STC17423-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17423-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04452-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio y los intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2021-00091. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda y anexos que, el ac\u00e1 querellante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco Davivienda, sede Sup\u00eda (Caldas), radicado n\u00ba 2021-00091-01, que no prosper\u00f3, tras declararse probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada en fallo de 1\u00ba de octubre de 2021, proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio. El accionante, mediante escrito allegado el 4 de octubre siguiente, apel\u00f3. <\/p>\n
Sin embargo, el Tribunal Superior de Manizales, en auto del 5 de noviembre de esta anualidad, declar\u00f3 desierta la alzada al considerar que el interesado no la sustent\u00f3, decisi\u00f3n que mantuvo al resolver el recurso de reposici\u00f3n que formul\u00f3 el quejoso \u2013 prove\u00eddo del 23 de noviembre de 2021 \u2013 ratificando su postura en cuanto a que el recurrente debi\u00f3 sustentar ante el ad quem los reparos expresados en primera instancia. <\/p>\n
Cuestiona el accionante las anteriores determinaciones pues alega que, \u00ab(\u2026) la [apelaci\u00f3n] ya estaba sustentada en 1 instancia no pod\u00eda [\u2026] declarar desierta la alzada y menos desconocer abiertamente [art\u00edculo] 37 Ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 [\u2026] amparado en sentencias SU454 de 2016 [\u2026] SU636 de 2015 [\u2026] SU573 de 2017 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, recrimin\u00f3 que \u00abel procurador delegado en acciones populares nunca se pronuncia ni act\u00faa en derecho en acci\u00f3n popular alguna\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00ab(\u2026) se ordene al procurador delegado en acciones populares se pronuncie en derecho de esta tutela y de ser el caso, presente tutela a mi nombre a fin que me garantice art\u00edculo 29 CN., pues no soy abogado (\u2026) se ordene fallar la acci\u00f3n, a fin que cumpla el art\u00edculo 37 Ley 472 de 1998 y garantice el derecho sustancial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Manizales, Sala Civil Familia, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 en el asunto en cuesti\u00f3n, e insisti\u00f3 en que al actor le correspond\u00eda sustentar el recurso ante el ad quem, pues de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corte, \u00abno basta con los argumentos presentados en primera instancia para adoptar de plano la decisi\u00f3n en segunda instancia (\u2026)\u00bb tal como lo establece el canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso. Agreg\u00f3 que, un actuar contrario \u00abes desacatar no solo las disposiciones legales, sino [\u2026] conlleva de manera indefectible a una inseguridad jur\u00eddico, m\u00e1xime cuando no se concibi\u00f3 la tesis jur\u00eddica con la expedici\u00f3n del decreto 806 de 2020, sino que viene desde la naturaleza del C\u00f3digo General del Proceso [\u2026] aunado a que en sentencia de unificaci\u00f3n emitida por la Corte Constitucional se convalid\u00f3 tal obligaci\u00f3n en segundo nivel\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Civil del Circuito de Riosucio, se opuso a las pretensiones de la acci\u00f3n, \u00abpor carecer de sustento f\u00e1ctico y no encontrarse el Tribunal vulnerando los derechos fundamentales del accionante [\u2026] adem\u00e1s, el actor popular no argumento cu\u00e1l es el perjuicio inminente e irremediable a que se encuentra enfrentado por la obligaci\u00f3n impuesta, requisito exigido para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva\u00bb. <\/p>\n
3. El representante legal del Banco Davivienda, manifest\u00f3 que no ha existido vulneraci\u00f3n alguna en dicho proceso y se\u00f1ala que, la intenci\u00f3n que se revela del accionante es tratar de \u00abenmendar ya sea por descuido u olvido, las cargas procesales como parte demandante en la acci\u00f3n popular, mal puede pretender enmendar sus propios yerros por medio de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda denunciada al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 el actor contra la sentencia de primer grado dentro de la acci\u00f3n popular radicado n\u00ba 2021-00091 \u2013 auto del 5 de noviembre de 2021, y del 23 de noviembre que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n \u2013 desconociendo la sustentaci\u00f3n presentada ante el juez a quo. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
3. Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
