STC17363-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17363-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00808-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 22 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversiones SMP S.A.S. contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Superintendencia Nacional de Salud, la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de Atl\u00e1ntico – CAJACOPI E.P.S., y su Agente Liquidador. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la empresa solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al abstenerse de ordenar la reconstrucci\u00f3n de un expediente. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00aben el Juzgado 9\u00b0 Civil del Circuito de [Barranquilla], se inici\u00f3 el proceso ejecutivo promovido por SMP Inversiones Ltda. contra CAJACOPI EPS, el cual qued\u00f3 radicado con el n\u00famero 046-2010, [y] avanz\u00f3 hasta la sentencia que orden\u00f3 llevar adelante la ejecuci\u00f3n [providencia que] no fue apelada (\u2026) y con posterioridad a ella el juzgado orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de medidas cautelares\u00bb. Que en esa etapa se produjo \u00abla intervenci\u00f3n\u00bb de la ejecutada \u00abpor parte de la Superintendencia Nacional de Salud\u00bb, tr\u00e1mite en el cual \u00abse le orden\u00f3 al Juzgado que remitiera el expediente del proceso en menci\u00f3n a la agente interventora, lo cual cumpli\u00f3 efectivamente el d\u00eda 2 de septiembre de 2011\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abla mencionada intervenci\u00f3n a CAJACOPI EPS termin\u00f3 desde hace ya ocho a\u00f1os aproximadamente, y ello supon\u00eda y supone que el citado proceso ejecutivo, que por tal raz\u00f3n se hab\u00eda suspendido, ten\u00eda y tiene que continuar su curso, al no haberse producido a\u00fan el pago total de las obligaciones que all\u00ed se cobran, salvo que CAJACOPI EPS demuestre lo contrario\u00bb. No obstante, \u00abel expediente del proceso ejecutivo no ha sido regresado o devuelto al Juzgado 9\u00b0 Civil del Circuito, impidi\u00e9ndose de esa manera que el proceso pueda continuar, lo cual viene causando un grave da\u00f1o a las finanzas de la sociedad Inversiones SMP S.A.S., que por tal raz\u00f3n tuvo que someterse a un proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial \u2013 ley 1116\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abteniendo en cuenta que la \u00faltima persona que accedi\u00f3 al expediente en virtud de haber sido designada como agente interventora por la Superintendencia Nacional de Salud, fue Mar\u00eda Margarita Amar\u00eds Guti\u00e9rrez de Pi\u00f1eres, quien fungi\u00f3 como agente interventor y directora de Cajacopi EPS, les present\u00e9 un escrito en ejercicio del derecho de petici\u00f3n para que me informara si esa entidad y\/o [la agente interventora] ten\u00edan en su poder el referido expediente y en caso afirmativo lo remitieran de inmediato al Juzgado\u00bb. Que la Superintendencia contest\u00f3 \u00abque no ten\u00eda el expediente y dijo dar traslado de mi petici\u00f3n a la representante legal de CAJACOPI EPS\u00bb, y pese a haber radicado la solicitud \u00abdesde el d\u00eda 18 de abril de 2017, no lleg\u00f3 a ser respondido voluntariamente por dicha EPS\u00bb, pues fue necesario agotar el tr\u00e1mite del incidente de desacato a fallo de tutela para lograr que respondiera, aseverando \u00abque no ten\u00eda el expediente\u00bb. <\/p>\n
Que el 8 de marzo de 2019 \u00absolicit\u00f3 al [accionado] que fue quien conoci\u00f3 de esa ejecuci\u00f3n, que se procediera a la reconstrucci\u00f3n del expediente [empero], mediante providencia de fecha 25 de mayo de 2021 (\u2026), se pronunci\u00f3 no accediendo a la misma [al aducir] que \u201cel expediente fue remitido al Agente Liquidador de CAJACOPI el d\u00eda 2 de septiembre de 2011, como consecuencia de la admisi\u00f3n de dicha entidad a un proceso de reorganizaci\u00f3n [y que] el expediente que contiene este proceso no se extravi\u00f3 ni total ni parcialmente en este juzgado, [por lo cual] carece de competencia para ordenar la reconstrucci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abmediante providencia de fecha 28 de julio de 2021, el juzgado no accedi\u00f3 a reponer su decisi\u00f3n y tampoco concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, fundamentando su decisi\u00f3n en el hecho de que los Liquidadores son particulares que ejercen ocasionalmente funciones p\u00fablicas, y que era deber de este denunciar la p\u00e9rdida de dicho expediente, omitiendo por completo el hecho de que es deber del Juez velar por la conservaci\u00f3n y custodia de sus expedientes, y que