STC17445-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17445-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04257-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la sociedad Medinorte C\u00facuta I.P.S. S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. Al tr\u00e1mite se vincularon a los actores e intervinientes en el proceso de radicado 54001315300620200013201. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, procura la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La Universidad de Pamplona impuls\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado en contra de la Cl\u00ednica M\u00e9dico Quir\u00fargica S.A. y Medinorte C\u00facuta IPS S.A.S. a efectos de que se declare que los demandados incumplieron el contrato de arrendamiento comercial suscrito entre las partes sobre el inmueble identificado con M.I. 260-242610 \u00abteniendo en cuenta que no ha pagado los c\u00e1nones de arrendamiento en su totalidad, de los periodos comprendidos desde el mes de abril, mayo y junio; Como tampoco han pagado los servicios p\u00fablicos (\u2026)\u00bb. En consecuencia, que se d\u00e9 por terminado el citado negocio jur\u00eddico y se \u00abordene la desocupaci\u00f3n y entrega o restituci\u00f3n del inmueble al arrendador\u00bb1. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta dict\u00f3 auto admisorio el 26 de agosto del 20202. <\/p>\n
2.3. Notificada la sociedad accionante, esta contest\u00f3 la demanda y propuso las excepciones de \u00abinexistencia del contrato de arrendamiento\u00bb, \u00abfuerza mayor\u00bb, \u00abindebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb y \u00abincumplimiento del demandante de las obligaciones contractuales\u00bb3. Adem\u00e1s, plante\u00f3 las excepciones previas de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n o competencia\u00bb y \u00abcompromiso o cl\u00e1usula compromisoria\u00bb4. <\/p>\n
2.4. El 16 de diciembre del 2020, el despacho resolvi\u00f3 declarar probada \u00abla excepci\u00f3n previa de COMPROMISO O CLAUSULA COMPROMISORIA\u00bb. Por ende, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso5. <\/p>\n
2.5. Inconforme, la parte activa interpuso recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. El primero fue despachado desfavorablemente el 17 de febrero del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
2.6. Sin embargo, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta revoc\u00f3 el prove\u00eddo cuestionado el 13 de julio del 2021, \u00abpara en su lugar declarar no probada la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria y ordenar a dicho a quo, continuar con el tr\u00e1mite del asunto\u00bb. <\/p>\n
2.7. La promotora del amparo asever\u00f3 que \u00abno tiene sentido lo expresado por el Tribunal Superior de C\u00facuta, cuando de manera subjetiva (no aduce para ello ninguna norma que sustente su consideraci\u00f3n, es m\u00e1s existe norma en contrario) afirma la imposibilidad que tienen los Tribunales arbitrales de tramitar procesos ejecutivos. Esa misma limitaci\u00f3n considera la sala es predicable de los procesos de restituci\u00f3n de inmuebles, dado que a dicho organismo le es imposible ejecutar los mecanismos coercitivos\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, se ordene amparar los derechos fundamentales de la accionante. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Universidad de Pamplona asegur\u00f3 que el Tribunal de C\u00facuta fall\u00f3 en derecho teniendo en cuenta que la excepci\u00f3n previa planteada es improcedente \u00abtoda vez que, por imperio de la ley, este tipo de procesos y acorde al art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 15, ib\u00eddem, la competencia de esta acci\u00f3n se encuentra atribuida a los jueces civiles. En ese orden de ideas, las pretensiones de la acci\u00f3n incoada y conforme a los hechos narrados son \u00fanica y exclusivamente de competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia Civil, en este caso Civiles del Circuito\u00bb. <\/p>\n
