STC17453-2021<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17453-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04488-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por la Fundaci\u00f3n para el Desarrollo Sostenible de las Zonas del P\u00e1ramo y su \u00c1rea de Influencia -Fundep\u00e1ramos- contra el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y \u00c1reas Protegidas. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja, se\u00f1al\u00f3 que interpuso una demanda contra el Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y \u00c1reas Protegidas, que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que \u00abEl proceso se funda en la celebraci\u00f3n de un \u2018Contrato de Asistencia T\u00e9cnica Ecopetrol Estoraques CAT \u2013 001 de 2014\u2019, PATRIMONIO NATURAL como contratante y FUNDEPARAMOS como contratista\u00bb y que \u00abPATRIMONIO NATURAL dio por terminado de forma unilateral (\u2026) bajo el supuesto incumplimiento contractual por parte de FUNDEPARAMOS y procedi\u00f3 a generar el el (sic) 31 de octubre de 2016 un \u2018Acta de liquidaci\u00f3n unilateral del contrato\u2019, en el cual procedi\u00f3 a liquidar el CONTRATO sin reconocer ning\u00fan valor, ni cuant\u00eda a pagarle al contratista FUNDEPARAMOS, con ocasi\u00f3n de las actividades realizadas dentro de la ejecuci\u00f3n del contrato\u00bb. Agreg\u00f3 que, en su demanda, aleg\u00f3 y prob\u00f3 \u00ab(\u2026) que se hab\u00eda llegado a un acuerdo bilateral de liquidaci\u00f3n contractual\u00bb que no respet\u00f3 el demandado, pero que el a quo \u00ab(\u2026) interpret\u00f3 que no hubo acuerdo de terminaci\u00f3n bilateral por cuanto que no se dio en t\u00e9rminos formales dada la falta de aprobaci\u00f3n por parte del supervisor del contrato y de la firma en el acuerdo de representante legal de Patrimonio natural\u00bb. <\/p>\n
La decisi\u00f3n de primera instancia fue apelada por la ahora tutelante y, en fallo del 26 de octubre del a\u00f1o en curso, el Colegiado atacado la confirm\u00f3. <\/p>\n
En su criterio, las autoridades judiciales convocadas \u00abincurrieron con sus fallos (\u2026) en defectos f\u00e1cticos, tanto interpretativos como probatorios\u00bb, por cuanto valoraron indebidamente las pruebas y declararon que no existi\u00f3 el acuerdo de terminaci\u00f3n bilateral entre las partes. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abLas sentencias incurrieron en el error de no aplicar al caso el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo de Comercio que establece el deber de proceder con buena fe en el periodo contractual\u00bb. <\/p>\n
Acus\u00f3 a los accionados de desconocer la jurisprudencia de esta Sala, \u00aben lo relacionado con el deber de cada Juez de valorar de manera sistem\u00e1tica el escrito de la demanda\u00bb, y de no aplicar los art\u00edculos 176 del C\u00f3digo General del Proceso y 824 y 831 del C\u00f3digo de Comercio, entre otros. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3 que los prove\u00eddos no apreciaron el hecho de que la accionada no hubiera contestado la demanda, pues \u00abninguna de las dos sentencias se pronunci\u00f3 al respecto\u00bb. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar sus derechos fundamentales y, en consecuencia, que se revoque el fallo de 26 de octubre de 2021, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
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II. RESPUESTA DEL JUZGADO VINCULADO <\/p>\n
El Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 denegar el amparo, dado que \u00ab(\u2026) el fallo primigenio ratificado se adopt\u00f3 con fundamento en las normas sustanciales y procesales aplicables al caso y luego de ponderar las probanzas acopiadas durante el juicio\u00bb. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la parte actora persigue la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, que considera vulneradas por el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, al proferir las providencias del 29 de junio y del 26 de octubre de 2021, respectivamente, denegando las pretensiones de la ahora tutelante en el proceso con radicado 2018-00550-01. <\/p>\n
