STC17364-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17364-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01394-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 22 de septiembre de 20201, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Lucila S\u00e1nchez Caro contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia, su hom\u00f3loga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Once Laboral del Circuito de la misma localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital y dignidad humana, \u00aben conexidad con los derechos adquiridos, la confianza leg\u00edtima, la buena fe y los principios constitucionales\u00bb, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas en un juicio laboral (SL5093-2019, rad. 75672). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra Colpensiones, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez bajo las reglas del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, en tanto \u00abcontaba con m\u00e1s de 40 a\u00f1os de edad a la entrada en vigencia del nuevo r\u00e9gimen pensional, dado que nac\u00ed el 06 de enero de 1948 e igualmente contaba con m\u00e1s de 1.020 semanas al 2011\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, quien absolvi\u00f3 a la entidad convocada, tras considerar que no cumpl\u00eda con las 750 semanas requeridas antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo n.\u00ba 1 de 2005. <\/p>\n
En grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa localidad ratific\u00f3 lo resuelto por el a quo, teniendo en cuenta que, si bien era beneficiaria del citado sistema, no conserv\u00f3 este beneficio m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, dados los efectos de la prenombrada reforma constitucional. Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 dej\u00f3 inc\u00f3lume la sentencia desfavorable del ad quem, con argumentos similares. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, que \u00abse declare que las sentencias de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL5093-2019 rad, 75672, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali y [la del] Juzgado 11 Laboral del Circuito de Cali incurrieron en causales de procedibilidad de la tutela (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del extinto Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n expuso que \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto ISS emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones es la entidad competente como administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
3. La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones dijo que el amparo es improcedente, comoquiera que \u00abla accionante agot\u00f3 las v\u00edas judiciales para la reclamaci\u00f3n que pretend\u00eda hacer valer ante la justicia ordinaria laboral, as\u00ed las cosas es pertinente para COLPENSIONES pronunciarse ante esta Tutela y solicitar que se declare improcedente la misma puesto que la acci\u00f3n de tutela no es la v\u00eda adecuada para la reclamaci\u00f3n PENSION VEJEZ CON BASE EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100 que pretende [la] accionante, ya que \u00e9sta solamente procede ante la inexistencia de otro mecanismo judicial; la Corte Constitucional ha sido reiterativa en sostener que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento de derechos laborales pues, por su naturaleza excepcional y subsidiaria, \u00e9sta no puede reemplazar las acciones ordinarias creadas por el legislador para resolver asuntos de naturaleza litigiosa\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 explic\u00f3 que \u00aben la Sentencia cuestionada por v\u00eda de tutela, encontramos, que la Sala en su decisi\u00f3n se atuvo a los precedentes de este Cuerpo Colegiado, se bas\u00f3, en las sentencias CSJ SL, rad. 37581, 21 jul. 2010, SL19568-2017, SL3550-2019, SL19568-2017, SL2570-2019, y CC C-789- 2002, para arribar a la decisi\u00f3n adoptada finalmente. Precisamente, la Corte, analiz\u00f3 el argumento de la censura que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 es un derecho adquirido, basado en la sentencia de constitucionalidad C-789-2002 (\u2026). Precedente que, llev\u00f3 a la Sala a concluir, que no estaba en presencia de un derecho adquirido, por ende, no era dable, basado en ello acceder a la pretendida prestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo, porque \u00abLUCILA S\u00c1NCHEZ CARO no demostr\u00f3 que se configure alguno de los defectos espec\u00edficos, que estructure la denominada v\u00eda de hecho, es decir, no acredit\u00f3 que las providencias reprobadas est\u00e9n fundadas en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales invocados. Lo que se advierte sin lugar a equ\u00edvocos es la discrepancia de la accionante frente a la apreciaci\u00f3n de unas pruebas y su postura personal respecto de los alcances y afectaci\u00f3n a sus intereses que genera la aplicaci\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, en contraste con la conclusi\u00f3n a la que arribaron las autoridades judiciales al considerar que la promotora del resguardo, para el 29 de julio de 2005, fecha en que entr\u00f3 vigencia la precitada norma, no contaba con 750 semanas cotizadas al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y, por tanto, no estaba cobijada por el r\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abes evidente, que en el tr\u00e1mite del proceso ordinario se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al no aplicar la favorabilidad normativa, inaplicaci\u00f3n de