Tras aludir a los argumentos expuestos en el prove\u00eddo cuestionado, asever\u00f3 que \u00aben este sentido no se configura alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales, pues por una parte lo que se advierte es que lo pretendido por la promotora del resguardo es hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por otra parte porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pensamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria frente a lo pretendido\u00bb. <\/p>\n
2.- Mar\u00eda Piedad Grandas Zambrano, apoderada de la Cl\u00ednica M\u00e9dico Quir\u00fargica, dijo coadyuvar la petici\u00f3n planteada por la accionante. Indic\u00f3 que \u00abes totalmente cierto y palpable la vulneraci\u00f3n al debido proceso, que se dio dentro del fallo de segunda instancia; puesto que como se puede observar, si hubo un defecto material dentro del pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en raz\u00f3n a que sus argumentos est\u00e1n basados en jurisprudencia y doctrina aplicable a procesos netamente ejecutivos, y su inaplicabilidad es total frente a los Procesos Verbales de Restituci\u00f3n de inmuebles; adem\u00e1s hace una sustentaci\u00f3n errada de las competencias que tienen los Tribunales de Arbitramento para estos casos\u00bb. <\/p>\n
3.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta dijo atenerse \u00aba la decisi\u00f3n tomada por la Sala Civil Familia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble seguido por la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA contra la CLINICA MEDICO QUIRURGICA S.A. y MEDINORTE CUCUTA IPS S.A.S., bajo el radicado No. 54001 3153 006 2020 00132 00, en providencia del 13 de julio de 2021 mediante la cual se resolvi\u00f3 revocar el auto proferido en esta instancia el 16 de diciembre de 2020, mediante el que se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de compromiso o clausula compromisoria y en consecuencia se hab\u00eda decretado la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
4.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta asever\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno \u00abpues mediante la providencia l\u00edneas atr\u00e1s referida, se dieron los argumentos puntuales por los cuales era menester revocar la decisi\u00f3n de declarar probada la excepci\u00f3n de clausula compromisoria, (\u2026) s\u00ed tuvo vocaci\u00f3n de prosperidad en la medida que tal como se expuso en el prove\u00eddo proferido existe una imposibilidad en cabeza de los tribunales arbitrales de tramitar los procesos de restituci\u00f3n de inmueble, tal como ocurre en los procesos ejecutivos, dado que dicho organismo no puede ejecutar los mecanismos coercitivos a efectos de que el demandante recobre el uso y goce del inmueble dado en arrendamiento, dado que la fuerza compulsiva de una eventual terminaci\u00f3n del contrato se encuentra en cabeza de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
Para el efecto, destac\u00f3 el car\u00e1cter imperativo de los art\u00edculos 518 a 523 del C\u00f3digo de Comercio \u00aben contra de los cuales no produce efecto alguno las estipulaciones pactadas entre las partes que contrar\u00eden su contenido (art. 524 C.Co.)\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Procede la Sala a determinar si la providencia del 14 13 de julio del 2021 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, lesiona las garant\u00edas superiores de la actora por incurrir en defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente. <\/p>\n
2.- La providencia que se examina revoc\u00f3 el auto proferido el 16 de diciembre del 2020 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta y, en su lugar, declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
A efectos de tomar tal determinaci\u00f3n, sostuvo, despu\u00e9s de una lectura de la cl\u00e1usula d\u00e9cimo cuarta del contrato de arrendamiento, que \u00abdicha consagraci\u00f3n no puede predicarse de las causales de terminaci\u00f3n del contrato, pues haciendo una interpretaci\u00f3n del clausulado contractual conforme las reglas estatuidas en los art\u00edculos 1618 a 1624 del C\u00f3digo Civil, esto es, aplicando de manera anal\u00f3gica lo consagrado por la Corte Suprema de Justicia para los procesos ejecutivos, en manera alguna puede considerarse que la cl\u00e1usula compromisoria es aplicable para obtener la restituci\u00f3n de inmuebles, pues de lo que se trata es de tramitar por medio del arbitraje el desenvolvimiento mismo del contrato de arrendamiento no su finalizaci\u00f3n, que en todo caso las partes dieron por sentadas cuando se configura una, varias o todas las causales establecidas en la cl\u00e1usula novena del contrato de arrendamiento suscrito\u00bb. <\/p>\n
