AC018-2022 (2021-03687-00)<\/p>\n
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AC018-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03687-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de enero de dos mil veintidos (2022).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo del Circuito de La Virginia y Primero Civil del Circuito de Sogamoso, para conocer de la acci\u00f3n popular promovida por UNER AUGUSTO BECERRA LARGO contra BANCOLOMBIA S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En ejercicio de la citada acci\u00f3n constitucional, el actor manifest\u00f3 que la entidad bancaria accionada trasgrede intereses de car\u00e1cter colectivo, al punto que \u201cno cuenta en sus inmuebles donde presta el servicio al p\u00fablico a nivel pa\u00eds, con ba\u00f1o p\u00fablico apto para ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas\u201d. Aunque inicialmente se\u00f1al\u00f3 que el \u201cagravio ocurre a lo largo y ancho del territorio patrio\u201d, precis\u00f3 despu\u00e9s que la \u201cvulneraci\u00f3n y amenaza\u201d acontece en la \u201cCARRERA 13 # 11-50 \/ SOGAMOSO BOYACA\u201d, y finalmente, que el domicilio de la contraparte es la Virginia, Risaralda, lugar donde radic\u00f3 la demanda1. <\/p>\n
2. Aunque el Despacho Promiscuo del Circuito de la denotada municipalidad, admiti\u00f3 el asunto con el radicado No. 66400-31-89-001-2021-00816-002, y posteriormente lo rechaz\u00f3, anulando lo actuado, y lo remiti\u00f3 por competencia a sus hom\u00f3logos Civiles del Circuito de Sogamoso, Boyac\u00e1 fundado en que \u201cLa Virginia \u2013 Risaralda, no es el sitio donde est\u00e1 ubicado el domicilio principal de la demandada y tampoco es el territorio donde se est\u00e1 produciendo la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos invocados\u201d3. <\/p>\n
3. Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, el gestor interpuso recurso horizontal sustentado en que el juzgado estaba \u201cdesconociendo la jurisdicci\u00f3n perpetua y olvidando que no es parte procesal y que debe continuar con las acciones\u201d4; no obstante, result\u00f3 inane, pues la decisi\u00f3n fue mantenida inc\u00f3lume en prove\u00eddo del 18 de junio de esta anualidad5. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la presente acci\u00f3n popular, en la que se discute si corresponde zanjar el asunto al juzgador del lugar de ocurrencia de la posible vulneraci\u00f3n constitucional o al operador judicial donde se design\u00f3 la competencia inicialmente, quien adem\u00e1s avoc\u00f3 el conocimiento del asunto. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la discusi\u00f3n planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores para establecer la competencia en el marco de las acciones populares <\/p>\n
Los factores de competencia determinan el operador judicial al que seg\u00fan el ordenamiento debe atribuirse el conocimiento de un litigio en particular, raz\u00f3n por la cual, a quien le es presentado el libelo, tiene la carga de valorar la legislaci\u00f3n vigente para ese momento, a fin de adoptar la decisi\u00f3n de rigor en torno a su facultad o la de otra autoridad para conocerlo. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de acciones populares, de conformidad con lo dispuesto en el canon 16 de la Ley 472 de 1998, \u201cser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor (\u2026)\u201d, estableciendo as\u00ed un fuero concurrente a prevenci\u00f3n, esto es, el del sitio de la vulneraci\u00f3n y el del domicilio del convocado. <\/p>\n
De ah\u00ed que, ante la variedad de posibilidades, como lo ha se\u00f1alado esta Sala, \u201cel promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u201d7; por lo que, el juzgador elegido para tramitar el negocio, en principio, no podr\u00e1 apartarse de la selecci\u00f3n del demandante, ni alterar la misma. <\/p>\n
4. Conservaci\u00f3n, alteraci\u00f3n de la competencia y aplicaci\u00f3n del postulado de la \u201ccompetencia perpetua\u201d <\/p>\n