acto legislativo como lo permite la constituci\u00f3n, en perjuicio de mis derechos pensionales y constitucionales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL5093-2019, rad. 75672), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 26 de noviembre de 2019 y la tutela se intent\u00f3 el 9 de septiembre de 2020, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto \u00ab[la] accionante no caus\u00f3 su derecho pensional antes del 31 de julio de 2010 pues no contaba a esa data con 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, no ten\u00eda las 500 sufragadas entre el 6 de enero de 1983 al mismo d\u00eda y mes de 2003 calenda en que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os, y tampoco contaba con 750 semanas cotizadas al 29 de julio de 2005, para conservar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n hasta el 2014\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los cargos formulados por la solicitante, enfilados por la senda directa, fundados, grosso modo, en que el fallador de segundo grado se equivoc\u00f3 en la intelecci\u00f3n del par\u00e1grafo 4.\u00b0 del Acto Legislativo n.\u00ba 1 de 2005, por exigirle \u00abtener como m\u00ednimo 750 semanas cotizadas al 29 de julio de 2005 \u2013fecha de entrada en vigencia de esa reforma\u2013, a efectos de conservar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993\u00bb, el estrado enjuiciado precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abComoquiera que la senda seleccionada por la recurrente en los tres cargos propuestos es la de puro derecho \u2013v\u00eda directa\u2013, quedan por fuera de discusi\u00f3n las inferencias probatorias del Tribunal, como es que la actora era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993; que para el 29 de julio de 2005, fecha en que entr\u00f3 en vigencia el Acto Legislativo 01 de la misma anualidad ten\u00eda 722,42 semanas cotizadas. Tampoco se controvierte que al 31 de julio de 2010 la demandante no contaba con 1000 semanas de cotizaci\u00f3n en cualquier tiempo, y que entre el 6 de enero de 1983 y el mismo d\u00eda y mes de 2003 data en que cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os edad m\u00ednima exigida en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, no ten\u00eda sufragadas 500 semanas. <\/p>\n
Visto lo anterior, la tarea de la Sala consiste en determinar si el Tribunal se equivoc\u00f3 en el entendimiento dado al par\u00e1grafo 4\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, y de tal modo exigirle a la accionante tener como m\u00ednimo 750 semanas cotizadas al 29 de julio de 2005 \u2013fecha de entrada en vigencia de esa reforma\u2013, a efectos de conservar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
La problem\u00e1tica planteada por el recurrente ha sido analizada y definida por esta Corporaci\u00f3n en repetidas ocasiones, en las que se ha se\u00f1alado que el citado par\u00e1grafo le impuso un l\u00edmite temporal a quienes pretend\u00edan beneficiarse del r\u00e9gimen de transici\u00f3n antes referido, en el sentido de que no podr\u00eda extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, a menos que la persona tuviese 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigor de dicho acto legislativo, es decir al 29 de julio de 2005, en cuyo caso, se extender\u00eda el r\u00e9gimen de transici\u00f3n hasta el 2014. <\/p>\n
As\u00ed se ha se ha dejado sentado en las sentencias CSJ SL, rad. 37581, 21 jul. 2010 y SL19568-2017, reiterada recientemente en la SL3550-2019, as\u00ed: <\/p>\n
Efectivamente, el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, instituy\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para aquellas personas que a 1\u00b0 de abril de 1994, tuvieran 15 o m\u00e1s a\u00f1os de servicios cotizados o prestados, o m\u00e1s de 40 a\u00f1os en el caso de los hombres, o 35 en el caso de las mujeres; el cual les daba el derecho de pensionarse con el r\u00e9gimen anterior al que se encontraban afiliados. <\/p>\n
No obstante, el Acto Legislativo n.\u00b0 01 de 2005, adicion\u00f3 el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y en su parte pertinente dispuso: <\/p>\n
\u201c[\u2026]\u201d <\/p>\n
Del texto reproducido puede observarse que se establecieron dos condiciones para que las personas beneficiarias del r\u00e9gimen transitorio pensional del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 lo conservaran, a saber: <\/p>\n
La primera, que a 31 de julio de 2010 cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o de cotizaciones conforme al r\u00e9gimen pensional anterior, caso contrario pierden los beneficios transitorios, y su r\u00e9gimen pensional ser\u00e1 el establecido en la Ley 100 de 1993 y dem\u00e1s disposiciones que la complementan o reforman. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho esta Corte que esta previsi\u00f3n es entendible en la medida que le estableci\u00f3 un l\u00edmite de vigencia a un r\u00e9gimen que por su propia definici\u00f3n era de car\u00e1cter transitorio, es decir, que deb\u00eda tener una vigencia temporal. En consecuencia, en ning\u00fan yerro de aplicaci\u00f3n incurri\u00f3 el tribunal, pues esa fue la regla general constitucional y de ella nada distinto es posible concluir, pues su tenor literal no deja asomo de duda sobre su contenido. <\/p>\n
La segunda, que al momento de entrada en vigencia el Acto Legislativo tuviera cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios; en este caso continuar\u00edan siendo beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta el 31 de diciembre de 2014. Esta condici\u00f3n se dio a manera de excepci\u00f3n, justamente para salvaguardar las expectativas de quienes pod\u00edan pensionarse conforme con el r\u00e9gimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
