AC159-2022 (2021-04563-00)<\/p>\n
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AC159-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04563-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil del Circuito de Guateque y Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Ante el primer despacho, el 31 de julio de 2020, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) formul\u00f3 demanda de expropiaci\u00f3n contra Emperatriz Ram\u00edrez de Castillo, para que se le autorice intervenir un \u00e1rea de terreno a segregar del predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u201cEl Porvenir\u201d ubicado en la Vereda Ubajuca del municipio de Guateque. Fij\u00f3 la competencia territorial por \u00abel lugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble\u00bb. <\/p>\n
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2. La autoridad seleccionada rechaz\u00f3 el libelo tras colegir que carece de atribuci\u00f3n para asumirlo, en raz\u00f3n a la accionante es una entidad del Estado, seg\u00fan el Decreto 4165 de 2011, por lo que, en virtud del numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso la competencia para adelantarlo la tiene un funcionario de su domicilio, la que es prevalente frente a cualquier otro factor a la luz del art\u00edculo 29 ib\u00eddem. Por esa raz\u00f3n dispuso enviar las diligencias a Bogot\u00e1 D.C. (13 de agosto de 2020). <\/p>\n
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3. El Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en prove\u00eddo de 12 de febrero de 2021, avoc\u00f3 el conocimiento y admiti\u00f3 el tr\u00e1mite, con las \u00f3rdenes consecuenciales. No obstante, despu\u00e9s de haber agotado m\u00faltiples pasos, el 1\u00b0 de septiembre de esa misma anualidad dispuso \u00abdejar sin valor ni efecto alguno la providencia de fecha 12 de febrero de 2021 y todos los autos dictados\u00bb, puesto que la accionante desde un comienzo renunci\u00f3 \u00abal fuero previsto en el art\u00edculo 28-10 del CGP\u00bb, lo que es viable seg\u00fan lo expresado en CSJ AC1009-2021. Por ello, gener\u00f3 la colisi\u00f3n que se entra a resolver. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Comoquiera que la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporaci\u00f3n le concierne dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009.<\/p>\n
2. Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos se acude al personal que radica la competencia en el del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el fallador del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico, entre otros. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando, de forma precisa y categ\u00f3rica, el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo punto, en CSJ AC4079-2019, la Corte reiter\u00f3 lo dicho en AC3744-2018, en cuanto a que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, atinente a las contiendas sobre expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb con base en la cual asigna en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis el deber de conocerlas, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los de expropiaci\u00f3n\u2026.\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de un sitio distinto de aquel donde se encuentra el predio a intervenir, en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Ese dilema, desde mi perspectiva, debe solucionarse con preferencia por la ubicaci\u00f3n del bien en disputa y no a partir del domicilio de la entidad p\u00fablica involucrada. Esto, porque estimo que la pauta condensada en el art\u00edculo 29 ejusdem, seg\u00fan la cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, impera en los casos que involucran el factor subjetivo, mas no los fueros del factor territorial, como aqu\u00ed acontece. Por consiguiente, no existe disposici\u00f3n expresa que sirva para dilucidar la antinomia y ello obliga acudir a los principios constitucionales, como par\u00e1metro de definici\u00f3n, para hallar la soluci\u00f3n m\u00e1s ajustada a la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es as\u00ed como los postulados de igualdad, econom\u00eda procesal, concentraci\u00f3n e inmediaci\u00f3n, entre otros, cobran especial significaci\u00f3n en este contexto para equilibrar las cargas teniendo en cuenta que el ciudadano-demandado, por lo general, es el m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n procesal y, por ende, no resulta justo ni acorde con el derecho de defensa, obligarlo a afrontar el juicio en una vecindad distinta a su vecindad. <\/p>\n
Sin embargo, no se puede desconocer que la situaci\u00f3n descrita la abord\u00f3 la Sala y resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb, es decir, se busc\u00f3 superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes Despachos al dirimir las colisiones originadas en id\u00e9nticas situaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas. <\/p>\n
En efecto, en esa ocasi\u00f3n se concluy\u00f3 que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb y el suscrito salv\u00f3 voto con cimiento en las razones all\u00e1 expuestas y compendiadas arriba. Empero, en esta oportunidad se torna indispensable aplicar el criterio prevaleciente de la Sala como fiel reflejo del ejercicio democr\u00e1tico y, en especial, para salvaguardar la igualdad y la seguridad jur\u00eddica de los usuarios del sistema de justicia. <\/p>\n
En definitiva, con todo y los reparos que he esgrimido frente a la tesis mayoritaria, las circunstancias tornan vinculante lo expuesto en CSJ AC140-2020, consistente en que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que, aunque esa soluci\u00f3n se dio en un certamen de imposici\u00f3n de servidumbre, la regla de juicio que all\u00ed se emple\u00f3, esto es, la competencia prevalente del factor subjetivo en atenci\u00f3n a la calidad de los extremos (n\u00fam 1\u00ba art. 29 ib\u00eddem), resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ib\u00eddem. <\/p>\n
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3. Con ese panorama, bien pronto se observa que el despacho de Bogot\u00e1 se equivoc\u00f3 al invalidar lo actuado luego de haber asumido el diligenciamiento, ya que olvid\u00f3 la doctrina que la Sala consolid\u00f3 en CSJ AC140-2020, la que, puesta en el contexto de este asunto, respalda la posici\u00f3n del estrado de Guateque, toda vez que la promotora (Agencia Nacional de Infraestructura -ANI) es una entidad p\u00fablica, de ah\u00ed que resulte aplicable el fuero personal del numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso que contempla un evento constitutivo del factor subjetivo, el cual tiene prelaci\u00f3n (art. 29 ejusdem) y hace que la atribuci\u00f3n sea improrrogable y quede, por consiguiente, por fuera del \u00e1mbito de disposici\u00f3n de los contendores procesales, quienes no pueden modificarla ni renunciar a ella, al tratarse de un tema de orden p\u00fablico, que es imperativo y, por ende, de obligatorio cumplimiento para ellos y tambi\u00e9n para el juez. <\/p>\n
A pesar de que en el pronunciamiento CSJ AC1009-2021, en que se sustenta la determinaci\u00f3n de dejar sin efecto lo andado en el estrado de la capital, se hace eco a la renuncia al fuero, es de advertir que el mismo trata de un pleito iniciado antes de la consolidaci\u00f3n del criterio de la Corporaci\u00f3n y, de todas maneras, constituye una posici\u00f3n aislada frente a la posici\u00f3n prevalente referida. <\/p>\n
4.- Por tanto, al ser el domicilio de la accionante la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., seg\u00fan se desprende de la demanda y sus anexos, es ese y no otro el lugar donde debe ser adelantado este ritual, por lo que se ordenar\u00e1 remitir el caso al estrado que gener\u00f3 el conflicto para que contin\u00fae adelant\u00e1ndolo desde el estado en que se encontraba antes de su cambio de parecer y se comunicar\u00e1 lo definido al otro despacho. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para proseguir con la causa de la referencia en los t\u00e9rminos previstos en esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Enviarle el expediente e informar lo decidido al otro estrado judicial. Librar, por secretar\u00eda, los oficios correspondientes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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