STC17351-2021<\/p>\n
NF <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17351-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2021-00557-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 29 de septiembre de 2021, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela promovida por Florence Parra en contra de Adolfo Matamoros D\u00edaz, los Juzgados 6\u00ba de Familia y 12 Civil Municipal, ambos de esa urbe, extensiva al Banco Davivienda S.A. y a los intervinientes en los litigios n\u00b0. 2019-00535-00 y 2021-00273-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora, en representaci\u00f3n de su menor hija Frida Matamoros Parra, solicit\u00f3 ordenar al padre de la adolescente, Adolfo Matamoros D\u00edaz, \u00abel pago de la hipoteca\u00bb constituida sobre el inmueble donde la menor reside, a fin de evitar que sea rematado en el ejecutivo que Titularizadora Colombiana S.A. Hitos, cesionaria del Banco Davivienda S.A., le adelanta a \u00e9l ante el Juzgado 12 de Familia de Cartagena (2021-00273-00). En defecto de lo anterior, pidi\u00f3 requerir al Juzgado 6\u00ba de Familia de esa ciudad, para que aumente \u00abla cuota del embargo\u00bb decretada en el proceso en el que se fij\u00f3 la cuota alimentaria a favor de la adolescente y a cargo del progenitor (2019-00535-00), con el fin de sufragar, con el dinero adicional, las \u201ccuotas de la hipoteca del apartamento\u201d. Por \u00faltimo, peticion\u00f3 que se suspenda el juicio coercitivo hasta que se resuelva esta acci\u00f3n, y se adopte \u201ccualquier otra soluci\u00f3n que proteja y salvaguarde los derechos fundamentales de la menor\u201d. <\/p>\n
Para respaldar sus anhelos, relat\u00f3 que el ejecutivo se inici\u00f3 porque Adolfo Matamoros, a nombre de quien est\u00e1 registrado el inmueble, dej\u00f3 de sufragar, a prop\u00f3sito, las cuotas del cr\u00e9dito hipotecario que contrajeron con el Banco Davivienda S.A. (2013), adquisici\u00f3n que se dio durante su convivencia como compa\u00f1eros permanentes. Precis\u00f3 que la mora no obedeci\u00f3 a la carencia de recursos econ\u00f3micos de \u00e9l, sino como \u201cretaliaci\u00f3n\u201d porque lo \u201cembarg\u00f3\u201d en el juicio de alimentos que le promovi\u00f3, en el que se advirti\u00f3 que \u201cla vivienda de [su] hija se garantizaba con el pago [de la hipoteca] que hacia el se\u00f1or Adolfo Matamoros\u201d. <\/p>\n
Expuso que las acciones de Matamoros D\u00edaz ponen en riesgo el derecho a la vivienda de su hija, ante la posibilidad de perder el inmueble por el remate que se haga en ese litigio, as\u00ed como el estado de salud de la adolescente, pues actualmente tiene 14 a\u00f1os, y se encuentra en tratamiento psiqui\u00e1trico por episodios depresivos. <\/p>\n
Coment\u00f3 que una vez se enter\u00f3 de las diligencias (mayo 2021), se contact\u00f3 con la abogada que adelanta el proceso \u201cpara obtener informaci\u00f3n y as\u00ed poder hacer una refinanciaci\u00f3n de la deuda\u201d, pero la petici\u00f3n le fue negada porque no es titular de la obligaci\u00f3n. Asimismo, intent\u00f3 solucionar el problema con Adolfo Matamoros, proponi\u00e9ndole una conciliaci\u00f3n sobre los alimentos, con el fin de que se termine el ejecutivo, pero \u201cse niega y condiciona la negociaci\u00f3n con la Titularizadora, solo si [ella], levant[a] el embargo que recae sobre su sueldo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que no puede \u201ctomar ninguna decisi\u00f3n, ya que para cualquier acci\u00f3n debe tener autorizaci\u00f3n\u201d de Adolfo Matamoros, adem\u00e1s, en la actualidad no cuenta con dinero para hacerse responsable de la deuda; labora de manera informal vendiendo almuerzos; es estudiante de la ESAP, sufre de ataques de p\u00e1nico bajo tratamiento psiqui\u00e1trico, no cuenta con un empleo fijo y lo que se le descuenta al convocado v\u00eda embargo solo le alcanza para satisfacer las necesidades de la menor. <\/p>\n
2.- Adolfo Matamoros D\u00edaz se opuso al resguardo y manifest\u00f3 que atraviesa por una situaci\u00f3n econ\u00f3mica dif\u00edcil, sumado al embargo que tiene del 25% de su salario, el cual es su \u00fanica fuente de ingresos. <\/p>\n