2.- De manera preliminar resulta pertinente precisar que, si bien el reclamo se dirige contra providencias dictadas en primera y en segunda instancia, el presente examen se circunscribir\u00e1 a la proferida en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, pues, en \u00faltimas, fue la que defini\u00f3 el asunto objeto de controversia1. <\/p>\n
3.- De conformidad con las actuaciones procesales, se observa que el Tribunal accionado, al resolver la apelaci\u00f3n del fallo del a quo en el proceso de marras, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a confirmar la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
Para ello, resalt\u00f3 que \u00abel problema jur\u00eddico a resolver se contrae a determinar: (i) si en verdad incurri\u00f3 la Juez a quo en incongruencia pues lo solicitado en las pretensiones de la demanda tiene que ver con el abuso del derecho y no con una responsabilidad civil contractual, (ii) si est\u00e1n demostrados los elementos esenciales para la prosperidad de la acci\u00f3n y, finalmente (iii) si existi\u00f3 un error en la valoraci\u00f3n probatoria, pues en tales aspectos gira la controversia de la parte convocante\u00bb. <\/p>\n
Para efectos de resolver el primero de los interrogantes, el Tribunal se refiri\u00f3 a la importancia de la formulaci\u00f3n de las pretensiones en la demanda y su estrecha relaci\u00f3n con la parte resolutiva de la sentencia, como base del principio de congruencia. <\/p>\n
Al respecto, sostuvo que, <\/p>\n
\u00ab4.2.- En el sub-lite, se formularon varias pretensiones as\u00ed: a) que se declare que PATRIMONIO y FUNDEPARAMOS, luego de un procedimiento de negociaci\u00f3n llegaron a un acuerdo sobre la forma como liquidar\u00edan el contrato de asistencia t\u00e9cnica Ecopetrol Estoraques CAT-001 de 2014; b) que se declare que de manera arbitraria y violando la buena fe Patrimonio se neg\u00f3 a formalizar y cumplir el mismo; c) que se declare que la convocada abus\u00f3 del derecho al terminar y liquidar de forma unilateral el precitado negocio jur\u00eddico; d) que en raz\u00f3n de lo anterior la demandada caus\u00f3 perjuicios a la demandante, el que debe ser resarcido conforme a la pretensiones de \u00edndole pecuniario\u2026 <\/p>\n
4.3.- Desde esta perspectiva, aun cuando en las pretensiones no se indic\u00f3 con claridad que tipo de acci\u00f3n se intentaba, la verdad es que para adentrarse en el estudio de tales pedimentos es indispensable analizar el contrato y la forma de terminaci\u00f3n pactada por las partes, as\u00ed como si est\u00e1 demostrado que consensualmente y de forma bilateral los aqu\u00ed contendientes acordaron liquidar ese negocio jur\u00eddico de forma anticipada y si dicho acuerdo fue incumplido por el demandado caus\u00e1ndole perjuicios materiales a la convocante, lo que en \u00faltimas necesariamente deriva en una responsabilidad civil contractual. <\/p>\n
De tal modo que no resulta acertado y tampoco conveniente apartarse del negocio jur\u00eddico acordado entre las partes, pues es all\u00ed donde tiene su g\u00e9nesis este litigio, de tal modo que no equivoc\u00f3 su decisi\u00f3n la Juez de primer grado al analizar las pretensiones a la luz de la responsabilidad civil contractual, m\u00e1xime si todos los hechos que soportan los pedimientos hacen alusi\u00f3n al mismo y al incumplimiento de ese convenio por parte del demandado. <\/p>\n
Ahora bien, no se desconoce que en la pretensi\u00f3n cuarta se pide que se declare que la convocada abus\u00f3 del derecho, empero, si se miran bien las cosas no existe ni un solo argumento jur\u00eddico en el cual se sustente la misma, todo lo contrario, todos los fundamentos f\u00e1cticos tienen relaci\u00f3n justamente con el negocio jur\u00eddico, y es que n\u00f3tese que la acci\u00f3n por abuso del derecho gravita en una responsabilidad de \u00edndole extracontractual\u2026 <\/p>\n
