Juzgado de Familia de \u201cB\u201d\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, destac\u00f3 que \u00abes importante se\u00f1alar que en el Proceso de Restituci\u00f3n Internacional a la fecha no se ha proferido sentencia, toda vez que, el se\u00f1or \u201cC\u201d a trav\u00e9s de su apoderado en diferentes ocasiones y se\u00f1alando como fundamento jur\u00eddico el art\u00edculo 30 del Decreto 517 de 1996, que establece: Toda solicitud presentada a las Autoridades Centrales o directamente a las autoridades judiciales o administrativas de un Estado contratante de conformidad con los t\u00e9rminos del presente Convenio, junto con los documentos o cualquier otra informaci\u00f3n que la acompa\u00f1en o que haya proporcionado una Autoridad Central, ser\u00e1 admisible ante los tribunales o ante las autoridades administrativas de los Estados contratantes, ha aportado de manera incansable y permanente documentos para que sean tenidos como pruebas a\u00fan con posterioridad a la audiencia en la que se decretaron las pruebas, documentos que a pesar de ser extempor\u00e1neos el Despacho los ha agregado al expediente, lo que ha impedido el cierre definitivo de la etapa probatoria y que el Despacho pueda proferir sentencia\u00bb. <\/p>\n
4. La Defensora de Familia vinculada al proceso expuso que \u00abse opone a las pretensiones del accionante y solicita se desestimen las manifestaciones realizadas, con respecto a la presunta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales \u2026 en raz\u00f3n a las siguientes consideraciones: En primer lugar, debe tenerse en cuenta que las medidas de restablecimiento de derechos son provisionales, en el sentido de que las mismas pueden variar una vez se modifiquen las circunstancias que dieron lugar a su imposici\u00f3n, en pro del restablecimiento de derechos del NNA, en armon\u00eda con la tendencia prioritaria a la permanencia de los NNA en su entorno familiar, como la materializaci\u00f3n del derecho fundamental a tener una familia y no ser separados de ella. Es as\u00ed como, el hecho de que en alg\u00fan momento se haya restringido el derecho a las visitas con el progenitor, no es \u00f3bice para que dicha situaci\u00f3n no pueda o no deba modificarse cuando se presenten circunstancias que o bien afiancen la garant\u00eda de los derechos fundamentes del NNA o por el contrario alteren su calidad de vida\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Tambi\u00e9n orden\u00f3 al Juzgado de Familia de \u201cB\u201d que \u00aben el proceso de Restituci\u00f3n Internacional n\u00famero XXX promovido por el se\u00f1or \u201cC\u201d en favor de la menor \u201cG\u201d, profiera sentencia en la fecha se\u00f1alada por \u00e9l para la continuaci\u00f3n de la audiencia\u00bb. Lo anterior, porque \u00abal Juez de Familia de \u201cB\u201d recibi\u00f3, por reparto, del 15 de noviembre de 2018, la demanda de restituci\u00f3n internacional formulada por la defensora de familia del Centro Zonal \u201cY\u201d en defensa de los intereses de \u201cG\u201d por solicitud del accionante, vale decir que, han transcurrido pr\u00e1cticamente tres a\u00f1os desde entonces, sin que a\u00fan se produzca el pronunciamiento judicial que defina este asunto que, conforme a las normas rese\u00f1adas tiene el car\u00e1cter de urgente\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que \u00abni en la actuaci\u00f3n procesal, ni en su respuesta a la tutela se revela la entendimiento que el funcionario judicial debe tener de la celeridad, de la inmediatez con que debe proceder el Estado representado por \u00e9l en este tipo de asuntos, ni siquiera ha respetado las disposiciones y los t\u00e9rminos fijados en el C\u00f3digo General del Proceso, no previ\u00f3 desde el inicio que requer\u00eda la intervenci\u00f3n de un int\u00e9rprete del idioma ingl\u00e9s, ni ning\u00fan otro de los asuntos relacionados con la audiencia inicial, de manera que pudiera dictar sentencia en esa misma fecha, como dispone el art\u00edculo 372-9\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abposiblemente en otras circunstancias, o trat\u00e1ndose de otro tipo de proceso, eventualmente, podr\u00eda considerarse que con la fijaci\u00f3n de nueva fecha para continuar la audiencia, se entendiera superado el hecho vulnerador de los derechos fundamentales involucrados, pero en