STC17369-2021<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17369-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02567-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 25 de noviembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Rodolfo Quintero Rodr\u00edguez contra la Oficina de Apoyo para los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de dicha urbe, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo n\u00b02009-00730-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el accionante reclama la protecci\u00f3n de su derecho a la informaci\u00f3n, presuntamente vulnerado por la dependencia demandada. <\/p>\n
2. Aduce que, al interior de la ejecuci\u00f3n adelantada por Confinanciera S.A. contra Georgina Gisela Pulido Vergel y otros ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, se remat\u00f3 un cami\u00f3n en favor de Ciro Antonio Rodr\u00edguez Berm\u00fadez, quien luego se lo vendi\u00f3. <\/p>\n
Refiere que si bien ese litigi\u00f3 culmin\u00f3 y se levantaron las medidas cautelares, la Oficina de Apoyo convocada mediante oficio de 2 de marzo de 2018, comunic\u00f3 a la SIJIN que \u00abrecapturara\u00bb el automotor para entreg\u00e1rselo a Rodr\u00edguez Berm\u00fadez. <\/p>\n
Se\u00f1ala que solicit\u00f3 al aludido estrado del circuito emitir un pronunciamiento al respecto, sin embargo, ese despacho le inform\u00f3 el 8 de junio de 2021, que redireccion\u00f3 su petici\u00f3n a la Oficina Judicial, la cual no le ha suministrado respuesta alguna. <\/p>\n
3. Solicita, disponer cancelar el oficio materia de disenso. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Oficina de Apoyo para los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el compulsivo cuestionado y, destac\u00f3 que el tutelante \u00abno se [encontraba] reconocido como parte [en dicho litigio] y, [por tanto], carec[\u00eda] de legitimaci\u00f3n para actuar [en este resguardo]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Banco Davivienda S.A. adujo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Seg\u00fan el fallo impugnado, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital en relaci\u00f3n con una solicitud efectuada por el actor sobre el oficio controvertido, indic\u00f3 el 30 de abril de 2021, lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]ste Juzgado mediante auto del 23 de septiembre de 2015 (fl. 251), aprob\u00f3 el remate del veh\u00edculo de placas WXK-173 en favor de Ciro Antonio Rodr\u00edguez Berm\u00fadez, en consecuencia, se orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las medidas de embargo y grav\u00e1menes que reca\u00edan sobre el referido automotor, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 530 del [C\u00f3digo de Procedimiento Civil], sin que a la fecha se encuentre pendiente por resolver petici\u00f3n alguna respecto a las medidas del rodante, y, en caso que, pretenda iniciar alguna actuaci\u00f3n respecto a la legalizaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n del veh\u00edculo adquirido por usted, deber\u00e1 acudir ante las entidades de movilidad correspondientes, pues la carga procesal que le asiste a este estrado judicial ya fue cumplida y a la fecha no obra petici\u00f3n alguna de los extremos de la Litis ni el adjudicatario pendiente por resolver (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n, enfatiz\u00f3 que el 17 de septiembre del presente a\u00f1o, resolvi\u00f3 la petici\u00f3n del accionante disponiendo estarse a lo definido en el precitado pronunciamiento. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda, el estimar que el accionante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, en tanto \u00e9ste no hab\u00eda \u00absolicitado intervenir en el proceso, con el cumplimiento de los requisitos legales, como tercero afectado con las medidas cautelares, a t\u00edtulo de poseedor u otro, que ser\u00eda lo que podr\u00eda darle legitimaci\u00f3n para participar en la actuaci\u00f3n y ejercer en debida forma su defensa, como por ejemplo, interponer los recursos pertinentes contra las decisiones que pudieran afectar sus derechos\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante recalcando que no resultaba admisible mantener el oficio objeto de debate, si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 acept\u00f3 que levant\u00f3 las medidas cautelares sobre el veh\u00edculo comprado al rematante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a esta Corporaci\u00f3n establecer, inicialmente, si el tutelante est\u00e1 facultado para presentar este resguardo en relaci\u00f3n con el litigio reprochado y, de superarse lo anterior, si el juzgado convocado lesion\u00f3 sus prerrogativas por no disponer la cancelaci\u00f3n del oficio que dispuso la \u00abrecaptura\u00bb del veh\u00edculo que fue rematado en la ejecuci\u00f3n censurada, aun cuando las medidas cautelares sobre ese bien ya fueron canceladas. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo), en raz\u00f3n a que aquellos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, rad. 4822; y 20 mar. 2000, rad. 4867, reiterada, en otras, en STC2408-2019, 28 feb.) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul.). <\/p>\n