En efecto, la estipulaci\u00f3n novena del \u00abcontrato de arrendamiento mercantil\u00bb, seg\u00fan la cual \u00abla mora en el pago de tres (3) o m\u00e1s c\u00e1nones de arrendamiento consecutivos en la forma convenida, el cambio de destinaci\u00f3n del inmueble, el no pago de servicios p\u00fablicos que generen el retiro definitivo del servicio por parte de la empresa correspondiente, dar\u00e1 lugar, a obtener la restituci\u00f3n del inmueble, mueble y equipos y a exigir por la v\u00eda ejecutiva el pago de los c\u00e1nones y servicios que quedaren debiendo LOS ARRENDATARIOS a la fecha de la entrega del inmueble\u00bb, y comoquiera que los Tribunales de arbitramento no est\u00e1n facultados para ejecutar ni siquiera sus propios fallos y menos a\u00fan podr\u00edan ejercer una fuerza coercitiva de cumplimiento de prestaciones \u00abque como en el caso en estudio, inevitablemente ser\u00eda efectuar la entrega del inmueble y el eventual cobro compulsivo de los c\u00e1nones y servicios p\u00fablicos debidos mediante v\u00eda ejecutiva, en caso que salgan avante las pretensiones de la demanda, pues es claro que si la sentencia es eminentemente declarativa, m\u00e1s cierto es que la consecuencia de dicha declaratoria de terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento ser\u00eda la restituci\u00f3n del inmueble y el cobro de las sumas adeudadas, diligencias que no podr\u00eda ordenar el tribunal de arbitramento ni siquiera a t\u00edtulo de comisi\u00f3n, pues t\u00e9ngase en cuenta que dicha figura jur\u00eddica se encuentra establecida en los art\u00edculo 32 y 100 de la Ley 1563 del 2012, \u00fanica y exclusivamente a efectos que el comisionado colabore en la pr\u00e1ctica de medidas cautelares y la pr\u00e1ctica de pruebas, actuaciones que en manera alguna corresponder\u00edan a la finalidad perseguida por el due\u00f1o del inmueble\u00bb. <\/p>\n
3.- Para esta Sala, la postura esbozada en la anterior providencia comporta una v\u00eda de hecho que amerita la concesi\u00f3n de la perentoria salvaguarda constitucional. <\/p>\n
3.1. El constituyente previ\u00f3 el arbitraje como uno de los mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de controversias, paralelo al servicio prestado por el Estado para la soluci\u00f3n de conflictos. As\u00ed, el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra que podr\u00e1n administrar justicia transitoriamente, los \u00ab\u00e1rbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los t\u00e9rminos que determine la ley\u00bb. Al respecto, la jurisprudencia ha reiterado que este mecanismo se encuentra fundado en: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la autonom\u00eda privada, libertad contractual o de contrataci\u00f3n, [el mismo, adem\u00e1s,] origina un proceso judicial sujeto a las directrices preordenadas por el legislador y comporta el ejercicio concreto, transitorio o temporal de la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia. La naturaleza judicial del proceso arbitral est\u00e1 igualmente consagrada en los art\u00edculos 8\u00ba y 13 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, en los art\u00edculos 3 y 111 de la Ley 446 de 1998 (\u2026)\u00bb6. <\/p>\n
De manera que el arbitraje se abre paso en virtud de la celebraci\u00f3n de un acto jur\u00eddico -denominado pacto arbitral o cl\u00e1usula compromisoria- en el que ambas partes acuerdan que sea un tercero quien ponga fin a su disputa a trav\u00e9s de un fallo dictado en derecho o en equidad. Sin embargo, es preciso indicar que tal facultad contractual no es omn\u00edmoda, comoquiera que la naturaleza jur\u00eddica de la cl\u00e1usula compromisoria se deriva del car\u00e1cter transigible de los derechos sometidos a la autonom\u00eda de la voluntad de las partes. Es por ello por lo que el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1563 del 2012, prescribi\u00f3 el margen de acci\u00f3n de esta