este caso, ello ser\u00e1 as\u00ed pues, en primer lugar se trata de los derechos de una ni\u00f1a que tienen valor prevalente en nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en segundo lugar ese derecho tiene previsto en el Convenio de La Haya un tr\u00e1mite c\u00e9lere y urgente conforme al cual el proceso en cuesti\u00f3n ha debido terminar hace m\u00e1s de dos a\u00f1os, de manera que con el proceder del Juez, en el que parece persiste, es manifiestamente contrario a las normas y principios constitucionales y lo seguir\u00e1 siendo mientras no profiera la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que \u00abel funcionario judicial accionado muestra el poco conocimiento que tiene sobre la normativa que regula la Restituci\u00f3n Internacional de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes, as\u00ed como una total falta de direcci\u00f3n del proceso, pues se echa de menos el enfoque que, desde un principio, ha debido darle, no solo respecto a la celeridad y urgencia del tr\u00e1mite, sino en la indagaci\u00f3n en la primera etapa sobre hechos trascendentales como establecer en cabeza de qui\u00e9n estaba la custodia cuando la ni\u00f1a viv\u00eda en Alemania, oficiar a la entidad central de ese pa\u00eds sobre las circunstancias previstas en el art\u00edculo 3\u00ba del mencionado estatuto, ordenar desde el primer momento la visita social y las entrevistas y valoraciones a la ni\u00f1a con el objeto de establecer la veracidad de las acusaciones y se\u00f1alamientos que mutuamente se hacen los progenitores, para establecer alguno de los presupuestos indicados en la norma al momento de decidir sobre la restituci\u00f3n, etc., en fin, no se ve la labor de direcci\u00f3n del juez\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La se\u00f1ora \u201cF\u201d2 recurri\u00f3 la precitada sentencia, porque \u00abes clara la disparidad entre lo pretendido por el accionante y el problema jur\u00eddico determinado por la Sala de Decisi\u00f3n del H. Tribunal Superior de \u201cB\u201d y resulta incongruente que, si ese fue el problema jur\u00eddico analizado, se haya ordenado dejar sin efectos las Resoluciones XXX y XXX, proferidas por el Defensor de Familia del Centro Zonal \u201cY\u201d y m\u00e1s a\u00fan cuando sobre dichas resoluciones no se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de fondo y se limit\u00f3 a una menci\u00f3n en escasos dos p\u00e1rrafos que resultan insuficientes para adoptar una decisi\u00f3n de amparo de tal envergadura, m\u00e1xime cuando se allegaron pruebas de abuso sexual en contra de \u201cG\u201d realizadas por su progenitor y por su abuelo paterno\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la Defensora de Familia tambi\u00e9n interpuso la citada defensa y refiri\u00f3 que \u00abcomo m\u00e1xima autoridad administrativa para la prevenci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n y restablecimiento de derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes, est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de adoptar medidas urgentes ante la puesta en conocimiento de cualquier situaci\u00f3n de riesgo o amenaza de sus derechos fundamentales; adicionalmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no es el ente competente para decidir si hubo o no la comisi\u00f3n de un delito que le haya sido puesto en conocimiento y para el momento de la solicitud de restablecimiento de derechos realizada por el accionante, se encontraba en curso una investigaci\u00f3n penal en su contra por presunto AS que el Defensor no pod\u00eda pasar por alto\u00bb. <\/p>\n
Por ende, solicit\u00f3 \u00abse sirvan aceptar la impugnaci\u00f3n de la decisi\u00f3n y se proteja los derechos fundamentales y prevalentes de la ni\u00f1a, y se decida en aras del inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a \u201cG\u201d de 6 a\u00f1os, para preservar su integridad emocional y en consecuencia reconozca los efectos de la Resoluci\u00f3n XXX y XXX proferida por el Defensor de Familia del ICBF Regional \u201cY\u201d en la cual se declar\u00f3 en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos de la ni\u00f1a \u201cG\u201d y se adicion\u00f3 la medida de protecci\u00f3n su favor, restringiendo de \u201c(\u2026) manera provisional, en los t\u00e9rminos descritos en la parte motiva de la presente