por m\u00e1s que el expediente est\u00e9 fuera de las instalaciones f\u00edsicas del despacho, sigue siendo deber del Juzgado su conservaci\u00f3n y reconstrucci\u00f3n, llegado el caso\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abse ha agotado la v\u00eda ordinaria en materia de recursos\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al despacho convocado \u00abdejar sin efectos los autos [proferidos el 25 de mayo y el 28 de julio de 2021], y en su lugar se disponga proceder a fijar fecha para llevar a cabo la audiencia para la reconstrucci\u00f3n del expediente del proceso ejecutivo de Inversiones SMP S.A.S. vs. CAJACOPI EPS [rad. 2010-00046]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Novena Civil del Circuito de Barranquilla, tras informar que el expediente por el cual se indaga fue remitido \u00abel 02 de septiembre de 2011 al Agente Especial de CAJACOPI designado por la Superintendencia Nacional de Salud\u00bb, dijo que mediante prove\u00eddo del 8 de febrero de 2021, ratificado el 25 de mayo de la misma anualidad, \u00abresolvi\u00f3 no acceder a la solicitud presentada por el apoderado judicial de la parte demandante de reconstruir el expediente [porque este] no se encuentra extraviado, ni ha sido reingresado al Juzgado por la entidad liquidadora quien es actualmente la responsable del expediente enviado en su oportunidad [y ante ello], mal har\u00eda este Juzgado en responder por un expediente que se repite no se encuentra en este Juzgado y ordenar la reconstrucci\u00f3n de un expediente que no est\u00e1 perdido, por lo que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno debiendo negarse la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La Superintendencia Nacional de Salud, inform\u00f3 que seg\u00fan la delegada para aseguramiento en salud, Cajacopi EPS \u00abactualmente no se encuentra bajo ninguna medida especial ni preventiva a la toma de posesi\u00f3n e intervenci\u00f3n como tampoco en ning\u00fan proceso de intervenci\u00f3n forzosa administrativa\u00bb, y que en relaci\u00f3n con las peticiones elevadas por la accionante, se le otorg\u00f3 respuesta, indic\u00e1ndole \u00abque el citado expediente judicial no reposaba en esta Superintendencia ni que tampoco se tiene conocimiento de la ubicaci\u00f3n del expediente 08001310300920100004600 remitido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla. Adicionalmente, es preciso se\u00f1alar que la Superintendencia no exige la remisi\u00f3n de expedientes judiciales a esta entidad, en ning\u00fan tipo de medida especial y en los casos de intervenciones en donde se han remitido se han enviado directamente al Interventor o liquidador designado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Por decisi\u00f3n mayoritaria el tribunal a-quo concedi\u00f3 el auxilio, aduciendo que \u00abla entidad accionante ha quedado sin ning\u00fan mecanismo judicial para evitar el da\u00f1o que se le causa, consistente en la falta de soluci\u00f3n de la acreencia ejecutada en dicho proceso ejecutivo por la p\u00e9rdida del expediente o desconocimiento de su ubicaci\u00f3n, como causa de la negativa o silencio de las autoridades involucradas en adelantar el tr\u00e1mite de reconstrucci\u00f3n respectivo, siendo que ante la duda sobre la ubicaci\u00f3n del expediente, la [autoridad] tutelada debi\u00f3 emplear sus poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n conforme al C\u00f3digo General del Proceso para aclarar el asunto y proceder, en caso de no lograr establecer su ubicaci\u00f3n, a la reconstrucci\u00f3n del mismo, como se ha establecido en la jurisprudencia nacional para casos an\u00e1logos\u00bb. En ese orden, orden\u00f3 al accionado, \u00abque en el t\u00e9rmino de 48 horas proceda a dejar sin efectos la decisi\u00f3n del 28 de julio de 2021 y, en su lugar, profiera una nueva en la que se adopten las medidas necesarias para la reconstrucci\u00f3n del expediente 08001310300920100004600 y se inicie el respectivo tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la funcionaria encartada, afirmando que \u00absi bien es cierto, es en este Juzgado donde se dio inicio el proceso ejecutivo, olvida el tribunal, que, en virtud de la suspensi\u00f3n del proceso y env\u00edo del mismo, al agente interventor designado por la Supersalud para ser incorporado al tr\u00e1mite respectivo, debi\u00f3 esa autoridad adelantar actuaciones, que deben ser tambi\u00e9n reconstruidas (\u2026), sin que sobre el particular se diera pronunciamiento (\u2026), consintiendo, de alguna manera, en la flagrante actuaci\u00f3n de la Supersalud y su agente interventor ante el silencio y omisi\u00f3n a responder el llamado que se les hizo\u00bb. Acot\u00f3 que \u00abeste