justicia privada al sostener que \u00abel arbitraje es un mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos mediante el cual las partes defieren a \u00e1rbitros la soluci\u00f3n de una controversia relativa a asuntos de libre disposici\u00f3n o aquellos que la ley autorice\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, el ordenamiento jur\u00eddico vincul\u00f3 la arbitrabilidad7 de las controversias con la transabilidad o disponibilidad del derecho que origina el conflicto. Es as\u00ed como la Corte Constitucional, en la sentencia C-226 de 1993 sostuvo que \u00abel arbitramento debe referirse a bienes o derechos patrimoniales que puedan disponer las partes libremente\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Para dicha Corporaci\u00f3n, el arbitramento \u00abtiene l\u00edmites materiales, en el sentido de que no todos los asuntos se pueden someter a la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros. En t\u00e9rminos generales, \u00fanicamente se pueden sujetar a este tipo de procedimiento los asuntos de naturaleza transigible, que pueden ser objeto de libre disposici\u00f3n, negociaci\u00f3n o renuncia por las partes en conflicto y, en consecuencia, se incluyen dentro de la \u00f3rbita de su voluntad. En consecuencia, existen ciertas materias que, por su naturaleza no transigible ni sujeta a disposici\u00f3n, deben necesariamente ser resueltas por los jueces de la Rep\u00fablica\u00bb (SU174-07). <\/p>\n
Y, en otra oportunidad, sostuvo que \u00aba\u00fan mediando la habilitaci\u00f3n a las partes \u201cno toda cuesti\u00f3n materia de controversia puede ser sometida gen\u00e9ricamente a la decisi\u00f3n de \u00e1rbitros\u201d\u2026 Ha entendido la Corte que la justicia arbitral \u00fanicamente puede operar cuando \u201clos derechos en conflicto son de libre disposici\u00f3n por su titular\u201d, es decir, cuando respecto de ellos existe plena libertad de disposici\u00f3n.\u201d\u2026 Tal facultad de renuncia o disposici\u00f3n es precisamente la que \u201cdetermina el car\u00e1cter de transigible de un derecho o de un litigio.\u201d Es, por tanto, la naturaleza misma del derecho la que fija los alcances de la libertad de renuncia. Le corresponde a la Ley establecer en qu\u00e9 casos opera la posibilidad de disposici\u00f3n (C-378-08; el \u00e9nfasis es del texto). <\/p>\n
Bajo tales consideraciones, esta Corte ha precisado que, en los asuntos que por su naturaleza no son objeto de arbitramento, \u00abse encuentran los relacionados con el estado civil de las personas, las cuestiones relativas a los derechos de los incapaces y los conflictos sobre los derechos m\u00ednimos de los trabajadores\u00bb8. A lo cual habr\u00e1 de sum\u00e1rsele los procesos ejecutivos por expresa exclusi\u00f3n constitucional9. <\/p>\n
Por su parte, esta Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEl legislador previ\u00f3 el arbitraje como uno de los mecanismos alternativos o paralelos al prestado por el Estado para la soluci\u00f3n de los conflictos. Se abre paso en virtud de la celebraci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico en el que las partes involucradas acuerden apartarse de la jurisdicci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
Esta facultad contractual, sin embargo, no es omn\u00edmoda y en nada se opone al reconocimiento del poder \u00faltimo del Estado, en cuanto la ley le atribuy\u00f3 a las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa la facultad para conocer, entre otros asuntos, el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n de laudo arbitral (Art. 46 de la Ley 1563 de 2012), la ejecuci\u00f3n del reembolso de honorarios y gastos de los \u00e1rbtiros (Art. 27), y la ejecuci\u00f3n de la decisi\u00f3n (Art. 43). <\/p>\n
Los procesos de ejecuci\u00f3n entra\u00f1an la necesidad de acudir al imperio del poder estatal, en tanto enervan la libertad personal, con el prop\u00f3sito de forzar el cumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas consensuadamente o impuestas en sentencia o laudo pudiendo acudir, cuando fuere preciso, al uso de la fuerza p\u00fablica. <\/p>\n
