AC006-2022 (2021-04570-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC006-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04570-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil del Circuito de Cimitarra (Santander) y Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La Agencia Nacional de Infraestructura \u2013ANI- demand\u00f3 a la sociedad Promotora Correa V\u00e9lez y C\u00eda. S.A.S., al Banco Davivienda S.A. y a Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. ESP \u2013ISA ESP-, con el fin de que se decretara la expropiaci\u00f3n de una franja de terreno equivalente a \u00ab1.815,92 M2\u00bb, que hace parte del predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u00abVilla Fabiola\u00bb, situado en el municipio de Puerto Parra, Santander e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 324-21690. <\/p>\n
2. En el escrito inaugural se indic\u00f3 que la competencia radicaba en los jueces del circuito de Cimitarra, Santander, \u00abpor el lugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble\u00bb (Archivo Digital: 03. Demanda). <\/p>\n
3. La causa fue repartida al Juzgado Civil del Circuito de aquella localidad, autoridad que, en auto de 25 de abril de 2016, admiti\u00f3 el libelo inicial. Luego, en prove\u00eddo de 29 de noviembre del mismo a\u00f1o, dispuso la entrega anticipada del fundo requerido (archivo digital: 12. Solicitud y entrega) y el 24 de octubre de 2019, tuvo por contestada la demanda por parte de la entidad financiera y la empresa de servicios p\u00fablicos convocadas, ordenando el emplazamiento de la titular del derecho de dominio de la heredad (archivo digital: 16. Tiene por notificados demandados). <\/p>\n
4. Posteriormente, en providencia de 14 de septiembre de 2021, declin\u00f3 del conocimiento de las diligencias y las remiti\u00f3 a la oficina de reparto de sus hom\u00f3logos de Bogot\u00e1, tras argumentar que al ser la demandante una entidad p\u00fablica, la competencia radica en el juez de su domicilio, en virtud de lo establecido en los art\u00edculos 28, numeral 10\u00ba y 29 del C\u00f3digo General del Proceso, premisa que apoy\u00f3 en el pronunciamiento AC1023-2021, 23 mar., de esta Sala (archivo digital: 04. Auto declara falta de competencia). <\/p>\n
6. Planteado de esa manera el conflicto negativo de competencia, se dispuso el env\u00edo del expediente a la Corte. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que en el presente caso concurren dos fueros por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica: el real y el personal a que se contraen los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del estatuto procesal. <\/p>\n
2.1. Conforme al primero, en los procesos de expropiaci\u00f3n, el juez competente es el \u00abdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Y de acuerdo con el segundo, el funcionario habilitado es el \u00abdel domicilio\u00bb de la entidad p\u00fablica, territorial o descentralizada por servicios que sea parte en el juicio. <\/p>\n
2.2. La presencia de los dos foros, ambos consagrados como privativos, impone la definici\u00f3n de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio que debe soportar el gravamen y de inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (AC1172-2018, AC3744-2018, AC4875-2018, AC5051-2018, AC162-2019, AC277-2019, AC616-2019, AC1020-2019 y AC1028-2021, entre otras). <\/p>\n
La otra tesis, abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (AC4272-2018, AC4522-2018, AC4898-2018, AC117-2019, AC321-2019, AC1167-2019, AC2313-2019, AC3108-2019 y AC1772-2021, entre otras). <\/p>\n
2.3. La providencia AC-140-2020, al pronunciarse sobre un juicio de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que involucraba los dos foros en cuesti\u00f3n, resolvi\u00f3 la indicada discusi\u00f3n al unificar la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador. Para arribar a esa conclusi\u00f3n se soport\u00f3 \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
3. Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras como, en este caso, la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se halla la cosa sobre la cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador no competente, ni por la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb1. <\/p>\n
Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio2, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerlas o socavarlas (CSJ AC4273-2018, reiterada recientemente en AC140-2020, AC800-2021, AC795-2021 y AC792-2021). <\/p>\n
4. En la colisi\u00f3n bajo examen, el juicio de expropiaci\u00f3n se promovi\u00f3 ante el Juzgado Civil del Circuito de Cimitarra, Santander, circuito judicial del municipio donde se halla situado el bien ra\u00edz que se pretende intervenir (Puerto Parra, Santander). Asimismo, quien acude a la jurisdicci\u00f3n es la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, \u00ab(\u2026) de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica (\u2026) adscrita al Ministerio de Transporte\u00bb3, calidad que, de conformidad con el numeral 10\u00ba del canon 28 de la normatividad de enjuiciamiento, impondr\u00eda, en l\u00ednea de principio, como sentenciador natural al del domicilio principal de dicho ente, conforme los par\u00e1metros atr\u00e1s expuestos. <\/p>\n
No obstante, en el sub-examine se dan unas circunstancias particulares que obligan a realizar un examen adicional para establecer cu\u00e1l es el funcionario llamado a conocer y definir la contienda. <\/p>\n