En consecuencia, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis, y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
2.1. Revisadas las diligencias, precisa la Sala que, teniendo en cuenta que los reclamos del censor versan sobre la cancelaci\u00f3n de un oficio expedido por la Oficina de Apoyo demandada, mediante el cual comunic\u00f3 la \u00abrecaptura\u00bb de un veh\u00edculo rematado en el tr\u00e1mite acusado, se descarta que la cuesti\u00f3n implique aspectos administrativos susceptibles de ser definidos en los t\u00e9rminos fijados para atender peticiones relativas a la prerrogativa a la informaci\u00f3n. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que, como dicha pretensi\u00f3n se relaciona con medidas cautelares, \u00e9sta debe ser zanjada de acuerdo con la normativa que rige dicho instituto jur\u00eddico en el proceso ejecutivo en donde, presuntamente, se orden\u00f3 la emisi\u00f3n del oficio materia de debate. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
3.1. M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva. <\/p>\n
En lo que a la primera modalidad se refiere, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que este mecanismo podr\u00e1 ser ejercido \u00aben todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n
Ahora, cuando se cuestiona una actuaci\u00f3n judicial, se ha entendido que s\u00f3lo puede acudir a este medio excepcional para debatirla quien funge como parte o tercero reconocido en la misma o, s\u00ed resultaba necesaria su vinculaci\u00f3n y se omiti\u00f3, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella\u00bb (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
3.2. Analizados los fundamentos que soportan la presente solicitud, concluye la Sala que el promotor carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, para cuestionar por esta v\u00eda, las actuaciones del proceso reprochado, pues no es parte ni tercero reconocido y, menos aun ha solicitado le sea reconocida alguna de esas calidades, como para criticar la alegada omisi\u00f3n de la cancelaci\u00f3n del oficio que comunic\u00f3 la \u00abrecaptura\u00bb del veh\u00edculo rematado en dicha tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Esta Sala en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la situaci\u00f3n esgrimida por el gestor en la demanda de amparo esto es, que es cesionario titular de los derechos litigiosos del juicio coercitivo referenciado, no es \u00f3bice para que se acceda al estudio de fondo del resguardo implorado, por cuanto que como lo dijo la Corte en anterior oportunidad, \u00abcuando el ac\u00e1 impulsor deprec\u00f3 la ejecuci\u00f3n reprochada, en calidad de mandatario, ninguna prerrogativa ejerci\u00f3 en favor suyo, pues las sumas de dinero reconocidas en el juicio que precedi\u00f3 al compulsivo, las pidi\u00f3 para Andr\u00e9s Salom\u00f3n Cubillos Quintero y nada dijo en torno a la cesi\u00f3n aducida en este tr\u00e1mite\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abel 17 de marzo de 2010, el Juzgado Primero Civil Municipal de Buga libr\u00f3 orden de pago \u00fanica y exclusivamente a favor de Andr\u00e9s Salom\u00f3n Cubillos Quintero, sin protesta por parte del ac\u00e1 accionante\u00bb (STC15164-2019). <\/p>\n
\u00abY aunque en las diligencias judiciales censuradas el accionante fue reconocido como apoderado del se\u00f1or Andr\u00e9s Salom\u00f3n Cubillos Quintero, esa circunstancia no lo habilita per se para cuestionar las decisiones adoptadas por la autoridad jurisdiccional convocada en el citado litigio mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que \u00e9sta puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda el poder por medio del cual se act\u00faa, o se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991(\u2026)1\u00bb (se destaca). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo denegatorio del auxilio, en la medida que el convocante carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para cuestionar las actuaciones del juicio ejecutivo objeto de controversia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC3984-2020 de 24 de junio de 2020, exp. 76111-22-13-002- 2020-00074-01. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC17369-2021 | LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC17369-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02567-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60363","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60363"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60363\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}