STL17553-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STL17553-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 65272 <\/p>\n
Acta n.\u00ba 48 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Teniendo en cuenta la ausencia justificada del magistrado Jorge Luis Quiroz Alem\u00e1n, a quien correspondi\u00f3 el reparto de la presente acci\u00f3n de tutela, el Presidente de la Sala asume temporalmente la ponencia de este asunto, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.12 del art\u00edculo 4\u00b0 del Acuerdo 48 de 16 de noviembre de 2016 -Reglamento de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Se resuelve la primera instancia en la acci\u00f3n de tutela que el apoderado judicial del MUNICIPIO DE PUERTO BOYAC\u00c1 promueve contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El apoderado judicial del ente territorial convocante formula acci\u00f3n de tutela para lograr la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso de su prohijado. <\/p>\n
Para el efecto, y en lo que a este tr\u00e1mite interesa, en s\u00edntesis, manifiesta que el se\u00f1or Edinson Perlaza Boh\u00f3rquez formul\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra del ente territorial que representa, para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre el 18 de enero de 2018 y el 26 de diciembre de 2018; tr\u00e1mite cuyo conocimiento fue asumido por el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, autoridad judicial que profiri\u00f3 sentencia en la cual se accedi\u00f3 a las pretensiones y se conden\u00f3 al ente territorial al pago de cesant\u00edas, sus intereses, primas de servicios y de navidad legales, vacaciones, as\u00ed como a la devoluci\u00f3n indexada de aportes a salud y pensi\u00f3n. <\/p>\n
Refiere que, contra la decisi\u00f3n de no acceder a la indemnizaci\u00f3n del Decreto 797 de 1949 la parte actora interpuso recurso de apelaci\u00f3n y, una vez surtida la segunda instancia el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales mediante sentencia del 14 de julio de 2021, adicion\u00f3 la de primer nivel, en el sentido de condenar al municipio de Puerto Boyac\u00e1 \u00aba pagar en favor del actor la suma de $80.500 diarios, a partir del 27 de marzo de 2019, hasta que se efect\u00fae el pago completo de las obligaciones laborales que fueron impuestas en esta sentencia, a excepci\u00f3n de la devoluci\u00f3n de aportes a pensi\u00f3n y salud, y de las cesant\u00edas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 797 de 1949\u00bb. <\/p>\n
Critica que el Tribunal convocado haya presumido la mala fe, sin mediar prueba alguna, y no la buena fe. Afirma que el hecho judicial generador de la vulneraci\u00f3n es el an\u00e1lisis de las pruebas, toda vez que \u00abse profiri\u00f3 sentencia bas\u00e1ndose en una presunci\u00f3n contraria a lo manifestado por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en donde la buena fe deber\u00e1 ser presumida y la mala probada y no como en este caso que ocurri\u00f3 lo contrario\u00bb. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, peticion\u00f3 el resguardo de las prerrogativas constitucionales invocadas y, como consecuencia de ello, solicit\u00f3 \u00abrehacer la decisi\u00f3n en el sentido de condenar o no condenar en la indemnizaci\u00f3n del Decreto 797 de 1949 con base en las pruebas legalmente recaudadas, teniendo presente en todo momento que la mala fe debe probarse para ser declarada\u00bb. <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela se admiti\u00f3 mediante auto de 1 de diciembre de 2021, se corri\u00f3 traslado a la autoridad accionada y se vincul\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, as\u00ed como a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso que motiv\u00f3 la queja, para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n