Juzgado no ha vulnerado derecho fundamental alguno, raz\u00f3n por la cual, manifiesto con el mayor respeto, que no comparto la aplicaci\u00f3n de la sentencia an\u00e1loga en este caso; porque no puede desconocerse la responsabilidad de la Superintendencia de Salud y su Agente para traslad\u00e1rselas a este Juzgado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La decantada jurisprudencia de esta Corte ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en lo resuelto; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; y que la providencia censurada no sea sentencia de tutela; finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos espec\u00edficos: sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, carencia o deficiente motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque pese a que los falladores ordinarios tienen libertad razonable para interpretar y aplicar la ley, los jueces de tutela pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada en STC10401-2021, 18 ago. 2021, rad. 02199-00). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Realizado el estudio pertinente a los argumentos de la presente queja y a las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmar\u00e1 el fallo estimatorio de primera instancia, comoquiera que la actuaci\u00f3n del juzgado que es objeto de cuestionamiento, constituye yerros espec\u00edficos de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantar la determinaci\u00f3n objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
En efecto, advirtiendo el cumplimiento de los requisitos gen\u00e9ricos para la procedibilidad del amparo, en el caso ahora examinado se configura la incursi\u00f3n de la funcionaria encartada en un defecto de \u00edndole procedimental, acompasado con el de desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque al negar la reconstrucci\u00f3n de expediente judicial adelantado por su despacho, actu\u00f3 al margen de lo previsto en el art\u00edculo 126 del C\u00f3digo General del Proceso, y se apart\u00f3 de la postura que sobre el particular ha venido asumiendo esta Corporaci\u00f3n en aras a solucionar problem\u00e1ticas de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, la Sala observa que la funcionaria accionada dio un inadecuado entendimiento y aplicaci\u00f3n a lo preceptuado en el canon 126 del estatuto adjetivo general, al condicionar la reconstrucci\u00f3n del expediente a la certeza o posibilidad de que el mismo se encontrara bajo su custodia, como si s\u00f3lo pudiera adelantarse ese procedimiento cuando la responsabilidad por la p\u00e9rdida o extrav\u00edo recayera en el juzgado, situaci\u00f3n que no est\u00e1 contemplada en la norma, pues independientemente de los resultados que arroje la investigaci\u00f3n que se surta por la autoridad penal competente, el funcionario que conoci\u00f3 del litigio es el llamado a reconstruirlo a\u00fan \u00abde oficio\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que la gesti\u00f3n antedicha, no constituye una facultad sino uno de los \u00abdeberes\u00bb que la ley le impone cumplir, y tanto \u00e9stos como los \u00abpoderes\u00bb, est\u00e1n consagrados en los art\u00edculos 42, 43 y 44 del C\u00f3digo General del Proceso, destac\u00e1ndose dentro de los primeros, su efectivo empleo a fin de \u00abimpedir la paralizaci\u00f3n o dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda\u00bb, y la adopci\u00f3n de medidas necesarias para \u00abdecidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido [aplicando] las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho sustancial y procesal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, las cosas, es evidente que mediante el prove\u00eddo del 25 de mayo de 2021, el accionado opt\u00f3 por radicar la funci\u00f3n de reconstrucci\u00f3n del expediente en el \u00abAgente Liquidador\u00bb designado por la Superintendencia Nacional de Salud, porque, en su sentir, el extrav\u00edo tuvo lugar estando la foliatura a su cargo; postura que ratific\u00f3 mediante auto del 28 de julio de 2021, aduciendo normas y conceptos que se alejan de la situaci\u00f3n revisada y por ende inaplicables, puesto que, se itera, el estatuto procesal general consagra la soluci\u00f3n \u00aben caso de p\u00e9rdida total o parcial de un expediente\u00bb, precisando el tr\u00e1mite a seguir en tales eventos. <\/p>\n