De ah\u00ed que, haciendo una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la demanda y las propias pretensiones, es palmario inferir que la mejor forma de abordar el presunto incumplimiento, as\u00ed como la violaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa, es a la luz de las normas que regentan el acuerdo mismo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Despachado as\u00ed el primer asunto, el Colegiado procedi\u00f3 a verificar la configuraci\u00f3n de los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de responsabilidad contractual, los cuales resumi\u00f3 as\u00ed: \u00aba) la preexistencia de un v\u00ednculo convencional; b) una conducta culposa en el obligado dentro de los varios grados de culpa legalmente establecidos; c) el incumplimiento o inejecuci\u00f3n del contrato y, d) una relaci\u00f3n de causalidad entre la culpa y el perjuicio causado\u00bb. <\/p>\n
Frente al primer elemento, encontr\u00f3 que, en el sub examine, se demostr\u00f3 la existencia del Contrato de Asistencia T\u00e9cnica Ecopetrol Estoraques CAT-001 de 2014 que celebraron las partes ahora en contienda. <\/p>\n
Y, en cuanto al incumplimiento y terminaci\u00f3n del contrato, el Colegiado advirti\u00f3 que \u00abse adentrar\u00e1 (\u2026) en el estudio en conjunto de los medios de prueba adosados al plenario, a fin de determinar cu\u00e1les fueron las razones que llevaron a la demandante a pretender la liquidaci\u00f3n del contrato y si en verdad entre las partes se perfeccion\u00f3 el acuerdo de voluntades en ese sentido, y que presuntamente fue desconocido posteriormente por la convocada caus\u00e1ndole perjuicios de \u00edndole material, ya que en lo medular en dicho aspecto gravita la controversia con el prop\u00f3sito de determinar\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, entonces, que \u00ab(\u2026) curs\u00f3 pac\u00edfico en la contienda que el proyecto se ejecut\u00f3 con normalidad durante los primeros meses de vigencia, siendo el punto de quiebre entre las partes el segundo desembolso que deb\u00eda darse por valor de $129.331.164,oo a los diez meses de iniciada la ejecuci\u00f3n del contrato, en la medida que el supervisor no expidi\u00f3 la constancia de cumplimiento, raz\u00f3n por la cual despu\u00e9s de muchas desaveniencias la parte aqu\u00ed demandante tom\u00f3 la decisi\u00f3n de suspender las obras en el proyecto y en enero de 2016 pidi\u00f3 la liquidaci\u00f3n anticipada del contrato, instal\u00e1ndose las mesas de negociaciones en las cuales participaron colaboradores de ambas partes y en algunas de ellas el supervisor de ese negocio jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, el Tribunal accionado valor\u00f3 la declaraci\u00f3n de Luis Hernando Meneses Moreno, Jefe de \u00c1rea Protegida Los Estoraques, trabajador de la demandada y supervisor del contrato, quien adujo que, a ra\u00edz del incumplimiento del contratista, en su momento sugiri\u00f3 proceder a la terminaci\u00f3n unilateral del contrato; igualmente, estudi\u00f3 los testimonios de William Giovanny Laguado Cervantes, Carolina Giraldo Duque, Mar\u00eda Cristina Mej\u00eda Ayala y Doris Fajardo, as\u00ed como los interrogatorios de parte de los representantes legales de los extremos procesales y frente a ellos determin\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de las declaraciones rese\u00f1adas en precedencia, as\u00ed como de las pruebas documentales obrantes en el proceso es evidente que, antes de la solicitud de terminaci\u00f3n anticipada realizada por la contratista- se instalaron unas mesas de trabajo, en las cuales se hicieron visitas de campo con el fin de tener cierto grado de certeza de cu\u00e1les eran los avances de la obra, y as\u00ed llegar a un acuerdo en punto del segundo desembolso y, es que m\u00e1s exactamente, en la celebrada el 15 de julio de 2015, se plasm\u00f3 que: <\/p>\n