resoluci\u00f3n, el contacto f\u00edsico, y virtual de su progenitor el se\u00f1or \u201cC\u201d, conforme al Art. 53 numeral 6 y 103 de la Ley de infancia y adolescencia (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho (i) en el proceso de restituci\u00f3n internacional de la menor (rad. XXX) que conoce el Juzgado de Familia de \u201cB\u201d, por no haber proferido sentencia a la fecha de interposici\u00f3n del amparo; y en (ii) el administrativo de restablecimiento de derechos que se adelanta ante el ICBF, por disponer medidas de protecci\u00f3n, desconociendo \u2013en su criterio\u2013 sus prerrogativas y las de la menor involucrada, respectivamente. <\/p>\n
2. Sobre los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y el inter\u00e9s superior que les asiste. <\/p>\n
El art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que son derechos fundamentales de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes \u00abla vida, la integridad f\u00edsica, la salud y la seguridad social, la alimentaci\u00f3n equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educaci\u00f3n y la cultura, la recreaci\u00f3n y la libre expresi\u00f3n de su opini\u00f3n\u00bb, y que \u00ab(\u2026) gozar\u00e1n tambi\u00e9n de los dem\u00e1s derechos consagrados en la Constituci\u00f3n, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb, de ah\u00ed que se reconozca la importancia de proteger sus bienes iusfundamentales y sea imperativa la necesidad de garantizar la prevalencia de sus prerrogativas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dicho precepto reconoce que \u00ab[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
En consonancia con esos postulados, varios instrumentos internacionales de protecci\u00f3n de derechos humanos prev\u00e9n la protecci\u00f3n especial y reforzada de las garant\u00edas fundamentales de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, v. gr., el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos3 y la Convenci\u00f3n de los Derechos de los Ni\u00f1os4, que se\u00f1alan la necesaria confluencia del Estado, la sociedad y la familia en procura de esas finalidades, as\u00ed como el deber de las autoridades de que \u00ab[e]n todas las medidas concernientes a los ni\u00f1os que tomen las instituciones p\u00fablicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los \u00f3rganos legislativos, una consideraci\u00f3n primordial a que se atender\u00e1 ser\u00e1 el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u00bb (art. 3, n\u00fam. 3, \u00eddem). <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha relievado que \u00ablos ni\u00f1os tienen derecho a un desarrollo arm\u00f3nico e integral, el cual es responsabilidad, en primer lugar, de la familia. A fin de que ese desarrollo arm\u00f3nico sea efectivo, la familia del ni\u00f1o, y en su defecto el Estado y la sociedad, tienen la obligaci\u00f3n de cuidarlo, asistirlo y protegerlo desde el punto de vista f\u00edsico, psicol\u00f3gico, afectivo, intelectual, \u00e9tico, social y en el ejercicio pleno y goce efectivo de sus derechos\u00bb, por lo que \u00absi bien es cierto el desarrollo arm\u00f3nico e integral es un concepto complejo que comprende m\u00faltiples aspectos, la legislaci\u00f3n y la jurisprudencia han reconocido el papel fundamental que cumple el cuidado y el amor de los padres del ni\u00f1o en ese desarrollo\u00bb (CC, sent. T-628 de 2011). <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, se ha reconocido que: <\/p>\n
\u00abEn lo que respecta a las relaciones parentales el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o desarrolla un papel de suma trascendencia, puesto que est\u00e1 llamado a orientar los derechos y responsabilidades de los padres en la crianza y educaci\u00f3n del hijo y el deber del Estado de garantizarlos y apoyarlos. Los derechos de los padres no son absolutos, sino que encuentran un l\u00edmite en los derechos de los ni\u00f1os, es decir por su inter\u00e9s superior, y por ello las facultades de orientaci\u00f3n y direcci\u00f3n de los hijos se limitan por el objetivo de la protecci\u00f3n y desarrollo de la autonom\u00eda del ni\u00f1o en el ejercicio de sus derechos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El derecho fundamental de los ni\u00f1os al cuidado y amor, consagrado como novedoso en la Constituci\u00f3n de 