STC17358-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17358-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2021-00663-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n propuesta por Silvia Caraballo Cano frente al fallo emitido el 12 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le interpuso al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso de interdicci\u00f3n 2007-00380-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante protest\u00f3 porque el convocado no ha definido la solicitud que elev\u00f3, en 2019, para que, con estribo en lo previsto en la Ley 1699 de ese a\u00f1o, se revisara la interdicci\u00f3n por demencia que se le declar\u00f3 mediante sentencia de 28 de mayo de 2018. <\/p>\n
2.- El Juzgado e Ismael Caraballo Cano, hermano de la peticionaria y su curador provisional, alegaron la inexistencia de la vulneraci\u00f3n denunciada. No hubo m\u00e1s pronunciamientos de los part\u00edcipes de la controversia. <\/p>\n
3.- El a quo desestim\u00f3 el amparo porque la actora no acredit\u00f3 la mora judicial alegada, a trav\u00e9s de la prueba de los escritos que elev\u00f3 y su recepci\u00f3n. En desacuerdo, la gestora impugn\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como cuesti\u00f3n preliminar, la Sala precisa que revisar\u00e1 el proceso de interdicci\u00f3n de Silvia Caraballo Cano, a partir de las solicitudes que la quejosa radic\u00f3 en noviembre de 2019, para provocar la revisi\u00f3n de su situaci\u00f3n, pues, aunque fueron examinadas por el Tribunal de Cartagena al conceder una tutela que promovi\u00f3 en junio de 2020 (24 jun. 2020), deben ser analizadas nuevamente con el fin de dirimir adecuadamente la queja superlativa, la cual involucra hechos nuevos, asociados al paso del tiempo, y a una persona de especial protecci\u00f3n constitucional, quien denuncia que a causa de la mora del fallador encargado de proteger sus derechos, no ha podido hacerlo efectivos. <\/p>\n
Lo otro que debe puntualizarse, a prop\u00f3sito de las razones que condujeron al Tribunal a desestimar esta vez el resguardo de la actora, es que, en asuntos como este, en los que est\u00e1n comprometidos las garant\u00edas de una mujer con discapacidades, en virtud de la mora de una autoridad judicial, es inadmisible que se niegue su protecci\u00f3n bajo el argumento de que no acredit\u00f3 la tardanza que denunci\u00f3. <\/p>\n
Primero, porque los mandatos supranacionales y nacionales imponen al Estado adoptar medidas afirmativas a favor de las personas con discapacidad, a fin de hacer una realidad sus derechos fundamentales. Obs\u00e9rvese que la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Colombia a trav\u00e9s de la Ley 1346 de 2009, en su art\u00edculo 1\u00b0 establece que \u201c[l]os Estados Partes se comprometen a asegurar promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra \u00edndole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convenci\u00f3n\u201d, como lo es el acceso a la justicia (art. 13). Por su parte, el canon 13 constitucional, en sus incisos segundo y tercero establece: \u201c[e]l Estado promover\u00e1 las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar\u00e1 medidas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar\u00e1 medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado proteger\u00e1 especialmente a aquellas personas que por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar\u00e1 los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. <\/p>\n
Y, en segundo lugar, porque cuando la mora judicial es el origen de la infracci\u00f3n alegada, los jueces constitucionales deben poner la mirada en el usuario de la administraci\u00f3n de justicia y sus circunstancias, debido a que sus derechos dependen de que los falladores ordinarios resuelvan en un t\u00e9rmino razonable los conflictos sometidos a su composici\u00f3n. De suerte que, en escenarios como este, incumbe esclarecer, oficiosamente, los hechos en virtud de los cuales se atribuye a un funcionario haber incurrido en mora judicial, as\u00ed como su impacto frente a las garant\u00edas de los interesados, cuanto m\u00e1s respecto de aquellas personas que se encuentran en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, como la actora, cuya capacidad, libertad y autonom\u00eda individual est\u00e1n en manos del despacho querellado, pues de \u00e9l depende que pueda ejercerlos. <\/p>\n
