STC17431-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17431-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02470-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 17 de noviembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta capital, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho contra el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio de protecci\u00f3n al consumidor con radicado 2018-1961-00 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Aduce que, demand\u00f3 a Autolab S.A.S. ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien, mediante sentencia de 30 de noviembre de 2020, deneg\u00f3 sus pretensiones y, por tal motivo formul\u00f3 apelaci\u00f3n. Indica que, dentro los tres (3) d\u00edas siguientes, a modo de reparos concretos, sustent\u00f3 la alzada. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, la definici\u00f3n del recurso correspondi\u00f3 al estrado del circuito acusado, quien omiti\u00f3 la fundamentaci\u00f3n que hizo del recurso apelaci\u00f3n ante el a quo, y el 23 de agosto de 2021, le corri\u00f3 traslado para motivarlo. <\/p>\n
Destaca que, debido en un error en la radicaci\u00f3n del proceso, no pudo enterarse de esa carga y, en consecuencia, el 17 de septiembre siguiente, la alzada fue declarada desierta. <\/p>\n
Con todo, oportunamente, formul\u00f3 reposici\u00f3n, alegando la desatenci\u00f3n al precedente fijado por esta Sala, en relaci\u00f3n con la suficiencia de los reparos concretos respecto a la sustentaci\u00f3n la apelaci\u00f3n, remedio horizontal que fue desestimado el 19 de octubre ulterior. <\/p>\n
3. Solicita, dejar sin efecto las determinaciones reprochadas y disponer tramitar la alzada en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
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1. El juzgado del circuito acusado realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones recriminadas y, recalc\u00f3 que, si el petente no pudo ubicar el proceso, tal circunstancia resultaba inane, pues el yerro en el n\u00famero de la radicaci\u00f3n del expediente, no implicaba afectaci\u00f3n a garant\u00eda alguna, pues \u00ab(\u2026) muy a pesar del error involuntario al momento de la radicaci\u00f3n del expediente, (\u2026) si se mira nuevamente el expediente, (\u2026) est\u00e1 claro que (\u2026) el Sistema de Gesti\u00f3n Judicial es un mecanismo meramente informativo que no suple las notificaciones que por ley se efect\u00faan mediante estado f\u00edsico o electr\u00f3nico y, [adem\u00e1s,] las actuaciones adelantadas dentro del proceso se encuentran publicitadas en la forma indicada en la ley; situaciones ambas en conjunto que derivan en que la actuaci\u00f3n de esta sede se ha sujetado a derecho (\u2026)\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 explic\u00f3 que recibi\u00f3 el proceso cuestionado para definir la alzada materia de disenso, asign\u00e1ndole al expediente el radicado \u00ab2018-1961-01\u00bb y, se\u00f1al\u00f3 que, en auto de 4 de mayo de 2021, remiti\u00f3 las diligencias al ad quem confutado, pues \u00e9ste era el competente para resolver el recurso. <\/p>\n
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3. Autolab S.A.S. indic\u00f3 que no se lesion\u00f3 prerrogativa alguna en la tramitaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo, al estimar razonable la desestimaci\u00f3n de la reposici\u00f3n instaurada por el actor, frente al auto que declar\u00f3 desierto el recurso vertical. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Adicionalmente, recalc\u00f3 que el \u00abjuzgado 42 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no solo numer\u00f3 y tramit\u00f3 mal el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia por haberle dejado la terminaci\u00f3n 00 (correspondiente a primera instancia), sino que subi\u00f3 mal la informaci\u00f3n del proceso en la plataforma Judicial Siglo XXI\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada lesion\u00f3 las garant\u00edas superiores denunciadas por declarar desierta la apelaci\u00f3n contra el fallo dictado en una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Realizado el estudio pertinente a lo aducido por el gestor, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la normativa y jurisprudencia aplicable, la Sala establece que se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n adoptada por el a quo constitucional y, en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo deprecado. <\/p>\n
Lo anterior, comoquiera que, la fundamentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n efectuada por el actor ante el a quo, resultaba suficiente para definir la alzada y, por ello, no era dable al ad quem demandado declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n en segunda instancia. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que, seg\u00fan el criterio mayoritario de esta Sala recientemente planteado en la sentencia STC5790-20211, en el marco del Decreto Legislativo 806 de 2020 debe tenerse como sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n la exposici\u00f3n que \u2013a\u00fan bajo la figura de presentaci\u00f3n de reparos concretos\u2013 comprenda la argumentaci\u00f3n suficiente de su inconformidad, que le permita al ad quem pronunciarse de fondo, pese a que esta se hubiera realizado con antelaci\u00f3n al t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas que prev\u00e9 el art\u00edculo 14 de la normativa en comento. <\/p>\n