41) interviene el Ingeniero William y dice que de acuerdo al informe de Interventor\u00eda no se ejecut\u00f3 el 80%, que siendo consientes (sic) es m\u00e1s o menos un 65%, la Dra. Sonia interviene diciendo que ese porcentaje no est\u00e1 lejano del 80%, entonces ser\u00eda conveniente calcular en dinero a que (sic) corresponde el porcentaje del 65% y que sea ese valor el que PATRIMONIO NATURAL le reconozca a FUNDEP\u00c1RAMOS, realizan el c\u00e1lculo y da como resultado NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M\/CTE. (96.000.000.ooM\/CTE.), el Ingeniero William despu\u00e9s de pedir autorizaci\u00f3n al Director Ejecutivo de PATRIMONIO NATURAL por este monto, le informa al Sr. Hugo que es necesario que los documentos junto con el acta de esta reuni\u00f3n en donde se llega a este nuevo acuerdo (Acta de conciliaci\u00f3n que ser\u00e1 elaborada por las abogadas de las partes, la Dra. Sonia por parte de FUNDEP\u00c1RAMOS y la Dra. Carolina por parte de PATRIMONIO NATURAL), sean entregados para que PATRIMONIO NATURAL proceda al desembolso respectivo a favor de FUNDEP\u00c1RAMOS. <\/p>\n
En este orden de ideas, es de colegir que todas las mesas celebradas en el a\u00f1o 2015 no tuvieron como prop\u00f3sito llegar a un acuerdo en punto de la terminaci\u00f3n bilateral del contrato, sino esas visitas de campo ten\u00edan como fin documentarse en punto del avance de las obras y as\u00ed concluir si se podr\u00eda efectuar o no el segundo desembolso, pues es evidente, que la liquidaci\u00f3n anticipada se dio en la anualidad siguiente. <\/p>\n
Ahora, las partes son coincidentes en afirmar que durante el primer semestre del 2016, se llevaron a cabo varias reuniones entre colaboradores de Fundep\u00e1ramos y Patrimonio Natural, en las cuales incluso particip\u00f3 Ecopetrol, en la medida que era el aportante de los recursos con los cuales se desarrollaba el proyecto, ellas concluyeron con un principio de acuerdo, sin embargo, al revisar con detenimiento esa documental (pag, 119 a 123, pdf, 1), es de anotar que a las mismas no asisti\u00f3 el representantes legal de la demandada y no existe ning\u00fan documento que permita inferir de manera razonada que aquel hab\u00eda otorgado poder en alguno de sus trabajadores con la facultad de obligar al Patrimonio Natural, al tiempo, es menester recordar que cuando se realiz\u00f3 el interrogatorio de parte al mismo fue enf\u00e1tico en afirmar que, los principios de acuerdo, deb\u00edan ser avalados por \u00e9l, lo que no ocurri\u00f3 en punto de la terminaci\u00f3n ya que no estuvo de acuerdo con ese proyecto de acta de liquidaci\u00f3n bilateral, pues no pod\u00eda pasar desapercibido lo conceptuado por la Contralor\u00eda, sin embargo, la remiti\u00f3 a Parques Naturales para que el Supervisor del contrato emitir\u00e1 su pronunciamiento, de lo cual resulta claro que mientras los acuerdos no fueran aprobados por la persona debidamente autorizada para ese prop\u00f3sito de modo alguno puede afirmarse categ\u00f3ricamente que entre las partes naci\u00f3 el acuerdo consensual para liquidar de forma bilateral el contrato objeto de la litis. <\/p>\n
Mediando el anterior estrado de cosas, es claro para la Sala que de las mesas de negociaciones efectuadas, en principio, se habl\u00f3 de un posible acuerdo y sobre el cual se proyect\u00f3 un documento \u2018ACTA DE TERMINACI\u00d3N ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO Y LIQUIDACI\u00d3N DEL CONTRATO DE ASISTENCIA T\u00c9CNICA No. ECOPETROL ESTORAQUES -CAT-001 DE 2014 CELEBRADO ENTRE PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y \u00c1REAS PROTEGIDAS Y LA FUNDACI\u00d3N PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE P\u00c1RAMO Y SU \u00c1REA DE INFLUENCIA FUNDEP\u00c1RAMOS\u2019, empero, es evidente por las razones que vienen de anotarse que el consentimiento de la demandada no se dio, no porque no haya firmado, sino porque se insiste, el representante legal de Patrimonio Natural no estuvo presente es esas reuniones y tampoco aprob\u00f3 ese