STC17372-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17372-2021 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 24 de noviembre de 2021 que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el Grupo Empresarial P&P S.A.S., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor n\u00ba 2017-157924. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando por conducto de su representante legal, la sociedad querellante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada, toda vez que, supuestamente, no se ha pronunciado frente a los recursos interpuestos contra el auto de 25 de mayo de 2021 proferido en virtud de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor n\u00ba 2017-157924, adelantada por Olivetty Mar\u00eda Rivadeneria Pinto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, se\u00f1ala, en s\u00edntesis, que en virtud del referido juicio la Superintendencia de Industria y Comercio, el 24 de noviembre de 2017, accedi\u00f3 a lo pretendido por Rivadeneria Pinto en contra del Grupo Empresarial P&P S.A.S. <\/p>\n
Asegura, que la prenombrada autoridad, mediante prove\u00eddo de 12 de noviembre de 2020 le impuso una multa equivalente a $119.631.600, por cuanto incumpli\u00f3 con la orden emitida en el citado fallo. <\/p>\n
Advierte, que contra la anterior determinaci\u00f3n formul\u00f3 los recursos de \u00abreposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s solicit\u00f3 que se declarara la nulidad de lo actuado, no obstante, el 25 de mayo de 2021, la convocada resolvi\u00f3 desfavorablemente el primero, y rechaz\u00f3 el segundo y tercero. <\/p>\n
Indica, que frente al rechazo de la nulidad interpuso \u00abreposici\u00f3n y apelaci\u00f3n\u00bb, y contra el que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n \u00abapelaci\u00f3n y en subsidio queja\u00bb, sin embargo, relieva que a la fecha de presentaci\u00f3n del auxilio, esto es, el 12 de noviembre de 2021, la accionada no se hab\u00eda pronunciado al respecto. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene \u00abdejar sin valor ni efecto el auto 112584 de fecha noviembre 12 del 2020 y en su defecto se ordene resolver los recursos interpuesto (sic) contra el auto 63140 de fecha 25 de mayo de 2021\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Superintendencia de Industria y Comercio hizo un amplio recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del juicio que origina el reclamo, defendi\u00f3 su proceder y se opuso a la prosperidad del resguardo relievando que ha obrado conforme a su competencia y a las normas que gobiernan el asunto. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda accionante se duele de la sanci\u00f3n que le fue impuesta al no acreditar el cumplimiento de la sentencia de 24 de noviembre de 2017, sin embargo, \u00aben contrav\u00eda de lo afirmado por la demandada que la naturaleza de esas sanciones es de car\u00e1cter jurisdiccional y no administrativa, por lo que no es el procedimiento administrativo establecido en el art\u00edculo 60 de la Ley 1480 de 2011, ni las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, las normas aplicables, pues ellas se aplican a las sanciones establecidas en el art\u00edculo 61 de la Ley 1480 de 2011 que se imponen exclusivamente en ejercicio de facultades administrativas consagradas en el Cap\u00edtulo IV de ese mismo estatuto\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los recursos interpuestos por la aqu\u00ed gestora, frente al auto de 25 de mayo hoga\u00f1o, precis\u00f3 que el 15 de julio anterior fueron rechazados por extempor\u00e1neos. <\/p>\n
2. Olivetty Mar\u00eda Rivadeneria Pinto, se opuso a la prosperidad del amparo, argumentando que fue v\u00edctima de la deficiente prestaci\u00f3n de un servicio por parte de la convocante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo deneg\u00f3 el amparo arguyendo, en s\u00edntesis, (i) que las determinaciones adoptadas al interior del proceso de protecci\u00f3n al consumidor son razonables, y (ii) porque la accionada s\u00ed se pronunci\u00f3 en auto de 15 de julio de 2021 frente a los recursos incoados contra el prove\u00eddo de 25 de mayo hoga\u00f1o. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Superintendencia de Industria y Comercio vulner\u00f3 las garant\u00edas esenciales aducidas por la sociedad querellante, al interior del juicio de protecci\u00f3n al consumidor n\u00ba 2017-157924, por cuanto supuestamente no se ha pronunciado frente a los recursos que interpuso contra el auto proferido el 25 de mayo de 2021. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Analizado el asunto sometido a consideraci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, habr\u00e1 de precisarse que se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia, que deneg\u00f3 el auxilio implorado por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
Inexistencia de hecho que se alega como vulnerador. <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda accionante, asegura que, a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela, esto es, el 12 de noviembre de 2021, la autoridad convocada no se hab\u00eda pronunciado frente a los recursos que interpuso contra el prove\u00eddo de 25 de mayo anterior, por medio del cual dispuso (i) despachar desfavorablemente la reposici\u00f3n formulada frente el auto de 12 de noviembre de 2020, (ii) rechaz\u00f3 por improcedente la apelaci\u00f3n contra el citado prove\u00eddo, y (iii) se abstuvo de tramitar la nulidad deprecada. <\/p>\n
Sin embargo, al constatar el expediente contentivo de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor n\u00ba 2017-157924, se encuentra acreditado que, por medio de auto de 15 de julio de 2021, la convocada rechaz\u00f3 los recursos formulados por el Grupo Empresarial P&P S.A.S., por cuanto fueron presentados de manera extempor\u00e1nea, seg\u00fan la constancia secretarial que data de 11 de junio de 2021. <\/p>\n
Bajo ese contexto, la supuesta vulneraci\u00f3n alegada por la promotora en el escrito de tutela radicado el 12 de noviembre de 2021 no acaeci\u00f3, pues se reitera que para esa data la autoridad acusada ya hab\u00eda emitido un pronunciamiento respecto de los recursos formulados por la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado, por cuanto no se acredit\u00f3 vulneraci\u00f3n de las prerrogativas en cuanto a la supuesta mora endilgada a la autoridad convocada en resolver los recursos formulados contra el prove\u00eddo de 25 de mayo de 2021. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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