STC17467-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17467-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-02262-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 del 21 de octubre de 2021, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Fredy Antonio T\u00e9llez Rueda contra el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Fredy Antonio T\u00e9llez Rueda promovi\u00f3 demanda de responsabilidad civil extracontractual contra los herederos1 de Delfio Soto Angulo (q.e.p.d.), ante el incumplimiento de su obligaci\u00f3n de crear una hijuela para el pago de las deudas constituidas a su favor, seg\u00fan lo dispuesto en la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 el 28 de febrero de 2008. <\/p>\n
2.2. Por reparto, el asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1, el cual, con fallo del 15 de marzo de 2021, resolvi\u00f3 acoger la excepci\u00f3n propuesta por los demandados -\u00ab[c]ulpa exclusiva de la v\u00edctima\u00bb-. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. Sin embargo, el despacho Cuarenta Civil del Circuito de la misma ciudad, con providencia del 26 de agosto de 2021 decidi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, el actor, por v\u00eda de tutela, sostuvo que el proceder del estrado judicial accionado incursion\u00f3 en una causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico y sustantivo. Ello pues, no apreci\u00f3 en conjunto los medios probatorios allegados al plenario ni aplic\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 176 del C.G.P., lo que deriv\u00f3 en un resultado parcializado en el tr\u00e1mite debatido. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Andr\u00e9s Camargo Valderrama, quien adujo ser el apoderado de los herederos de Delfio Soto \u00c1ngulo, manifest\u00f3 que \u00abni el JUZGADO 40 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA, el JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA y los herederos del se\u00f1or DELFIO SOTO ANGULO (q.e.p.d) [\u2026] han obrado en contra de la ley Civil y Procesal colombiana y mucho menos en contra de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica colombiana, jam\u00e1s han violado o desconocido los derechos fundamentales ni del ABOGADO FREDY ANTONIO TELLEZ RUEDA ni de nadie, por las razones claramente expuestas en la sentencia proferida por el Juez de primera instancia y por el Juez de segunda instancia quien a su sano juicio y critica confirmo la sentencia emitida por el Juez 39 Civil Municipal de Bogot\u00e1\u0301, por las pruebas que existen dentro del expediente de la referencia como son las documentales y los interrogatorios de parte realizados tanto al demandante como a los demandados [\u2026]\u00bb. Agreg\u00f3 que, \u00abno hay derechos fundamentales conculcados, por lo que no es necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional y [\u2026] que no es procedente la acci\u00f3n de tutela\u00bb. Por tanto, pidi\u00f3 negar el amparo implorado. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1, luego de relatar lo acaecido en el litigio cuestionado, indic\u00f3 que \u00abno [\u2026] ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante y por ende no existe causal de procedibilidad de la presente acci\u00f3n de tutela contra este despacho judicial, conforme los diferentes lineamientos que sobre el tema ha se\u00f1alado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la H. Corte Suprema de Justicia, aunado a que se ha respetado en su totalidad los t\u00e9rminos procesales correspondientes, as\u00ed\u0301 como el debido proceso de las partes intervinientes en el proceso radicado 11001400303920170157000\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que los \u00abmedios probatorios con los que seg\u00fan el dicho del tutelante, se infiere que el cr\u00e9dito que dio origen a la acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual hacia parte de la sucesi\u00f3n del causante Delfio Soto \u00c1ngulo, cuyo trabajo de partici\u00f3n fue aprobado en auto del 6 de mayo de 2013. Lo anterior porque en el tr\u00e1mite del que se queja el tutelante, este asevero\u0301 que tuvo conocimiento que en la diligencia de inventarios y aval\u00faos no se incluy\u00f3\u0301 su deuda como pasivo de la herencia, siendo ese el momento la etapa procesal oportuna para formular las objeciones del caso en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 502 del C\u00f3digo General del Proceso, tal como se le explico\u0301 en el prove\u00eddo cuestionado\u00bb. As\u00ed, coment\u00f3 que \u00absu actuar