Se configura vulneraci\u00f3n al debido proceso cuando el funcionario judicial, utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, de forma que, por esa v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por \u201cexceso ritual manifiesto\u201d, cuando hay una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales. Espec\u00edficamente, seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el operador judicial concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, convirtiendo su actuar en un acto de denegaci\u00f3n de justicia por: (i) dejar de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta porque el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, situaci\u00f3n que lo lleva a denegar o vulnerar el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CC T-201 de 2015). <\/p>\n
4. Hechos probados. <\/p>\n
De las piezas procesales arrimadas por medio digital, se extrae lo siguiente: <\/p>\n
4.1. El 1\u00ba de octubre de 2021 el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, dict\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones de la acci\u00f3n popular promovida por Mario Restrepo contra la sede Sup\u00eda del Banco Davivienda, radicado 2021-00091. <\/p>\n
4.2. El 4 de octubre de 2021, el actor popular present\u00f3 por escrito recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia. <\/p>\n
4.3. El Magistrado Jos\u00e9 Hoover Cardona Montoya, de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, mediante auto del 20 de octubre de 2021 concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que el accionante sustentara ante esa superioridad el recurso de apelaci\u00f3n impetrado el 4 de octubre ante el a quo. <\/p>\n
4.4. Con auto del 5 de noviembre de 2021, el magistrado mencionado declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n presentado por el actor popular. <\/p>\n
4.5. El precursor, el mismo 5 de noviembre, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto que declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n en el que se alega que \u00abno es necesario realizar una doble sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, si ya se realiz\u00f3 ante el juez, pido reponga y aplique art\u00edculos 37, 84 Ley 472 de 1998 como se lo ordena la ley especial y aut\u00f3noma [\u2026] nunca entender\u00e9 por qu\u00e9 le corresponde al ciudadano actor popular presentar recursos y no conocer la ley, para poder pedir la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 29 Constituci\u00f3n Nacional, pues no entiendo la gracia del derecho sustancial [\u2026] me han impuesto cargas procesales que no son m\u00edas como actor popular (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.6. En prove\u00eddo del 23 de noviembre de 2021, el magistrado accionado mantuvo la decisi\u00f3n de declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Caso concreto. <\/p>\n
5.1. Al revisar el asunto sometido a escrutinio de la Corte, se advierte la configuraci\u00f3n del aludido defecto, por cuanto la magistratura accionada en auto del 5 de noviembre pasado, resolvi\u00f3 no dar alcance al escrito de apelaci\u00f3n presentado por el actor popular y declarar desierta la \u00abalzada\u00bb por considerar que, atendiendo lo previsto en el art\u00edculo 322 del estatuto procedimental, le correspond\u00eda al recurrente sustentar ante el ad quem los reparos expuestos contra la sentencia de primer grado, carga que impuso mediante prove\u00eddo del 20 de octubre de 2021 y que el refutante no cumpli\u00f3. <\/p>\n
As\u00ed, y dado el panorama rese\u00f1ado, es menester indicar preliminarmente que la Sala ha considerado que la exposici\u00f3n de los motivos de la alzada frente a una sentencia judicial, no exime al recurrente de la carga de sustentar oralmente sus inconformidades ante el superior. Y es que, ello se justifica porque el sistema procesal contemplado en el C\u00f3digo General del Proceso propende por el respeto y la garant\u00eda del principio de oralidad, as\u00ed como de otros valores importantes como la celeridad y la concentraci\u00f3n de los actos judiciales. <\/p>\n
Sin embargo, la dif\u00edcil situaci\u00f3n por la que atraviesa actualmente la sociedad a causa de la pandemia generada por el covid-19, oblig\u00f3 a que el Estado se adaptara a los retos impuestos por la propagaci\u00f3n de \u00e9ste. As\u00ed, por ejemplo, en el campo jur\u00eddico, se promulgaron varias normas de car\u00e1cter transitorio sobre la ritualidad de los procesos judiciales, de esta manera, respecto de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, dispuso que: <\/p>\n
\u00abEl recurso de apelaci\u00f3n contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alado en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
<\/p>\n
Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb. <\/p>\n
De este modo, cierto es que el cambio de la realidad que trajo la emergencia sanitaria conllev\u00f3 a que se abandonara, moment\u00e1neamente, la necesidad de sustentar oralmente el recurso de apelaci\u00f3n, para ser reemplazada por el sistema de anta\u00f1o, esto es, que las inconformidades de los apelantes contra las providencias judiciales se formularan por escrito y as\u00ed proteger bienes tan trascendentales como la vida y la salud de los usuarios y funcionarios de la justicia. <\/p>\n
