AC007-2022 (2021-04632-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC007-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04632-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer estrado mencionado, Uner Augusto Becerra Largo instaur\u00f3 acci\u00f3n popular contra Bancolombia S.A., endilg\u00e1ndole el quebranto de los derechos e intereses colectivos de los usuarios, por no contar con \u00abba\u00f1o p\u00fablico apto para ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas\u00bb, en las instalaciones donde presta sus servicios. <\/p>\n
En el escrito inaugural, el actor popular se\u00f1al\u00f3, que la vulneraci\u00f3n tiene lugar \u00aba lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO\u00bb, pero m\u00e1s adelante la concret\u00f3 a la \u00abcarrera 30 No. 30 A-26\/30\u00bb de Santa Rosa de Viterbo, Boyac\u00e1, sin precisar por qu\u00e9 radicaba el libelo en el municipio de La Virginia (Archivo digital: 03. Escrito Acci\u00f3n Popular). <\/p>\n
2. El citado despacho admiti\u00f3 el asunto mediante auto de 16 de marzo de 2021 (Archivo digital: 02. Admite AP 2021-00751); sin embargo, en prove\u00eddo de 27 de abril de 2021, de manera oficiosa, invalid\u00f3 la actuaci\u00f3n, tomando en consideraci\u00f3n que ninguna de las circunstancias constitutivas de los foros de competencia territorial conflu\u00eda en esa localidad. <\/p>\n
Luego, siendo Santa Rosa de Viterbo el lugar donde ocurre la vulneraci\u00f3n, estim\u00f3 que a la autoridad judicial de ese lugar le corresponde conocer el litigio, y por tal raz\u00f3n le remiti\u00f3 el diligenciamiento (Archivo digital: 04. Auto declara nulidad y rechaza por competencia). <\/p>\n
3. Al resolver el remedio horizontal propuesto por el actor frente a lo as\u00ed dictaminado, en prove\u00eddo de 18 de junio siguiente, la autoridad primigenia mantuvo inc\u00f3lume su postura (Archivo digital: 07. Auto resuelve recurso). <\/p>\n
4. El funcionario al cual fue repartido el expediente -Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo – rehus\u00f3 su conocimiento en auto de 9 de noviembre de 2021, argumentando que el actor popular ejerci\u00f3 adecuadamente su facultad de elegir al despacho que deb\u00eda adelantar la litis, por cuanto, seg\u00fan indic\u00f3 en su escrito introductor, el domicilio de la demandada es el municipio de La Virginia, Risaralda. Adem\u00e1s, record\u00f3 que, de acuerdo con el precedente de esta Sala, \u00abuna vez el caso fue admitido por el prenombrado estrado judicial de La Virginia, \u00e9ste se equivoc\u00f3 al repelerlo, desconociendo el principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n negativa y dispuso el env\u00edo de la foliatura a esta Corporaci\u00f3n (Archivo digital: 08. Auto propone conflicto competencia). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica instituy\u00f3 las acciones populares como un mecanismo de \u00abprotecci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u00bb de los derechos e intereses colectivos relacionados con \u00abel patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza\u00bb. <\/p>\n
En palabras de la Corte Constitucional, el mencionado auxilio busca \u00abproteger los derechos e intereses colectivos de todas aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotaci\u00f3n de los recursos naturales, los productos m\u00e9dicos defectuosos, la imprevisi\u00f3n en la construcci\u00f3n de una obra, el cobro excesivo de bienes o servicios, la alteraci\u00f3n en la calidad de los alimentos, la publicidad enga\u00f1osa, los fraudes del sector financiero etc.\u00bb, cuya efectividad, resalt\u00f3 en esa oportunidad dicha colegiatura, exige \u00abuna labor anticipada de protecci\u00f3n y, por ende, una acci\u00f3n pronta de la justicia para evitar su vulneraci\u00f3n u obtener, en dado caso, su restablecimiento. De ah\u00ed que su defensa sea eminentemente preventiva\u00bb -El \u00e9nfasis es de la Sala- (C-377-02, 14 may., Exp. D-3774). <\/p>\n
Con arreglo a tan relevante funci\u00f3n, el legislador consagr\u00f3 un rito preferente y c\u00e9lere (art. 6\u00ba, Ley 472 de 1998), desprovisto de dilaciones de cualquier \u00edndole e investido de valores supralegales, como los de \u00abprevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia\u00bb, imponi\u00e9ndole al juez la obligaci\u00f3n de impulsarlo \u00aboficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n\u00bb (art. 5\u00ba, \u00eddem). <\/p>\n
En aras de materializar tales lineamientos, verbi gratia, el art\u00edculo 17 ejusdem, estableci\u00f3 la posibilidad de formular la demanda sin necesidad de apoderado, fijando un breve lapso para su contestaci\u00f3n (10 d\u00edas) y otorgando a la parte convocada la posibilidad de proponer como excepciones previas, exclusivamente, las de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n y cosa juzgada\u00bb (art. 23), de modo que no le es posible rebatir la ausencia de competencia territorial a trav\u00e9s de este instrumento. <\/p>\n