documento, a tal punto que todos los testigos fueron coincidentes en se\u00f1alar que dicho acuerdo estaba sujeto a aprobaci\u00f3n de Patrimonio Natural y siempre y cuando el supervisor del contrato diera el visto bueno, ya que era \u00e9l la persona encargada de determinar si efectivamente los avances del proyecto llegaron a un 65%, quien en \u00faltimas emiti\u00f3 concepto t\u00e9cnico en el cual deja entrever todos los incumplimiento presentados, y es que seg\u00fan su dicho la sugerencia de \u00e9l era terminar el contrato de forma unilateral porque en su criterio los avances no alcanzaban ni el 50%\u00bb. <\/p>\n
4.- De lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n rebatida no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente ilegal, pues se motiv\u00f3 razonadamente, teniendo en cuenta las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite y las probanzas allegadas, todo lo cual llev\u00f3 al Tribunal a confirmar la decisi\u00f3n del a quo y denegar las pretensiones de la ahora tutelante. <\/p>\n
En efecto, en forma motivada y razonada, el Colegiado concluy\u00f3 que las partes celebraron el Contrato de Asistencia T\u00e9cnica Ecopetrol Estoraques CAT-001 de 2014, que inicialmente se ejecut\u00f3 conforme con lo pactado, pero que, en 2015, ante los incumplimientos del contratista -ahora tutelante-, se abrieron unas mesas de negociaci\u00f3n para determinar el avance del contrato, oportunidad en la cual Fundep\u00e1ramos pidi\u00f3 acordar una terminaci\u00f3n mutua del contrato, acuerdo que nunca se perfeccion\u00f3, por cuanto el contratante no prest\u00f3 su consentimiento para ello -ni verbalmente ni por escrito-. <\/p>\n
Con base en estas probanzas, el Colegiado concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab9.- Todo lo anterior permite colegir sin asomo de duda que los reparos formulados por el censor no pueden abrirse paso, en la medida que como ampliamente se expuso en precedencia no existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n de las pruebas que analizadas en su conjunto derivan en la conclusi\u00f3n que el acuerdo determinaci\u00f3n bilateral no se dio, no porque no haya sido firmado, sino porque este no fue aprobado por el representante legal de Patrimonio Natural, ya que era \u00e9l el facultado para obligar a dicha entidad y no alguno de sus colaboradores, de ah\u00ed que es l\u00f3gico afirmar que no existi\u00f3 consensualidad para ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Ahora bien, es menester precisar que esta demanda no fue planteada como un enriquecimiento sin justa causa de ah\u00ed que dicho alegato resulta ser un punto nuevo sobre el cual no tuvo la oportunidad de pronunciarse la parte demandada, de tal modo, que dicho aspecto no puede ser analizado en esta instancia pues de hacerlo se vulnerar\u00eda el derecho del debido proceso del convocado. <\/p>\n
Finalmente, no se avizora la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculo 1536,1538, 1543, 1602, 1603, 1609, 1618,1622, 1624 y 1625 del C\u00f3digo de Civil, pues fue justamente haciendo una interpretaci\u00f3n en conjunto de las cl\u00e1usulas del contrato, as\u00ed como de todas los medios de convicci\u00f3n adosados a la causa que se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que no est\u00e1n demostrados los elementos esenciales de la acci\u00f3n de responsabilidad, sin que se pudiera analizar este litigio haciendo abstracci\u00f3n del contrato puesto que como se advirti\u00f3 desde el inicio resultaba indispensable enmarcarlo dentro de este \u00e1mbito y no por la acci\u00f3n del abuso del derecho, ya que \u00e9sta es eminentemente extracontractual, sumado a la circunstancia que aqu\u00ed tampoco se logr\u00f3 demostrar la supuesta mala fe endilgada a la convocada, todo lo contrario, es evidente que su actuaci\u00f3n se ajust\u00f3 al postulado de la buena fe contractual. <\/p>\n
