AC093-2022 (2022-00022-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC093-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00022-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisibilidad de la solicitud presentada por ERIKA ANDREA \u00c1LVAREZ VALD\u00c9S, para obtener el exequ\u00e1tur de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2015 por el Juzgado de 1\u00aa Instancia No. 76 de Madrid, Espa\u00f1a, mediante la cual se decidi\u00f3 sobre la patria potestad, el r\u00e9gimen de visitas y los alimentos a favor de la hija menor de edad de la peticionaria y WILMAR ARCILA FRANCO. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso indica que deber\u00e1 rechazarse la petici\u00f3n de homologaci\u00f3n \u00absi faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del art\u00edculo precedente\u00bb, y, a su turno, el numeral 3\u00ba del canon 606 ib\u00eddem, establece como condici\u00f3n para que la providencia surta efectos en este territorio, que \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb. <\/p>\n
2. Bajo ese marco, al revisar en detalle la petici\u00f3n presentada y los anexos adjuntos, se advierte que no se satisface el precitado requisito, toda vez que la parte solicitante no alleg\u00f3 prueba id\u00f3nea de la ejecutoria del fallo, que por haber sido dictado en Espa\u00f1a, debe acreditarse seg\u00fan lo pactado en el Convenio 134 de 30 de mayo de 1908, Sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles, entre el Reino de Espa\u00f1a y la Rep\u00fablica de Colombia, que en lo pertinente prev\u00e9 como exigencia: \u00abLas sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales Comunes de una de las Altas Partes Contratantes, ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el Pa\u00eds en que se hayan dictado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Atinente a c\u00f3mo se satisface este presupuesto, el art\u00edculo 2\u00b0 ib\u00eddem se\u00f1ala que \u00ab(\u2026) se comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, no es id\u00f3nea la anotaci\u00f3n realizada por la Letrada de la Administraci\u00f3n en la copia del prove\u00eddo del que se pretende su homologaci\u00f3n en la que se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: \u00abLo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con el original al que me remito y, para que conste, AS\u00cd COMO SU FIRMEZA libro el presente (\u2026)\u00bb1; toda vez que, de conformidad con la exposici\u00f3n de motivos precedente, la constancia de ejecutoria debe emanar del Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia [Actual Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia], documento que no se encuentra en el expediente, de lo cual se desprende que no es procedente dar curso a esta solicitud, es decir, se impone su rechazo frontal. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho en casos similares que <\/p>\n
En el caso que ahora se analiza, es evidente la falta del certificado al que se aludi\u00f3, seg\u00fan lo establecido por las dos naciones a efectos de reconocer la efectividad de las decisiones jurisdiccionales definitivas que se profieran en sus territorios. (\u2026) Como se explic\u00f3 en forma precedente, el \u00abcertificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia\u2026\u00bb, actualmente Ministerio de Justicia, Subdirecci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional, acorde con la exigencia especial contenida en el convenio bilateral suscrito por los gobiernos de Espa\u00f1a y Colombia, es el \u00fanico instrumento con el que se debe acreditar la ejecutoria de las sentencias, cuya efectividad se pretenda fuera del territorio en que se dictaron. (\u2026) En ese orden de ideas, ni la certificaci\u00f3n expedida por la secretar\u00eda del despacho judicial en el cual fue adoptada la determinaci\u00f3n objeto de este tr\u00e1mite sobre la firmeza de la misma, ni la apostilla de la copia de la providencia extranjera, tienen aptitud legal para reemplazar la formalidad especial que no observ\u00f3 el interesado para acreditar la ejecutoria de la resoluci\u00f3n judicial, pues, como se explic\u00f3 en forma precedente, aquella se demuestra exclusivamente con el referido certificado. (\u2026) En las condiciones rese\u00f1adas, y en atenci\u00f3n a que no se dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 694 del ordenamiento adjetivo, en lo que ata\u00f1e a acreditar en debida forma que los pronunciamientos cuya convalidaci\u00f3n se reclama, se encuentren ejecutoriados de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, se rechazar\u00e1 el libelo, como as\u00ed lo precept\u00faan los art\u00edculos 85 y 695 ejusdem. (\u2026)2 <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, en el libelo genitor se omitieron algunos de los requisitos formales, que por lo menos dar\u00edan lugar a la inadmisi\u00f3n del escrito inicial. Ellos son, a saber: <\/p>\n
3.1 No se indic\u00f3 el lugar de domicilio de la contraparte, siendo este un concepto diferente al de ubicaci\u00f3n para notificaci\u00f3n f\u00edsica o por correo. <\/p>\n
Puesto que, como la reciprocidad es un presupuesto neur\u00e1lgico del exequ\u00e1tur, su demostraci\u00f3n constituye carga del interesado3, por lo que el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda debe contener alusi\u00f3n sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico o la subsidiaria de car\u00e1cter legislativo. Trat\u00e1ndose de la reciprocidad legislativa, se deber\u00e1 allegar la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Una consideraci\u00f3n final cumple hacer, los rechazos de las sucesivas demandas de exequ\u00e1tur, que insiste en formular Erika Andrea \u00c1lvarez Vald\u00e9s, no son producto de actuaciones arbitrarias por parte de los diferentes Despachos de la Corte, sino que obedecen a la falta de cumplimiento de los requisitos que para dar tr\u00e1mite a la homologaci\u00f3n impone el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En ese sentido, se insta al apoderado judicial de la mencionada solicitante, para que con mayor diligencia y cuidado atienda las directrices de la norma procesal, as\u00ed como las gu\u00edas que se le han dado en los varios autos emanados de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
5. En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculos 606 y 607 ib\u00eddem, el Despacho, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO.- RECHAZAR la demanda mediante la cual se pretende el exequ\u00e1tur de la mencionada sentencia. <\/p>\n
SEGUNDO.- Reconocer personer\u00eda al abogado Jos\u00e9 Guillermo Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez, en los t\u00e9rminos y para los efectos en los que qued\u00f3 consagrado en el escrito de sustituci\u00f3n de poder a \u00e9l efectuado. <\/p>\n
TERCERO.- Como el expediente es virtual, no es necesario devolver los anexos. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 30 a 38, anexo Demanda; expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 CSJ, AC6220 de 27 de octubre de 2015. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. SC 15495 de 11 de noviembre de 2015. <\/p>\n
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