2.- Advertido lo anterior, se anticipa que el desenlace opugnado se revocar\u00e1, toda vez que el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena no ha adoptado a favor de la censora medidas apropiadas y efectivas para garantizar sus derechos, pese a que desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os le ha implorado que las expida, como pasa a exponerse. <\/p>\n
Como se vio, el deber de protecci\u00f3n de las personas con discapacidad es exigible en cualquier escenario. Velar por su bienestar, la satisfacci\u00f3n de sus necesidades, su dignidad, su autonom\u00eda e independencia individual y la libertad para tomar sus propias decisiones ha sido una constante en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano. Basta ver que la derogada Ley 1306 de 2009, por la cual se dictaron normas para la Protecci\u00f3n de Personas con Discapacidad Mental y se estableci\u00f3 el R\u00e9gimen de la Representaci\u00f3n Legal de Incapaces Emancipados, preve\u00eda en su art\u00edculo 3\u00b0: \u00ab[e]n la protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos de las personas con discapacidad mental se tomar\u00e1n en cuenta los siguientes principios: a) El respeto de su dignidad, su autonom\u00eda individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora, la exigibilidad de ese mandato no vari\u00f3 a ra\u00edz de la expedici\u00f3n de la Ley 1996 de 2019 frente a las personas que al momento de su expedici\u00f3n estuviesen cobijadas con medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, pues si bien el reconocimiento de su capacidad jur\u00eddica y los mecanismos para ejercerla quedaron supeditados hasta el 26 de agosto de 2021, la protecci\u00f3n deb\u00eda dispens\u00e1rseles, mientras ese momento llegaba, a trav\u00e9s de las pautas precedentes a la nueva legislaci\u00f3n, y alcanzada esa fecha, por medio del \u00abproceso de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha puntualizado: <\/p>\n
\u00abDel estudio detenido del novedoso compendio normativo en cuesti\u00f3n, se advierte que el punto nuclear de la reforma, como es la supresi\u00f3n de la incapacidad legal para las personas mayores de edad con discapacidad, cobr\u00f3 vigor desde el 26 de agosto de 2019, raz\u00f3n por la que, a partir de esta data, \u00fanicamente pueden estar incapacitados aquellas personas que, por mandato de una sentencia que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, fueron declarados en interdicci\u00f3n o se les nombr\u00f3 un consejero. Dicho en negativo, a partir de la mencionada fecha, ninguna persona mayor de edad podr\u00e1 perder su capacidad legal de ejercicio por el hecho de contar con una discapacidad, manteni\u00e9ndose dicha medida \u00fanicamente respecto a las personas que con anterioridad, por fallo judicial, hubieran sido declarados incapaces. <\/p>\n
En armon\u00eda, para las tem\u00e1ticas procesales, la nueva ley diversific\u00f3 su aplicaci\u00f3n entre juicios (i) nuevos, (ii) concluidos y (iii) en curso, seg\u00fan las siguientes directrices: <\/p>\n
7.1. En cuanto a los primeros, de forma tajante, dej\u00f3 por sentada la prohibici\u00f3n de la iniciaci\u00f3n de nuevos tr\u00e1mites de interdicci\u00f3n (art\u00edculo 53), [advirtiendo que] esta regla no se extiende a las causas que deban promoverse para ejecutar o modificar las decisiones de interdicci\u00f3n que se hubieran proferido con anterioridad al 26 de agosto de 2019, como se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n; <\/p>\n
7.2. Para los segundos, esto es, los juicios finalizados, existen dos posibilidades: (a) la declaraci\u00f3n misma de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, salvo que se inicie un tr\u00e1mite de rehabilitaci\u00f3n, el cual se conserva en vigor hasta el a\u00f1o 2021; sin embargo, en el per\u00edodo de los a\u00f1os 2021 a 2024 deber\u00e1 procederse a la revisi\u00f3n oficiosa, o a solicitud de parte, para que, de considerarse que \u00ablas personas bajo interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n… requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb, se sustituyan aqu\u00e9llas por medidas de apoyo o, simplemente, se entienda habilitado el referido \u00abreconocimiento de la capacidad legal plena\u00bb (art\u00edculo 56); y <\/p>\n
