STC17357-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17357-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-00751-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 2 de julio de 20201, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Teresa Mart\u00ednez Ortega contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Doce Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio de la rese\u00f1ada especialidad con radicado 2017-00094-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado, la accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Aduce que, bajo los tr\u00e1mites de la Ley 600 de 2000 y, por hechos acaecidos en 1990, el estrado del circuito confutado la conden\u00f3 por el delito de fraude procesal, eventualmente cometido al interior de un juicio de sucesi\u00f3n. <\/p>\n
Cuestiona que, (i) aun cuando la acci\u00f3n penal se encontraba prescrita, as\u00ed no se declar\u00f3, (ii) en el decurso criticado se cometieron errores procedimentales y, (iii) en los fallos cuestionados se ponder\u00f3, indebidamente, la Ley civil sustantiva y adjetiva en relaci\u00f3n a la conducta endilgada sobre el proceso de sucesi\u00f3n aludido. <\/p>\n
3. Solicita, dejar sin efecto las sentencias condenatorias proferidas en su contra o, declarar su absoluci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali alleg\u00f3 el fallo que profiri\u00f3 el 18 de junio de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El estrado del circuito demandado realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones censuradas y, resalt\u00f3 que en \u00abning\u00fan momento (\u2026) ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora Sesenta y Seis Judicial II Penal de Cali indic\u00f3 que la salvaguarda era improcedente, pues \u00abinterpuso recurso [extraordinario] de casaci\u00f3n (\u2026), como tambi\u00e9n lo [hizo la tutelante], (\u2026) seg\u00fan el traslado que [efectu\u00f3] la secretaria del Tribunal [reprochado] el pasado 5 de junio de 2020 [y, por ello] se tendr\u00eda que colegir, que la presente acci\u00f3n constitucional, adolece de los requisitos de procedibilidad general que la comporta\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal Ciento Sesenta y Dos Seccional de esa urbe, manifest\u00f3 que el resguardo carec\u00eda de vocaci\u00f3n de \u00e9xito por cuanto la petente \u00abpudo acudir al recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, demostrando la existencia de errores in iudicando o in procedendo, aplicando las causales taxativamente se\u00f1aladas en la Ley 600 de 2000\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo, al desatenderse el presupuesto de subsidiariedad, porque la reclamante ten\u00eda a su alcance el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para exponer los reparos aqu\u00ed esbozados, pues \u00abal consultarse el m\u00f3dulo de gesti\u00f3n judicial Justicia XXI de la Rama Judicial, la notificaci\u00f3n de la sentencia objetada no se ha materializado respecto de todos los sujetos procesales, por lo que se encuentra en curso los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 210 de la Ley 600 de 2000, para promover [dicha defensa] en contra de la [sentencia del ad quem reprochado]\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante se\u00f1alando que \u00abla tutela si es procedente pues [se] viol[\u00f3] el debido proceso [y, se] desconoc[ieron] las normas del C\u00f3digo Civil y de Procedimiento Civil al igual que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica [en las condenas atacadas]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente si, se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad del auxilio contra decisiones judiciales y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas de la tutelante al proferir fallos condenatorios en su contra, al presuntamente ponderarse, de manera indebida, la normativa del juicio de sucesi\u00f3n que dio lugar a la actuaci\u00f3n penal materia de disenso. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Este presupuesto, impone al interesado el deber de utilizar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance dentro del ordenamiento jur\u00eddico para obtener la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales, dado que el amparo no es una herramienta judicial que permita desplazar aqu\u00e9llos dado su car\u00e1cter eminentemente excepcional y residual; de ah\u00ed que, entonces, no pueda ser visto como un mecanismo adicional o paralelo a trav\u00e9s de la cual se pueda sustituir a las v\u00edas judiciales ordinarias, ni como un remedio al que se pueda acudir para corregir los errores en que pudieron incurrir las partes, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del descuido de \u00e9stas. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. Efectuado el an\u00e1lisis correspondiente del escrito introductorio, de la impugnaci\u00f3n y los medios de convicci\u00f3n aportados al tr\u00e1mite, esta Sala confirmar\u00e1 la improcedencia del amparo invocado, pues se advierte que el mismo no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de subsidiariedad previamente referido. <\/p>\n
3.1. En efecto, tal como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, al momento de instaurarse esta salvaguarda, se encontraba corriendo el t\u00e9rmino respectivo para que la actora formulara el recurso extraordinario casaci\u00f3n frente a la sentencia condenatoria de segunda instancia, proferida en su contra2, medio defensivo en donde aquella puede exponer los reparos aqu\u00ed esbozados. <\/p>\n
N\u00f3tese que, mientras la interesada no agote ese instrumento cuya idoneidad y eficacia no admite reproche, no es posible acudir a la tutela, ya que su car\u00e1cter subsidiario y residual no la erige como herramienta opcional para definir el litigio y menos puede ser vista como una instancia adicional o paralela de la actividad a cargo del juez llamado a resolver el proceso. En ese sentido esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab[E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC11725-2021, 9 sep. 2021, rad. 00193-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio extraordinario de defensa disponible al tiempo de la presentaci\u00f3n de este auxilio, la solicitante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, entre otras, en STC8801-2021, 15 jul. 2021, rad. 00165-01). <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
Conforme a las precisiones realizadas en esta instancia, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, pues al momento de incoarse esta salvaguarda, estaba corriendo para la petente el t\u00e9rmino para formular el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia del ad quem censurado y, siendo tal defensa un mecanismo id\u00f3neo para exponer los reparos aqu\u00ed planteados, se impone declarar la improcedencia de la tutela, advirtiendo que tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue allegado a la Sala el 9 de diciembre de 2021 y, en la misma calenda, se efectu\u00f3 el reparto a este despacho. <\/p>\n
2\u0002 Revisado el sistema de consulta de la Rama Judicial, se observa que mientras esta acci\u00f3n se allegaba a esta instancia, el tribunal convocado remiti\u00f3 el proceso cuestionado a la Hom\u00f3loga Penal para surtir el recurso extraordinario de casaci\u00f3n en comento, seg\u00fan registro del 8 de febrero de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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