En las condiciones descritas, la injerencia del fallador excepcional surge de la incursi\u00f3n de la accionada en yerro procedimental absoluto, pues so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, desconoci\u00f3 su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular de la actora, al no darle el cabal alcance a las garant\u00edas contenidas en la codificaci\u00f3n adjetiva en comento. <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial con sujeci\u00f3n a los supuestos esbozados, pues dicho precepto establece con claridad que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3.2. En cuanto al desconocimiento del precedente jurisprudencial, se se\u00f1ala que en otras ocasiones se ha dispuesto, tanto por esta Sala como por la hom\u00f3loga Laboral, que, ante la p\u00e9rdida o extrav\u00edo de un expediente judicial, el funcionario que tramit\u00f3 el proceso es quien debe reconstruirlo, sin perjuicio de que para ello requiera de la colaboraci\u00f3n eficaz de las partes y, como en el caso examinado, de quienes pudieron tener acceso al mismo y participaci\u00f3n en la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida. <\/p>\n
En efecto, esta Sala, aval\u00f3 la concesi\u00f3n del amparo deprecado por quien, fungiendo como ejecutado, dio cuenta de que los expedientes que comprend\u00edan tales procesos, hab\u00edan sido extraviados tras su paso a un juzgado de descongesti\u00f3n, y ante ello orden\u00f3 al despacho de origen, tramitar la reconstrucci\u00f3n, sin que ello implicara endilgarle responsabilidad por dicha p\u00e9rdida, y para ello razon\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo con la informaci\u00f3n recopilada se tiene que el expediente de la causa fue enviado, por virtud de una medida de descongesti\u00f3n dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, al Juzgado Primero Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de aquella ciudad; sin embargo, una vez finalizada la misma y desaparecida dicha c\u00e9lula judicial, el expediente no fue retornado al despacho de origen, desconoci\u00e9ndose en la actualidad su paradero. <\/p>\n
El gestor del resguardo, ha solicitado en dos oportunidades a las entidades demandadas, Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico y Oficina Judicial de Barranquilla, la ubicaci\u00f3n de la foliatura a efectos de obtener la devoluci\u00f3n de una suma de dinero, obteniendo como respuesta, por parte de la primera, la apertura de una vigilancia judicial administrativa contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal y, de la segunda, que pese a la exhaustiva b\u00fasqueda en las bases de datos que maneja, no ha sido posible ubicarlo porque, al parecer el despacho de descongesti\u00f3n, una vez ces\u00f3 en sus actividades, no lo devolvi\u00f3. <\/p>\n
De lo anterior se evidencia la conculcaci\u00f3n de la garant\u00eda supralegal al debido proceso, pero adem\u00e1s de aquella consagrada en el art\u00edculo 229 de la Carta Pol\u00edtica, en la medida que el derecho de acceso a la justicia no solo comprende la posibilidad de los administrados de acudir ante los organismos jurisdiccionales para ventilar sus conflictos, sino tambi\u00e9n que sean efectivamente resueltos. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, considera esta Corporaci\u00f3n que la determinaci\u00f3n adoptada por la sala a quo, de ordenar la reconstrucci\u00f3n del expediente tantas veces mencionado fue acertada, sin que pueda ser de recibo la deprecaci\u00f3n de la funcionaria impugnante de \u00abconminar\u00bb al gestor del resguardo que solicite la iniciaci\u00f3n de tal actuaci\u00f3n, pues no puede el Estado trasladarle a \u00e9ste los efectos negativos de las falencias administrativas, m\u00e1xime cuando no fue \u00e9l quien las provoc\u00f3 y menos a\u00fan tiene porqu\u00e9 asumir cargas que no le corresponden. <\/p>\n
Ahora, con relaci\u00f3n al otro punto de inconformidad de la Juez S\u00e9ptima Civil Municipal de Barranquilla, no observa la Corte que el tribunal de primer grado le hubiere atribuido responsabilidad en el extrav\u00edo de la actuaci\u00f3n, es m\u00e1s, esa colegiatura fue clara en afirmar que dicho despacho se desprendi\u00f3 del conocimiento del asunto para remitirlo a su hom\u00f3logo de descongesti\u00f3n; lo que ocurre es que como esa c\u00e9lula judicial fue a la que se le \u00abasign\u00f3 dicho expediente y donde se pueden verificar actuaciones [y] dep\u00f3sitos judiciales\u00bb, consider\u00f3 adecuado impartirle la orden de proceder a reconstruir el expediente, sin que ello implique -se itera- se\u00f1alamiento sobre la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales advertida\u00bb (CSJ STC15846-2019, 22 nov. 2019, rad. 00394-02). Se subraya. <\/p>\n