Los Juzgados implicados y la Procuradora 115 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de Cartagena se\u00f1alaron que el amparo implorado es improcedente. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Cartagena desestim\u00f3 el ruego, tras advertir que la \u201cretaliaci\u00f3n\u201d de la que se acusa a Adolfo Matamoros D\u00edaz no se demostr\u00f3, pues, no se aport\u00f3 ning\u00fan elemento de juicio que desvirt\u00fae su afirmaci\u00f3n. Frente a Juzgado 6\u00ba de Familia de Cartagena se\u00f1al\u00f3 que el amparo carece del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto la libelista pod\u00eda solicitarle el incremento de la cuota alimentaria, en los t\u00e9rminos previstos en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 397 del estatuto adjetivo. Respecto del estrado de ejecuci\u00f3n, puntualiz\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento la accionante ha solicitado su intervenci\u00f3n en ese tr\u00e1mite en defensa de los derechos de la agenciada\u00bb. <\/p>\n
4.- La promotora impugn\u00f3 con asidero en los argumentos iniciales; adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 que \u00absi se pierde el apartamento, [l]e tocar\u00eda, buscar una casa en arriendo, donde el m\u00ednimo canon de arriendo en Cartagena (sic), oscila en $600.000 y (\u2026) con el restante de la cuota alimentaria, no podr\u00eda cubrir todos los gastos que en la actualidad tiene la adolescente (alimentaci\u00f3n, colegio, ruta, merienda, entre otros), tocar\u00eda, tambi\u00e9n, cambiarla de colegio, ya no compartir\u00eda con las amigas del colegio y con las amigas del conjunto residencial, todo esto es, cambiarle la vida a un menor\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El amparo solicitado debe concederse, pues aunque las puntuales pretensiones de la gestora no est\u00e1n llamadas a prosperar, en efecto, la situaci\u00f3n de violencia econ\u00f3mica denunciada frente a Adolfo Matamoros D\u00edaz debe ser conjurada por la justicia constitucional, con el fin de proteger su derecho a tener una vida libre de violencia, as\u00ed como para resguardar el inter\u00e9s superior de su menor hija, vulnerado a ra\u00edz de las acciones del convocado y las omisiones del Juzgado 6\u00ba de Familia de Cartagena. <\/p>\n
Aunque en primera instancia se neg\u00f3 el resguardo por ausencia del requisito de subsidiariedad, lo cierto es que el mismo s\u00ed est\u00e1 satisfecho, si en cuenta se tiene que, sin \u00e9xito, la gestora dirigi\u00f3 esfuerzos a lograr un acuerdo con el padre de la adolescente para que \u00e9l continuara pagando la hipoteca, y as\u00ed evitar el remate del predio1; contact\u00f3 a la abogada de la entidad ejecutante para refinanciar la obligaci\u00f3n; tras enterarse del ejecutivo, puso de presente al Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena su inter\u00e9s en la causa, en virtud de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar que recae sobre el predio2 (18 mayo 2021), e inst\u00f3 al estrado de familia para que adoptara medidas con el fin de evitar el remate del inmueble3, como por ejemplo, que dispusiera el embargo del inmueble. <\/p>\n
2. Verificados los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, es necesario precisar que las pretensiones de la accionante est\u00e1n encaminadas, en esencia, a que se cumpla con el pago de la cuota hipotecaria del bien en el que ella habita con su hija, pero que en realidad es de propiedad de Adolfo Matamoros, de ah\u00ed que la actora busque que se obligue al padre de la menor a cumplir con dicha obligaci\u00f3n o, en su defecto, que se aumente la cuota de alimentos, con el fin de que ella pueda asumir el pago de la cuota. <\/p>\n
En este punto es necesario precisar que los pedimentos tal como fueron formulados no pueden ser acogidos, toda vez que ri\u00f1en con el r\u00e9gimen de obligaciones del derecho de familia y del derecho civil, lo cuales tienen implicaciones diferentes conforme pasa a exponerse. En primer lugar, aunque la gestora relat\u00f3 que el inmueble que habita fue adquirido durante su convivencia con Adolfo, quien figura como propietario, lo cierto es que no fue acreditado que la aqu\u00ed accionante hubiera realizado los tr\u00e1mites con el fin de declarar la uni\u00f3n marital que adujo y liquidar la respectiva sociedad patrimonial, camino procesal que le hubiera permitido traer a su patrimonio la cuota que le correspond\u00eda sobre los bienes sociales, luego como as\u00ed no lo hizo, no puede por la senda constitucional buscar ejercer derechos que no fueron reconocidos en el tiempo debido y por la autoridad competente. Ahora, la ausencia de la referida liquidaci\u00f3n condujo a que el inmueble permanezca en cabeza de Adolfo Matamoros, quien por su condici\u00f3n de propietario es el \u00fanico llamado a responder por el cr\u00e9dito hipotecario, de ah\u00ed que la aqu\u00ed actora no est\u00e9 obligada a asumir el pago de ese cuota, m\u00e1xime que de hacerlo as\u00ed, no adquir\u00eda el derecho de propiedad; dest\u00e1quese que es por esa raz\u00f3n, que tanto el Banco como el Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena no han permitido la intervenci\u00f3n de Florence, toda vez que desde el derecho civil no ven su calidad de obligada. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, tampoco puede pasar por alto la Sala que el inter\u00e9s en el pago de la cuota hipotecaria por parte de la actora tiene origen en su intenci\u00f3n de mantener su vivienda y la de su menor hija en el inmueble en el que actualmente se encuentran, pues ha sido con su permanencia en el mismo que Adolfo ha garantizado su obligaci\u00f3n alimentaria de vivienda frente a su menor hija. Es por eso por lo que, ante un eventual remate del bien, la solicitante teme caer en una eventual situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n, sensaci\u00f3n que ha sido promovida, entre cosas, por las discusiones e intentos conciliatorios que ha tenido con su expareja, quien ha querido obtener el levantamiento del embargo de alimentos a cambio del pago cumplido del cr\u00e9dito hipotecario e incluso la trasferencia de la titularidad del bien. Entonces, son estas \u00faltimas circunstancias las que evidencian que la actora ha estado sometida a presiones econ\u00f3micas que no se ajustan al r\u00e9gimen de obligaciones y de alimentos que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico, por lo que procede la Sala a analizar el caso bajo una perspectiva de g\u00e9nero que salvaguarde los intereses de la mujer accionante y de su menor hija, todo bajo el respeto al derecho al debido proceso del padre de la adolescente. <\/p>\n
3. En virtud de lo previsto en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Nacional, \u201c[t]odas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibir\u00e1n la misma protecci\u00f3n y trato de las autoridades y gozar\u00e1n de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminaci\u00f3n por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o filos\u00f3fica\u201d. Por ese mandato, el Estado est\u00e1 obligado a desarrollar medidas afirmativas para hacer de las aludidas garant\u00edas una realidad, especialmente frente a grupos poblacionales que tradicionalmente han sido sometidos a situaciones de desigualdad y discriminaci\u00f3n, como sucede, entre otros, con las mujeres. De ah\u00ed que el inciso segundo del precepto comentado disponga que [e]l Estado promover\u00e1 las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar\u00e1 medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado proteger\u00e1 especialmente a aquellas personas que por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar\u00e1 los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la mujer, la violencia y la discriminaci\u00f3n ejercida en su contra, ello ha surgido en el contexto de culturas que la han considerado inferior al hombre, con menos capacidades y, por tanto, con menos derechos que \u00e9l. Esa idea, entre otras cosas, ha provocado que frente a ella se ejerzan actos de dominaci\u00f3n (f\u00edsicos, verbales, psicol\u00f3gicos, econ\u00f3micos), destinados todos a situarla en un escenario que le ha asignado la sociedad bajo el poder de otros, quienes han tendido a determinar su existencia en las esferas personal, familiar, laboral, econ\u00f3mica y pol\u00edtica. Dicha perspectiva, adem\u00e1s, ha amenazado sistem\u00e1ticamente sus derechos, pues ha servido de patente de corso -y a\u00fan lo hace4- para condicionar el reconocimiento de sus garant\u00edas en pie de igualdad con sus cong\u00e9neres, su autonom\u00eda, libertad y pleno desarrollo. Solo para recordar lo que hoy es impensable, pero que, desafortunadamente, as\u00ed fue, en alguna \u00e9poca, en Colombia, las mujeres no ten\u00edan derecho a la educaci\u00f3n universitaria5, requer\u00edan permiso cuando eran casadas para trabajar6, eran tratadas como incapaces para administrar sus bienes7 y sancionadas penalmente, por el hecho de ser mujeres, por \u201cadulterio\u201d8. <\/p>\n
