STC17513-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17513-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04305-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dec\u00eddase la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Hernando Ortiz Huertas frente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y los Juzgados Veinticuatro Civil del Circuito y Quinto Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de la mencionada ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso con radicado 2007-0625-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y vivienda digna, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De lo expuesto en el escrito inicial se extraen, en lo relevante, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
El actor indica que la Corporaci\u00f3n Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa promovi\u00f3 en su contra un proceso ejecutivo hipotecario1, \u00abterminado\u00bb con fundamento en la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Dicho cr\u00e9dito fue cedido a F\u00e9lix Gustavo Alvarado Ayala, quien \u00abdesglos\u00f3 los documentos respectivos entre los cuales le entregaron la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, liquidaci\u00f3n actualizada, hist\u00f3rico de pagos y movimiento en l\u00ednea\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que el nuevo acreedor hipotecario instaur\u00f3 un juicio coercitivo en su contra, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e12, decurso en el cual, el 2 de julio de 2009, se libr\u00f3 orden de pago en montos \u00abconvertidos a UVR\u00bb; esa determinaci\u00f3n, en su criterio, es \u00abirregular\u00bb, pues no se observaron los presupuestos de la Ley 546 de 1999, en lo atinente al \u00abtr\u00e1mite de reestructuraci\u00f3n posterior a la reliquidaci\u00f3n para que el t\u00edtulo valor -pagar\u00e9- cumpliera con la exigibilidad [y a los] criterios de favorabilidad [en materia de] cobro de intereses\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, indica que fue notificado por aviso en la direcci\u00f3n del inmueble gravado con la hipoteca, aun cuando no resid\u00eda en dicho lugar; circunstancia que, seg\u00fan afirma, le impidi\u00f3 hacer uso de su defensa t\u00e9cnica, lo cual conllev\u00f3, consecuentemente, a la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Inconforme con esa situaci\u00f3n, tramit\u00f3 incidentes de nulidad \u00abpor indebida notificaci\u00f3n\u00bb e, igualmente, \u00abpor carencia de exigibilidad del t\u00edtulo por falta de reestructuraci\u00f3n\u00bb, los cuales fueron negados por el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 y por el colegiado accionado. <\/p>\n
Reprocha que, pese a que el Tribunal reconoci\u00f3 la \u00abausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb no emiti\u00f3 ning\u00fan pronunciamiento de fondo sobre el particular, con lo que, en su entender, desconoci\u00f3 lo se\u00f1alado en varios fallos de tutela emitidos por esta Corporaci\u00f3n3, en los cuales se ha dispuesto la revocatoria de la sentencia \u00absi a\u00fan no ha sido adjudicado el inmueble\u00bb. <\/p>\n
En torno a la negativa del Tribunal convocado de dar por terminado el proceso, censura que puso en duda su capacidad de pago, tras \u00abincurr[ir] en error al afirmar sobre un supuesto acuerdo de pago [entre el accionante] y la empresa de Acueducto de Bogot\u00e1 (\u2026) [pues \u00e9ste] fue hecho realmente por el se\u00f1or Edilberto Monroy Villamil, (\u2026) [quien] ocupa actualmente el inmueble y quien incumpli\u00f3 [lo all\u00ed pactado]\u00bb. <\/p>\n
Precisa que, con el presente ruego, busca evitar un perjuicio irremediable, por cuanto, seg\u00fan refiere, desde el a\u00f1o 2003 no ocupa el predio objeto de controversia y asevera el secuestre del mismo no ha ejercido debidamente sus obligaciones como auxiliar de la justicia, pues \u00abpermiti\u00f3 que personas extra\u00f1as entraran a posesionarse del inmueble\u00bb, quienes han iniciado procesos de pertenencia. <\/p>\n
Alega que, a su parecer, es el secuestre que administra el inmueble la persona que debe asumir el pago de las deudas que pesan sobre el mismo, \u00abya que est\u00e1 generando una renta mensual de m\u00e1s de cinco millones de pesos en arriendo\u00bb. En suma, repudia que se le obligue al pago de los pasivos del predio, desconociendo su \u00abderecho a la reestructuraci\u00f3n de la deuda\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo antelado, pide, en concreto, anular el decurso cuestionado \u00abpor inexegibilidad del t\u00edtulo base de la acci\u00f3n, por no cumplir con la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n exigida por la Ley 546 de 1999 y SU 813 de 2007\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal accionado se opuso a la prosperidad del ruego, se\u00f1alando que la providencia censurada \u00abdata de hace m\u00e1s de un a\u00f1o y tres meses\u00bb y, adem\u00e1s, \u00abfue producto de una interpretaci\u00f3n razonable de las normas y jurisprudencia aplicables al asunto\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder se\u00f1alando que \u00abha actuado de conformidad con los fundamentos legales y reglamentarios aplicables a