STC17362-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17362-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2021-00374-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 17 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nansy Li\u00e9vano Moreno, Luis Alfredo Li\u00e9vano Moreno y Jessica Alejandra Sanabria Li\u00e9vano contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de expropiaci\u00f3n n\u00b0 2015-00128. <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el accionado, en el tr\u00e1mite y definici\u00f3n del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que \u00abuno de los predios requeridos para garantizar la ejecuci\u00f3n del proyecto vial \u201ccarretera Bosa-Granada-Girardot\u201d, (\u2026) comprende un \u00e1rea total de terreno de 39.874,22 m2 y que se ubica en la vereda El Salero del municipio de Melgar [respecto del cual] el Concesionario Autopista Bogot\u00e1 Girardot S.A., actuando en representaci\u00f3n de la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI, dio inicio al procedimiento administrativo de enajenaci\u00f3n voluntaria [cuya oferta de compra] qued\u00f3 registrada la oferta de compra en la anotaci\u00f3n 29 del 4 de julio de 2008 del folio de matr\u00edcula 366-3909 -predio denominado Samarkanda (\u2026), empero, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo (\u2026), mediante resoluci\u00f3n 1350 del 24 de julio de 2015 [se] orden\u00f3 iniciar los tr\u00e1mites de expropiaci\u00f3n de dos \u00e1reas de terreno consideradas parte de un mismo lote de mayor extensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que la ANI \u00abestaba siendo fraudulentamente enga\u00f1ada por Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres, al presentar nuestra finca como de su propiedad con planos falsificados del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi IGAC, que sobrepon\u00edan a la finca Samarkanda sobre la finca El Rodeo en complicidad de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Melgar Tolima [y] a pesar de hab\u00e9rselo informado de diferentes maneras a la juez y a la ANI, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar, siempre desconoci\u00f3 nuestros derechos y nunca les reconoci\u00f3 personer\u00eda a nuestros abogados\u00bb. Pero, tras haberse dictado sentencia el 13 de enero de 2016, en raz\u00f3n a las irregularidades puestas de manifiesto por la ANI, \u00abmediante auto del 3 de julio de 2020 [el juzgado] adopt\u00f3 el control de legalidad deprecado, y en ese sentido atinadamente decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, al considerar que no se conform\u00f3 debidamente el litisconsorcio necesario por pasiva\u00bb, decisi\u00f3n que el tribunal revoc\u00f3 con prove\u00eddo del 11 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Que no obstante lo anterior, esta Corte, mediante fallo de tutela proferido el 15 de marzo de 2021, (STC3937-2021, rad. 00748-00), ampar\u00f3 las prerrogativas de la ANI y dej\u00f3 sin efectos la sentencia del 13 de enero de 2016, ordenando al accionado que \u00abadopte, de acuerdo con los lineamientos trazados en esta providencia, las medidas que estime pertinentes para definir nuevamente el procedimiento enjuiciado [de manera que el veredicto corresponda a la] plena identificaci\u00f3n de la fracci\u00f3n materia de litigio\u00bb. <\/p>\n
Que seguidamente a lo anterior, \u00abla se\u00f1ora registradora [de Instrumentos P\u00fablicos] y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013 IGAC Seccional Tolima (\u2026), han realizado anotaciones [y entre otras actuaciones] desaparecieron nuestra finca el Rodeo que tiene una extensi\u00f3n de m\u00e1s de 155 hect\u00e1reas la dejaron en 14 mil metros cuadrados aproximadamente, es decir, una hect\u00e1rea y media (\u2026)\u00bb, por lo que con las \u00faltimas actuaciones del juzgado en el proceso, tiende \u00aba repetir la historia que ha venido por muchos a\u00f1os en contra de nuestra familia y en favor de personas inescrupulosas y sin ning\u00fan tipo de l\u00edmites y principios\u00bb, ya que \u00abse ha negado a reconocernos dentro