Por eso, en los tiempos que corren, cuando se ha proclamado la igualdad entre hombres y mujeres, se relieva la garant\u00eda a una vida libre de violencia y discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de su sexo y g\u00e9nero, la cual puede definirse como el derecho humano que tienen a existir y a realizar su proyecto de vida sin ser sometida a ninguna conducta que limite sus facultades en virtud de sus caracter\u00edsticas biol\u00f3gicas y del rol que cumplen en la sociedad. Al respecto, la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer \u201cConvenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1\u201d9 (1995), establece que \u201c[e]l derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a) el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminaci\u00f3n, y b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y pr\u00e1cticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Son diversos los instrumentos que consagran la protecci\u00f3n de esa garant\u00eda, unos hacen parte del derecho interno colombiano, otros no, pero todos relevantes a la hora de dotarla de sentido. En el \u00e1mbito de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas se destacan la Declaraci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (1967), la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (CEDAW) (1981)10, la Declaraci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de la Violencia en contra de la Mujer (1993) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Y en el ordenamiento interno, se encuentra la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer \u201cConvenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1\u201d11 (1995). En el plano nacional, se encuentran los art\u00edculos 1312, 4213, 4314 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y, entre otras normas, igualmente relevantes, las Leyes 294 de 199615, y 1257 de 200816. <\/p>\n
Todos esos mecanismos, en su mayor\u00eda, se encargan de precisar qu\u00e9 se entiende por violencia contra la mujer. As\u00ed el art\u00edculo 1\u00b0 de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1 consagra que es \u201ccualquier acci\u00f3n o conducta, basada en su g\u00e9nero, que cause muerte, da\u00f1o o sufrimiento f\u00edsico, sexual o psicol\u00f3gico a la mujer, tanto en el \u00e1mbito p\u00fablico como en el privado\u201d17. A tono con esa directriz, el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1257 de 2008, prev\u00e9: \u201c[p]or violencia contra la mujer se entiende cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n que le cause muerte, da\u00f1o o sufrimiento f\u00edsico, sexual, psicol\u00f3gico, econ\u00f3mico o patrimonial por su condici\u00f3n de mujer, as\u00ed como las amenazas de tales actos, la coacci\u00f3n o la privaci\u00f3n arbitraria de la libertad, bien que se presente en el \u00e1mbito p\u00fablico o en el privado\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y discriminaci\u00f3n se traduce en la garant\u00eda a desarrollarse plenamente en todos los \u00e1mbitos de la sociedad, sin ser sometida ning\u00fan acto que, directa o indirectamente, est\u00e9 asociado a la idea del dominio, por tanto, ha de conjurarse con el fin de que, realmente, pueda ser lo que anhela ser, alcanzar y disfrutar libremente de la vida que ha elegido tener. As\u00ed, todas las autoridades p\u00fablicas est\u00e1n obligadas a atender ese mandato en el ejercicio de sus funciones, so pena de desconocer ese derecho humano y comprometer la responsabilidad internacional del Estado. <\/p>\n
Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, int\u00e9rprete de la Convenci\u00f3n para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 7\u00b018 de ese estatuto, ha insistido en que los Estados en los casos que involucren violencia contra la mujer, tienen un \u201cdeber de debida diligencia estricta\u201d para prevenirla, investigarla y sancionarla con celeridad y sin dilaciones19. En ese escenario, cobran relevancia las comisar\u00edas de familia, los juzgados de familia, civiles, municipales o promiscuos municipales, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y los jueces de control de garant\u00edas, como quiera que el legislador, en cumplimiento de ese mandato, les ha encargado el deber de adoptar medidas de protecci\u00f3n en los casos de violencia contra la mujer. Es decir, las mujeres pueden acudir ante dichos organismos para que sean protegidas de conductas de ese tipo, para lo cual debe distinguirse entre violencia intrafamiliar o en contextos diferentes a ella. Si se trata de la primera, la v\u00edctima puede acudir ante la comisar\u00eda de familia, cuando en el lugar donde ocurrieron los hechos exista, o de lo contrario, ante los juzgados de familia, civiles o promiscuos municipales. Si se trata de la segunda, puede comparecer ante la Fiscal\u00eda o el juez de control de garant\u00edas. <\/p>\n