Ocurre lo propio con las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes, en tanto que siendo consustanciales al compulsivo son jur\u00eddicamente imposibles de atribuir a los particulares, sin desconocer las finalidades constitucionales del Estado. <\/p>\n
De ah\u00ed que la orientaci\u00f3n de la doctrina emanada de esta Sala ha dado cuenta de la inoponibilidad de la cl\u00e1usula compromisoria para ventilar ante un tribunal de arbitramento las controversias que involucren la ejecuci\u00f3n de obligaciones contenidas en documentos privados. <\/p>\n
Sobre el particular ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201csi los \u00e1rbitros no est\u00e1n legalmente facultados para ejecutar los laudos que profieren, menos a\u00fan puede llegar a considerarse que pueden hacerlo respecto de obligaciones derivadas de instrumentos creados por particulares o de providencias judiciales\u2026\u201d\u00bb (Sentencia de 13 de febrero de 2013, exp. 2013-00217-00).10 (CSJ SC, 26 jun. 2020, rad. 2020-01190-00). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, en los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado se ventilan incumplimientos obligacionales que dan p\u00e1bulo a la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo contractual, a la imposici\u00f3n de condenas seg\u00fan el caso, y de contera, a obtener eventualmente, la entrega material del bien por parte del arrendatario. <\/p>\n
As\u00ed pues, el petitum suele estar conformado por pretensiones declarativas y restitutorias, dirigidas a extinguir la relaci\u00f3n jur\u00eddica entre el arrendador y arrendatario y, finalmente obtener la restituci\u00f3n material del inmueble. <\/p>\n
3.3. Descendiendo al caso de marras, se observa que las pretensiones del demandante son las siguientes: <\/p>\n
\u00ab2.1. Que se declare que los demandados incumplieron el contrato de arrendamiento aludido y anexado en el presente proceso, teniendo en cuenta que no ha pagado los c\u00e1nones de arrendamiento en su totalidad, de los periodos comprendidos desde el mes de abril, mayo y junio; Como tampoco han pagado los servicios p\u00fablicos seg\u00fan facturas anexas a la presente demanda. <\/p>\n
2.2. Que se declare dar por terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre la demandante y los demandados, por el incumplimiento del contrato por esta \u00faltima. <\/p>\n
2.3. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene la desocupaci\u00f3n y entrega o restituci\u00f3n del inmueble al arrendador. Esto es: el inmueble ubicado en la Av. 11 este N\u00b05N-167\/CLL. 6N 11E 123 del barrio Santa Luc\u00eda, de la ciudad de San Jos\u00e9 de C\u00facuta (\u2026). <\/p>\n
2.4. Que, de conformidad con el art\u00edculo 308 del C\u00f3digo General del Procesos (sic) se solicita al despacho que, de no efectuarse la entrega del inmueble dentro del t\u00e9rmino fijado, se proceda a la pr\u00e1ctica de la diligencia de lanzamiento, directamente por este juzgado o a trav\u00e9s de comisionado. <\/p>\n
2.5. Que, de conformidad con el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, se solicita al despacho no atender contestaci\u00f3n alguna de los demandados hasta tanto no demuestren que han consignado a favor del juzgado, por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento, intereses de mora y acrediten, por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento, intereses de mora y acrediten estar al d\u00eda con el pago de servicios p\u00fablicos en agua y energ\u00eda el\u00e9ctrica, as\u00ed como los c\u00e1nones de arrendamiento que se causen durante el proceso. <\/p>\n
2.6. Condenar en costas a las demandadas\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, revela la arbitrabilidad de la presente controversia- asunto de libre disposici\u00f3n- estrictamente patrimonial. En efecto, obs\u00e9rvese que la litis se encuentra circunscrita al presunto incumplimiento del arrendatario de su obligaci\u00f3n de pagar los c\u00e1nones de arriendo en los meses de abril, mayo y junio. Tal circunstancia, a la luz de la ley y de la cl\u00e1usula novena del contrato de arrendamiento11, se estructura como una causal de terminaci\u00f3n del aludido contrato lo que, a su turno, devendr\u00eda en la ulterior restituci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