Respecto a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, basta rese\u00f1ar lo definido en un asunto que guarda amplia simetr\u00eda con el que ahora es materia de an\u00e1lisis, pues se trat\u00f3 del extrav\u00edo de expediente -contentivo de ejecuci\u00f3n que un juzgado hab\u00eda remitido para acumularse al proceso de liquidaci\u00f3n de Cajanal EICE-; en dicha decisi\u00f3n, la Corte modific\u00f3 la orden de tutela dirigida a la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales \u2013UGPP- para que remitiera el expediente al juzgado o gestionara su reconstrucci\u00f3n en caso de p\u00e9rdida, para disponer, en su lugar, que esta \u00faltima actuaci\u00f3n deb\u00eda adelantarla el juez cognoscente. En ese sentido sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para esta Sala no queda duda de la p\u00e9rdida o extrav\u00edo del proceso debatido, bajo la custodia de la extinta Cajanal, lo que conduce a darle la raz\u00f3n a la impugnante, en cuanto a la imposibilidad material de dar cumplimiento al fallo atacado, al no tener en su poder el proceso ejecutivo cuestionado, para remitirlo al juzgado, configur\u00e1ndose as\u00ed en favor de la impugnante el principio general del derecho de que \u00abnadie est\u00e1 obligado a lo imposible\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto al argumento de que la reconstrucci\u00f3n del proceso ejecutivo, deba ser tramitada por el juzgado accionado, no resulta descabellada, pues por haberse all\u00ed formado el mismo, y tratarse de un expediente judicial, y no administrativo, lo m\u00e1s sano y conveniente es que sea el juzgado, quien de apertura al tr\u00e1mite de reconstrucci\u00f3n del expediente, claro est\u00e1, con la colaboraci\u00f3n activa de la impugnante, y de las dem\u00e1s partes involucradas en el proceso. <\/p>\n
En ese orden, y dado que de lo que se trata es de amparar los derechos fundamentales invocados por el accionante, que se han visto truncados al no poder continuar con el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo cuestionado, y as\u00ed lograr el pago de las sumas adeudadas, por la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n de invalidez, la Sala bajo las consideraciones precedentes, modificar\u00e1 la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal, para en su lugar, por una parte, declarar que la que Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales \u2013 UGPP, est\u00e1 en imposibilidad material de dar cumplimiento al fallo impugnado, al no tener en su poder el proceso ejecutivo radicado bajo el n.\u00ba 2008 -00069, y por otra, para revocar la orden de reconstrucci\u00f3n del expediente en cabeza de dicha entidad, y en su lugar, trasladar dicho mandato al juzgado accionado, quien en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, deber\u00e1 imprimir el tr\u00e1mite correspondiente, y con apoyo de la UGPP y del accionante, recaude la mayor informaci\u00f3n para tal fin. Una vez se haya agotado el tr\u00e1mite de reconstrucci\u00f3n, deber\u00e1 continuar con el tr\u00e1mite del proceso que corresponda, en un t\u00e9rmino igual al anterior\u00bb (CSJ STL519-2019, 23 ene. 2019, rad. 82597). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Est\u00e1 sentado respecto del precedente jurisprudencial vertical y especializado, que no debe desconocerse cuando se est\u00e1 frente a un caso que guarda connotaciones similares, porque hacerlo implica transgresi\u00f3n de prerrogativas de \u00edndole superior como las protegidas en sede de amparo. <\/p>\n
Cabe recordar que el precedente ha sido definido como \u00abaquel conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u00bb (CC T-1029\/12); pronunciamiento en el que tambi\u00e9n se se\u00f1al\u00f3, que \u00abla aplicabilidad del precedente por parte del juez es de car\u00e1cter obligatorio, siempre que la ratio decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) haya servido de base para solucionar un problema jur\u00eddico semejante, o una cuesti\u00f3n constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se impone ratificar el fallo de primera instancia, amparando los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y con ello las \u00f3rdenes de invalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n criticada y de renovaci\u00f3n de la misma, atendiendo las consideraciones y precisiones planteadas en el cuerpo de esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC17363-2021 Magistrado Ponente STC17363-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00808-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60357","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60357","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60357"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60357\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60357"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60357"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60357"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}