STC17402-2021<\/p>\n
<\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con personas menores de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene \u00abla informaci\u00f3n ficticia\u00bb. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2021-00361-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de noviembre de 2021 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra G\u00f3mez en nombre propio y en representaci\u00f3n del menor Camilo Rodr\u00edguez G\u00f3mez contra el Juzgado Primero de Familia de esa localidad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u201cse ordene al se\u00f1or Juan Rodr\u00edguez otorg[ar] autorizaci\u00f3n a su menor hijo (\u2026) para salir del pa\u00eds en compa\u00f1\u00eda de su madre, (\u2026) con destino a Buenos Aires \u2013 Argentina, del 17 de noviembre al 01 de diciembre del a\u00f1o 2021\u201d. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 24 de agosto de 2021, Sandra G\u00f3mez, en representaci\u00f3n de su hijo Camilo Rodr\u00edguez G\u00f3mez, formul\u00f3 demanda contra Juan Rodr\u00edguez, progenitor del ni\u00f1o, con la finalidad de que se concediera al referido menor, permiso de salida del pa\u00eds con destino a Argentina \u201cpara los d\u00edas 17 de noviembre de 2021 y regreso el 1\u00b0 de diciembre del mismo a\u00f1o\u201d, teniendo en cuenta que, el progenitor del infante, hab\u00eda incumplido una conciliaci\u00f3n relacionada con ese tema efectuada el 15 de agosto de 2020. <\/p>\n
2.2. Asevera la quejosa que el conocimiento de ese asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, quien, a la fecha de presentaci\u00f3n de este amparo, no ha emitido pronunciamiento alguno frente a la admisi\u00f3n o no del libelo incoado a pesar de acercarse la fecha de su viaje. <\/p>\n
2.3. Afirma que se encuentra ante un perjuicio irremediable, pues si las reservas a\u00e9reas no se utilizan en la fecha programada \u00e9stas se perder\u00e1n definitivamente. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
Manifest\u00f3 las razones de su alta carga laboral y explic\u00f3 que la demanda aducida por la censora fue rechazada en providencia de 27 de octubre de 2021 \u201cpor no acreditarse el requisito de procedibilidad previsto en el Art. 110 inciso 6\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, y, en consecuencia, se orden\u00f3 la remisi\u00f3n de las diligencias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Tolima, para que se asigne al Defensor de Familia competente para surtir el respectivo tr\u00e1mite administrativo\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada al considerar: <\/p>\n
\u201c[C]omo quiera que dentro del t\u00e9rmino de traslado otorgado el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 puso de presente y acredit\u00f3 que mediante providencia de 27 de octubre de 2021 se profiri\u00f3 auto resolviendo sobre la admisi\u00f3n de la demanda, en este caso rechaz\u00e1ndola de plano, es claro para la Sala que con ello ha cesado la amenaza o riesgo frente a los derechos fundamentales de la parte accionante en lo que a la mora judicial respecta\u201d. <\/p>\n
\u201cNo obstante lo anterior y superado lo referente a la mora judicial con la providencia emitida por el juzgado accionado durante el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n constitucional, encuentra la Sala, luego de revisada la decisi\u00f3n de rechazo de plano de la demanda de permiso para salir del pa\u00eds presentada por la accionante, adoptada mediante auto del 27 de octubre de 2021, que en esta oportunidad se hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela en procura de las garant\u00edas constitucionales de la accionante y su hijo menor, pues es evidente que con tal determinaci\u00f3n se ha configurado una irregularidad o defecto sustancial por equivocada interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la norma que impide o cierra las puertas para que la se\u00f1ora Sandra G\u00f3mez pueda lograr que se estudie por parte de la autoridad competente la posibilidad para que se otorgue el permiso a su hijo de salir del pa\u00eds\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 al despacho criticado: <\/p>\n
\u201cDejar sin efecto el auto dictado por el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 el 27 de octubre de 2021 al interior del proceso de permiso para salir del pa\u00eds promovido por Sandra G\u00f3mez contra Juan Rodr\u00edguez con radicado 2021-00336-00 mediante el cual se rechaz\u00f3 la demanda\u201d. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. Juan Rodr\u00edguez, padre del menor inmiscuido, adujo que dentro del comentado asunto no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, y resalt\u00f3 que \u201cla tutela no se estableci\u00f3 para reabrir etapas procesales ya terminadas\u201d. <\/p>\n
