AC087-2022 (2022-00129-00)<\/p>\n
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AC087-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00129-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Se decide lo pertinente sobre la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n formulada por Martha Cecilia Caballero, respecto del proceso de sucesi\u00f3n 63001-31-11-000-2021-00146-01 del causante \u00d3scar Osorio, que actualmente cursa en el Juzgado Primero de Familia de Armenia. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante escrito dirigido a esta Sala, el abogado de la peticionaria solicit\u00f3 la remisi\u00f3n del referido asunto al Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, donde actualmente cursa el juicio de sucesi\u00f3n con radicado 50001311100020210007300, tambi\u00e9n del fenecido \u00d3scar Osorio. <\/p>\n
2. Como sustento de lo anterior, el mandatario de la gestora refiri\u00f3 ser su apoderado en ambos procesos; y, por ende, solicita su acumulaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Dicha petici\u00f3n arrib\u00f3 as\u00ed ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El asunto planteado <\/p>\n
Le corresponde a este Alto Tribunal analizar y resolver una petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n en la que se pide el traslado de un juicio de sucesi\u00f3n del Distrito Judicial de Armenia al de Villavicencio, con sustento en la figura de la acumulaci\u00f3n de procesos de sucesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Consagraci\u00f3n legal de la figura procesal del cambio de radicaci\u00f3n <\/p>\n
Dentro de las novedades que el ordenamiento procesal ha tra\u00eddo al derecho patrio est\u00e1 el cambio de radicaci\u00f3n, mencionado en varias disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, que en lo que ata\u00f1e a la Corte Suprema de Justicia se contempla en el numeral octavo del art\u00edculo 30, literalmente as\u00ed: <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia conoce en Sala de Casaci\u00f3n Civil: De las peticiones de cambio de radicaci\u00f3n de un proceso o actuaci\u00f3n de car\u00e1cter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisi\u00f3n de un distrito judicial a otro. <\/p>\n
En cuanto a las condiciones bajo las cuales procede el cambio de radicaci\u00f3n, precept\u00faa la referida norma que el mismo se podr\u00e1 disponer excepcionalmente, cuando en el lugar donde se est\u00e9 adelantando el litigio existan circunstancias que: <\/p>\n
<\/p>\n
i. puedan afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes.<\/p>\n
ii. cuando se adviertan deficiencias de gesti\u00f3n y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura <\/p>\n
De ah\u00ed que esta Corporaci\u00f3n haya indicado que esta herramienta, \u00ab(…) se constituye en una medida de protecci\u00f3n extraordinaria para evitar la lesi\u00f3n de la prerrogativa constitucional al debido proceso, y con el \u00e1nimo de que se cumplan los fines de prestar pronta y cumplida justicia, a quienes conf\u00edan la soluci\u00f3n de sus pendencias a las autoridades debidamente instituidas para ello (…)1\u00bb. <\/p>\n
3. Noci\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n <\/p>\n
El cambio de radicaci\u00f3n, como aparece consagrado en la legislaci\u00f3n vigente que acaba de trasuntarse, resulta ser una herramienta procesal apta para preservar el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y garantizar la resoluci\u00f3n normal y pac\u00edfica de los conflictos jur\u00eddicos, a\u00fan en los casos en los que se presenten circunstancias excepcionales relacionadas con alteraciones del orden p\u00fablico, afectaci\u00f3n a la imparcialidad o independencia de la administraci\u00f3n de justicia, desatenci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, amenazas a la integridad o seguridad de los intervinientes, o deficiencias en la gesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
La mencionada figura comporta, necesariamente, el traslado del proceso a una sede diferente a la del juzgador que ha adquirido competencia en cumplimiento de las reglas de atribuci\u00f3n establecidas en la norma procesal; esto es, que resulta ser una pausa, legalmente consentida, a la garant\u00eda del juez natural y tambi\u00e9n al principio universal de la perpetuatio jurisdictionis. <\/p>\n
Por lo mismo, la aplicaci\u00f3n de ese instituto debe ser excepcional y plenamente justificada, por lo que su eventual acogimiento debe partir de la plena acreditaci\u00f3n de alguna de las hip\u00f3tesis que le da cabida, y superar tambi\u00e9n un examen m\u00ednimo de razonabilidad y proporcionalidad, con el que se llegue a determinar la necesidad y la utilidad de dicha medida. <\/p>\n