Lo anterior, denota la relevancia de la herramienta constitucional en comento, que impone a los distintos funcionarios judiciales del pa\u00eds, efectuar un cuidadoso examen de los libelos con que se inicien las acciones de esa naturaleza, en aras de encausarlas acertadamente, esto es, admitirlas a tr\u00e1mite cuando sea viable o redireccionarlas, inmediatamente, a quien corresponda, en observancia de los principios de prevalencia, celeridad y econom\u00eda procesal aludidos. <\/p>\n
3. En torno a la competencia para conocer este tipo de tramitaciones, el inciso segundo del canon 16 de la citada ley contempl\u00f3, que lo \u00abser\u00e1 (\u2026) el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb (subraya la Sala), de donde se extrae que el legislador consagr\u00f3 la concurrencia de dos fueros: el del sitio de la vulneraci\u00f3n y el del domicilio del llamado a juicio. <\/p>\n
La anterior disposici\u00f3n, seg\u00fan lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, pone en evidencia \u00ab(…) que la atribuci\u00f3n de competencia en los procesos de la naturaleza se\u00f1alada, est\u00e1 delimitada por los fueros concurrentes que estableci\u00f3 el legislador, de manera que el actor \u00fanicamente podr\u00e1 optar por uno de los que correspondan a las alternativas fijadas por la norma, y una vez realizada esa selecci\u00f3n, el funcionario judicial no podr\u00e1 apartarse de ella\u00bb (CSJ AC1327-2016, 8 mar., rad. 2016-00504-00, reiterada en CSJ AC665-2020, 27 feb., rad. 2020-00580-00). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del \u00faltimo foro, esto es, el del domicilio del convocado a juicio, por disposici\u00f3n del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 del ordenamiento adjetivo, aplicable al caso por remisi\u00f3n del 44 de la norma especial comentada, ser\u00e1 competente, a prevenci\u00f3n, tanto el juez del lugar en el que est\u00e1 domiciliada la entidad demandada, como el de la circunscripci\u00f3n territorial donde se encuentre ubicada la sucursal o agencia vinculada a los hechos, de ser ese el caso. <\/p>\n
Ante tal elenco de posibilidades, la ley de enjuiciamiento civil le otorga al demandante la potestad de escoger el juez natural que dirimir\u00e1 su disputa, esto es, en la vecindad del llamado a la causa, ora, el lugar en el que se materializa la supuesta vulneraci\u00f3n, selecci\u00f3n que no puede ser desconocida y, mucho menos alterada por el juzgador elegido. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha considerado: <\/p>\n
\u00abEn t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u00bb (CSJ AC3261-2018, 31 jul., rad. 2018-02046-00; criterio reiterado en CSJ AC1986-2021, 26 may., rad. 2021-00689-01). <\/p>\n
En efecto, es obligaci\u00f3n del fallador que recibe las diligencias verificar si el demandante realiz\u00f3 la elecci\u00f3n referida en l\u00edneas anteriores y si ella est\u00e1 conforme al r\u00e9gimen de competencia territorial, pues, de lo contrario, lo procedente es el rechazo del asunto y su remisi\u00f3n a quien corresponda o, en caso de evidenciar omisi\u00f3n o falta de claridad en el escrito genitor, inadmitirlo en busca de la respectiva subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
De no hacer uso de aquellas facultades, como ocurri\u00f3 en el sub examine, donde la juzgadora decidi\u00f3 dar curso al juicio sin reparar en su correcta atribuci\u00f3n, se torna inviable desconocer el memorado axioma, cuya inaplicaci\u00f3n \u00fanicamente es admisible en eventos excepcionales, como \u00abcuando se trate de un estado extranjero o un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica\u201d (art. 27 del C.G.P.), est\u00e9n involucrados ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes (art. 97 del C.I.A. e inc. 2\u00ba, n\u00fam. 2\u00ba art. 28 ibidem), o entidades territoriales, descentralizadas por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica (n\u00fam. 10 art. 28 C.G.P.). <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n con insistencia, precisando: <\/p>\n
\u00ab(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala \u201cha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que despu\u00e9s de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes vari\u00e1ndola por iniciativa de aquellos\u201d\u00bb (se destac\u00f3) (CSJ AC5451-2016, 25 ago., rad. 2015-02977-00, reiterada, entre otras, en CSJ AC3675-2019, 4 sep. 2019, rad. 2019-02699-00; CSJ AC791-2021, 8 mar., rad. 2021-00589-00; CSJ AC910-2021, 15 mar., rad. 2021-00710-00, CSJ AC1237-2021, 19 abr., rad. 2021-01079-00 y CSJ AC2983-2021, 22 jul., rad. 2021-02300-00). <\/p>\n