En efecto, a trav\u00e9s del referido pronunciamiento, al cual se remite la soluci\u00f3n de este asunto, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 con claridad que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [L]a discusi\u00f3n en torno a si es viable declarar desierta la apelaci\u00f3n contra una sentencia que se haya sustentado, por escrito, antes de la oportunidad prevista en el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020 no es novedosa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abSin embargo, una nueva mirada del tema impone abordar la problem\u00e1tica anunciada desde el plano constitucional, teniendo en cuenta que el nuevo panorama \u2013escritural- en que transitan las fases de la apelaci\u00f3n en virtud del mencionado Decreto impone una revisi\u00f3n m\u00e1s reflexiva a fin de determinar si de verdad resulta proporcional declarar la deserci\u00f3n, cuando de todos modos el impugnante cumpli\u00f3 la carga argumentativa con anticipaci\u00f3n al t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 14 de esa normatividad\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El C\u00f3digo General del Proceso estableci\u00f3 que el impugnante debe cumplir tres cargas a fin de que el superior examine la cuesti\u00f3n decidida: i) interponer la apelaci\u00f3n, ii) formular los reparos concretos ante el juez de primera instancia y iii) sustentar el recurso ante el superior, (CSJ STC3969-2018, STC7113-2018, STC6359-2020, entre otras); estructura que cambi\u00f3 con la entrada en rigor del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
\u00abLa modificaci\u00f3n realmente radic\u00f3 en la forma de recaudo de los argumentos del recurrente para los casos que no requieren la pr\u00e1ctica de pruebas, esto es, ya no ser\u00e1 oralmente y en audiencia, sino de manera escrita y dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abSignifica que la percepci\u00f3n directa, la inmediaci\u00f3n, el debate hablado, as\u00ed como los otros tantos matices y beneficios que le son propios al r\u00e9gimen de oralidad, ya no son predicables en un contexto guiado por la escrituralidad\u00bb. <\/p>\n
\u00abLo que estaba en sinton\u00eda con el art\u00edculo 3\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva\u00bb, al igual que con el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 107, que se\u00f1ala c\u00f3mo \u00ab[l]as intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos\u00bb. <\/p>\n
\u00abDesde esa l\u00f3gica, a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Dicho en otras palabras, sin duda cuando el recurrente aporta el escrito de sustentaci\u00f3n antes de la oportunidad contemplada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 act\u00faa de forma deficiente, lo que es censurable en la medida en que desatiente el mandato legal; no obstante, dada la naturaleza del error y su eventual intrascendencia frente a la carga de sustentar la alzada, es desproporcionado que se le sancione con la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 la primera instancia(\u2026)\u00bb. Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se dej\u00f3 sentado que \u00ablos falladores est\u00e1n llamados acatar y hacer cumplir las formas prescritas por el legislador, como las que se han impuesto para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n \u2013por escrito y en un momento espec\u00edfico-, de modo que no pueden desconocerlas. Pero tambi\u00e9n lo es que no las pueden exigir irreflexivamente, pues no son simples ritualidades desprovistas de sentido, sino medios destinados para dotar de validez y eficacia los actos procesales designados a hacer efectivos los derechos de las partes, en este caso, el de impugnar las providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, no es que la Corte se est\u00e9 contradiciendo con las pautas que traz\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso en virtud de la carga del recurrente de sustentar ante el superior y en audiencia, pues all\u00e1, en el contexto de la oralidad y de la prohibici\u00f3n de sustituir las intervenciones orales por escrito, no luc\u00eda desmesurado sancionar al recurrente con la deserci\u00f3n del recurso, puesto que al no existir otro momento en el que el censor pod\u00eda proponer sus argumentos de inconformidad verbalmente, el no asistir a la vista p\u00fablica destinada para el efecto conllevaba la no sustentaci\u00f3n del acto de impugnaci\u00f3n; pero, en estos tiempos, en el panorama de la escritura, cuando la formalidad a la que est\u00e1 ligada el ejercicio del derecho fundamental a la doble instancia y de impugnaci\u00f3n ha cumplido su finalidad, pese a su cumplimiento imperfecto por parte del recurrente, la imposici\u00f3n de esa consecuencia parece desproporcionada\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn suma, el recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en vigencia del Decreto 806 de 2020, deber\u00e1 sustentarse ante el superior por escrito y dentro del t\u00e9rmino de traslado indicado en el art\u00edculo 14 de esa norma. Toda sustentaci\u00f3n posterior a ese lapso o la omisi\u00f3n del acto procesal desemboca, sin duda, en la deserci\u00f3n de la opugnaci\u00f3n. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de aquellas que se realicen con anterioridad a ese l\u00edmite temporal, comoquiera que, aun cuando resulta ser una actuaci\u00f3n inesperada y errada del censor, de todos modos se cumple con el acto procesal aludido y el juzgador de segundo grado, en \u00faltimas, ya conoce de los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver, sin que ello implique ninguna afectaci\u00f3n a los derechos del no recurrente, pues el apelante no guard\u00f3 silencio, no super\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos para el efecto, as\u00ed como \u00abno se causa dilaci\u00f3n en los tr\u00e1mites, ni se sorprende a la contraparte, ni se vulneran sus derechos, ni implica acortamiento de los t\u00e9rminos\u00bb. Lo contrario, provoca incurrir en un exceso ritual manifiesto en el asunto concreto (\u2026)\u00bb (CSJ STC5790-2021, 24 may. 2021, rad. 2021-00975-00). Se destaca y subraya. <\/p>\n
En ese orden, si el ahora querellante apel\u00f3 la providencia de primer grado y, en el escrito contentivo de los \u00abreparos concretos\u00bb argument\u00f3, suficientemente, sus inconformidades a manera de sustentaci\u00f3n, no pod\u00eda recibir como respuesta que tal actividad era inane frente al medio de impugnaci\u00f3n ordinario por \u00e9l incoado, m\u00e1xime cuando aleg\u00f3 dicha situaci\u00f3n a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n contra la deserci\u00f3n. <\/p>\n
De esta manera, resulta di\u00e1fano que el fallador de segundo grado incurri\u00f3 en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que, se insiste, as\u00ed se asumiera que el apelante no efectu\u00f3 pronunciamiento alguno dentro del t\u00e9rmino que consagra el art\u00edculo 14 del precitado Decreto 806 de 2020, lo cierto es que al interponer su recurso de alzada ante el fallador a quo (dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la finalizaci\u00f3n de la audiencia de alegatos y fallo), el querellante no se limit\u00f3 a exponer sus reparos concretos, sino que desarroll\u00f3 esos ataques mediante una argumentaci\u00f3n que, en ausencia de un escrito posterior, debi\u00f3 servir de insumo suficiente para emitir un pronunciamiento de fondo por parte del juez de apelaci\u00f3n, especialmente, por tratarse de un tr\u00e1mite surtido conforme a las disposiciones extraordinarias del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
El yerro en cuesti\u00f3n \u2013y con ello la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por ver frustrada la segunda instancia\u2013 se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial, que establece que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, aunado a que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se conceder\u00e1 el amparo solicitado, ordenando, para el efecto, la invalidaci\u00f3n del auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el tutelante, as\u00ed como la providencia que desestim\u00f3 la reposici\u00f3n frente a esa determinaci\u00f3n y, conminando al juzgado del circuito convocado a tramitar el citado medio defensivo, teniendo en cuenta las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 17 de noviembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales de Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, adopte las medidas necesarias para continuar el tr\u00e1mite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02470-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por los dem\u00e1s integrantes de esta Corporaci\u00f3n, a continuaci\u00f3n, expreso los motivos de mi discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La Sala mayoritaria revoc\u00f3 el fallo proferido el 17 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y, en su lugar, concedi\u00f3 el amparo reclamado por Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho frente al Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esa capital; en consecuencia, dej\u00f3 sin efecto los autos de 17 de septiembre y 19 de octubre del a\u00f1o en curso, mediante los cuales se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el accionante, as\u00ed como los que de los mismos se desprendan y orden\u00f3 al estrado querellado que, \u00aben el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, adopte las medidas necesarias para continuar el tr\u00e1mite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia\u00bb. Ello, en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor n\u00ba 2018-1961-00. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que apoy\u00f3 en la sentencia STC5790-2021, seg\u00fan el cual, en el marco del Decreto Legislativo 806 de 2020 debe tenerse como sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n la exposici\u00f3n que \u2013a\u00fan bajo la figura de presentaci\u00f3n de reparos concretos\u2013 comprenda la argumentaci\u00f3n suficiente de su inconformidad, que le permita al ad quem pronunciarse de fondo, pese a que esta se hubiera realizado con antelaci\u00f3n al t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas que prev\u00e9 el art\u00edculo 14 de la normativa en comento. <\/p>\n