Dentro de la oportunidad legal, el se\u00f1or Edinson Perlaza Boh\u00f3rquez, se opuso a las pretensiones, pues en su criterio, no existe fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico respecto de la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegados por la parte actora, por la raz\u00f3n de que al accionante se le respetaron todos sus derechos fundamentales, espec\u00edficamente el debido proceso y la buena fe, \u00absolo que el mismo nunca concurri\u00f3 a las audiencias, no allego medios de prueba v\u00e1lidos y mucho menos probo que sus actuaciones estaban revestidas de la buena fe que alega, existiendo una absoluta orfandad probatoria que sustente su pedimento\u00bb. Adem\u00e1s, afirma que el accionante no agot\u00f3 todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios con los cuales pudo haber discutido las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juez de segundo grado. <\/p>\n
Por su parte, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 remite enlace de acceso al expediente digital objeto de amparo. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acci\u00f3n de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de tr\u00e1mite preferente y sumario, la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten lesionados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Sin embargo, dicha facultad no es absoluta, por el contrario, se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos que est\u00e1n definidos como fundamentales en la propia Constituci\u00f3n o que, encontr\u00e1ndose consagrados en otros ac\u00e1pites de ese estatuto, adquieren tal categor\u00eda por conexidad. <\/p>\n
Al descender al sub judice, se observa que la parte actora dirige su inconformidad contra la providencia emitida el 14 de julio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales, que revoc\u00f3 parcialmente, modific\u00f3 y adicion\u00f3 la sentencia de primer nivel, en el sentido de condenar al municipio demandado a pagar en favor del actor la sanci\u00f3n moratoria se\u00f1alada en el Decreto 797 de 1949. <\/p>\n
Previo a abordar el asunto de fondo, es pertinente precisar que se cumplen los presupuestos de procedibilidad de subsidiariedad e inmediatez de la acci\u00f3n de tutela, establecidos por el Alto Tribunal en sentencia CC C-590-2005, el primero, por cuanto que, a pesar de que contra la sentencia criticada proced\u00eda el recurso de casaci\u00f3n, resultaba inocua su formulaci\u00f3n dado que la cuant\u00eda de la condena que se adicion\u00f3 (indemnizaci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 797 de 1949) junto con las dem\u00e1s condenas, no super\u00f3 seg\u00fan c\u00e1lculo efectuado para este mero efecto, los 120 salarios m\u00ednimos legales vigentes exigidos para este a\u00f1o que ascienden a $109.023.120. Y, el segundo, por cuanto la acci\u00f3n se promovi\u00f3 el 30 de noviembre de 2021, es decir, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia criticada. <\/p>\n
Ahora bien, la Sala advierte que la determinaci\u00f3n adoptada en el prove\u00eddo censurado no luce arbitraria o caprichosa. Por el contrario, se evidencia que dicha autoridad la adopt\u00f3 dentro del marco de la autonom\u00eda e independencia que le es otorgada por la Constituci\u00f3n y la ley. <\/p>\n
En efecto, obs\u00e9rvese como la Colegiatura convocada adicion\u00f3 la sentencia de primer grado, en el sentido de condenar al municipio de Puerto Boyac\u00e1 a \u00abpagar en favor del se\u00f1or Edinson Perlaza Boh\u00f3rquez la suma de $80.500 diarios, a partir del 27 de marzo de 2019, hasta que se efect\u00fae el pago completo de las obligaciones laborales que fueron impuestas en esta sentencia, a excepci\u00f3n de la devoluci\u00f3n de aportes a pensi\u00f3n y salud, y de las cesant\u00edas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 797 de 1949\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, el juez colegiado al desatar la alzada interpuesta por la parte actora contra la sentencia proferida el 1.\u00b0 de junio de 2021 por el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, as\u00ed como el grado jurisdiccional de consulta frente a la mencionada providencia, en favor del municipio demandado, en lo que interesa a esta sede constitucional, precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