del proceso de la referencia por medio de nuestro apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, se ordene \u00abdejar sin efectos el auto del 19 de octubre de 2021 [que design\u00f3 perito para rendir dictamen previo a la inspecci\u00f3n judicial], y ordenar al [juzgado, que], act\u00fae conforme con los insumos presentados por la ANI\u00bb; tambi\u00e9n, que la juez \u00abdevuelva [a la ANI] los dineros p\u00fablicos que tiene represados ya que existe un inminente peligro de que lleguen a manos de personas extra\u00f1as\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Segunda Civil del Circuito de Melgar, inform\u00f3 que conforme a lo dispuesto por esta Corte en sentencia STC3937-2021, \u00abse encuentra pendiente de llevar a cabo diligencia de inspecci\u00f3n judicial a los predios ocupados\u00bb, misma que \u00abha debido aplazarse por los inconvenientes que se ha presentado con los peritos designados, as\u00ed como la constante intervenci\u00f3n de todas las partes y de terceros que han interpuesto solicitudes, recursos y quejas\u00bb, y que ni el Consejo Seccional de la Judicatura ha encontrado m\u00e9rito para reprocharle dilaci\u00f3n procesal, ni esta Corte incursi\u00f3n en desacato al fallo de tutela. Acot\u00f3 que en el auto \u00faltimamente criticado, al negar la participaci\u00f3n de los reclamantes dentro del juicio, se\u00f1al\u00f3 que \u00abde las pruebas que realizar\u00e1 el despacho (\u2026), se podr\u00e1, si fuere el caso determinar los derechos que le puedan asistir a quienes reclaman su intervenci\u00f3n, pues bien pueden demostrarse tales derechos en la inspecci\u00f3n judicial ya ordenada o en la diligencia de entrega y as\u00ed el juzgado se pronunciar\u00e1 pero solo hasta ese momento\u00bb, frente a lo cual, los interesados \u00abno interpusieron ning\u00fan recurso\u00bb. <\/p>\n
2. Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres, actuando en representaci\u00f3n de Inversiones Gonz\u00e1lez Par\u00eds Ltda., quien funge como demandado en el proceso expropiatorio, dijo que \u00abde mala fe los accionantes pretenden hacerse reconocer como parte de un proceso en el cual no pueden actuar en calidad de propietarios, pues el predio al que hacen referencia como comunidad El Rodeo, no existe, pues fue subdividido a trav\u00e9s de varios t\u00edtulos que al momento de abrir el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 366-8611 fueron omitidos\u00bb; tild\u00f3 de \u00abfalaces\u00bb las afirmaciones realizadas en relaci\u00f3n con la conducta de funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, indicando que con fallos del Tribunal Administrativo del Tolima el 4 de julio de 2008 y del Consejo de Estado el 4 de abril de 2013, se desestimaron las aspiraciones de quienes aduc\u00edan propiedad sobre la finca El Rodeo. Finalmente, indic\u00f3 que, en el fallo de tutela aludido por los actores, \u00abla Corte Suprema de Justicia no ampar\u00f3 derecho alguno a los accionantes en la presente, ni a ninguna persona natural o jur\u00eddica que no sea la Agencia Nacional de Infraestructura\u00bb. Por lo anterior, pidi\u00f3 denegar el auxilio implorado. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI, luego de una amplia exposici\u00f3n de lo actuado en el pleito objeto de la actual censura, dijo que la \u00abirregularidad que afectaba gravemente el proceso expropiatorio -pues no se conform\u00f3 apropiadamente el contradictorio por pasiva y como consecuencia de ello el juzgado dict\u00f3 una sentencia de expropiaci\u00f3n que incidi\u00f3 en otro predio frente al cual no se surti\u00f3 el procedimiento administrativo de enajenaci\u00f3n voluntaria-\u00bb, entre otras actuaciones se acudi\u00f3 a la tutela que fall\u00f3 esta Corte el 15 de marzo de 2021 invalidando dicho fallo y disponiendo renovar lo actuado. <\/p>\n
