STC17462-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17462-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01190-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 31 de agosto de 2021, que deneg\u00f3 el amparo promovido por Carlos Efr\u00e9n C\u00e1ceres contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Santa Marta. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes e interesados en los derechos de petici\u00f3n presentados por el actor. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, igualdad, debido proceso, trabajo, salud, y vida digna, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Manifest\u00f3 que mediante Acuerdo No. 179 de 2009 se \u00abcre\u00f3 y abri\u00f3 la Convocatoria para cargos en la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial en Santa Marta\u00bb. Tr\u00e1mite frente al cual, expres\u00f3 que cumpli\u00f3 \u00abtodas las etapas reglamentadas en la Convocatoria\u00bb, y clasific\u00f3 \u00abpara los cargos de auxiliar administrativo grado 3, asistente administrativo grado 5 y asistente administrativo grado7\u00bb. Asimismo, mencion\u00f3 que en contestaci\u00f3n a su solicitud, le informaron que \u00abtuvo un puntaje total de 93 de los 100 posibles de obtener\u00bb. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 que la Presidenta del Consejo superior de la Judicatura, comunic\u00f3 \u00abla aprobaci\u00f3n de unos cargos permanentes para las Direcciones Seccionales. Para la Seccional de Santa Marta se autoriz\u00f3 crear los cargos de: 1 asistente administrativo grado 5, y 1 profesional universitario grado 9\u00bb. Por ello, se\u00f1al\u00f3 que envi\u00f3 peticiones a la \u00abDirecci\u00f3n de Carrera Judicial y a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, solicitando explicaciones sobre \u00abc\u00f3mo se deb\u00eda dar la selecci\u00f3n de la persona que iba a ser nombrado en PROPIEDAD en el cargo de: ASISTENTE ADMINISTRATIVO Grado 5, aprobado mediante el Acuerdo PCSJA20-11606 de julio de 2020\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, anot\u00f3 que el 14 de agosto de 2021, radic\u00f3 \u00abpetici\u00f3n dirigida a la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Santa Marta, pidiendo informaci\u00f3n c\u00f3mo se har\u00eda la escogencia del candidato a cubrir el cargo vacante reci\u00e9n aprobado\u00bb, por ser el candidato \u00abdirectamente elegible\u00bb. De cara a su solicitud, afirm\u00f3 que la entidad contest\u00f3 que \u00aba la fecha no se cuenta con el registro de elegibles vigente\u00bb y nombr\u00f3 a otra persona en provisionalidad. Por lo que fue movido de ese cargo, el cual ven\u00eda ocupando en provisionalidad. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que el 27 de agosto de 2020, recibi\u00f3 respuesta por parte de la Direcci\u00f3n de Carrera Judicial, comunicando que el art\u00edculo 4 \u00b0 del Acuerdo PCSJA20-11606 establece que \u00abpara los nombramientos de los cargos de carrera de que trata el presente acuerdo se deber\u00e1n tener en cuenta las listas de elegibles vigentes\u00bb. Refiri\u00f3 que el 1\u00b0 de septiembre de 2020 fue trasladado de \u00abla Direcci\u00f3n Seccional a la Oficina Judicial a apoyar el reparto de demandas\u00bb, oficio que en su consideraci\u00f3n es \u00abtortuoso por el alto n\u00famero de demandas que se reciben diariamente y por el poco personal asignado [\u2026] para atender esa labor\u00bb. <\/p>\n
2.4. Expres\u00f3 que el 24 de marzo de los corrientes, envi\u00f3 \u00abpetici\u00f3n al Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica y a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil\u00bb, exponiendo el nombramiento provisional que se hizo frente al cargo creado. Frente a ello, el Departamento aludido remiti\u00f3 la solicitud al Consejo Superior de la Judicatura el 7 de abril de la misma anualidad. Y, el 8 siguiente, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, inform\u00f3 que esa entidad \u00abno tiene injerencia alguna frente a los empleos de carrera pertenecientes a la Rama Judicial, ni respecto a los servidores que ejercen funciones en las mismas. En consecuencia, no es posible emitir un concepto sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, el promotor, por v\u00eda de tutela, adujo la vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, por cuanto remiti\u00f3 \u00abpeticiones [\u2026] la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, para que [le] explicaran c\u00f3mo ser\u00eda el proceso para la escogencia para el cargo de asistente administrativo grado 5\u00bb. Y frente a ello, sostuvo que nunca tuvo respuesta. Adem\u00e1s, por cuanto interpuso \u00abderecho de petici\u00f3n el 24 de marzo de 2021 ante el Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica\u00bb, y el \u00ab7 de abril de 2021 en la respuesta que [le] dan [le] informan que hab\u00edan dado traslado de [su] caso a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, pero