Ciertamente, revisada la actuaci\u00f3n se advierte que en la acci\u00f3n de expropiaci\u00f3n tambi\u00e9n se encuentra involucrada como demandada la sociedad Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. \u2013ISA S.A. EPS-, la cual es una \u00abempresa de servicios p\u00fablicos, mixta, constituida como sociedad an\u00f3nima, de car\u00e1cter comercial, del orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energ\u00eda, regida por las leyes 142 y 143 de 1994\u00bb y su domicilio principal es la ciudad de Medell\u00edn (archivo digital: 03. Certificado C\u00e1mara Comercio). <\/p>\n
5. Bajo esa perspectiva, aqu\u00ed concurren los fueros privativos de dos entes p\u00fablicos, cuyos domicilios se encuentran en diferentes localidades, esto es, en Bogot\u00e1 D.C. y Medell\u00edn, Antioquia y como la ley de enjuiciamiento civil no establece una pauta concreta para determinar la competencia por el factor territorial en eventos como el presente, la Corte ha considerado que, en estos casos, se debe acudir a las reglas generales de atribuci\u00f3n de competencia, seg\u00fan las cuales, el conocimiento del asunto estar\u00e1 en cabeza del juez donde se encuentra ubicado el predio motivo de expropiaci\u00f3n (numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 Ib\u00eddem). <\/p>\n
En un evento de similar textura, esta Corte sostuvo, que <\/p>\n
\u00aben asuntos como el sub examine donde, iterase, est\u00e1n contrapuestas dos o m\u00e1s entidades de naturaleza p\u00fablica o semip\u00fablica, no es de aplicaci\u00f3n lo consignado en el aludido precepto, porque en rigor de verdad nada dice acerca de ello, debiendo entonces, a fin de determinar la competencia por el factor territorial, acudirse a las reglas generales estatuidas en el art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo. (\u2026) 2.4. Puestas las cosas de esta manera, deviene palmario que la norma llamada a fijar la competencia en materia del territorio es la prevista en el numeral 7\u00ba del precepto 28, ib\u00eddem, que atribuye el conocimiento al juez del sitio de ubicaci\u00f3n del inmueble materia de la servidumbre. (\u2026) Cuanto se ha dicho no desconoce, de ning\u00fan modo, las directrices fijadas por la Sala mayoritaria en el auto de unificaci\u00f3n de jurisprudencia AC140, de 24 de enero de 2020, porque el supuesto de ahora es enteramente distinto al ventilado en aquella oportunidad. N\u00f3tese que all\u00ed no concurr\u00edan, en ambos extremos procesales, entidades de las relacionadas en la regla 10\u00aa del art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo\u00bb (CSJ AC417-2020, 14 feb., rad. 2020-00326-00 reiterada en CSJ AC3158-2021, 4 ago., rad. 2021-02491-00) <\/p>\n
Y recientemente se puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[S]i de un asunto concreto son predicables los fueros privativos de los art\u00edculos 7\u00b0 y 10\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, debe aplicarse, siguiendo las orientaciones de esta Sala, el \u00faltimo de los mencionados, es decir, el relativo al domicilio de la entidad territorial, de la entidad descentralizada por servicios o de cualquier otra entidad que sea parte. <\/p>\n
Ac\u00e1, sin embargo, ese predicamento no es posible, porque es demandante el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 (empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad por acciones con aportes estatales y de capital privado, de car\u00e1cter u orden Distrital, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado posee por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e14), y el accionado es un ente territorial, valga anotar, el municipio de La Mesa. <\/p>\n
Es decir, que ante dos entes p\u00fablicos en cada uno de los extremos del proceso y con vecindades diferentes, y a falta de un criterio legal que privilegie una u otra, lo pertinente para dar soluci\u00f3n a esta singular colisi\u00f3n que se suscita, es dar cabida al otro foro privativo territorial, con lo que el juzgador competente para continuar con el juicio de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica es el de La Mesa (AC1989-2021, 26 may., rad. 2021-01513-00). <\/p>\n
6. En esas condiciones, estando como est\u00e1n involucradas -en ambos extremos de la litis- entidades que impondr\u00edan la aplicaci\u00f3n del fueron subjetivo reconocido en su favor, pero ante la falta de regulaci\u00f3n al respecto y comoquiera que la convocante -Agencia Nacional de Infraestructura- opt\u00f3 por radicar el pedido de expropiaci\u00f3n ante el funcionario judicial del circuito del sitio de ubicaci\u00f3n del predio objeto de \u00e9sta, es dable determinar, en concordancia con el precedente de la Sala en estos puntuales eventos, que deber\u00e1 adelantar el tr\u00e1mite en menci\u00f3n el Juzgado Civil del Circuito de Cimitarra, Santander, de ah\u00ed que, se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n de la encuadernaci\u00f3n a dicho estrado, al que le corresponde instruir y resolver la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Civil del Circuito de Cimitarra, Santander, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de expropiaci\u00f3n referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que contin\u00fae tramitando el proceso. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y a los interesados. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
2\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
3\u0002 Decreto 4165 del 03 noviembre de 2011. <\/p>\n
4\u0002 Referencia, estatutos sociales del Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. E.S.P., Cap\u00edtulo I, par\u00e1grafo, art\u00edculo 2. Documento de p\u00fablico acceso. file:\/\/\/C:\/Users\/MariaCA\/Downloads\/Estatutos%20Sociales%20-%20marzo%202018.pdf <\/p>\n
<\/p>\n
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