Precis\u00f3 que en cumplimiento a lo anterior, el accionado ha decretado pruebas \u00abentre ellas, dict\u00e1menes periciales e inspecci\u00f3n judicial, encaminadas a definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica del \u00e1rea real objeto de expropiaci\u00f3n, posibles derechos de terceros que se puedan ver afectados y las indemnizaciones a que haya lugar, medios de convicci\u00f3n que actualmente se est\u00e1n practicando\u00bb, por lo que el juzgado \u00abha desarrollado las acciones dirigidas, por una parte, a proteger el patrimonio del Estado ante el reconocimiento que se hiciera en su momento de una indemnizaci\u00f3n desmedida y, por otra parte, garantizar la efectiva disponibilidad del predio frente al derecho de terceros que se pueden ver afectados al no haber sido incluidos inicialmente [en] el proceso de adquisici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al aducir que \u00abfrente a la pretensi\u00f3n en concreto encaminada a que se deje sin efecto el auto del 19 de octubre de 2021 proferido al interior del proceso de expropiaci\u00f3n judicial (\u2026), no resulta satisfecha la legitimaci\u00f3n por activa, teniendo en cuenta que ninguno de los accionantes puede predicar que le fueron vulnerados los derechos fundamentales (\u2026), comoquiera que no se encuentran vinculados al proceso, ya sea como parte demandante, demandada o cualquier otra parte o terceros intervinientes (arts. 60 al 64, 71 y 72 del CGP\u00bb. Que \u00abcon mayor raz\u00f3n es clara la falta de legitimaci\u00f3n por activa respecto de la pretensi\u00f3n [dirigida] a que se ordene al Juzgado que \u201cdevuelva los dineros p\u00fablicos que tiene represados la juez a la ANI\u201d, pues adem\u00e1s de no ser aceptada su intervenci\u00f3n por el momento (\u2026), el inter\u00e9s directo en la entrega de dichos dineros est\u00e1 en cabeza de las partes y en particular en la ANI, devoluci\u00f3n que por dem\u00e1s ya hab\u00eda dispuesto el juzgado accionando mediante auto del 26 de julio de 2021, decisi\u00f3n que a pesar de ser recurrida en reposici\u00f3n fue confirmada mediante prove\u00eddo del 20 de agosto del presente a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los querellantes para refutar que se les recriminara falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, \u00abcuando ni siquiera se nos ha vinculado a trav\u00e9s de un deber legal de la accionada judicial, pues al tenor del art\u00edculo 61 del CGP, \u00e9sta debe integrar el litisconsorcio necesario y el contradictorio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por los accionantes, al haber dispuesto la pr\u00e1ctica de medios probatorios, y por omitir la devoluci\u00f3n a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI, de los dineros consignados en virtud a la sentencia de expropiaci\u00f3n que se declar\u00f3 sin efecto. <\/p>\n
2. De la legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
La Sala ha reiterado que m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza de la tutela, a la misma no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, respecto de lo cual el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: <\/p>\n
\u00ab[l]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n
En ese sentido esta Sala ha sostenido que \u00abuno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela tiene que ver con la titularidad para su ejercicio, legitimaci\u00f3n que corresponde a la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que ser\u00e1 ella quien podr\u00e1 solicitar el amparo de manera directa o a trav\u00e9s de representante\u00bb (CSJ STC, 30 abr. 2008, rad. 00325-01). Tambi\u00e9n, que \u00aben punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella\u00bb (CSJ STC, 11 ago. 2011, rad. 00087 01, citada entre otras en STC16079-2021, 26 nov. 2021, rad. 00297-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos del presente reclamo y cotejados con la informaci\u00f3n proporcionada por los intervinientes y la que se desprende de las piezas adosadas al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo porque se evidencia falta de legitimaci\u00f3n en la causa de los demandantes, en la medida en que pretenden quebrantar actuaciones acaecidas en un litigio en el que no fungen como parte procesal ni como intervinientes actualmente reconocidos. <\/p>\n