Dicho tipo de controversias se encuentra cobijada por la cl\u00e1usula compromisoria pactada por las partes, que a su tenor literal consagra lo siguiente: <\/p>\n
\u00abD\u00c9CIMA CUARTA. Soluci\u00f3n de Conflictos: Las partes acuerdan que de surgir diferencias en el desarrollo del presente contrato, buscar\u00e1n soluciones agiles y directas para afrontar dichas discrepancias. Para tal efecto, acudir\u00e1n preferentemente, al empleo de los mecanismos de soluci\u00f3n directa de controversias contractuales, tales como la conciliaci\u00f3n extrajudicial, le amigable composici\u00f3n y la transacci\u00f3n. <\/p>\n
Agotados los mecanismos de soluci\u00f3n antes descritos, las partes acudir\u00e1n a Centro de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta, para resolver toda diferencia o controversia relacionada con este contrato, de acuerdo con las siguientes reglas <\/p>\n
a. El Tribunal estar\u00e1 integrado por uno o por tres \u00e1rbitros, de acuerdo con lo prescrito en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1563 de 2012 y ser\u00e1n designados por las partes de com\u00fan acuerdo. En caso de que no fuere posible, los \u00e1rbitros ser\u00e1n designados por el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio, a solicitud de cualquiera de las partes. <\/p>\n
b. El Tribunal decidir\u00e1 en derecho. <\/p>\n
c. El Tribunal sesionar\u00e1 en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO: Los honorarios y gastos que se ocasionen con el empleo de los mecanismos de soluci\u00f3n directa de controversias contractuales, ser\u00e1n cancelados por los contratantes por partes iguales\u00bb (subrayado del Despacho). <\/p>\n
En consecuencia, las partes, en ejercicio del principio de voluntariedad12, adoptaron la justicia arbitral y sometieron al arbitraje el devenir y las vicisitudes propias del contrato de arrendamiento. Adicionalmente se\u00f1alaron el procedimiento aplicable previsto en la -ley 1563 de 2012- y el car\u00e1cter del laudo- en derecho-. Adem\u00e1s de ello, el asunto de marras no se trata de uno de aquellos excluidos de la jurisdicci\u00f3n arbitral, por lo que, en principio, no habr\u00eda raz\u00f3n para restarle eficacia a la cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
3.4. Ahora bien, para esta Sala no es atendible el argumento esgrimido por la Magistratura cuestionada en torno a considerar que \u00abexiste una imposibilidad en cabeza de los tribunales arbitrales de tramitar los procesos de restituci\u00f3n de inmueble, tal como ocurre en los procesos ejecutivos, dado que dicho organismo no puede ejecutar los mecanismos coercitivos a efectos de que el demandante recobre el uso y goce del inmueble dado en arrendamiento, dado que la fuerza compulsiva de una eventual terminaci\u00f3n del contrato se encuentra en cabeza de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
En efecto, los Tribunales de arbitramento no pueden ejecutar sus propias providencias. Sin embargo, t\u00e9ngase presente que la ley 1563 de 2012 expresamente en su art\u00edculo 43 se\u00f1ala: \u00abDe la ejecuci\u00f3n del laudo conocer\u00e1 la justicia ordinaria o la contencioso administrativa, seg\u00fan el caso\u00bb. De forma tal que la justicia arbitral dirimir\u00e1 la controversia para lo cual est\u00e1 habilitada. Por dem\u00e1s, la jurisdicci\u00f3n ordinaria se encargar\u00e1 de las \u00f3rdenes y condenas -de ser el caso- dictadas en el correspondiente laudo arbitral. <\/p>\n
Por su parte, el canon 306 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que \u00ab[L]a jurisdicci\u00f3n competente para conocer de la ejecuci\u00f3n del laudo arbitral es la misma que conoce del recurso de anulaci\u00f3n, de acuerdo con las normas generales de competencia y tr\u00e1mite de cada jurisdicci\u00f3n\u00bb. De tal manera, que las ordenes contiendas eventualmente en el laudo tienen el car\u00e1cter de ejecutables. <\/p>\n
4. A tal efecto, encuentra esta Corte vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del tutelante, toda vez que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n que declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