Significa, entonces, que todas las autoridades del pa\u00eds, en los asuntos de su competencia, deben garantizar la efectividad del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y discriminaci\u00f3n, en especial, a quienes se le ha delegado la funci\u00f3n de adoptar medidas de protecci\u00f3n a su favor en los casos de violencia contra ellas. Al respecto pueden verse los art\u00edculo 17 y 18 de la Ley 1257 de 2008, que modific\u00f3 el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 294 de 1996 y el art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto 4799 de 2011. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el papel de los jueces es esencial para materializar ese deber, pues, al fin y al cabo, son ellos quienes en los casos concretos tienen la posibilidad de remediar la violencia contra las mujeres, camino en el cual la judicatura ha avanzado al reconocer el deber de fallar siempre con enfoque de g\u00e9nero, de visibilizar las conductas violentas en los relatos contenidos en las decisiones judiciales y ordenar medidas que efectivamente restablezcan los derechos y prevengan la ocurrencia de nuevos actos de violencia, de forma tal que se impacte la comunidad y la misma se transforme, para garantizar as\u00ed a los ciudadanos una vida sin violencia y discriminaci\u00f3n, y lograr una sociedad en la que todos sus integrantes, con independencia sus calidades, tengan las condiciones necesarias para existir y desarrollar su proyecto de vida. <\/p>\n
En ese sentido, debe recordarse, por un lado, que la Corte Constitucional ha explicado que las sanciones frente a la violencia contra la mujer no solo se limitan a las previstas por el legislador, como las penales, sino tambi\u00e9n a las sociales, defini\u00e9ndolas como aquellas que tienen por objeto \u201creforzar la desaprobaci\u00f3n social de conductas de discriminaci\u00f3n y violencia contra las mujeres\u201d, facilitando \u201cel aprendizaje\u201d de su lesividad \u201cal interior de la familia, la educaci\u00f3n y las relaciones sociales\u201d, as\u00ed como su denuncia, a fin de reprimir \u201cdesde la propia educaci\u00f3n comportamientos discriminatorios y violentos\u201d y provocar \u201crespuestas inmediatas en otros miembros de la sociedad\u201d20. <\/p>\n
4. En esa l\u00ednea argumentativa, uno de los campos en los que se ha manifestado el dominio del hombre sobre la mujer ha sido en las relaciones econ\u00f3micas, escenario en el que se le ha concebido, por algunos, con menos capacidades para participar en la adquisici\u00f3n y distribuci\u00f3n de bienes y, por tanto, con menos derechos en el plano patrimonial. Por ese camino, se pueden presentarse conductas dirigidas a subordinarla en el \u00e1mbito monetario, impidi\u00e9ndole el acceso a los recursos econ\u00f3micos que requiere para desarrollarse plenamente. En ese sentido, el inciso segundo del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1257 de 2008 establece que (\u2026) de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acci\u00f3n de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia econ\u00f3mica, se entiende cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n orientada al abuso econ\u00f3mico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por raz\u00f3n de su condici\u00f3n social, econ\u00f3mica o pol\u00edtica. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las econ\u00f3micas. A su vez, ese tipo de violencia puede ser al tiempo psicol\u00f3gica, en caso de que le provoque \u201csentimientos de desvalorizaci\u00f3n e inferioridad sobre s\u00ed misma, que le generan baja autoestima\u201d. <\/p>\n
Ahora, aunque, como lo se\u00f1ala dicho precepto, ese tipo de violencia puede generarse en cualquier \u00e1mbito de la vida de la mujer, tradicionalmente puede prosperar en algunas relaciones de pareja, durante su existencia y despu\u00e9s de su finalizaci\u00f3n, pues, quien ostenta la mayor parte de los medios econ\u00f3micos tiende a desplegar conductas, voluntaria o involuntariamente, encaminadas a controlar a su pareja. En muchos casos, no en todos, son las mujeres quienes se encuentran en subordinaci\u00f3n y el hombre, como proveedor de la econom\u00eda del hogar es el que define c\u00f3mo, cu\u00e1ndo y en qu\u00e9 se gasta. Incluso, todav\u00eda pueden observarse algunos patrones en donde se advierte que como \u00e9l es el \u201ctrabajador de la casa\u201d, le asigna a la mujer todas las labores dom\u00e9sticas, impidi\u00e9ndole decidir el rol que quiere cumplir en el hogar, as\u00ed como la consecuci\u00f3n independiente de recursos econ\u00f3micos. De suerte que cuando la relaci\u00f3n finaliza, la mujer que se ha dedicado a las labores del hogar queda sin finanzas propias, sin experiencia laboral y en muchas ocasiones sin la educaci\u00f3n necesaria para proveerse sus propios ingresos como trabajadora, escenario que la conduce a permanecer en subordinaci\u00f3n frente a quien suministra econ\u00f3micamente a ella o a sus hijos. <\/p>\n