Criterio que, aplicado al caso concreto, la llev\u00f3 a concluir que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En ese orden, si el ahora querellante apel\u00f3 la providencia de primer grado y, en el escrito contentivo de los \u00abreparos concretos\u00bb argument\u00f3, suficientemente, sus inconformidades a manera de sustentaci\u00f3n, no pod\u00eda recibir como respuesta que tal actividad era inane frente al medio de impugnaci\u00f3n ordinario por \u00e9l incoado, m\u00e1xime cuando aleg\u00f3 dicha situaci\u00f3n a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n contra la deserci\u00f3n. <\/p>\n
De esta manera, resulta di\u00e1fano que el fallador de segundo grado incurri\u00f3 en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que, se insiste, as\u00ed se asumiera que el apelante no efectu\u00f3 pronunciamiento alguno dentro del t\u00e9rmino que consagra el art\u00edculo 14 del precitado Decreto 806 de 2020, lo cierto es que al interponer su recurso de alzada ante el fallador a quo (dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la finalizaci\u00f3n de la audiencia de alegatos y fallo), el querellante no se limit\u00f3 a exponer sus reparos concretos, sino que desarroll\u00f3 esos ataques mediante una argumentaci\u00f3n que, en ausencia de un escrito posterior, debi\u00f3 servir de insumo suficiente para emitir un pronunciamiento de fondo por parte del juez de apelaci\u00f3n, especialmente, por tratarse de un tr\u00e1mite surtido conforme a las disposiciones extraordinarias del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
No comparto la decisi\u00f3n, principalmente, porque la protecci\u00f3n no deb\u00eda ser concedida en tanto creo que el Juzgado Cuarenta y Dos Civil Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales de los tutelantes. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- Conforme con los arts. 322 y 327 del CGP, la tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. <\/p>\n
Sobre el primero, el Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 14 no estableci\u00f3 modificaci\u00f3n alguna mientras que para el siguiente s\u00ed, respecto de la sustentaci\u00f3n, la que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
En otras palabras, tales modificaciones privilegiaron lo escrito sobre lo oral en la segunda instancia, cuya finalidad no es otra que \u00abevitar el desplazamiento de los usuarios y funcionarios de la administraci\u00f3n de justicia a los despachos judiciales y notar\u00edas y, de esta forma, proteger su salud\u00bb, tambi\u00e9n permiten afirmar que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la resoluci\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el ad quem, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, pone de presente el acatamiento de la forma prevista, tambi\u00e9n integradora del derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser aplicado por todos los sujetos procesales, a \u201ctodas las actuaciones\u201d del proceso en coherencia con el precepto conforme al cual este \u201cdebe adelantarse en la forma establecida en la ley\u201d\u2013arts. 29 CN; 7, 13 y 14 Ley 1564 de 2012-; y, hace visible el principio de preclusi\u00f3n, \u201cfundamental del derecho procesal en cuyo desarrollo se establecen las diferentes etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, asi como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, transcurrida la cual no pueden adelantarse\u201d(Corte Constitucional A 232-2001). Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
3.- Tampoco se trata de cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el amparo solicitado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n por el recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador. <\/p>\n
Con el debido respeto, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC5790-2021 de 24 de mayo de 2021, exp. 11001-02-03-000-2021-00975-00. <\/p>\n
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STC17431-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC17431-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02470-01 Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 17 de noviembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60374","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60374","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60374"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60374\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60374"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}