esta entidad tampoco dio ninguna respuesta de fondo al traslado que se le hab\u00eda hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se le declare como \u00abuna persona disminuida en [su] capacidad laboral y en consecuencia que deb[e] gozar de especial protecci\u00f3n por parte del Estado y de [su] empleador\u00bb. Que se ordene \u00abal Consejo Superior de la Judicatura para que, d\u00e9 respuesta extempor\u00e1nea, completa y de fondo, a las peticiones que present[\u00f3] el 4 de agosto y 6 de octubre de 2020\u00bb. Y, que se \u00abpronuncie respecto del traslado de la petici\u00f3n de manera extempor\u00e1nea, completa y de fondo, que le remiti\u00f3 el Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica el 7 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se reconozca \u00abla violaci\u00f3n del derecho que [tiene] como empleado del Sistema de Carrera Administrativa, en consecuencia, del Restablecimiento de derechos, [le] devuelvan el nombramiento en provisi\u00f3n del cargo creado por el Acuerdo No. 11606 de 2020, como asistente administrativo grado 5 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Yennit Adriana C\u00e1ceres Serna, sostuvo que no le asiste raz\u00f3n al actor de cara a los derechos que alega, pues para el \u00abcaso del registro o registros para los cargos que el [accionante] particip\u00f3 ya fenecieron los mismos, pues su vigencia estuvo a partir del d\u00eda 17 de marzo de 2016\u00bb1. <\/p>\n
2. El Consejo Superior de la Judicatura, a trav\u00e9s de la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, anot\u00f3 que no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable y que no existe amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por el accionante, ya que dio contestaci\u00f3n a todas las peticiones elevadas por este2. <\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, pues no \u00abest\u00e1 llamada a resolver el problema jur\u00eddico planteado por el accionante\u00bb3. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Santa Marta, requiri\u00f3 la declaratoria de improcedencia del amparo, toda vez que existen \u00abotros mecanismos y recursos ordinarios de defensas id\u00f3neos para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos que se invocan como fundamentales\u00bb. Y no se encuentra probada la \u00abocurrencia inminente de un perjuicio irremediable [\u2026] que permita utilizar la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio\u00bb4. <\/p>\n
5. El director jur\u00eddico del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica, expuso que \u00abno hay lugar a la vulneraci\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental a los que hace alusi\u00f3n el accionante, [\u2026] como quiera que se dio traslado a la entidad competente de dar respuesta a lo solicitado por el accionante, debemos se\u00f1alar que este Departamento Administrativo desconoce los hechos que motivaron la presente acci\u00f3n, no tiene injerencia en los mismos, por lo tanto, debe ser desvinculado\u00bb5. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal constitucional a quo neg\u00f3 el amparo, al considerar que la queja frente a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n de Santa Marta, no es procedente, en la medida que lo informado por \u00e9sta a trav\u00e9s de contestaci\u00f3n del 24 de agosto del 2020, con relaci\u00f3n a que la lista de selecci\u00f3n estaba vencida, encuentra fundamento en el art\u00edculo 165 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia. <\/p>\n
Finalmente, en lo tocante con el desacuerdo por la respuesta emitida por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, consider\u00f3 que \u00abno resulta irrazonable, incompleta o caprichosa, como tampoco transgresora de derechos, pues la entidad accionada de conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 130 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dispone que [dicha entidad] es responsable de la administraci\u00f3n y vigilancia de las carreras de los servidores p\u00fablicos, con excepci\u00f3n de las que tengan car\u00e1cter especial, como sucede en la carrera judicial, por lo que sin tener competencia para ello no est\u00e1 obligada a emitir un concepto sobre un nombramiento de esa naturaleza\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, se\u00f1alando que se desconoci\u00f3 \u00abla especial protecci\u00f3n con la que [cuentan] las personas en situaci\u00f3n de discapacidad o en debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, violando [su] derecho a la igualdad, a la vida, digna, y a tener un mejor m\u00ednimo vital, para llevar en forma digna [su] proceso de salud\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, destac\u00f3 que no se tuvo en \u00abcuenta las respuestas dadas por los accionados, en este caso, por la presidenta del Consejo Seccional del Magdalena CSJMAOP-2019 de 12 de agosto 2020, la Directora de la Unidad de Carrera Judicial, en oficios CJ020-2917 del 26 de agosto 2020 y CSJ021-3649 del 25 de agosto de 2021 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica garantiza el derecho fundamental de petici\u00f3n de todas las personas a dirigirse ante las autoridades. Y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes formuladas en inter\u00e9s general o particular. En tal sentido, la contestaci\u00f3n emitida debe concernir con lo reclamado y ha de enterarse en el t\u00e9rmino correspondiente, sin que ello implique, el acogimiento de fondo del asunto. <\/p>\n
2. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por el accionante, pues en su consideraci\u00f3n, no han contestado las peticiones elevadas o lo hicieron de forma incompleta, sin tener en cuenta su condici\u00f3n de \u00abdiscapacidad\u00bb. <\/p>\n
3. Pues bien, en lo tocante a la queja esbozada contra la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, por no contestar el derecho de petici\u00f3n concerniente a determinar el procedimiento para ocupar el cargo de asistente administrativo grado 5, creado mediante Acuerdo PCSJA20-11606 del 27 de julio de 2020, la Sala advierte el decaimiento de la censura, pues dicho t\u00f3pico ya fue objeto de an\u00e1lisis y pronunciamiento constitucional. <\/p>\n
Lo anterior es as\u00ed, dado que la Secci\u00f3n Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con providencia del 27 de mayo de 2021, resolvi\u00f3 denegar \u00abla solicitud de tutela elevada por el se\u00f1or Carlos Efr\u00e9n C\u00e1ceres\u00bb, referente al cuestionamiento anotado6. As\u00ed las cosas, de las verificaciones del legajo, se sigue que la jurisdicci\u00f3n constitucional ya efectu\u00f3 un pronunciamiento en torno a las circunstancias planteadas, por lo que ante el nuevo ejercicio de esta excepcional v\u00eda debe declararse su improcedencia. M\u00e1xime que no se constata motivo v\u00e1lido que justifique el proceder del gestor. <\/p>\n
4. Por otro lado, con relaci\u00f3n al lamento referente a que el Consejo Superior de la Judicatura no ha contestado la petici\u00f3n que le fue remitida por competencia por parte del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica el 7 de abril de 2021, esta Sala concluye la improcedencia del amparo, habida cuenta que se configur\u00f3 la \u00abcarencia actual de objeto por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
En efecto, del an\u00e1lisis probatorio del expediente, se observa que la autoridad querellada a trav\u00e9s de la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial, con oficio CJO21-3649 del 25 de agosto de la presente anualidad respondi\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] La Ley 270 de 1996 se\u00f1ala que la carrera judicial tiene como fundamento el car\u00e1cter profesional de funcionarios y empleados, la eficacia de su gesti\u00f3n, la garant\u00eda de igualdad en las posibilidades de acceso a la funci\u00f3n para todos los ciudadanos aptos al efecto y la consideraci\u00f3n del m\u00e9rito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoci\u00f3n en el servicio. A efectos de ocupar los cargos de carrera en la Rama Judicial, se requiere, adem\u00e1s de los requisitos de ley, haber superado satisfactoriamente el proceso de selecci\u00f3n aprobado en las evaluaciones previstas en la ley y de conformidad con los reglamentos que expida el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
Bajo estos t\u00e9rminos, la carrera judicial cuenta con un sistema especial contenido en la Ley 270 de 1996, por lo que, las normas de carrera administrativa contempladas en la Ley 909 de 2004 y dem\u00e1s normas que la complementan o adicionan, solo le resultan aplicables con car\u00e1cter supletorio, en caso de presentarse vac\u00edos en la normatividad especial, de conformidad con lo se\u00f1alado en el numeral 2 del art\u00edculo 3\u00b0 de dicha preceptiva. <\/p>\n
En este orden, el art\u00edculo 132 de la Ley 270 de 1996, establece la forma de provisi\u00f3n de cargos en la Rama Judicial, dentro de la cual se encuentra el nombramiento en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designaci\u00f3n por el sistema legalmente previsto. <\/p>\n
Por lo tanto, se constata que lo peticionado el 24 de marzo de los corrientes, fue plenamente atendido por la entidad querellada y notificado al correo electr\u00f3nico7 del actor. All\u00ed se explic\u00f3 de forma clara y puntual la provisi\u00f3n de cargos al interior en la Rama Judicial. As\u00ed las cosas, la reclamaci\u00f3n que enfil\u00f3 el suplicante fue acatada por la entidad accionada, lo cual denota que la queja perdi\u00f3 eficacia frente a la censura propuesta. <\/p>\n