En el sector p\u00fablico, la indemnizaci\u00f3n moratoria tiene como fuente normativa el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 797 de 1949 y para su imposici\u00f3n, se tienen en cuenta los criterios que ha expuesto la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan los cuales el Juez laboral no puede imponer al empleador la carga en comento de manera autom\u00e1tica e inexorable, esto es, por el mero hecho del no pago, el pago parcial o el pago tard\u00edo de salarios, prestaciones e indemnizaciones al trabajador, tras la extinci\u00f3n del contrato de trabajo, sino que en cada caso debe examinar los motivos que tuvo el dispensador del empleo para incurrir en cualquiera de esas conductas, pues si hay una raz\u00f3n atendible para ello, no puede catalogarse a estas como de mala fe. <\/p>\n
Debe resaltarse que, a diferencia de lo estimado por el primer funcionario, en estos casos no hay lugar a aplicar una presunci\u00f3n de buena fe, por lo que no le corresponde desvirtuarla al trabajador, sino que, por el contrario, el empleador se exonera de asumir la indemnizaci\u00f3n solo si acredita que hubo un motivo justificable para la ausencia de pago. As\u00ed se infiere de sentencias como la CSJ SL965-2021, en la que la Corte se\u00f1al\u00f3 que: \u201c(\u2026) la aquiescencia del actor para acudir a una forma de contrataci\u00f3n distinta a la laboral cuando en realidad se trata de un verdadero contrato de trabajo, no exime al empleador de ser condenado al pago de la indemnizaci\u00f3n moratoria, si no se demuestra, como en este caso, que su actuar estuvo revestido de buena fe\u201d o que \u201c(\u2026) no hay raz\u00f3n atendible y valedera para exonerar al ISS del pago de la indemnizaci\u00f3n moratoria\u201d (cursiva fuera del texto)\u201d. Ello tambi\u00e9n puede colegirse de providencias como la CSJ SL18619-2016, reiterada en la CSJ SL825-2019 y CSJ SL4815-2020. <\/p>\n
Respecto del particular, no se advierte raz\u00f3n atendible de la conducta del ente territorial accionado que lo exima de la indemnizaci\u00f3n que se solicit\u00f3 en la demanda. Para el efecto, resulta que la Corte ya ha decantado en las providencias aludidas, especialmente la CSJ SL965-2021, que \u201cNo es suficiente arg\u00fcir la suscripci\u00f3n de contratos de prestaci\u00f3n de servicios y ampararse en estar convencido de actuar dentro de los par\u00e1metros de la Ley 80 de 1993 para lograr la exoneraci\u00f3n de la sanci\u00f3n moratoria\u201d. <\/p>\n
En esa medida, a diferencia de lo estimado por el despacho de primer conocimiento, no era dable colegir que el demandado estaba convencido de un obrar ajustado a la Ley y exonerarlo del resarcimiento pretendido por las simples circunstancias de que, formalmente, hubiese suscrito con el accionante unos contratos de prestaci\u00f3n de servicios y de que se hubieran expedido documentos relacionados con ese tipo de vinculaci\u00f3n. Es que no arrim\u00f3 ninguna prueba adicional, recordando que no se practicaron los testimonios y el interrogatorio de parte que solicit\u00f3, ante su no comparecencia a la audiencia del art\u00edculo 80 del C.P.T.S.S. <\/p>\n
Por el contrario, se avizora que suscribi\u00f3 un v\u00ednculo de ese tipo, de naturaleza eminentemente temporal, para la suscripci\u00f3n de una funci\u00f3n permanente (operador de maquinaria), puesto que, seg\u00fan se explic\u00f3 con precedencia, estaba ligada a una misi\u00f3n inherente de todo municipio, como es la construcci\u00f3n y mantenimiento de v\u00edas urbanas y rurales del rango municipal, a m\u00e1s que, como tambi\u00e9n se indic\u00f3, no fue contratado para alcanzar un resultado puntual, sino que el contratante se reserv\u00f3 la facultad de controlar su fuerza de trabajo, y los implementos de trabajo eran suministrados por ella, quien adem\u00e1s lo remuneraba mensualmente. <\/p>\n
Lo previo resulta suficiente para concluir que el demandado no demostr\u00f3 una raz\u00f3n atendible para no haber pagado las acreencias laborales al se\u00f1or Perlaza Boh\u00f3rquez y que, en consecuencia, s\u00ed proced\u00eda la imposici\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 797 de 1949, por lo que sale avante el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por \u00e9l. <\/p>\n