5. En consecuencia, se otorgar\u00e1 el auxilio implorado y se dejar\u00e1 sin valor y efecto el auto proferido el 13 de julio de 2021 por la Magistratura accionada, a efectos de que, en un t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas (48) decida nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la providencia proferida el 16 de diciembre de 2020 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta, seg\u00fan corresponda y teniendo en cuenta el alcance del pacto arbitral y las consideraciones expuestas. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo rogado por Medinorte C\u00facuta I.P.S. S.A.S. frente al auto proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 13 de julio del 2021, dentro del juicio de radicado 54001315300620200013201. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se DEJA SIN VALOR Y EFECTO el auto proferido el 13 de julio de 2021 por la Magistratura accionada, a efectos de que, en un t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, decida nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la providencia proferida el 16 de diciembre de 2020 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta, seg\u00fan corresponda y teniendo en cuenta el alcance del pacto arbitral y las consideraciones expuestas. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1ginas 5- 12 del PDF \u00abCUADERNO PRINCIPAL RAD. 2020-00132\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1ginas 109-110 ibidem. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1ginas 179-185 ibidem. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1ginas 23-26 ibidem. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. STC de 26 de junio de 2008, exp. T. 2008-00942-00, reiterada en sentencia de 18 de abril de 2012, exp. 05001-22-03-000-2012-00213-01 <\/p>\n
7\u0002 Conocida tambi\u00e9n como \u00abratione materiae\u00bb hace referencia a la condici\u00f3n de la controversia \u00aben virtud de la cual, seg\u00fan las normas del derecho interno, es posible que sea dirimida por \u00e1rbitros, o con otras palabras, es la naturaleza de la relaci\u00f3n jur\u00eddica la que determina si el asunto es susceptible o no de ser llevado al conocimiento de un tribunal arbitral\u00bb SC877-2018 del 23 de marzo, exp 2017-00080-00. <\/p>\n
8\u0002 SC877-2018 del 23 de marzo, exp 2017-00080-00. <\/p>\n
9\u0002 Corte Constitucional. C-294 de 1995. <\/p>\n
10\u0002 Reiterada, entre otras en las sentencias del 6 de febrero de 2013 en Rad. 11001-02-03-000-2013-02822-00 y STC17557-2015 de 18 de diciembre de 2015. <\/p>\n
11\u0002 \u201cLa mora en el pago de tres (3) o m\u00e1s c\u00e1nones de arrendamiento consecutivos en la forma convenida, el cambio de destinaci\u00f3n del inmueble, el no pago de servicios p\u00fablicos que generen el retiro definitivo del servicio por parte de la empresa correspondiente, dar\u00e1 lugar, a obtener la restituci\u00f3n del inmueble, mueble y equipos y a exigir por la v\u00eda ejecutiva el pago de los c\u00e1nones y servicios que quedaren debiendo LOS ARRENDATARIOS a la fecha de la entrega del inmueble <\/p>\n
12\u0002 Sobre tal principio, la Corte Constitucional ha sostenido lo siguiente: \u00abLa voluntad de las partes es, as\u00ed, un elemento medular del sistema de arbitramento dise\u00f1ado en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, y se proyecta en la estabilidad de la decisi\u00f3n que adoptar\u00e1 el tribunal arbitral. M\u00e1s a\u00fan, como consecuencia del acuerdo de voluntades reflejado en el pacto arbitral, las partes aceptan por anticipado que se sujetar\u00e1n a lo decidido por el tribunal de arbitramento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC17445-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC17445-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04257-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la sociedad Medinorte C\u00facuta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60375","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60375","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60375"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60375\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60375"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60375"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60375"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}