AC122-2022 (2022-00179-00)<\/p>\n
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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00179-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9 y su Hom\u00f3logo Treinta y Seis de la capital de la Rep\u00fablica, para conocer del juicio de expropiaci\u00f3n promovido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA \u2013ANI, frente a IGNACIO DE LOYOLA PINEDO DURANGO y otros1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad precursora de la litis solicit\u00f3 ante los juzgadores de Ceret\u00e9 decretar, con fundamento en la utilidad p\u00fablica, la expropiaci\u00f3n del inmueble situado en San Pelayo, C\u00f3rdoba, identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 143-1398, cuyo derecho real y principal de dominio, est\u00e1 radicado a nombre de Ignacio de Loyola Pinedo Durango2, y, los herederos determinados Luis Esteban Moreno Durango y Roquelina del Carmen Durango de Moreno, e indeterminados de Mar\u00eda de la Cruz Vargas Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
En el pliego inicial, fij\u00f3 la competencia en raz\u00f3n de la naturaleza del asunto y, \u201cel lugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble (\u2026)\u201d y anunci\u00f3 que en atenci\u00f3n a la facultad establecida en el art\u00edculo 15 del C\u00f3digo Civil \u201cla entidad que represento expresamente renuncia al factor subjetivo que consagra el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C.G.P. (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
2. Surtido el reparto, la demanda correspondi\u00f3 al Despacho Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9, quien se declar\u00f3 incompetente para rituar su tr\u00e1mite, al se\u00f1alar con estribo en el fuero d\u00e9cimo contemplado en el canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, y en la prevalencia que de \u00e9ste se pregona en el auto de unificaci\u00f3n (AC140-2020), que el conocimiento debe avocarlo el juez del domicilio de la gestora, dada su naturaleza p\u00fablica4. <\/p>\n
3. La representante judicial de la entidad demandante, una vez conoci\u00f3 la inadmisi\u00f3n de la demanda por parte del juzgado, se pronunci\u00f3 en memorial dirigido al Treinta y Seis Civil del Circuito, en el cual manifiesta que, \u201csubsana requisitos del auto inadmisorio de demanda\u201d y que, \u201cera necesario modificar adem\u00e1s el cap\u00edtulo quinto de la misma, y suprimir la petici\u00f3n especial de competencia, toda vez que el juzgado civil del circuito de Ceret\u00e9 mediante auto resolvi\u00f3 rechazar de plano la demanda presentada inicialmente por falta de competencia, y en consecuencia ordeno la remisi\u00f3n del expediente en forma virtual a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1 D.C (reparto), por ser los competentes, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de dicho prove\u00eddo, correspondi\u00e9ndole finalmente a su despacho\u201d5. <\/p>\n
4. A su vez, el Juez Treinta y Seis Civil del Circuito de la urbe distrital destinataria, sin pronunciamiento al respecto, provoc\u00f3 la colisi\u00f3n negativa que ahora se desata, y, fundamentado en los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del C.G.P., y en la AC4634-2021, manifest\u00f3 que, \u201c(\u2026) en el asunto se presenta concurrencia de fueros privativos (\u2026) se advierte que intervienen dos entidades de las caracter\u00edsticas mencionadas, cuyos domicilios son Bogot\u00e1 y San Pelayo (C\u00f3rdoba) Motivo por el cual, para definir el Juez Competente en asuntos de especiales condiciones, debe acudirse a los lineamientos que por v\u00eda jurisprudencia se han desarrollado, en los que se defini\u00f3, que debe acudirse a las reglas generales que determinan el conocimiento del asunto, esto es, en cabeza del juez del lugar de ubicaci\u00f3n del bien inmueble (art. 28-7, ib\u00eddem), m\u00e1xime cuando esa fue la opci\u00f3n que adopt\u00f3 la entidad demandante\u201d6. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer del proceso especial de expropiaci\u00f3n motivo de an\u00e1lisis, en el que se discute si es viable atender el foro prevalente a que alude el \u00edtem 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o si la existencia de varios sujetos procesales de car\u00e1cter p\u00fablico, y la renuncia a este factor, concitan la adopci\u00f3n del numeral 7 de dicho precepto. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre dos estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por la previsi\u00f3n s\u00e9ptima del compendio normativo 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una parte es persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del tratado general del proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo la previsi\u00f3n 28 ejusdem, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumpla precisar que el estatuto procesal design\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en raz\u00f3n del fuero real relativo al \u201clugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo, con motivo de la calidad del sujeto, alusivo al \u201cdomicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