(b) los actos de ejecuci\u00f3n de las determinaciones judiciales previas, bajo el efecto ultractivo de la Ley 1306 de 2009, por lo cual ha de entenderse que el juzgador ordinario conserva sus facultades para resolver todo lo relacionado con los recursos que se promuevan contra las decisiones de la ejecuci\u00f3n, incluyendo, sin limitarse a ellos, la remoci\u00f3n, designaci\u00f3n de curador, rendici\u00f3n de cuentas, etc., posibilidad que encuentra apoyadura en los c\u00e1nones 306 y 586 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, el \u00faltimo en su texto original, con antelaci\u00f3n a la reforma introducida por la regla 37 de la Ley 1996 de 2019, los cuales permiten a los jueces adoptar todas las medidas necesarias para la ejecuci\u00f3n de sus determinaciones y, trat\u00e1ndose de guardadores, extiende su competencia a todos los actos tendientes a su designaci\u00f3n. <\/p>\n
7.3. Finalmente, para los procesos en curso (\u2026), la nueva ley previ\u00f3 su suspensi\u00f3n inmediata hasta el 26 de agosto de 2021, con la precisi\u00f3n de que, en cualquier momento, aqu\u00e9lla podr\u00e1 levantarse por el juez, en casos de urgencia, para decretar \u201cmedidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u201d (precepto 55)\u00bb (se destaca, CSJ STC16392-2019, STC16821-2019, STC372-2020, STC4313-2021, entre otras). <\/p>\n
En el caso, el Juzgado no ha salvaguardado adecuadamente los derechos de la impulsora, pues no ha solucionado de fondo la problem\u00e1tica que la aqueja, a pesar que desde finales de 2019 ella y Olga Cort\u00e9s Rezza, quien se anuncia como su apoderada, le informaron que ha tenido dificultades para cobrar en el Banco AV Villas la pensi\u00f3n que percibe del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena, que se encuentra en condiciones de administrar directamente sus bienes, que anhelaba que Viky Matute Pino le sirviera de apoyo o fuese su guardadora porque confiaba en ella, que no quiere que Ismael Caraballo sea su curador porque, adem\u00e1s de que no le rinde cuentas de los recursos que administra, la maltrata, le dice \u201cenferma\u201d y \u201cun d\u00eda le pidi\u00f3 que la llevara al Banco para saber cu\u00e1nto ten\u00eda de dinero y se neg\u00f3, tambi\u00e9n [la] amenaz\u00f3 de muerte en una ocasi\u00f3n, [le] dijo que [le] dar\u00eda unos tiros, (\u2026) su esposa [le] env\u00eda mensajes feos al WhatsApp, [l]e escondieron la c\u00e9dula y tuvo que sacar otra\u201d (de lo anterior dan cuenta los escritos que datan de nov. 2019, 30 may. 2020, 22 jul. 2020, 18 ag. 2020, 29 sep. 2020, 29 oct. 2020, 6 nov. 2020, 19 nov. 2020, 24 nov. 2020, 16 en. 2021, 27 mar. 2021, 7 abr. 2021, as\u00ed como las entrevistas telef\u00f3nica y presencial que la trabajadora social del despacho le practic\u00f3 a la actora en julio de 2020 y abril de 2021, en las que manifest\u00f3 que quer\u00eda y pod\u00eda administrar sus bienes, expediente digitalizado 2007-00380-00). <\/p>\n
Y se afirma que el despacho enjuiciado ha omitido el deber de proteger a Silvia Caraballo Cano, porque desde entonces, no ha adoptado ninguna medida de fondo para salvaguardar los intereses de la precursora. Aunque pudo hacerlo en el periodo comprendido entre 2009 y el 25 de agosto de 2021, acudiendo a las pautas de la Ley 1306 de 2009, en virtud de la declaraci\u00f3n de interdicci\u00f3n que cobijaba a la quejosa, no lo hizo, y despu\u00e9s de que surgi\u00f3 la posibilidad de aquella se revisara, a tono con la situaci\u00f3n que ya conoc\u00eda, no le ha impreso al tr\u00e1mite la celeridad que exige el numeral 7\u00b0 del canon 5\u00b0 de la Ley 1996, seg\u00fan el cual, \u201c[l]as personas que solicitan apoyos formales para tomar decisiones jur\u00eddicamente vinculantes, tienen derecho a acceder a estos sin dilaciones injustificadas, por lo que los tr\u00e1mites previstos en la presente ley deber\u00e1n tener una duraci\u00f3n razonable y se observar\u00e1n los t\u00e9rminos procesales con diligencia\u201d. <\/p>\n
En efecto, como se evidencia del expediente, en el periodo comprendido entre 2019 y 25 de agosto de 2021, la titular de la agencia querellada, no constat\u00f3 por ning\u00fan medio que la actora percibiera la mesada pensional a la que tiene derecho. Tampoco verific\u00f3, adecuadamente, las condiciones en las que su curador provisional, Ismael Caraballo, administraba la prestaci\u00f3n, ya que solo lo requiri\u00f3 para que rindiera cuentas, sin adoptar ninguna directriz para que esa determinaci\u00f3n fuera efectiva. Igualmente, a prop\u00f3sito del estado de salud que se inform\u00f3 sobre la peticionaria, no aplic\u00f3 lo reglado en el art\u00edculo 29, seg\u00fan el cual, <\/p>\n
\u201c[c]uando lo estime conveniente y por lo menos una vez al a\u00f1o, el Juez del proceso a petici\u00f3n del guardador o de oficio, revisar\u00e1 la situaci\u00f3n de la persona con discapacidad mental absoluta interdicta. Para el efecto, decretar\u00e1 que se practique a la persona con discapacidad un examen cl\u00ednico psicol\u00f3gico y f\u00edsico, por un equipo interdisciplinario del organismo designado por el Gobierno Nacional para el efecto o del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses\u201d. <\/p>\n