Este instituto supone, por su propia naturaleza, una perturbaci\u00f3n grave, referida al lugar en que se ventila el asunto para el que se pide esa excepcional medida de protecci\u00f3n, y que esa afectaci\u00f3n sea externa al proceso y al desarrollo del mismo, as\u00ed como no alude al defectuoso contenido, ni al desacierto de las decisiones judiciales que en \u00e9l se hayan adoptado, ni a la inconformidad con el tr\u00e1mite que se le haya impreso, ya que para conjurar todas estas situaciones adversas el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 otros mecanismos. <\/p>\n
En suma, el cambio de radicaci\u00f3n propende por garantizar que, en situaciones que verdaderamente se salen de los par\u00e1metros de la normalidad o del contexto en el que regularmente opera la justicia en Colombia, se proteja al proceso mismo y a las partes e intervinientes, con el traslado del asunto a otro sitio, diferente al de la sede del juez natural, designado por las reglas de competencia se\u00f1aladas en la codificaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
4. Las circunstancias o motivos que pueden propiciar el cambio de radicaci\u00f3n <\/p>\n
La ley se encarga de se\u00f1alar expresamente las causales de procedencia de la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n, que en l\u00edneas generales pueden ser incorporadas en dos grupos, a saber: El primero concerniente a la afectaci\u00f3n del \u00aborden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes\u00bb, en el lugar donde se est\u00e1 adelantando el juicio; y el segundo, atinente a deficiencias de \u00abgesti\u00f3n y celeridad del proceso\u00bb en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
4.1. En el grupo inicial de motivos que dan pie al cambio de radicaci\u00f3n, corre transversal el concepto de orden p\u00fablico, entendido como el \u00abconjunto de condiciones tendientes a asegurar la convivencia arm\u00f3nica de los miembros de una sociedad dentro de un marco de estabilidad y normalidad institucionalidad con plena garant\u00eda de las libertades p\u00fablicas, que permita la prosperidad general y el goce de los derechos humanos\u00bb2. <\/p>\n
Pero las arremetidas contra el orden p\u00fablico que pueden propiciar la alteraci\u00f3n al principio del juez natural, a vista de la jurisprudencia, han de ser \u00absituaciones extremas\u00bb, que pueden ejemplificarse en \u00abla presencia de grupos armados al margen de la ley (que) logre interferir, mediante amenazas, presiones o el uso de la fuerza, en las decisiones que se toman al interior de un proceso\u201d; o en \u201cepisodios de esa misma \u00edndole (que) tengan la magnitud de incidir en la pr\u00e1ctica de las pruebas\u00bb3. <\/p>\n
El deterioro del orden p\u00fablico, propicio para impulsar un cambio de radicaci\u00f3n, puede consistir igualmente en la existencia de circunstancias concretas que evidencian riesgo, amenaza o incluso da\u00f1o cumplido a la integridad de los intervinientes o funcionarios que intervienen como parte o como terceros con inter\u00e9s en el proceso. <\/p>\n
Ahora bien, la situaci\u00f3n de riesgo, amenaza o da\u00f1o a la vida de las partes o intervinientes, como lo ha expuesto la Corte en su Sala de Casaci\u00f3n Penal, en casos parecidos, a prop\u00f3sito de los reclamos que sobre cambio de radicaci\u00f3n se estudian, \u00abno solo debe aparecer coligada al \u00e1mbito territorial de diligenciamiento, sino que tambi\u00e9n, como es obvio, ha de guardar relaci\u00f3n con el procedimiento cuyo traslado se pretende, pues de lo contrario las reglas de competencia resultar\u00edan afectadas por circunstancias del todo ajenas a la actividad judicial concreta\u00bb4. <\/p>\n
4.2. En cuanto hace a las deficiencias en la gesti\u00f3n y a la ausencia de celeridad en el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n de los procesos, la Sala ha predicado que no se trata en este escenario de analizar o revisar el contenido de las providencias que se dictan, sino de verificar que el impulso del litigio no est\u00e1 interrumpido por \u00abproblemas coyunturales o estructurales de congesti\u00f3n de un despacho, o de los juzgados de toda un \u00e1rea, lo que justifica el traslado del foro a una oficina judicial en la que se pueda desarrollar el proceso con normalidad\u00bb5. <\/p>\n
Esos problemas de gesti\u00f3n o eficiencia en la gesti\u00f3n de un juzgado, que influyen en la pronta y cumplida administraci\u00f3n de justicia y que a su vez autorizan el cambio de radicaci\u00f3n, deben ser constatados por el Consejo Superior de la Judicatura, que con las herramientas que le da la ley y los reportes estad\u00edsticos que le entregan los operarios judiciales, emite un concepto, insoslayable para decidir el cambio de radicaci\u00f3n. <\/p>\n