En efecto, a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional se censura lo actuado dentro del proceso de expropiaci\u00f3n n\u00b0 2015-00128, impetrado por la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI \u2013 contra Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez e Inversiones Gonz\u00e1lez Par\u00eds Ltda., en el que, pese a la insistencia de los ac\u00e1 quejosos para concurrir como parte demandada, no se les ha reconocido esa calidad por no estar acreditado el inter\u00e9s leg\u00edtimo como propietarios o titulares de derechos reales principales que exige el art\u00edculo 399 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
N\u00f3tese que precisamente para dilucidar la situaci\u00f3n jur\u00eddica en relaci\u00f3n con el terreno objeto de expropiaci\u00f3n, mediante sentencia proferida en sede de tutela el 15 de marzo de 2021, esta Sala dej\u00f3 sin efectos el fallo que hab\u00eda dictado el accionado el 13 de enero de 2016, y orden\u00f3 decretar y practicar pruebas enfiladas a verificar \u00abel \u00e1rea, l\u00edmites y su relaci\u00f3n con el proyecto vial para la cual est\u00e1 destinada\u00bb la zona objeto de la acci\u00f3n, as\u00ed como \u00abla proporci\u00f3n en la que afecta el predio de dominio de Inversiones Gonz\u00e1lez Par\u00eds Ltda. en Liquidaci\u00f3n y Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres\u00bb, insisti\u00e9ndole al juzgado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es su deber definir la controversia por medio del an\u00e1lisis cr\u00edtico, conjunto y arm\u00f3nico de todos los elementos incorporados al proceso, entre ellos, los referidos por los demandados, quienes alegan, contrario a la ANI, que son due\u00f1os de toda el \u00e1rea, as\u00ed como las evidencias que estime pertinentes agregar de oficio, con el fin de adquirir certeza sobre la titularidad del terreno a expropiar, como, por ejemplo, la inspecci\u00f3n judicial del inmueble Samarkanda, el folio de matr\u00edcula 366-8611, un dictamen rendido por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi sobre el \u00e1rea real del predio de los demandados que realmente est\u00e1 comprometida con la obra, su aval\u00fao y los perjuicios causados a sus condue\u00f1os, por ser la entidad encargada de elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble (Decreto-Ley 2113 de 1992), entre otras pruebas que permitan obtener certeza sobre dichas circunstancias\u00bb (CSJ STC3937-2021 del 15 de marzo de 2021 (rad. 00748-00). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, quienes est\u00e1n actualmente legitimados en la causa para reclamar contra lo decidido en el juicio, son los reconocidos como partes o intervinientes, de donde se infiere con claridad que para actuar y refutar las decisiones que, en su sentir, puedan ser adversas, los ac\u00e1 querellantes deber\u00e1n esperar el resultado que arrojen las pruebas que se est\u00e1n practicando. <\/p>\n
Esto, porque aunado a lo antedicho, la Corte ha establecido que \u00ab(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC, 31 mar. 2011, rad. 00545-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ser\u00e1 a trav\u00e9s del nuevo pronunciamiento que dirima el litigio, donde el juez de conocimiento definir\u00e1 las franjas de terreno objeto de expropiaci\u00f3n, su aval\u00fao y monto de las indemnizaciones a que haya lugar, as\u00ed como los destinatarios de tales pagos. Ahora, de cara al \u00abpeligro de que los dineros p\u00fablicos lleguen a manos extra\u00f1as\u00bb que adujeron los actores, se advierte que, como consecuencia de la invalidaci\u00f3n del fallo dictado en el expropiatorio, tales recursos se encuentran a disposici\u00f3n de la entidad estatal, seg\u00fan lo dispuso el juzgado con auto del 26 de julio de 2021. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo explicado, se ratificar\u00e1 la improcedencia del auxilio implorado, en la medida en que los accionantes carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para cuestionar lo hasta ahora actuado en el respectivo proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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