Ciertamente, en lo tocante con la figura que viene de memorarse, esta Corporaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que la tutela debilita su fuerza \u00abbien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo\u00bb, por lo que como \u00abse pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo\u00bb (CSJ STC8051-2020, 1\u00ba oct, rad 2020-02516-00). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n al reproche propuesto en contra de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Santa Marta -al nombrar en el cargo de administrativo grado 5 a otra persona provisionalmente-, se resalta la contestaci\u00f3n emitida por dicha entidad el 24 de agosto de 2020. En efecto, manifest\u00f3 que \u00abel nombramiento se deber\u00e1 tener en cuenta las listas de elegibles vigentes\u00bb, pues el \u00abConsejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, mediante oficio No. CSJMAOP20-199 de fecha 17 de julio de 2020, notific\u00f3 a es[a] Direcci\u00f3n Seccional que el registro de elegibles para el cargo Asistente Administrativo grado 5 conformado mediante la Resoluci\u00f3n CSJMGR16-134 del 17 de marzo de 2016 se encuentra vencido toda vez que ya transcurrieron m\u00e1s de 4 a\u00f1os de haber sido expedido\u00bb8. Todo ello, encuentra sustento en lo reglado por el art\u00edculo 165 de la Ley 270 de 19969. <\/p>\n
En ese orden, el nombramiento provisional de la otra persona en dicha dependencia era viable, pues los cargos en propiedad se destinan para aquellos donde exista una vacante definitiva. Y en este caso, al ser un acto propio de la autoridad nominadora, la necesidad de proveer el cargo y en raz\u00f3n a que no hab\u00eda listas de elegibles vigentes de las cuales pudiera ser seleccionada una persona en propiedad, era factible lo acaecido. As\u00ed las cosas, resultan improcedentes los cuestionamientos expuestos contra la mentada entidad. <\/p>\n
6. Sumado a lo anterior, y en atenci\u00f3n a lo alegado por el actor referente a que se encuentra en una situaci\u00f3n de discapacidad y la labor que actualmente realiza es \u00abtortuosa\u00bb para su bienestar, la Sala advierte que lo expuesto no es susceptible de ser remediado a trav\u00e9s de esta senda, por cuanto el accionante cuenta con los recursos internos en su sede laboral, donde puede exponer, conforme a su patolog\u00eda, los cambios que estima deben hacerse con el fin de mejorar su salud. Lo anterior, debido a que la tutela no es la herramienta para llevar a cabo dicha protecci\u00f3n, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, y de cara al cuestionamiento elevado por el promotor frente a lo expresado por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, con relaci\u00f3n a que \u00abno tiene injerencia alguna frente a los empleos de carrera pertenecientes a la Rama Judicial\u00bb y, por tanto, \u00abno es posible emitir un concepto sobre el particular\u00bb, esta Corporaci\u00f3n, luego de analizar la respuesta otorgada el 9 de abril de 2021, encuentra que lo consignado all\u00ed tiene fundamento en la Ley 909 de 2004, pues su campo de aplicaci\u00f3n atiende la carrera administrativa respecto de determinadas categor\u00edas, en las cuales, no se encuentra la Rama Judicial. Ello pues, dada la naturaleza de esta \u00faltima, est\u00e1 gobernada por una reglamentaci\u00f3n distinta \u2013Ley 270 de 1996-. En ese orden, lo consignado en la respuesta no se advierte antojadizo o irrazonable. <\/p>\n
En el punto, la Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita\u00bb (se resalta – CSJ STC de 19 de marzo. 2014, Rad. 00053- 01, reiterado en STC15253-2021). <\/p>\n
8. Consecuente con lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado por las razones aqu\u00ed consignadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 24 de agosto de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 25 de agosto de 2021. <\/p>\n
3\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 25 de agosto de 2021. <\/p>\n
5\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 26 de agosto de 2021. <\/p>\n
6\u0002 Archivo Word \u00ab5. Fallo 1ra. Instancia\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 ccacere@cendoj.ramajudicial.gov.co. <\/p>\n
8\u0002 Folios 29 a 30 de los anexos del escrito de tutela. <\/p>\n
9\u0002 ART\u00cdCULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES. [\u2026] La inscripci\u00f3n individual en el registro tendr\u00e1 una vigencia de cuatro a\u00f1os. Durante los meses de enero y febrero de cada a\u00f1o, cualquier interesado podr\u00e1 actualizar su inscripci\u00f3n con los datos que estime necesarios y con \u00e9stos se reclasificar\u00e1 el registro, si a ello hubiere lugar. <\/p>\n
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STC17462-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC17462-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01190-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60378","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60378"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60378\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60378"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60378"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}