la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. H\u00e9ctor Guillermo D\u00edaz D\u00edaz, quien afirma obrar como apoderado de la parte ejecutante en el juicio ejecutivo referenciado, solicit\u00f3 denegar el amparo \u00aben primer lugar, por su extemporaneidad, (\u2026) [y] en segunda instancia, por no acreditarse ninguno de los requisitos para la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho contra decisi\u00f3n judicial, sino por tratarse de una mera divergencia de interpretaci\u00f3n con los jueces naturales de estas controversias (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Insistentemente la jurisprudencia ha sostenido que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar providencias. Excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta en los casos en que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00, citada en CSJ STC6666-2019 May. 28 de 2019, rad. 2019-00592-01). <\/p>\n
2. Ahora bien, en el sub examine el actor cuestiona el auto de 4 de agosto de 2020, a trav\u00e9s del cual el Colegiado accionado confirm\u00f3 el prove\u00eddo de 18 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, que desestim\u00f3 su solicitud de nulidad del proceso ejecutivo referenciado por ausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, determinaci\u00f3n que, en su criterio, es arbitraria pues desconoce lo se\u00f1alado en varios fallos de tutela emitidos por esta Corporaci\u00f3n en los cuales se ha dispuesto la revocatoria de la sentencia \u00absi a\u00fan no ha sido adjudicado el inmueble\u00bb. <\/p>\n
3. Estudiada la inconformidad alegada en el escrito inicial de cara a los elementos demostrativos obrantes al diligenciamiento, la Sala advierte que la solicitud de protecci\u00f3n constitucional no est\u00e1 llamada a prosperar, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
3.1. Cuando se trata de procesos ejecutivos por cr\u00e9ditos de vivienda, se ha puntualizado que, para acceder al resguardo, deben colmarse los siguientes requisitos \u00ab(i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999\u00bb (STC10546-2020 Rad.2020-03204 de 26 nov de 2020). <\/p>\n
\u00ab\u2026trat\u00e1ndose del cobro ejecutivo de una obligaci\u00f3n contra\u00edda antes del 31 de diciembre de 1999, en UPAC e incluso en pesos con capitalizaci\u00f3n de intereses, para la adquisici\u00f3n de vivienda, que no ha sido reestructurada en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999, es deber de los operadores judiciales atender la solicitud del deudor tendiente a que se cumpla esta exigencia, pues tal olvido resta exigibilidad a la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, se ha considerado que cuando se trata de cr\u00e9ditos que han sido cedidos, como en el sub examine, la obligaci\u00f3n de reestructuraci\u00f3n corresponde al cesionario, en tanto aqu\u00e9llos reemplazan en todo al cedente. Sobre el particular, la Sala ha expuesto: <\/p>\n
\u00abDel mismo modo, ha expresado la Corte que \u2018la citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aqu\u00e9llos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u2019 (CJS STC, 31 Oct. 2013, rad. 02499-00)\u00bb. <\/p>\n
3.2. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario y las alegaciones del tutelante, se observa que no se re\u00fanen todos los presupuestos antes rese\u00f1ados para acceder al amparo incoado. <\/p>\n
En efecto, el tutelante compr\u00f3 y constituy\u00f3 hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda respecto del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0. 50N-262529, negocio jur\u00eddico documentado de manera concomitante con la compraventa efectuada por el aqu\u00ed petente a Neftal\u00ed L\u00f3pez y Mar\u00eda Roa, en la escritura p\u00fablica 4.831 de 5 de agosto de 1994. <\/p>\n
Asimismo, suscribi\u00f3 contrato de \u00abmutuo comercial\u00bb con la Corporaci\u00f3n Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa, por la cantidad inicial de \u00abocho mil doscientas sesenta y siete unidades con tres mil setecientas treinta y cuatro diezmil\u00e9simas de poder adquisitivo constante UPAC (8.267.3734 UPAC)\u00bb, que equival\u00edan a $50.000.000 a una tasa anual efectiva del 18%; obligaci\u00f3n consignada en el pagar\u00e9 46080-0 suscrito el 23 de septiembre de 1994. <\/p>\n
La Corporaci\u00f3n Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa -luego Bancaf\u00e9 S.A.- realiz\u00f3 contrato de cesi\u00f3n a favor de la Central de Inversiones S.A. CISA y, posteriormente, a F\u00e9lix Gustavo Alvarado Ayala, la cual fue aceptada el 6 de octubre de 2004, quien inici\u00f3 en contra del aqu\u00ed petente el proceso ejecutivo ahora cuestionado. <\/p>\n
Seg\u00fan la informaci\u00f3n del Juzgado Quinto Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, en el sublite a\u00fan no se ha realizado la almoneda, pues el proceso se encuentra en curso, agotando el tr\u00e1mite de \u00abtraslado del aval\u00fao del inmueble\u00bb, de lo cual se colige la observancia del primer requisito exigido por la jurisprudencia, esto es, \u00ab(i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, tambi\u00e9n se observa cumplida la segunda condici\u00f3n requerida, (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos procedentes, dado que el actor tramit\u00f3 el incidente de nulidad \u00abpor carencia de exigibilidad del t\u00edtulo por falta de reestructuraci\u00f3n\u00bb, pedimento que suscit\u00f3 el pronunciamiento censurado. <\/p>\n