1991, guarda armon\u00eda con distintos textos internacionales, como es el caso de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos cuyo art\u00edculo 25 numeral 2\u00ba prescribe que \u201cLa maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales\u201d; con la Declaraci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, que en su pre\u00e1mbulo establece que \u2018el ni\u00f1o, por su falta de madurez f\u00edsica y mental, necesita protecci\u00f3n y cuidado especiales, incluso la debida protecci\u00f3n legal, tanto antes como despu\u00e9s del nacimiento\u201d, por lo cual gozar\u00e1 de una \u201cprotecci\u00f3n especial y dispondr\u00e1n de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse f\u00edsica, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, as\u00ed como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideraci\u00f3n fundamental a que se atender\u00e1 ser\u00e1 el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o.\u201d5 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed pues, por parte de la comunidad internacional existe un especial inter\u00e9s en el cuidado y amor a que tienen derecho todos los ni\u00f1os del mundo, que para el caso colombiano se traduce, en sentir de la Corte, en \u201cun tratamiento jur\u00eddico proteccionista, respecto de sus derechos y de las garant\u00edas previstas para alcanzar su efectividad. As\u00ed, logran identificarse como seres reales, aut\u00f3nomos y en proceso de evoluci\u00f3n personal, titulares de un inter\u00e9s jur\u00eddico superior que irradia todo el ordenamiento jur\u00eddico\u20196. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al derecho fundamental de los ni\u00f1os al cuidado y amor, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que en su efectividad primeramente est\u00e1 comprometida la familia como c\u00e9lula de la sociedad, pues \u201cLa unidad familiar es y debe ser presupuesto indispensable para la efectividad de los derechos constitucionales prevalentes de los ni\u00f1os. La estabilidad del ambiente f\u00edsico y familiar es fundamental para el desarrollo intelectual y socioemocional del ni\u00f1o; un ambiente estable y seguro, facilita la concentraci\u00f3n y motivaci\u00f3n del ni\u00f1o; un cuidado familiar, permanente y constante, le ayuda a desarrollar sentimientos de confianza hacia el mundo que lo rodea y hacia otros seres humanos. A la familia corresponde pues, la responsabilidad fundamental de la asistencia, educaci\u00f3n y cuidado de los ni\u00f1os, tarea en la que habr\u00e1 de contar con la colaboraci\u00f3n de la sociedad y del Estado. Este \u00faltimo cumple una funci\u00f3n manifiestamente supletoria, cuando los padres no existen o cuando no puedan proporcionar a sus hijos los requisitos indispensables para llevar una vida plena\u2019\u00bb (CC, sent. C-273 de 2003). <\/p>\n
As\u00ed mismo, sobre las responsabilidades parentales y la garant\u00eda del inter\u00e9s superior del menor, esta Corporaci\u00f3n ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[L]a obligaci\u00f3n inherente a la orientaci\u00f3n, cuidado, acompa\u00f1amiento y crianza de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes durante su proceso de formaci\u00f3n (\u2026) incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes puedan lograr el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de sus derechos. En ning\u00fan caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed mismo, el canon 23 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia estipula que \u00ablos ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligaci\u00f3n de cuidado personal se extiende adem\u00e1s a quienes conviv\u00edan con ellos en los \u00e1mbitos familiar, social o institucional, o sus representantes legales\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Al respecto la Corte Constitucional, al analizar el inter\u00e9s del menor de tener una familia y la obligaci\u00f3n de los padres de brindar la orientaci\u00f3n y el amor requerido, pese a existir una separaci\u00f3n de los progenitores, ha precisado que: <\/p>\n