2. El juzgado convocado destac\u00f3 que la decisi\u00f3n del tribunal \u201cno guarda relaci\u00f3n con el precedente constitucional de la sentencia STC13129-2019 de fecha 4 de septiembre de 2019 de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respecto al cumplimiento del requisito de procedibilidad en la acci\u00f3n de permiso de salida del pa\u00eds de menores de edad\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
\u201c(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. En este asunto, de entrada, observando lo definido por el a-quo constitucional y circunscrita a la impugnaci\u00f3n plateada, observa la Corte que, en concreto, el Tribunal concedi\u00f3 el resguardo al advertir que, al margen de la mora endilgada al Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, lo cierto era que ese despacho, al rechazar la demanda incoada por la quejosa en auto de 27 de octubre de 2021, incurri\u00f3 en defecto sustantivo por indebida interpretaci\u00f3n y\/o aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 110 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
3.1. Bajo tal derrotero, al auscultar la comentada decisi\u00f3n, se observa que el estrado cuestionado, frente al libelo introductor incoado por la gestora, expres\u00f3: <\/p>\n
\u201cRevisadas las diligencias, se observa que la parte actora acudi\u00f3 a la Defensor\u00eda de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no obstante, no se acredita el procedimiento previsto en el Art. 110 inciso 6\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, en procura de obtener el permiso de salida del pa\u00eds del menor de edad, esto en el entendido que el Defensor de Familia es el funcionario facultado para otorgar dicho permiso, previo al proceso judicial\u201d. <\/p>\n
\u201cPuesto de presente lo anterior, este Despacho considera que no es competente para tramitar la demanda, en consecuencia, la rechazar\u00e1 de plano y ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n de las diligencias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Tolima, para que sea asignado al Defensor de Familia competente, a tenor del Art. 90 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
3.2. Bajo ese contexto, se evidencia que, como lo sostuvo el a quo constitucional, en el prove\u00eddo acabado de rese\u00f1ar el despacho cuestionado incurri\u00f3 en un desafuero que amerita la injerencia del juez de amparo, al dar una interpretaci\u00f3n indebida a la norma escogida para pronunciarse frente a la demanda incoada en el caso bajo estudio; situaci\u00f3n que denota un defecto de car\u00e1cter sustantivo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 110 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia establece una gesti\u00f3n administrativa ante el Defensor de Familia para obtener el permiso de salida del pa\u00eds de un menor de edad; empero, ese tr\u00e1mite est\u00e1 supeditado cuando el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente \u201ccarezca de representante legal, se desconozca su paradero o no se encuentre en condiciones de otorgarlo\u201d, situaci\u00f3n que, para el caso del infante aqu\u00ed inmiscuido no aplica, pues, evidente es que aqu\u00e9l, se encuentra representado por su progenitora, es decir, es la madre del menor quien aspira a que el padre del mismo permita su salida a territorio extranjero, lo que descarta de tajo el tr\u00e1mite extra\u00f1ado por el despacho convocado para rechazar la memorada demanda. <\/p>\n
Por manera que fue equivocada la interpretaci\u00f3n dada por el despacho confutado a la trasuntada norma, lo que vulner\u00f3 la garant\u00eda al debido proceso de la quejosa. <\/p>\n
3.3. Ahora, la Corte pone de presente que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica en la que se enmarca el presente caso es bastante distinta a la que origin\u00f3 la sentencia STC13129-2019, pues en el caso all\u00ed analizado se estudi\u00f3 lo referente al requisito de procedibilidad establecido en el art\u00edculo 40 de la Ley 640 de 20011, para litigios como el ac\u00e1 expuesto, norma totalmente distinta a la escogida por el despacho tutelado al momento de calificar la demanda presentada dentro del asunto bajo estudio. <\/p>\n
4. Lo considerado impone respaldar el fallo de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 ARTICULO 40. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN ASUNTOS DE FAMILIA. \u201cSin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5 del art\u00edculo 35 de esta ley, la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho en materia de familia deber\u00e1 intentarse previamente a la iniciaci\u00f3n del proceso judicial en los siguientes asuntos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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