No obstante, aqu\u00ed es pertinente hacer claridad en que la exigencia de exponer de manera oral los reproches frente a los pronunciamientos judiciales no ha desaparecido, pues, se reitera, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional son temporales debido a la emergencia sanitaria, adem\u00e1s, por motivos de salubridad p\u00fablica, transitoriamente los recurrentes deben presentar sus disensos de manera escrita. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada. <\/p>\n
En este evento, Mario Restrepo formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia del 1\u00ba de octubre del a\u00f1o en curso proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, sustentando por escrito las razones por las cuales consideraba que deb\u00eda revocarse aquella decisi\u00f3n; luego, en auto del 20 de octubre siguiente, la colegiatura criticada procedi\u00f3 a admitir la alzada y correr traslado al recurrente por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que sustentara por escrito dicho remedio, de acuerdo con lo previsto en el inciso tercero del art\u00edculo 14 del mentado Decreto Legislativo; y, comoquiera que el inconforme guard\u00f3 silencio, el d\u00eda 5 de noviembre, al calificarse insatisfecha, se produjo la declaraci\u00f3n de la deserci\u00f3n del citado mecanismo, determinaci\u00f3n que mediante prove\u00eddo del 23 del mismo mes, se mantuvo inc\u00f3lume. <\/p>\n
5.2. En esas condiciones, no puede desconocerse, entonces, que err\u00f3 la magistratura accionada al declarar la deserci\u00f3n de la alzada propuesta por el actor popular, ac\u00e1 interesado, por ausencia de sustentaci\u00f3n, dado que desde la interposici\u00f3n de dicho medio expuso con detalle las razones por las cuales disent\u00eda de la sentencia de primera instancia; y, como ese escrito se hallaba dentro del expediente de la acci\u00f3n constitucional, la corporaci\u00f3n tutelada pudo tener por agotada la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, y de esta manera, dar prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, por virtud del principio de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
Lo hasta aqu\u00ed dicho, encuentra apoyo en un caso reciente de similares contornos, en el cual la Sala consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[A]un de aceptarse que el mentado canon 14 [del Decreto Legislativo 806 de 2020] pudiera aplicarse al caso de marras, y por tanto, que deb\u00eda aportarse un escrito en el que se sustentara la apelaci\u00f3n, lo cierto es que una vez pronunciada la sentencia de primer grado, y concedida tal censura, la demandante, aqu\u00ed interesada, procedi\u00f3 a sustentar por escrito tal r\u00e9plica; entonces, al momento en que se admiti\u00f3 la alzada, ese memorial ya militaba en el expediente, motivo por el cual la Sala Civil Familia criticada pudo tener por cumplido el requisito que exigi\u00f3 en la primera de las providencias atacadas; no obstante, tampoco valor\u00f3 esa especifica situaci\u00f3n en aras de dar prevalencia al derecho sustancial sobe las formas, e incurriendo en un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto\u00bb (CSJ STC5498-2021). <\/p>\n
En suma, lo que deb\u00eda dilucidar la colegiatura era si la referida intervenci\u00f3n satisfac\u00eda las exigencias del canon 322 (numeral 3\u00ba, inciso 3\u00ba) ejusdem, esto es, si la parte recurrente expres\u00f3 \u00ablas razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb, como en efecto se aprecia del escrito de apelaci\u00f3n, pero no exigir una sustentaci\u00f3n por escrito adicional, que supliera la exposici\u00f3n oral obligatoria en el estatuto procedimental. <\/p>\n
5.3. Por todo lo anterior, se justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela a fin de conceder el ruego constitucional, porque la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Manizales, Sala Civil Familia (que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado) evidencia un exceso ritual manifiesto en los t\u00e9rminos ya indicados, por lo que se ordenar\u00e1 dejar sin valor ni efecto la providencia cuestionada y la actuaci\u00f3n subsiguiente a ella, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado remedio. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se advierte configurada la v\u00eda de hecho y la consecuente vulneraci\u00f3n al debido proceso por defecto procedimental \u2013 exceso ritual manifiesto; porque el colegiado recriminado, teniendo elementos a su alcance suficientes para resolver el m\u00e9rito de la discusi\u00f3n, no los tuvo en consideraci\u00f3n al dar primac\u00eda a las formas de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por sobre el derecho sustancial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo solicitado y, en consecuencia, DISPONE: <\/p>\n
PRIMERO: ORDENAR a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, deje sin efecto el auto proferido el 5 de noviembre de 2021 \u2013 que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n – dentro del proceso acci\u00f3n popular radicado n\u00ba 2021-00091 que promovi\u00f3 Mario Restrepo contra el Banco Davivienda, sede Sup\u00eda. <\/p>\n