[L]os ni\u00f1os requieren para su crecimiento del cuidado, del amor y del apoyo de sus padres, o de lo contrario se crecer\u00e1 en un ambiente de soledad y desamor, que les impedir\u00e1 potenciar sus capacidades y su personalidad. En este contexto, \u201c[e]s inconcebible la vida de un ser humano, al que no se le brinda el m\u00e1s m\u00ednimo sentimiento o expresi\u00f3n de amor o cari\u00f1o. El amor se constituye en el presupuesto fundamental y esencial de la vida humana: no s\u00f3lo a la persona se le debe amar, sino que debe tener la oportunidad de expresar y manifestar su amor hacia quienes lo rodean\u201d. En efecto, procrear implica la obligaci\u00f3n, por parte de sus progenitores, de brindarle amor al ni\u00f1o para su formaci\u00f3n \u201c(\u2026) a\u00fan despu\u00e9s de la crisis, ruptura o separaci\u00f3n de la pareja\u201d. Sostuvo entonces la Corte que \u201c[e]n esos momentos de dificultad, de crisis, es cuando el ni\u00f1o requiere del mayor apoyo y amor de sus padres para evitar traumas en su desarrollo emocional (CC T-311\/17) (\u2026)\u00bb (CSJ, STC12085-2018, 18 sep., exp. 2018-00188-01). <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas, para que, en el ejercicio de sus funciones, tuvieran en cuenta, sobre cualquier otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de aquellos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991, y posteriormente con el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que en su art\u00edculo 8 refiere que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, el canon 9 del citado compendio normativo prescribe que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y concluye indicando que \u00aben caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb (CSJ, STC12299-2019, 12 sep., rad. 2019-00136-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, advierte la Corte que se ratificar\u00e1 parcialmente la concesi\u00f3n del amparo realizada por el a quo constitucional, comoquiera que, de la verificaci\u00f3n de las piezas procesales y con observancia de las contestaciones remitidas en este asunto, se colige que el Juzgado de Familia de \u201cB\u201d incurri\u00f3 en mora judicial injustificada en la resoluci\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n internacional de la menor, afectando sus prerrogativas esenciales y las de las partes en contienda, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, del cuaderno principal de esa tramitaci\u00f3n, se desprende que el ICBF present\u00f3 la demanda de la referencia el 5 de septiembre de 2018 (f. 1 y ss.), admitida el 28 de noviembre de esa calenda (f. 181), y, pese a que el Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Ni\u00f1os, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980, la Ley 173 de 1994 \u2013aprobatoria de ese instrumento en Colombia\u2013, as\u00ed como la Ley 1098 de 2006 (C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia) prev\u00e9n la perentoriedad de los t\u00e9rminos para resolver estas controversias7, el estrado encartado, a la fecha de interponer este resguardo \u2013esto es, el 10 de septiembre de 2021, casi tres a\u00f1os despu\u00e9s\u2013 no hab\u00eda proferido decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
Con este proceder, deviene di\u00e1fano para la Sala que en el precitado asunto se han menoscabado las garant\u00edas fundamentales de la menor, quien tiene derecho a una protecci\u00f3n especial y reforzada, y a que se atiendan los procesos en los que se vea involucrada con observancia del inter\u00e9s superior que le asiste; pues, en este caso, se han suscitado m\u00faltiples dilaciones injustificadas, pese a la necesaria definici\u00f3n de su situaci\u00f3n y a\u00fan cuando han debido adoptarse todas las cautelas que la causa amerita, dadas las especiales circunstancias de vulnerabilidad a las que se puede encontrar expuesta. <\/p>\n
Sobre este puntual aspecto, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
De otra parte, aunque en el curso de la segunda instancia, la c\u00e9lula cognoscente inform\u00f3 que el pasado 8 de octubre de 2021 dict\u00f3 la sentencia correspondiente8 \u2013en la cual se neg\u00f3 la restituci\u00f3n internacional de la menor, tras encontrarse acreditada una de las excepciones previstas en el art\u00edculo 13 de la Ley 173 de 1994 sobre la existencia de \u00ab(\u2026) un grave riesgo de que la restituci\u00f3n del menor lo exponga a un peligro f\u00edsico o ps\u00edquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situaci\u00f3n intolerable\u00bb\u2013, se mantendr\u00e1 la protecci\u00f3n dispensada, comoquiera que la expedici\u00f3n de la citada providencia se dio con posterioridad al fallo de primer grado constitucional y justamente con ocasi\u00f3n del cumplimiento de la orden all\u00ed proferida, situaci\u00f3n de la cual no se podr\u00eda desprender la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno procesal de carencia actual de objeto por hecho superado, tal como ha sostenido reiteradamente esta Colegiatura: <\/p>\n