La atribuci\u00f3n privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, pues, el art\u00edculo 29 ejusdem, precept\u00faa que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d <\/p>\n
Ahora bien, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo de la disposici\u00f3n 28 del compendio adjetivo civil, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u201d. <\/p>\n
\u201cEn virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018). (Resaltado fuera de texto). <\/p>\n
Tampoco es posible sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7), sobre el contemplado en atenci\u00f3n a la naturaleza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico (28-10), en tanto que esta \u00faltima regla la fij\u00f3 el legislador, precisamente, para solucionar a trav\u00e9s de la prevalencia, los casos en los que debe determinarse qu\u00e9 factor o fuero aplicar a un caso concreto. <\/p>\n
Y es que, se reitera, la previsi\u00f3n 29 del actual c\u00f3digo procesal civil, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cubre, naturalmente, la contemplada en numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ejusdem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
Por tanto, trat\u00e1ndose de los procesos en que se ejercen derechos reales o de aquellos que espec\u00edficamente enlista el numeral 7\u00b0 del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prioritario. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
Los eventos de renuncia al fuero subjetivo, como el que ahora se suscita, fueron zanjados y cobijados por el reiterado auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia dictado el 24 de enero de 2020 (AC140-2020), traduci\u00e9ndose dicho precedente, en expresi\u00f3n mayoritaria de la Sala, y gu\u00eda indiscutible para la soluci\u00f3n de las controversias que en lo sucesivo se presenten, como as\u00ed se constat\u00f3 en el precitado fragmento jurisprudencial y lo confirman los que se resaltan en seguida: <\/p>\n
\u201cComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d (AC4798-2018). <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
Verificada la informaci\u00f3n allegada con la demanda y la publicada en la internet7, se advierte, que la ANI es\u201cuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, seg\u00fan decreto 4165 del 03 noviembre de 2011\u201d, cuyo domicilio o asiento principal se halla en Bogot\u00e1. <\/p>\n
Vista la anterior calidad, se estriba ahora en el precepto 38 de la Ley 489 de 1998, seg\u00fan el cual, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico, la integran entre otros, el sector descentralizado por servicios, del que hace parte la accionante, ratific\u00e1ndose as\u00ed la pertinencia de subsumirla en la pauta d\u00e9cima del canon 28 referido, y la imposibilidad de renunciar o abdicar a la misma, como pretendi\u00f3 cohonestarlo el juzgado concernido de la capital de la Rep\u00fablica para desprenderse del tr\u00e1mite, pues se itera, las normas procedimentales son de obligatorio cumplimiento, y por tanto, inalterables. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Predomina el designio d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del actual compendio procesal, en simetr\u00eda con las previsiones 13 y 29 ejusdem, al margen de la ubicaci\u00f3n del inmueble pretendido en expropiaci\u00f3n, en consideraci\u00f3n a que, por disposici\u00f3n legal, del extremo demandante subyacen garant\u00edas prevalentes, improrrogables e irrenunciables, propias de una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico, que en el particular sit\u00faa su asiento cardinal en Bogot\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de atribuci\u00f3n surgido entre los juzgados mencionados, determinando que al Treinta y Seis Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica, le compete conocer del juicio de expropiaci\u00f3n promovido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA \u2013ANI, frente a IGNACIO DE LOYOLA PINEDO DURANGO y otros. <\/p>\n
En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a la judicatura indicada, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a la otra autoridad. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Por embargo por jurisdicci\u00f3n coactiva <\/p>\n
2\u0002 Por compraventa de derechos de cuotas y acciones <\/p>\n
3\u0002 Anexo 03. Demanda. Exp. digital. <\/p>\n
4\u0002 Anexo 05 acta competencia. Ib. <\/p>\n
5\u0002 Anexo 14, memorial subsana demanda. Ib. <\/p>\n
6\u0002 Anexo 17 auto propone conflicto. Ib. <\/p>\n