Y es que causa perplejidad a la Sala que el actor pretenda darle efectos jur\u00eddicos al proyecto de acta de terminaci\u00f3n bilateral haciendo abstracci\u00f3n de todos los m\u00f3viles que rodearon esa negociaci\u00f3n, los cuales fueron ampliamente expuestos por las personas que participaron en esas mesas de trabajo\u00bb. <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la gestora con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Adicionalmente, en cuanto ata\u00f1e a la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues, como lo ha establecido esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
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\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia(\u2026)\u2019\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
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En el sub examine, no es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n y a un nuevo an\u00e1lisis de las probanzas allegadas al plenario, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como se dijo atr\u00e1s, la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra motivada razonadamente, con base en las pruebas consideradas, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
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Asimismo, esta Sala ha se\u00f1alado, en reiterada y profusa jurisprudencia, que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u2019\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01). <\/p>\n
6.- De otro lado, en lo relativo a que, para tomar su decisi\u00f3n, las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta que la parte accionada no contest\u00f3 la demanda, no se advierte que esa circunstancia hubiere sido alegada en la sustentaci\u00f3n de su recurso de apelaci\u00f3n2 y, en la medida en que fue apelante \u00fanico, el ad quem estaba compelido a ce\u00f1irse a la pretensi\u00f3n impugnatoria, en los t\u00e9rminos del inciso primero del art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, debe destacarse que, en lo que ata\u00f1e a los efectos de presunci\u00f3n de certeza de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n derivados de la falta de contestaci\u00f3n de la demanda, esta Sala tiene establecido que \u00abciertamente, el C\u00f3digo General del Proceso le atribuye un efecto probatorio a la falta o deficiente contestaci\u00f3n de la demanda, en raz\u00f3n de la presunci\u00f3n de certeza de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n\u00bb, no obstante, \u00abno es menos necesario memorar que la confesi\u00f3n, como medio de prueba, debe valorarse cr\u00edticamente en conjunto con los dem\u00e1s instrumentos demostrativos, de acuerdo con las reglas de la experiencia y la l\u00f3gica y, por tanto, de ella no resulta una verdad procesal absoluta e intangible. No es extra\u00f1o entonces que el mismo estatuto procesal, en el art\u00edculo 197, disponga que respecto de la confesi\u00f3n es admisible la prueba en contrario\u00bb (Se subraya) CSJ STC 7234-2020). <\/p>\n
7.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular, la jurisprudencia ha considerado que, \u00abaunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Archivo \u201c06MemorialSustentacionRecursodeApelacion.pdf\u201d en el expediente digital del proceso con radicado n\u00famero 2018-00550-01. <\/p>\n
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STC17453-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC17453-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04488-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por la Fundaci\u00f3n para el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60377","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60377","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60377"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60377\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60377"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60377"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60377"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}