Debe precisarse que los cambios que se han presentado en la conformaci\u00f3n de la familia colombiana dan lugar a que existan m\u00faltiples relaciones sentimentales y econ\u00f3micas, tanto as\u00ed que, en muchos hogares, son las mujeres quienes ostentan la mayor parte de los ingresos; sin embargo, lo que pretende evidenciarse es que las mujeres que sufren violencia econ\u00f3mica, usualmente se encuentran en el primer escenario descrito, aquel en donde no tienen disposici\u00f3n de tales medios. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la din\u00e1mica propia de las relaciones sociales ha revaluado el concepto de familia, entendida, tradicionalmente, como la que se forma \u201cpor v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, por la decisi\u00f3n libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla\u201d21 (familia biparental). As\u00ed que es necesario visibilizar las relaciones que surgen cuando hay padres separados e hijos menores, pues, aunque, su proyecto de vida en com\u00fan ha desparecido, los derechos y obligaciones en relaci\u00f3n con el ser humano que depende de ellos los liga como unidad familiar, constituyendo lo que se denomina \u201cfamilia de padres de separados\u201d22. De ah\u00ed que deba velarse por la protecci\u00f3n de ese v\u00ednculo y las condiciones en las que se desarrolla, por lo que las autoridades de familia est\u00e1n llamadas a tasar las cuotas de alimentos bajo par\u00e1metros que no den lugar a la subordinaci\u00f3n del padre o madre que tiene menos recursos econ\u00f3micos, esto con el fin de evitar situaciones o actos de violencia econ\u00f3mica. <\/p>\n
5. Bajo el marco descrito y descendiendo al caso concreto se advierte que Adolfo Matamoros ha procurado garantizar el bienestar de su menor hija, pues cumple con la cuota de alimentos tasada en $1.700.000 mensuales, ha permitido que la adolescente y su madre habiten el bien de su propiedad y del material probatorio recaudado se evidencia su inter\u00e9s de ejercer su paternidad con el rigor que la ley exige; sin embargo, los medios suasorios tambi\u00e9n dan cuenta que \u00e9l, en aras de propiciar el levantamiento del embargo de alimentos, ha ejercido presiones econ\u00f3micas sobre la madre de la menor, dentro las cuales se incluye el hecho de dejar de pagar el cr\u00e9dito garantizado con la hipoteca que grava el inmueble donde la accionante y su hija residen con el fin de negociar el pago del cr\u00e9dito a trav\u00e9s del monto de la cuota alimentaria que suministra y el levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar que pesa sobre el bien, situaciones que quedaron en evidencia con las conversaciones que sostuvieron por whatsapp en 2018 y 201923 y en los correos electr\u00f3nicos que cruzaron en mayo de 2021 con el fin de llegar a un acuerdo. <\/p>\n
De igual forma, Adolfo no le inform\u00f3 a Florence que hab\u00eda dejado de pagar la hipoteca. Al pronunciarse sobre tal hecho respondi\u00f3: \u201cEs parcialmente cierto, porque es l\u00f3gico que si la madre de la menor est\u00e1 recibiendo sumas de dinero cercanas a los $2.100.000* mensuales, es ella quien deber\u00e1 pagar la cuota de la hipoteca del apartamento en el que ella misma habita y se usufruct\u00faa de \u00e9l\u201d, es decir que Adolfo ha pretendido presionar a la madre de su hija para que, con la cuota de alimentos que le provee a su hija, ella asuma el pago de una obligaci\u00f3n hipotecaria que no est\u00e1 a su cargo y que no puede trasladarle a ella por el simple hecho que habite el inmueble, pues las reglas sobre obligaciones civiles no lo habilitan para eso, am\u00e9n que tampoco puede establecer la cuota de alimentos y la forma de pago de la misma a su arbitrio, pues ese asunto es de tal relevancia que, ante las discrepancias que puedan surgir, son las autoridades de familia las llamadas a hacer la tasaci\u00f3n respectiva. T\u00e9ngase en cuenta que este comportamiento implica necesariamente afectaciones en la relaci\u00f3n de padres separados que tienen Adolfo y Florence, lo que tambi\u00e9n propicia afectaciones en el bienestar de la menor, quien no es ajena a ese lazo familiar. <\/p>\n