fue tard\u00edo en la medida que permiti\u00f3\u0301 la caducidad de la acci\u00f3n ejecutiva y la prescripci\u00f3n de los derechos contenidos en las decisiones emanadas del Juzgado Quinto (5\u00b0) Laboral del Circuito de Bogot\u00e1\u0301 D.C., lo que se debe \u00fanicamente a su negligencia e inoperancia para promover la demanda que la ley autoriza. Y dado que fue acertado el fallo en lo tocante a que no se probaron los elementos constitutivos de la responsabilidad, espec\u00edficamente el de la culpa, porque en el plenario \u00fanicamente se logr\u00f3\u0301 demostrar que uno de los demandados efectu\u00f3\u0301 una conducta antijur\u00eddica por haber tenido conocimiento del cr\u00e9dito en discusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, solicit\u00f3 \u00abno se acceda al amparo deprecado en lo que a este Juzgado respecta y que de esta forma se tenga por contestada su solicitud, quedando atenta a cualquier requerimiento adicional\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo, al estimar que \u00abel accionante no expone al juez de tutela las razones por las cuales considera que el asunto que somete a su conocimiento tiene una especial o evidente relevancia constitucional, exigencia argumentativa que no luce desproporcionada para quien es abogado\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, explic\u00f3 que \u00abno se cumple el presupuesto general que se estudia, pues lo que pretende el accionante es que el juez de amparo califique la manera en que el juez accionado valoro\u0301 las pruebas, que por esta v\u00eda se imponga su particular criterio de c\u00f3mo debieron apreciarse y la conclusi\u00f3n a la que suponte debi\u00f3\u0301 llegar el funcionario judicial, en otras palabras, que el recurso especial, subsidiario y residual de amparo sirva para debatir cuestiones de mera legalidad y no de constitucionalidad y se convierta en una instancia de correcci\u00f3n de la estrategia procesal que con apego a su criterio profesional utilizo\u0301 para la satisfacci\u00f3n de las anotadas acreencias laborales\u00bb. <\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien se opuso a lo dispuesto por el a quo constitucional. En concreto, expres\u00f3 que el Tribunal no consider\u00f3 que las pruebas no fueron <\/p>\n
\u00ab[O]bservadas para decidir el recurso de amparo, [\u2026] obrantes en el proceso y se hayan relacionadas en la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el suscrito ciudadano bajo los ac\u00e1pites de \u201cDefecto F\u00e1ctico\u201d y \u201cDefecto Sustantivo\u201d y, toda vez, que en ninguna de las sentencias proferidas por el ad-quo y el ad-quem, como en la providencia ac\u00e1\u0301 apelada, hay menci\u00f3n a las mismas, me permito reproducirlas y adjuntarlas (junto con el memorial con que se allegaron) para efectos de visibilizarlas, por cuanto pareciera, que pese a que las mismas fueron aportadas al proceso del Juzgado 39 Civil Municipal, tanto el Juzgado 40 Civil del circuito, como el Tribunal de Tutela no hacen referencia a las mismas [\u2026] al omitir el Juzgado accionado la valoraci\u00f3n de un conjunto de pruebas puestas bajo su conocimiento. Es precisamente la violaci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso, la raz\u00f3n de ser de la acci\u00f3n de tutela y de all\u00ed\u0301 se desprende la procedencia para que se estudie de fondo\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor se duele de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 26 de agosto de 2021, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del despacho Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 del 15 de marzo de la cursante anualidad. Ello pues, estim\u00f3 que se omiti\u00f3 valorar en conjunto los medios probatorios allegados al plenario, configurando as\u00ed, un defecto f\u00e1ctico y sustantivo que amerita la perentoria salvaguarda. <\/p>\n
2. Sobre el particular, revisado el expediente, se observa que la autoridad judicial accionada al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que se habr\u00eda paso a confirmar la providencia del a quo. Para ello, comenz\u00f3 por explicar el r\u00e9gimen de responsabilidad civil. En tal sentido, cit\u00f3 un precedente de la Corte Suprema de Justicia para apuntalar que \u00ablos requisitos que la ley exige para que el perjuicio que sufre una persona pase a ser responsabilidad de otra son: la presencia de un da\u00f1o jur\u00eddicamente relevante; que este sea normativamente atribuible al agente a quien se demanda la reparaci\u00f3n; y que la conducta generadora del da\u00f1o sea jur\u00eddicamente reprochable (en los casos de responsabilidad com\u00fan por los delitos y las culpas)\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo dicho, destac\u00f3 que el demandante ten\u00eda \u00abla carga de acreditar la presencia de los elementos de la responsabilidad civil, esto es, a) el da\u00f1o, b) la culpa y c) el nexo causal, frente a lo cual hay que tener claro que de faltar alguno de estos, las pretensiones no pueden abrirse paso\u00bb. <\/p>\n