A su vez, no tramit\u00f3 la solicitud de la actora para que, previo el procedimiento establecido en el canon 112 de la citada Ley, se removiera del cargo de curador provisional a Ismael Caraballo, y se designara como su curadora a la persona que indic\u00f3 era de su confianza, o a cualquier otra que fuera id\u00f3nea para el efecto. <\/p>\n
En ese sentido, obs\u00e9rvese que luego de que el Tribunal de Cartagena, en el fallo de tutela de 24 de junio de 2020, le orden\u00f3 a la falladora que tramitara las solicitudes de la peticionaria conforme a los par\u00e1metros de la derogada Ley 1306, y que la escuchara con el fin de esclarecer su voluntad, la funcionaria dispuso que la trabajadora social le practicara una entrevista (30 jun. 2020). Luego, en atenci\u00f3n a que en esa diligencia manifest\u00f3 que ella \u201cpreferir\u00eda administrar directamente sus recursos econ\u00f3micos si la ley as\u00ed se lo permitiera\u201d, y en el acta que se levant\u00f3 se consign\u00f3 que viv\u00eda con Ismael y \u201cse percibi\u00f3 a la se\u00f1ora Silvia cohibida para expresarse, manifest\u00f3 necesitar privacidad para seguir dialogando\u201d, el despacho orden\u00f3 que se designara aqu\u00e9l como su curador provisional, que se practicaran a la actora entrevistas mensuales con el fin de que ella determinara a quien quer\u00eda como su curador provisional, y asimismo que resolver\u00edan \u201clas dem\u00e1s solicitudes allegadas (\u2026) tras la ejecutoria\u201d, sin perjuicio de la posibilidad de que se iniciara un tr\u00e1mite de rehabilitaci\u00f3n, o de revisi\u00f3n de la interdicci\u00f3n (9 jul. 2020). Empero, lo cierto es que no se hizo seguimiento alguno a la situaci\u00f3n de la promotora, no obstante las recomendaciones del Procurador 10 de Familia II de Cartagena para que atendiera sus peticiones antes de la vacancia judicial de ese a\u00f1o, entre ellas la del pago de la mesada pensional (nov. y dic. 2020), y las enfiladas a que se removiera a Ismael Caraballo en el cargo de guardador provisional, debido a la denuncia penal que la actora le instaur\u00f3 porque, afirma, la amenaz\u00f3 de muerte \u201cpor pedir la plata\u201d (2021). Solo hasta el 22 de febrero de 2021 convoc\u00f3 a la quejosa a una entrevista con la trabajadora social, la cual se practic\u00f3 el 15 de abril siguiente. Despu\u00e9s, pese a las rogativas de la actora y de otras personas interesadas en su situaci\u00f3n, a prop\u00f3sito de la administraci\u00f3n de sus recursos y la violencia que denunci\u00f3 frente a Ismael Carballo (Olga Cort\u00e9s y su hermano Ricardo Caraballo), simplemente orden\u00f3 \u201cllevar a cabo audiencia de rendici\u00f3n anticipada de cuentas al guardador designado (\u2026)\u201d, que no produjo fruto alguno, y advirti\u00f3 que no resolver\u00eda ninguno de los escritos allegados directamente por la actora y a trav\u00e9s de Olga Cort\u00e9s, porque los \u201cactos de los discapacitados mentales absolutos son nulos\u201d (21 may. 2021), sin parar mientes en que era su deber adelantar, incluso de oficio, los tr\u00e1mites pertinentes para proteger sus derechos, como revisar su interdicci\u00f3n, e igualmente atender los reclamos presentados por terceros para que se designara otro curador, en tanto el mandato de protecci\u00f3n frente a las personas con discapacidades no solo se predica del Estado, sino tambi\u00e9n de la sociedad. No en vano, el art\u00edculo 112 de la Ley 1306 de 2009 contemplaba: \u201cLa acci\u00f3n de remoci\u00f3n es popular y puede ser promovida incluso por el pupilo\u201d. <\/p>\n
Finalmente, a prop\u00f3sito del reclamo que le elev\u00f3 el Ministerio para que le aplicara las disposiciones de la Ley 1996 de 2019, \u201cd\u00e1ndole el car\u00e1cter de urgencia\u201d que merece la actora, el 28 de julio de 2021, se limit\u00f3 a disponer: [a]accer a la solicitud deprecada por el Ministerio P\u00fablico, para lo cual asumir\u00e1 la revisi\u00f3n correspondiente en (\u2026) agosto 26 de 2021, cuando se cumpla el plazo del bienio, previsto en la ley, en relaci\u00f3n a la se\u00f1ora Silvia Caraballo Cano\u201d (28 jul. 2021), posponiendo, una vez m\u00e1s, la adopci\u00f3n de las medidas que fueran compatibles con la interdicci\u00f3n que amparaba a la quejosa. <\/p>\n