Como tal sanci\u00f3n corre luego de transcurridos noventa (90) d\u00edas contados desde la terminaci\u00f3n del contrato laboral del trabajador oficial (CSJ SL194-2019 y CSJ SL3823-2020), debiendo iniciar el conteo a partir del d\u00eda siguiente (CSJ SL986-2019 y CSJ SL4815-2020), y en el entendido de que la desvinculaci\u00f3n del se\u00f1or Edinson ocurri\u00f3 el 26 de diciembre de 2018, el resarcimiento inicia el 27 de marzo de 2019, hasta que se efect\u00fae el pago completo de las obligaciones laborales que fueron impuestas en esta sentencia, a excepci\u00f3n de la devoluci\u00f3n de aportes a pensi\u00f3n y salud, sobre las que se orden\u00f3 la indexaci\u00f3n, y de las cesant\u00edas, conforme la sanci\u00f3n aut\u00f3noma contenida en Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la 1071 de 2006. Se aclara que esta sanci\u00f3n por no pago de cesant\u00edas no fue pedida en la demanda. Debido a que el salario mensual era de $2.415.000, la misma opera a raz\u00f3n de $80.500 diarios. Se adicionar\u00e1 en este sentido la primera providencia. <\/p>\n
Frente a lo anterior, se observa que la autoridad judicial tom\u00f3 la decisi\u00f3n respecto a este \u00edtem conforme a las pruebas aportadas y las normas pertinentes, pues encontr\u00f3 que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala \u00aben estos casos no hay lugar a aplicar una presunci\u00f3n de buena fe, por lo que no le corresponde desvirtuarla al trabajador, sino que, por el contrario, el empleador se exonera de asumir la indemnizaci\u00f3n solo si acredita que hubo un motivo justificable para la ausencia de pago\u00bb, por lo tanto, comoquiera que el demandado no demostr\u00f3 una raz\u00f3n atendible para no haber pagado las acreencias laborales al demandante, \u00abs\u00ed proced\u00eda la imposici\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 797 de 1949\u00bb, interpretaci\u00f3n que no puede ser desvirtuada por este medio excepcional, pues, como se dijo, de las pruebas aportadas concluy\u00f3 lo anterior, sin que ello pueda aducirse como una actuaci\u00f3n irregular. <\/p>\n
As\u00ed mismo, debe enfatizarse que resulta improcedente fundamentar la queja constitucional en discrepancias de criterio debido a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales, como si se tratara de una instancia m\u00e1s y pretender que el juez constitucional sustituya en su propia apreciaci\u00f3n, el an\u00e1lisis que hicieron los jueces instituidos para tomar la decisi\u00f3n correspondiente dentro de los litigios sometidos a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Vale la pena anotar, que esta Sala, de cara a la aplicaci\u00f3n del principio de la carga de la prueba, ha se\u00f1alado que en la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n moratoria corresponde al empleador demostrar que su conducta omisiva en el pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato estuvo asistida de buena fe (ver sentencia CSJ SL3288-2021). <\/p>\n
En tales condiciones, evidente es que el Colegiado que se convoc\u00f3 al tr\u00e1mite constitucional como accionado, no infringi\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico y tampoco cometi\u00f3 los desatinos evidentes que, seg\u00fan lo analizado en la parte introductoria de la presente providencia, dan lugar, en forma excepcional, a la intervenci\u00f3n del juez constitucional en asuntos que son de competencia exclusiva de los jueces naturales, de manera que la adopci\u00f3n de medidas urgentes en sede de tutela no se encuentra justificada en el presente asunto. <\/p>\n
Por tales motivos, al no existir raz\u00f3n plausible que motive la concesi\u00f3n del amparo invocado, se negar\u00e1 el mismo. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la acci\u00f3n de tutela impetrada por el apoderado judicial del MUNICIPIO DE PUERTO BOYAC\u00c1 contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si esta decisi\u00f3n no fuere impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
<\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
JORGE LUIS QUIROZ ALEM\u00c1N <\/p>\n
SCLAJPT-11 V.00 <\/p>\n
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