Atendiendo tales consideraciones, el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito verific\u00f3 que \u00abla culpa de las circunstancias que trajeron las consecuencias patrimoniales negativas descritas en la demanda se debe al hecho propio del demandante, como bien se concluy\u00f3\u0301 en el fallo impugnado\u00bb. Lo anterior, habida cuenta que, contaba con la alternativa de promover un proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n del declarativo ante el mismo despacho laboral o en proceso separado, \u00abjuicio al que pudieron citarse a los demandados para posteriormente, con cargo a la masa sucesoral, la deuda cobrada fuera incluida como pasivo de la herencia, en donde los herederos no tendr\u00edan excusa para ingresarla al trabajo de partici\u00f3n, pues ya estar\u00edan enterados de la existencia de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, estim\u00f3 que el comportamiento del se\u00f1or T\u00e9llez Rueda \u00abcomo profesional del derecho fue negligente, deficiente e imprudente en aras de buscar la satisfacci\u00f3n de la acreencia, dejando a los demandados en libertad de actuar de una u otra forma sin si quiera requer\u00edrseles para el efecto, sin que sea de recibo que el apelante sostenga que ellos debieron desplegar una conducta legal o jur\u00eddica determinada, por el simple hecho de que ellos no son abogados y ning\u00fan reproche en ese sentido puede hac\u00e9rseles, lo que si\u0301 se esperaba que hiciera el actor, pero ese descuido y falta de preocupaci\u00f3n le impidieron, por su propia culpa, la inclusi\u00f3n de la deuda como pasivo de la herencia\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, refiri\u00f3 que el demandante \u00abespero\u0301 algo menos de 10 a\u00f1os para intentar la cancelaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n dineraria subsistente a su favor, gener\u00e1ndose un error de su parte y una actitud paciente y complaciente frente a la situaci\u00f3n, frente a lo que cumple advertir que, [\u2026] \u201c[l]a repetici\u00f3n o persistencia en el error puede dar lugar a culpa en la medida que aumenta las posibilidades de calcular razonablemente la inadecuaci\u00f3n de la conducta a los par\u00e1metros sociales, t\u00e9cnicos, cient\u00edficos o profesionales jur\u00eddicamente exigibles\u201d [\u2026]\u00bb. Por ende, \u00abera previsible para el actor que su conducta omisiva y negligente podr\u00eda derivar en un evento da\u00f1oso, porque dejo\u0301 de actuar dentro del rango de sus amplias posibilidades de acci\u00f3n respecto de lo que le estaba jur\u00eddicamente permitido\u00bb. <\/p>\n
En definitiva, puntualiz\u00f3 que, al no haber superado el an\u00e1lisis inicial de responsabilidad civil sin que concurrieran todos los requisitos -culpa y nexo causal-, era \u00abinnecesario entrar a verificar la existencia del da\u00f1o y de los perjuicios reclamados, a la par que resulta inocuo entrar a estudiar las excepciones de m\u00e9rito planteadas por los demandados, siendo estas las razones por las que las pretensiones de la demanda no pueden prosperar\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable2. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio3. <\/p>\n
En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente4 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Glitza Roci\u0301o Soto Gallegos, Nidia Alexa Soto Gallegos, Gladys Nohemi\u0301 Amparo Palomino Ulloa, Jessica Paola Soto Beltra\u0301n, Ne\u0301stor Delfio Soto Palomino, Dayan Milena Soto Palomino y Martha Patricia Soto Riveros. <\/p>\n
2\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
3\u0002 Esto es, en el caso concreto, no se advierte ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n positiva (CC T 916 -2008), ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n negativa (por un lado, CC sentencias C-548 de 1997, C-874 de 2003 y C- 102 de 2005, por otro, CC T 949-003 y CC T 264-2009). <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, entre otras. <\/p>\n
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