Ahora, cumplido el plazo para que pudiera tramitarse proceso de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n de la libelista, y pese a que la juzgadora conoc\u00eda su situaci\u00f3n, que el Ministerio P\u00fablico la inst\u00f3 para que le diera prioridad a su caso, no ha impulsado con celeridad dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
N\u00f3tese que el 31 de agosto de este a\u00f1o lo admiti\u00f3 requiriendo a la interesada y a su guardador provisional para que comparecieran al juzgado en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas previa aportaci\u00f3n del \u201cinforme de valoraci\u00f3n de apoyos\u201d. Luego, el 6 de octubre siguiente, en virtud del informe rendido por la Secretar\u00eda, en torno a que la censora compareci\u00f3, pero no hab\u00eda allegado el mencionado informe, solicit\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo prestar su colaboraci\u00f3n \u201cpara que en un t\u00e9rmino perentorio allegue a este tr\u00e1mite informe de valoraci\u00f3n de apoyo de la se\u00f1ora Silvia Caraballo\u201d. Pero v\u00e9ase que no precis\u00f3 un t\u00e9rmino dentro del cual la labor deb\u00eda cumplirse, ni tampoco imparti\u00f3 las directrices que permitieran a la quejosa conocer las condiciones en las que la valoraci\u00f3n deb\u00eda practicarse. Y hasta el momento en que la Secretar\u00eda del Juzgado remiti\u00f3 la totalidad del expediente digital -7 dic. 2021-, no se observa que hubiese librado comunicaci\u00f3n alguna a esa autoridad con el fin de concretar ese mandato o resuelto los memoriales presentados con posterioridad. <\/p>\n
En suma, el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena vulner\u00f3 los derechos de la peticionaria, pues pese a que desde el 2019 le ha reclamado que solucione los problemas que la aquejan en relaci\u00f3n con la administraci\u00f3n de sus bienes, no ha adoptado alguna medida tendiente a defender sus garant\u00edas. No lo hizo antes de que fuera posible iniciar el \u201cproceso de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n\u201d de la Ley 1996 de 2019, en armon\u00eda con el r\u00e9gimen aplicable a su situaci\u00f3n, y ahora que ello es viable, no ha impulsado el tr\u00e1mite con la celeridad que amerita el caso. <\/p>\n
Por tanto, se revocar\u00e1 el desenlace opugnado y, en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo solicitado por la accionante. Para ello, se ordenar\u00e1 al estrado denunciado que, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas adopte las medidas necesarias para que se recaude eficazmente el informe de valoraci\u00f3n de apoyos que decret\u00f3 en auto de 6 de octubre de 2021, y a su vez se le garantice el acceso a los recursos econ\u00f3micos que requiere para realizar con dignidad y autonom\u00eda su proyecto de vida, mientras se define la controversia, lo que se har\u00e1, en todo caso, en un t\u00e9rmino no mayor a dos (2) meses contados a partir del 11 de enero de 2022. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas y, en su lugar, se CONCEDE la tutela instada por Silvia Caraballo Cano. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Juez S\u00e9ptima de Familia de Cartagena, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, adopte las medidas enfiladas a recaudar eficazmente el informe de valoraci\u00f3n de apoyos que decret\u00f3 en auto de 8 de octubre de 2021, e igualmente las que garanticen a la accionante el acceso a los recursos econ\u00f3micos que requiere para realizar con dignidad y autonom\u00eda su proyecto de vida. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se le ordena decidir el proceso de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n de Silvia Caraballo en el plazo de dos (2) meses, contado a partir del 11 de enero de 2022. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo decidido por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC17358-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC17358-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2021-00663-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n propuesta por Silvia Caraballo Cano frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60352","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60352","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60352"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60352\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60352"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60352"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60352"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}