Esas conductas que Adolfo ejerce frente a Florence, en virtud del poder que ostenta por ser el proveedor econ\u00f3mico de su hija, no pueden ser toleradas, pues, adem\u00e1s del sufrimiento psicol\u00f3gico y patrimonial que le puede causar a Florence, la subordinan, tanto as\u00ed que promovi\u00f3 el presente amparo \u00fanicamente con el fin de buscar alternativas para pagar una cuota hipotecaria que, se insiste, no est\u00e1 a su cargo. <\/p>\n
Ahondando en el asunto, se advierte que es la tasaci\u00f3n de la cuota de alimentos efectuada por el Juzgado 6\u00ba de Familia de Cartagena lo que ha dado lugar al comportamiento del cual puede ser v\u00edctima la gestora. En efecto, repasada la audiencia de 23 de julio de 2020 (enlace expediente 2019-00535-00), en la que se fij\u00f3 la mesada alimentaria a favor de Frida en un porcentaje equivalente al 25% del salario del convocado, se observa que el despacho enjuiciado no tuvo en cuenta el monto que Adolfo pagaba por concepto del cr\u00e9dito hipotecario, lo que ha dado lugar a las discrepancias econ\u00f3micas que tienen los padres de la adolescente, en especial porque el progenitor pretende que de la cuota alimentaria se pague la hipoteca, lo cual no qued\u00f3 expresamente definido por el Juzgado de Familia. En otras palabras, no quedaron claramente delimitados los compromisos de ambos padres en relaci\u00f3n con los alimentos, as\u00ed como la forma en que habr\u00eda de satisfacerse la vivienda de la adolescente, lo que ha conducido a que Adolfo ejerza actos que pueden ser indicadores de violencia econ\u00f3mica contra la madre de la menor. <\/p>\n
A su vez, aunque la peticionaria le exhibi\u00f3 al juzgado el conflicto suscitado con posterioridad a la fijaci\u00f3n de la cuota, exponi\u00e9ndole todas las circunstancias que aqu\u00ed relat\u00f3, la agencia enjuiciada no se detuvo a analizar ninguna de ellas, ignorando los actos denunciados por Florence y sus posibles secuelas en los derechos de la menor. Se limit\u00f3 a responder que \u00abno se requiere en el proceso la fijaci\u00f3n de nuevas medidas cautelares, pues las fijadas a la fecha se encuentran garantizando la protecci\u00f3n de los derechos de la menor alimentaria, limit\u00e1ndose, en consecuencia, a lo necesario\u00bb, sin acometer el m\u00e1s m\u00ednimo an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n a la que estaba siendo sometida por Adolfo. Ahora, si bien lo que solicit\u00f3 Florence fue que se embargara el apartamento, del contexto de la petici\u00f3n se infer\u00eda claramente que lo que quer\u00eda era una nueva regulaci\u00f3n alimentaria, que permitiera cubrir el pago de la obligaci\u00f3n hipotecaria. De suerte que el fallador debi\u00f3 tramitarla como lo dispone el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, como una petici\u00f3n de incremento de cuota alimentaria. <\/p>\n
En suma, el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena al fijar la cuota alimentaria en las condiciones en las que lo hizo propici\u00f3 la situaci\u00f3n reprochada, y aunque pudo conjurarla despu\u00e9s, al hab\u00e9rsele informado el conflicto suscitado con el valor de la cuota, no adopt\u00f3 ninguna medida. As\u00ed las cosas, y comprobada como se encuentra que la situaci\u00f3n denunciada por Florence es producto de la conducta que Adolfo ha desplegado en su contra, as\u00ed como que el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena no fij\u00f3 en su momento adecuadamente la cuota alimentaria a favor de la menor, ni tramit\u00f3 en debida forma la solicitud a trav\u00e9s de la cual la actora le pidi\u00f3 solucionar la problem\u00e1tica suscitada con ocasi\u00f3n del impago del cr\u00e9dito hipotecario, es necesario adoptar las medidas necesarias para transformar ese estado de cosas. <\/p>\n
As\u00ed, a Adolfo, quien es el autor de la conducta descrita, se le ordenar\u00e1 que, en lo sucesivo, se abstenga de ejercer contra Florence, a prop\u00f3sito de la relaci\u00f3n que tienen como padres de Frida, acciones u omisiones que tiendan a subordinarla en virtud del poder que detenta como proveedor econ\u00f3mico de la menor y de la situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica de Florence. Para el cumplimiento de esa medida, y la restauraci\u00f3n de los v\u00ednculos familiares entre las partes, incluidos los lazos con la adolescente, y de conformidad con las competencias asignadas en la materia a las Comisar\u00edas de Familia por las Leyes 254 de 1996 y 257 de 2008, se remitir\u00e1n copias de estas diligencias al Instituto de Bienestar Familiar \u2013 Direcci\u00f3n Regional Bol\u00edvar- con el fin de que las asigne a la Comisar\u00eda de Familia m\u00e1s cercana al lugar donde la accionante reside. <\/p>\n