\u00abSin embargo, y pese a que tal situaci\u00f3n podr\u00eda entenderse como una carencia actual de objeto al haberse atendido el fin \u00faltimo de la tutela, \u00e9sta solo se da cuando en el intervalo comprendido entre la interposici\u00f3n del resguardo y el fallo se supera la amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho cuya protecci\u00f3n se pretende. Por lo tanto, no es posible declarar que en este evento se presenta tal presupuesto, pues se reitera, la correcci\u00f3n o resarcimiento de la afectaci\u00f3n debi\u00f3 suceder antes de que se emitiera la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n, mas no con ocasi\u00f3n al cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas por el juez de primer grado\u00bb (STC2325- 2019, reiterado en STC6906-2020, 4 sep., STC411- 2021, 28 ene., STC2014-2021, 3 mar., entre otras). <\/p>\n
3.2. No obstante, en cuanto a las impugnaciones formuladas por la se\u00f1ora \u201cF\u201d9, progenitora de la menor, y la Defensora de Familia, tambi\u00e9n se precisa que prosperan de forma parcial sus observaciones, teniendo en cuenta que, dada la gravedad de los hechos denunciados \u2013en los que se investiga la presunta comisi\u00f3n de un punible contra la integridad sexual de la ni\u00f1a\u2013, se hace oportuno mantener en firme las resoluciones proferidas por el ICBF en el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos, que se dejaron sin efectos por parte del tribunal, como a quo constitucional, hasta tanto se resuelva de forma definitiva sobre el tr\u00e1mite judicial de restituci\u00f3n internacional10, el cual, consultado en el sistema de gesti\u00f3n judicial, se encuentra cursando la segunda instancia. <\/p>\n
Con todo, la Corte recuerda que cuando se est\u00e1 ante un proceso en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, las autoridades deben ser acuciosas al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio e integral. Acerca del tema, el precedente constitucional ha sido prol\u00edfico, constante y reiterativo al ense\u00f1ar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor\u00bb (CC T-587\/98). <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. El Juzgado de Familia de \u201cB\u201d obvi\u00f3 las prerrogativas esenciales reclamadas en este resguardo, con la dilaci\u00f3n injustificada en la resoluci\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n internacional de la menor, por lo que se mantendr\u00e1 la concesi\u00f3n realizada en la primera instancia de este amparo. <\/p>\n
4.2. Sin embargo, dada la gravedad de los hechos materia de decisi\u00f3n, se dejar\u00e1n en firme las resoluciones dictadas por el ICBF que fueron invalidadas por el tribunal a quo, hasta tanto se resuelva de forma definitiva el proceso judicial referido, en atenci\u00f3n a la necesidad de proteger los bienes iusfundamentales de la menor, cuya situaci\u00f3n se analiza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia impugnada. <\/p>\n
SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el ordinal PRIMERO de la sentencia de primer grado, en el sentido de MANTENER EN FIRME las Resoluciones XXX y XXX proferidas por el ICBF en favor de la menor, hasta tanto se resuelva de forma definitiva el proceso judicial de restituci\u00f3n internacional. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remitir el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 La impugnaci\u00f3n de la vinculada fue coadyuvada por la Procuradur\u00eda \u201cZ\u201d de Familia: \u00ab(\u2026) de manera respetuosa, solicita: Que dentro del t\u00e9rmino legal, se profiera el auto que en derecho corresponda, conforme a lo normado en el Decreto 2591 de 1991, art\u00edculo 31, 32 Y 13, con respecto a la solicitud de impugnaci\u00f3n, despachando favorablemente la misma, al considerar que la impugnante tiene un inter\u00e9s leg\u00edtimo como madre de la menor\u00bb (f. 1, archivo 18, cd. tribunal). <\/p>\n