Ahora bien, cuando el funcionario ante quien se realiz\u00f3 la atribuci\u00f3n de conocimiento de un determinado asunto, al momento de estudiar las diligencias en atenci\u00f3n de lo reglado en el art\u00edculo 90 ib\u00eddem, pasa por alto la ausencia de los factores de asignaci\u00f3n expuestos, y aun as\u00ed decide rituar la litis, le corresponde de forma congruente mantener inc\u00f3lume su valoraci\u00f3n, convirti\u00e9ndose as\u00ed en exclusiva la facultad del enjuiciado para controvertirlo mediante los mecanismos legales, lo que significa que si esta \u00faltima eventualidad no acontece, la competencia adoptada resultar\u00e1 inalterable en virtud del principio de la \u201cperpetuatio jurisdictionis\u201d, impidi\u00e9ndole al juez desprenderse posteriormente del legajo, pues esa renuncia transgredir\u00eda, entre otros, los principios de eventualidad y econom\u00eda procesal. Conclusi\u00f3n a la que se arriba por conducto de la remisi\u00f3n normativa contemplada en el art\u00edculo 44 Ib\u00eddem8. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es menester sincronizar lo dicho con la norma atinente a la prorrogabilidad, dispuesta en el inciso segundo del precepto 16 del estatuto adjetivo civil vigente, el cual establece que la \u201cfalta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservar\u00e1 validez\u201d. Previsi\u00f3n que exhibe palmaria e inequ\u00edvocamente una autorizaci\u00f3n de alterabilidad respecto a esos dos foros, y en l\u00ednea l\u00f3gica, la desestimaci\u00f3n en los dem\u00e1s casos. <\/p>\n
De manera que, una vez es asumida la asignaci\u00f3n de determinado caso por el operador judicial, este no puede despojarse del mismo, pues \u201c(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala \u201cha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que despu\u00e9s de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes vari\u00e1ndola por iniciativa de aquellos\u201d9. <\/p>\n
Lo anterior, a menos que se materialice uno de los supuestos que ameriten la variaci\u00f3n de la competencia establecidos en el adjetivo procesal, reiterados por la Corte, a saber: (i) Cuando intervenga como parte, en forma sobreviniente, un estado extranjero, o un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia. (inciso 1\u00ba art\u00edculo 27 ib\u00eddem). (ii) Cuando un tr\u00e1mite de m\u00ednima o menor cuant\u00eda se transforme en uno de mayor, en virtud de la reforma de la demanda, demanda de reconvenci\u00f3n o acumulaci\u00f3n de procesos o de demandas. (inciso 2\u00ba art\u00edculo 27 ib\u00eddem) (iii) Cuando, de conformidad con los lineamientos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se disponga la remisi\u00f3n de los expedientes a las oficinas de apoyo u oficinas de ejecuci\u00f3n de sentencias declarativas o ejecutivas. (inciso 4\u00ba art\u00edculo 27 ib\u00eddem) (iv) En virtud del cambio de radicaci\u00f3n ordenado por la Corte Suprema de Justicia o los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, seg\u00fan el caso. (v) En caso p\u00e9rdida de competencia, conforme al canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso10. <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
Conforme al contexto dilucidado en precedencia, la Corte observa en el sub-lite, que el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y su incompetencia para proseguir el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n p\u00fablica, sin que se encuentre, configurada ninguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, y que con ello vari\u00f3 la competencia territorial que hab\u00eda asumido mediante auto de 9 de marzo de 2021, en el que acept\u00f3 conocer del asunto por reunir los requisitos dispuestos para ello en el precepto 18 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Se vislumbra tambi\u00e9n, que aun cuando en dicha judicatura no concurran el lugar de domicilio principal de la entidad bancaria enjuiciada, ni el sitio de la presunta conculcaci\u00f3n a los derechos colectivos invocados, la estirpe territorial de la atribuci\u00f3n avocada, le impide ahora mutarla o repelerla motu proprio, por cuanto ese acto de calificaci\u00f3n positiva de la demanda no fue impugnado por la contraparte, y teni\u00e9ndose en cuenta, adem\u00e1s, que la facultad para alterar de oficioso la aptitud legal, solo es procedente en procura de encauzarla a los criterios subjetivo y funcional, ausentes en este escenario. <\/p>\n