En cualquiera de las dos situaciones que permiten el cambio de radicaci\u00f3n, corresponde al solicitante la acreditaci\u00f3n de las hip\u00f3tesis que se llegue a invocar, sin que salvo el aludido concepto que se rinde en pos de verificar fallas de gesti\u00f3n o celeridad, exista una tarifa especial de prueba, y sin que se requiera tampoco el agotamiento de una fase de contradicci\u00f3n de los elementos de prueba que se adjunten o relacionen, \u00abdado que la decisi\u00f3n que al respecto se adopte no tiene relaci\u00f3n con el inter\u00e9s particular que las partes poseen en la relaci\u00f3n jur\u00eddico-sustancial que constituye el objeto de la disputa, pues dentro de los argumentos que se aducen para decretar la medida no se toma en consideraci\u00f3n ninguna raz\u00f3n sobre el fondo del asunto\u00bb6. <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
4.1 Examinado el planteamiento de la peticionaria, pronto se advierte que su s\u00faplica no satisface los presupuestos para que se conceda; pues, el grueso de su fundamento no se enmarca en ninguna de las causales en las que se funda la aplicaci\u00f3n de la figura de cambio de radicaci\u00f3n, la cual se itera, tiene de car\u00e1cter excepcional. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que, como se puede evidenciar en los antecedentes, la petici\u00f3n elevada por la actora se sustenta en que actualmente est\u00e1n cursando dos juicios de sucesi\u00f3n de un mismo causante en dos juzgados de familia pertenecientes a diferentes distritos judiciales, esto es, el Juzgado Primero de Familia de Armenia y en el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio; y por ende, depreca el traslado del juicio ubicado en el primer despacho al segundo, con el prop\u00f3sito de que se acumulen ambos procesos. <\/p>\n
4.2 Sin embargo, la circunstancia que origina el sub examine no se acompasa con lo reglado en el inciso segundo numeral 8\u00ba del canon 30 del C\u00f3digo General del proceso, el cual se dispone que para que proceda el traslado de un proceso de un distrito judicial al otro, deben existir circunstancias que pudieran afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de uno cualquiera de los sujetos procesales; por cuanto, en el escrito rector no se hace referencia a ninguna de ellas como causal originaria de la s\u00faplica. <\/p>\n
En un asunto similar al que se resuelve, la Sala indic\u00f3 que, <\/p>\n
\u201cDesde luego, el acaecimiento de situaciones meramente circunstanciales, como la registrada en la solicitud, no converge en ninguna de los aludidos supuestos del precepto, en tanto (\u2026) no conlleva, por s\u00ed solo, afectaci\u00f3n del orden p\u00fablico, de la imparcialidad ni de la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, y mucho menos entra\u00f1a, per se, violaci\u00f3n o cercenamiento de las garant\u00edas procesales. (\u2026) [por lo que] Se rechazar\u00e1 la solicitud por cuanto no relaciona un solo hecho que encaje en el \u00e1mbito del precepto\u201d7. <\/p>\n
Tampoco se trata lo planteado de una situaci\u00f3n estructural o coyuntural que dentro del juzgado impida o sea \u00f3bice para labuena marcha del juicio de sucesi\u00f3n en cuesti\u00f3n. Lo expresado, por el contrario, es una cuesti\u00f3n procesal normal, que ha de ser encauzada por el sendero de la acumulaci\u00f3n de procesos o del conflicto especial de competencia previsto para las causas mortuorias (art\u00edculo 522 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el cambio de radicaci\u00f3n, por cuanto su fundamento no guarda relaci\u00f3n con ninguna de las hip\u00f3tesis contempladas en la norma, y que son las \u00fanicas que dan lugar a la remisi\u00f3n de un proceso de un distrito judicial a otro. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n formulada por Martha Cecilia Caballero. <\/p>\n
SEGUNDO: Archivar las actuaciones, una vez est\u00e9 en firme esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ AC5585-2015, 28 septiembre de 2015. <\/p>\n
2\u0002 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, sentencia del 6 de julio de 2007, Rad. 17253. <\/p>\n
3\u0002 CSJ AC2991-2015, reiterado recientemente en AC043-2019. <\/p>\n
4\u0002 CSJ AP de 29 de mayo de 2019, Rad. 55170. <\/p>\n
5\u0002 CSJ AC 3819-2017. <\/p>\n
6\u0002 CSJ AC de 15 de junio de 2017, Rad. 2017-01295-00. <\/p>\n
7\u0002 CSJ AC5530 de 29 de agosto de 2017. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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