3\u0002 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resoluci\u00f3n 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, ratificada por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, a trav\u00e9s de la cual se acogen los \u00abPactos Internacionales de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, as\u00ed como el Protocolo Facultativo de este \u00faltimo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votaci\u00f3n Un\u00e1nime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resoluci\u00f3n 44\/25, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991. <\/p>\n
5\u0002 Principio 2 de la Declaraci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o. Cita propia del texto referenciado. <\/p>\n
6\u0002 Sentencia T-556 de 1998. Cita propia del texto referenciado. <\/p>\n
7\u0002 Ley 173 de 1994, Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Ni\u00f1os, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980, art\u00edculo 11: \u00abLas autoridades administrativas o judiciales de todo Estado Contratante deber\u00e1n proceder con car\u00e1cter de urgencia para el regreso del ni\u00f1o. <\/p>\n
Cuando la autoridad judicial o administrativa enterada no hubiere tomado una decisi\u00f3n en un plazo de seis semanas a partir del inicio de los procedimientos, el solicitante o la autoridad central del Estado requerido podr\u00e1, por iniciativa propia o a solicitud de la Autoridad Central del Estado requirente, pedir una declaraci\u00f3n sobre los motivos de esa demora. Si la respuesta fuere recibida por la Autoridad Central del Estado requerido, esta Autoridad deber\u00e1 transmitirla a la Autoridad Central del Estado requirente o al solicitante, seg\u00fan sea el caso\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 En la cual se resolvi\u00f3, entre otros aspectos: \u00abRemitir al grupo familiar conformado por \u201cC\u201d, \u201cF\u201d y \u201cG\u201d., al \u00e1rea de psicolog\u00eda del [ICBF] del centro zonal (\u2026) o quien haga sus veces, con el fin de que se d[\u00e9] inicio a proceso terap\u00e9utico encaminado a restablecer los lazos paterno filiales, establecer roles al interior de la familia y pautas de crianza, hasta lograr el objetivo aqu\u00ed propuesto o hasta cuando el profesional asignado considere que los objetivos fueron alcanzados. Para lo anterior se requiere a la se\u00f1ora \u201cF\u201d para que preste la colaboraci\u00f3n necesaria dentro del proceso terap\u00e9utico y asista a la totalidad de las cesiones que programe el profesional que sea designado y por supuesto en compa\u00f1\u00eda de la ni\u00f1a \u201cG\u201d.. (\u2026)\u00bb. Decisi\u00f3n que fue apelada por las partes. <\/p>\n
9\u0002 La impugnaci\u00f3n de la vinculada fue coadyuvada por la Procuradur\u00eda \u201cZ\u201d de Familia: \u00ab(\u2026) de manera respetuosa, solicita: Que dentro del t\u00e9rmino legal, se profiera el auto que en derecho corresponda, conforme a lo normado en el Decreto 2591 de 1991, art\u00edculo 31, 32 Y 13, con respecto a la solicitud de impugnaci\u00f3n, despachando favorablemente la misma, al considerar que la impugnante tiene un inter\u00e9s leg\u00edtimo como madre de la menor\u00bb (f. 1, archivo 18, cd. tribunal). <\/p>\n
10\u0002 Lo anterior, comoquiera que la sentencia de primer grado en el proceso de restituci\u00f3n internacional de la menor fue apelada por ambas partes y se concedi\u00f3 el recurso en efecto suspensivo, por lo que las medidas all\u00ed adoptadas a\u00fan no hay cobrado ejecutoria, como en efecto se reiter\u00f3 en la audiencia de juzgamiento. <\/p>\n
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STC17347-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC17347-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00935-01 (Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 27 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60344","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60344","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60344"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60344\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60344"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60344"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60344"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}