5. Y es que, como lo ha sostenido la doctrina, al abordar el estudio de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal que se configura en cada litigio entre los intervinientes y el juez, de ella \u00abnacen ciertos derechos de las partes, como los relativos a la competencia del juez que ha de decidir la litis (perpetuatio jurisdictionis), a que el proceso se desarrolle conforme a la ordenaci\u00f3n ritual y que no se alteren las actuaciones fundamentales del mismo. Por este motivo, el juez que conoce del proceso debe continuar conociendo de \u00e9l, aunque se presenten modificaciones en las personas o cosas que figuran en el juicio. Trat\u00e1ndose de competencia territorial, no parece dudoso que la jurisdicci\u00f3n se perpet\u00faa y, por tanto, que una vez constituida la relaci\u00f3n, el juez ante el que se plante\u00f3 la demanda deber\u00e1 continuar conociendo de ella, aunque cambie la situaci\u00f3n de las cosas, o se altere el domicilio del demandado, o se modifique su condici\u00f3n o sufran una alteraci\u00f3n las demarcaciones territoriales (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
Por ello, la actual legislaci\u00f3n procedimental admite la prorrogabilidad de la competencia por factores distintos al subjetivo o funcional, imponiendo al juez seguir conociendo del proceso, a menos que el legitimado para hacerlo, reclame en tiempo tal aspecto (art. 16 citado). La situaci\u00f3n se repite en el caso de la vinculaci\u00f3n sobreviniente de personas con fuero especial, d\u00f3nde s\u00f3lo es viable cambiar al fallador cuando el nuevo interviniente sea un estado extranjero o un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (art. 27 del C.G.P.). <\/p>\n
6. De conformidad con lo anterior, no era dable al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia (Risaralda) desprenderse del pleito, luego de haber avocado su conocimiento y dispuesto el tr\u00e1mite, por cuanto ello, adem\u00e1s de quebrantar los mandatos constitucionales de celeridad y econom\u00eda procesal, imperantes en el tr\u00e1mite que debe imprimirse a las acciones populares, desconoce que su competencia se encontraba legalmente prorrogada y no exist\u00eda fundamento jur\u00eddico para alterarla, conforme al reiterado criterio de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al no configurar su actuaci\u00f3n ninguno de los motivos de anulaci\u00f3n taxativamente consagrados en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso o en otra norma especial, la juzgadora no pod\u00eda acudir a ese mecanismo residual, para remediar su falta de examen adecuado del escrito introductor que debi\u00f3 agotar ab initio, porque, si bien le puede asistir raz\u00f3n al concluir que ni la violaci\u00f3n del derecho colectivo invocado, ni el domicilio principal de la demandada se hallan en esa localidad, al haber admitido la acci\u00f3n popular, se arrog\u00f3 la competencia para conocer el pleito, fijaci\u00f3n que no es constitutiva de nulidad, como que no concurre el supuesto f\u00e1ctico de actuaci\u00f3n del juez en el proceso \u00abdespu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia\u00bb (n\u00fam.1 art. 133 C.G.P.) \u2013 resaltado fuera de texto-. <\/p>\n
7. En consecuencia, en aplicaci\u00f3n del postulado de la perpetuatio jurisdictionis, y la manifestaci\u00f3n del accionante referida a que \u00abBancolombia [tiene] Domicilio en el municipio de la Virginia Rda\u00bb, corresponde a la falladora inicial continuar con el adelantamiento del decurso y as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda es el competente para continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n popular referenciada. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que asuma el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo – Boyac\u00e1 y al actor popular. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Curso de Derecho Procesal Civil, Morales Molina Hernando, Editorial ABC, 1983, p\u00e1g. 204 a 205. <\/p>\n
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AC007-2022 (2021-04632-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC007-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04632-00 Bogot\u00e1 D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). I. ANTECEDENTES 1. Ante el primer estrado mencionado, Uner Augusto Becerra Largo instaur\u00f3 acci\u00f3n popular contra Bancolombia S.A., endilg\u00e1ndole el quebranto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60390","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60390","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60390"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60390\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60390"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60390"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60390"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}