SEGUNDO: Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas h\u00e1biles, emita una nueva providencia teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04452-00 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por los dem\u00e1s integrantes de esta Corporaci\u00f3n, a continuaci\u00f3n, expreso los motivos de mi discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo invocado por Mario Restrepo en la tutela que le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. En consecuencia, orden\u00f3 a esta dejar sin efecto el auto proferido el 5 de noviembre de 2021 \u2013 que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n – en la acci\u00f3n popular que el actor promovi\u00f3 contra el Banco Davivienda, sede Sup\u00eda (n\u00ba 2021-00091) y, que, \u00aben un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas h\u00e1biles, emita una nueva providencia teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo\u00bb. <\/p>\n
Para llegar a dicha determinaci\u00f3n, advirti\u00f3 ab initio, que el Tribunal querellado incurri\u00f3 en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto, en auto del 5 de noviembre pasado, resolvi\u00f3 no dar alcance al escrito de apelaci\u00f3n presentado por el actor popular y declarar desierta la \u00abalzada\u00bb por considerar que, atendiendo lo previsto en el art\u00edculo 322 del estatuto procedimental, le correspond\u00eda al recurrente sustentar ante el ad quem los reparos expuestos contra la sentencia de primer grado, carga que impuso mediante prove\u00eddo del 20 de octubre de 2021 y que el refutante no cumpli\u00f3. <\/p>\n
Luego, adujo, en esencia, que \u00abBajo esa perspectiva, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada\u00bb. <\/p>\n
Por lo que, coligi\u00f3, que \u00ab(\u2026) 5.2. En esas condiciones, no puede desconocerse, entonces, que err\u00f3 la magistratura accionada al declarar la deserci\u00f3n de la alzada propuesta por el actor popular, ac\u00e1 interesado, por ausencia de sustentaci\u00f3n, dado que desde la interposici\u00f3n de dicho medio expuso con detalle las razones por las cuales disent\u00eda de la sentencia de primera instancia; y, como ese escrito se hallaba dentro del expediente de la acci\u00f3n constitucional, la corporaci\u00f3n tutelada pudo tener por agotada la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, y de esta manera, dar prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, por virtud del principio de econom\u00eda procesal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No comparto la decisi\u00f3n, principalmente, porque la protecci\u00f3n no deb\u00eda ser concedida en tanto creo que el Tribunal Superior de Manizales no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales reclamados por el tutelante. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- Conforme con los arts. 322 y 327 del CGP, la tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. <\/p>\n
Sobre el primero, el Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 14 no estableci\u00f3 modificaci\u00f3n alguna mientras que para el siguiente s\u00ed, respecto de la sustentaci\u00f3n, la que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
En otras palabras, tales modificaciones privilegiaron lo escrito sobre lo oral en la segunda instancia, cuya finalidad no es otra que \u00abevitar el desplazamiento de los usuarios y funcionarios de la administraci\u00f3n de justicia a los despachos judiciales y notar\u00edas y, de esta forma, proteger su salud\u00bb, tambi\u00e9n permiten afirmar que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la resoluci\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el ad quem, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, pone de presente el acatamiento de la forma prevista, tambi\u00e9n integradora del derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser aplicado por todos los sujetos procesales, a \u201ctodas las actuaciones\u201d del proceso en coherencia con el precepto conforme al cual este \u201cdebe adelantarse en la forma establecida en la ley\u201d\u2013arts. 29 CN; 7, 13 y 14 Ley 1564 de 2012-; y, hace visible el principio de preclusi\u00f3n, \u201cfundamental del derecho procesal en cuyo desarrollo se establecen las diferentes etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, asi como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, transcurrida la cual no pueden adelantarse\u201d(Corte Constitucional A 232-2001). Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
2.- Con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 v. gr. SC 4855 de 2014, STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. <\/p>\n
3.- Tampoco se trata de cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el amparo solicitado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n por la recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador. <\/p>\n
Con el debido respeto, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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