Expresado en otros t\u00e9rminos, lo dicho traduce que pese a que en la Virginia no confluyan la dupla de posibilidades ante los que la ley le permite acudir al precursor, la admisi\u00f3n de la demanda, sin que la sociedad enjuiciada elevara cr\u00edtica alguna, converge en la inmodificabilidad de la vocaci\u00f3n legal adscrita, tal y como lo ha destacado la Sala, <\/p>\n
\u201c(\u2026) el juez no podr\u00e1 variar o modificar la competencia a su libre arbitrio \u2018cuando la pas\u00f3 por alto en la oportunidad que le confiere la ley procesal, esto es, al calificar la idoneidad del escrito introductor\u2026\u2019 de suerte que \u2018si por alguna circunstancia la manifestaci\u00f3n del demandante resultare inconsistente, es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para tal efecto\u2019\u201d11. <\/p>\n
En ese orden, provista la admisi\u00f3n del escrito introductor y dispuesta la notificaci\u00f3n de los interesados en el juicio, no cab\u00eda desprenderse de su tr\u00e1mite, pues, se reitera, bien afianzado lo tiene la Corte, que <\/p>\n
\u201cUna vez el asunto es asignado a un operador judicial, a \u00e9l le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunci\u00f3n de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los dem\u00e1s de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente\u201d12. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n popular radicada con el No. 66400-31-89-001-2021-00816-00, impone al estrado de La Virginia continuar su impulso oficioso, dado que la competencia por \u00e9ste asumida, ni siquiera fue discutida por la compa\u00f1\u00eda convocada, de ah\u00ed que al sustraerse de la misma, como lo hizo, desatienda el principio de la perpetuatio jurisdictionis; de manera que se le remitir\u00e1 el expediente a fin de que prosiga el tr\u00e1mite que legalmente corresponda. <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando que al Promiscuo del Circuito de La Virginia le corresponde conocer la acci\u00f3n popular promovida por UNER AUGUSTO BECERRA LARGO contra BANCOLOMBIA S.A. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra autoridad concernida. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 1, anexo 003 escrito acci\u00f3n popular. expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1 y 2, anexo proceso ordinario de petici\u00f3n de herencia. ib. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 a 5. Anexo 006 auto declara nulidad y rechaza por competencia ib. <\/p>\n
4\u0002 Folio 1 a 9 anexo 008 escrito de reposici\u00f3n. ib. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1 a 4 anexo proceso ordinario de petici\u00f3n de herencia. ib. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1 a 5. Anexo 014 auto se abstiene de conocer y propone conflicto ib. <\/p>\n
7\u0002 CSJ AC3261-2018. <\/p>\n
8\u0002 Art. 44. Ley 472 de 1998. ASPECTOS NO REGULADOS. En los procesos por acciones populares se aplicar\u00e1n las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del C\u00f3digo Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicci\u00f3n que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones. <\/p>\n
9\u0002 CSJ AC5451-2016, 25 ago., rad. 2015-02977-00, reiterada, entre otras, en CSJ AC3675-2019, 4 sep. 2019, rad. 2019-02699-00; CSJ AC791-2021, 8 mar., rad. 2021-00589-00; CSJ AC910-2021, 15 mar., rad. 2021-00710-00, CSJ AC1237-2021, 19 abr., rad. 2021-01079-00 y CSJ AC2983-2021, 22 jul., rad. 2021-02300-00 <\/p>\n
10\u0002 CSJ AC4049 de 13 de septiembre de 2021. <\/p>\n
11\u0002 CSJ AC 8 Nov. 2011. Rad. 2010-01617-00. Reiterada en CSJ AC 31 enero 2013 Rad. 2012-02927-00. <\/p>\n
12\u0002 CSJ AC1836-2019. <\/p>\n
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