En el caso de la recurrente, es claro que para extender el plazo para consolidar su derecho se le exig\u00eda cumplir 750 semanas de cotizaci\u00f3n como ello no ocurri\u00f3, no puede beneficiarse de la referida extensi\u00f3n, por lo que el tribunal no incurri\u00f3 en las infracciones legales que se le atribuye en el cargo, pues ni dej\u00f3 de aplicar las normas que gobernaban el caso, ni las aplic\u00f3 indebidamente, dado que no alter\u00f3 sus elementos, y menos desvi\u00f3 su cabal y genuina inteligencia. Como puede verse, el Tribunal no pudo cometer la infracci\u00f3n legal imputada, en la medida en que aplic\u00f3 la norma pertinente y le brind\u00f3 el entendimiento y alcance que correspond\u00eda, en armon\u00eda con la jurisprudencia de esta Sala\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
En ese sentido, reliev\u00f3 que \u00abno es objeto de discusi\u00f3n, se reitera, dada la orilla por la que transita el recurrente y la ausencia de embates soportados en inferencias f\u00e1cticas probatorias, que el accionante no caus\u00f3 su derecho pensional antes del 31 de julio de 2010 pues no contaba a esa data con 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, no ten\u00eda las 500 sufragadas entre el 6 de enero de 1983 al mismo d\u00eda y mes de 2003 calenda en que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os, y tampoco contaba con 750 semanas cotizadas al 29 de julio de 2005, para conservar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n hasta el 2014, y bajo ese entendido, es obvio que no era posible estudiar el derecho pensional conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, sino conforme a Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 la Ley 100 de 1993, tal como lo consider\u00f3 el juez de apelaciones\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, frente a la censura relacionada con la falta de consideraci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n como un derecho adquirido por la recurrente, porque supuestamente este entr\u00f3 en su patrimonio a partir del 1 de abril de 1994, se\u00f1al\u00f3 que, con base en la sentencia C-789 de 2002 de la Corte Constitucional, \u00abel legislador no est\u00e1 obligado a mantener en el tiempo las expectativas que tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado. Ello se debe a que, por encima de cualquier protecci\u00f3n a estos intereses, prevalece su potestad configurativa, la cual le permite al legislador darle prioridad a otros intereses que permitan el adecuado cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en cuanto a las expectativas leg\u00edtimas de conservar el mencionado sistema, con fundamento en la providencia SL19568-2017, esa Sala record\u00f3 que \u00abteniendo en cuenta que la accionante hace alusi\u00f3n al r\u00e9gimen de transici\u00f3n como expectativa leg\u00edtima, es preciso indicar que la normativa que concibi\u00f3 dicho r\u00e9gimen (art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993) exigi\u00f3 uno de dos requisitos para mantener lo que la actora llama \u2018expectativa leg\u00edtima\u2019, esto es, la edad o el tiempo de servicios cotizados; sin embargo, el Acto Legislativo n.\u00b0 01 de 2005 elimin\u00f3 la posibilidad de que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n se mantuviera indeterminado, por lo que estableci\u00f3 como fecha l\u00edmite de su vigencia el 31 de julio de 2010, dejando a salvo la situaci\u00f3n de algunos de sus beneficiarios bajo la condici\u00f3n de contar con 750 semanas de cotizaci\u00f3n o con su equivalente en tiempos de servicios\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en lo atinente a la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, para esa colegiatura \u00abes un argumento que no tiene asidero, pues como es bien sabido esa orientaci\u00f3n \u00fanicamente es aplicable ante la existencia de duda en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas en vigor, y en el presente asunto se tiene total claridad sobre la pertinencia y el entendimiento jur\u00eddico de la disposici\u00f3n constitucional que determin\u00f3, en la forma expuesta y que se reiteran en esta sentencia, la vigencia del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL2203-2019), lo que llev\u00f3 a soportar los juicios del colegiado\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sobre el requerimiento de inaplicar el Acto Legislativo n.\u00ba 1 de 2005, a efectos de preservar el citado r\u00e9gimen, concluy\u00f3 que \u00abello no es de recibo por la Sala, dada la estructura del sistema de fuentes y el principio de supremac\u00eda constitucional que gobierna nuestro sistema jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue ingresado a este despacho el 8 de noviembre de 2021, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC17364-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC17364-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01394-01 (Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 22 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60358","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60358"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60358\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60358"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60358"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}