No obstante, no se advierte reunido el tercer presupuesto reclamado por esta Corporaci\u00f3n como necesario para acceder a la salvaguarda incoada, relativo a que \u00ab(iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna\u00bb, por cuanto obran en el expediente varias probanzas que descartan la vulneraci\u00f3n alegada, como pasa a enunciarse. <\/p>\n
As\u00ed, seg\u00fan la propia afirmaci\u00f3n del accionante, se avizora que \u00e9ste no reside en el inmueble objeto del gravamen hipotecario, pues, desde el a\u00f1o 2003, se encuentra domiciliado en el municipio de La Vega \u2013 Cundinamarca-4. <\/p>\n
Dicha situaci\u00f3n tambi\u00e9n fue reportada por el actor al formular la tutela de radicado 2019-00907, con la que pretendi\u00f3 dejar sin efectos el prove\u00eddo de 6 de noviembre de 2018, mediante el cual el Tribunal revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo que hab\u00eda accedido a la nulidad del proceso por indebida notificaci\u00f3n de la orden de apremio y que fue resuelta por esta Sala mediante STC4410-20195. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, tampoco puede pasarse por alto la referencia de los procesos de pertenencia promovidos en contra del aqu\u00ed actor por los poseedores que, en la actualidad, habitan el predio materia de controversia6; pues, si bien se trata de asuntos ajenos a este examen constitucional, s\u00ed ponen de presente que, tal como el propio tutelante lo afirm\u00f3, \u00e9ste no detenta el goce material del inmueble en disputa. <\/p>\n
Ahora, al margen del criterio de la Sala en lo atinente a la acreditaci\u00f3n de la capacidad de pago del deudor como exigencia para acceder al procedimiento de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito e independientemente de que la postura del Tribunal acusado sea o no compartida por esta Corporaci\u00f3n, lo cierto es que Luis Hernando Ortiz Huertas ha reconocido no tener su vivienda en el inmueble en controversia desde hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os, incluso cuatro a\u00f1os antes de la iniciaci\u00f3n del juicio ejecutivo que ahora censura, por tanto, no le es dable alegar la vulneraci\u00f3n a su derecho de vivienda respecto del bien objeto de litigio, lo cual impone negar el amparo pretendido. <\/p>\n
4. De otro lado, en cuanto al supuesto incumplimiento de los deberes del secuestre designado para la administraci\u00f3n del inmueble bajo gravamen hipotecario, el accionante deber\u00e1 solicitar lo pertinente directamente al Juzgado de conocimiento, por ser la autoridad facultada, en uso de sus poderes de direcci\u00f3n, ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n, para requerir a dicho auxiliar de la justicia en aras de que rinda cuentas de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
Lo antelado, porque le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n excepcional emitir pronunciamientos sobre cuestiones que deben ser estudiadas directamente por el juez natural. Al respecto, esta Corte ha manifestado: <\/p>\n
\u00ab\u2018(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u20197. <\/p>\n
5. Finalmente, la Sala se abstendr\u00e1 de estudiar las alegaciones formuladas por el accionante en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n de negar su solicitud de declaratoria de invalidez del decurso por indebida notificaci\u00f3n, por cuanto, como se indic\u00f3, ello ya fue objeto de pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n en la providencia STC4410-20198. <\/p>\n
6. Por las razones anotadas, se debe negar la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Radicado 1995-32081. <\/p>\n
2\u0002 Radicado 2007-00625. <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, refiere los radicados n\u00b0 2015-9004, 2013-02499-00, 2012-00884-01, 2014-00294-01 y 2013-645-01. <\/p>\n
4\u0002 Escrito de tutela. <\/p>\n
5\u0002 En desarrollo de ese tr\u00e1mite de nulidad, Ortiz Huertas aport\u00f3 certificaci\u00f3n de la Alcald\u00eda de La Vega que indica que, desde el a\u00f1o 2003, reside en la vereda Laureles de ese municipio y otra constancia en la que se se\u00f1ala que labor\u00f3 como t\u00e9cnico administrativo en el despacho del alcalde de 2008 a 2012. Tambi\u00e9n alleg\u00f3 encuesta y constancia de registro del Sisb\u00e9n de septiembre de 2003, certificado del censo electoral de junio de 2003 y varias declaraciones extra-juicio con las cuales buscaba demostrar su arraigo con el municipio de La Vega desde 2002 [Folios 643 a 679, cuaderno 1]. <\/p>\n
6\u0002 Escrito de tutela. Procesos que cursan en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 iniciado por Carlos Alfonso Pach\u00f3n Rodr\u00edguez con Radicado 2019-0235, y en el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de la misma ciudad adelantado por Edilberto Monrroy Villamil con Radicado 2019-0342. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
8\u0002 Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2019-00907-00. <\/p>\n
<\/p>\n
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