Al Juzgado Sexto de Familia de Cartagena se le ordenar\u00e1 que tramite la solicitud que present\u00f3 la accionante para que se embargara el apartamento de propiedad de Adolfo como una solicitud de aumento de cuota alimentaria. Para el efecto, deber\u00e1 tener en cuenta los siguientes criterios: i) propiciar entre las partes un acuerdo que permita, en condiciones de igualdad, conciliar sus diferencias, con ocasi\u00f3n del valor de la cuota, el levantamiento del embargo, y el pago de la obligaci\u00f3n hipotecaria; ii) analizar la capacidad econ\u00f3mica de ambos padres; iii) clarificar adecuadamente los \u00edtems que deben integrar los alimentos de la adolescente, as\u00ed como su cuant\u00eda, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia; iv) valorar que la vivienda de la adolescente, garantizada con el inmueble donde reside, est\u00e1 en riesgo, as\u00ed como su eventual situaci\u00f3n de salud; iv) adoptar las medidas necesarias para que las condiciones en las que se acuerde o se fije la nueva cuota no ponga en riesgo el derecho de Florence a vivir sin violencia y discriminaci\u00f3n; v) administrar justicia con perspectiva de g\u00e9nero, de acuerdo con los lineamientos aqu\u00ed trazados. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ordenar\u00e1 al Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena que remita a Florence el expediente contentivo del ejecutivo 13001-40-03-012-2021-00273-00, en aras que ella pueda dilucidar el alcance de la obligaci\u00f3n cobrada y el estado en que se encuentra. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, se CONCEDE el amparo para proteger el derecho de Florence Parra Paz a una vida libre de violencia y discriminaci\u00f3n, as\u00ed como el inter\u00e9s superior de la adolescente Frida Matamoros Parra. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR a Adolfo Matamoros D\u00edaz que, en lo sucesivo, se abstenga de ejercer contra Florence Parra Paz, a prop\u00f3sito de la relaci\u00f3n que tienen como padres de Frida Matamoros Parra, acciones u omisiones que tiendan a subordinarla en virtud del poder que detenta como proveedor econ\u00f3mico de la menor, y de la situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica de Florence. <\/p>\n
Rem\u00edtanse copia de estas diligencias al Instituto de Bienestar Familiar \u2013 Direcci\u00f3n Regional Bol\u00edvar- con el fin de que las asigne a la Comisar\u00eda de Familia m\u00e1s cercana al lugar donde la accionante reside, a fin de que esa directriz se cumpla y adopte las medidas necesarias para conjurar la eventual violencia econ\u00f3mica y restablecer los lazos familiares entre los padres y la hija que tienen en com\u00fan. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR Al Juzgado Sexto de Familia de Cartagena que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, tramite la solicitud que present\u00f3 la accionante para que se embargara el apartamento de propiedad de Adolfo como una solicitud de aumento de cuota alimentaria. Para el efecto, deber\u00e1 tener en cuenta los criterios se\u00f1alados en el numeral 6.5 de las consideraciones, y la sentencia que defina la controversia la dictar\u00e1, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a treinta (30) d\u00edas. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR al Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena que remita a Florence el expediente contentivo del ejecutivo 13001-40-03-012-2021-00273-00, con el fin de que conozca su estado. Lo anterior, se advierte, no la habilita para participar en el proceso. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La actora, durante este tr\u00e1mite, reenvi\u00f3 los correos electr\u00f3nicos que remiti\u00f3 al padre de la con el fin de que \u00e9l siguiera pagando las cuotas del cr\u00e9dito hipotecario, y as\u00ed, impedir la continuaci\u00f3n del ejecutivo. <\/p>\n
2\u0002 En cumplimiento del auto que decret\u00f3 pruebas de oficio, la actora aport\u00f3, entre documentos, el que denomin\u00f3 \u201cJuzgado Doce Civil Municipal\u201d, en el que consta la petici\u00f3n que elev\u00f3 el pasado 18 de mayo para conocer del proceso y la negativa de ese despacho frente a la rogativa, argumentando que no era parte en el proceso. <\/p>\n
3\u0002 As\u00ed se pudo verificar de los documentos allegados por la actora (Memorial Juzgado Sexto de Familia) y del enlace de acceso al expediente 2019-00535-00, remitido por el Juzgado de familia accionado. <\/p>\n