AC164-2022 (2021-04691-00)<\/p>\n
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AC164-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04691-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de La Virginia y Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n, en la acci\u00f3n popular de Sebasti\u00e1n Colorado contra Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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2. Esa autoridad, en prove\u00eddo de 14 de enero de 2021 admiti\u00f3 la demanda y dispuso adelantar algunas actuaciones tendientes a definir el asunto. No obstante, el 16 de abril siguiente, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado para rechazarla y enviarla a sus pares de Garz\u00f3n, tras considerarlos facultados para rituarla, por tratarse de \u00abla municipalidad en la que se encuentra ubicada la Sede de la entidad bancaria en la que se presente la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos alegados\u00bb, decisi\u00f3n que refrend\u00f3 el 29 postrero al resolver la reposici\u00f3n interpuesta por el gestor. <\/p>\n
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3. La acci\u00f3n popular del caso correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, donde se le asign\u00f3 la radicaci\u00f3n 41298-31-03-002-2021-00042-00 y en prove\u00eddo del 11 de junio de la misma anualidad la admiti\u00f3, para continuar con su impulso. Sin embargo, el 29 de noviembre posterior, estim\u00f3 que el remisor no debi\u00f3 desprenderse motu proprio del asunto luego de haberlo admitido en virtud del principio de perpetuatio jurisdictionis, por lo que dej\u00f3 sin efecto lo adelantado y plante\u00f3 la divergencia de criterios para que esta Corporaci\u00f3n la dirima. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre juzgados de diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corte resolverlo en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
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2. Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil est\u00e1 determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del \u00ablugar de ocurrencia de los hechos\u00bb o del \u00abdomicilio del demandado\u00bb, destacando a rengl\u00f3n seguido que si los hechos que edifican el reclamo revelan que son varios los jueces llamados a solventarlo, le corresponder\u00e1 \u00aba prevenci\u00f3n\u00bb a aquel \u00abante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb. <\/p>\n
Cabe relievar en este punto que esa misma norma otorga al actor popular la posibilidad de optar entre los fueros concurrentes all\u00ed previstos, voluntad que, como lo ha advertido esta Sala, resulta vinculante para el juez ante quien se concreta esa elecci\u00f3n, siempre que la misma se ajuste cabalmente a las prenotadas pautas (cfr. CSJ AC3261-2018, reiterada en AC2957-2021). <\/p>\n
En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y \u00e9ste inadvierte esa situaci\u00f3n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci\u00f3n, ser\u00e1 el enjuiciado el \u00fanico facultado para discutir el tema a trav\u00e9s de los mecanismos procesales a su disposici\u00f3n; en caso contrario, la competencia permanecer\u00e1 inalterable, a menos que se materialice uno de los supuestos que contempla la legislaci\u00f3n adjetiva (cfr. arts. 16, 27 y 29 CGP), todo ello en virtud de la regla de \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb que le impide al juzgador separarse inopinadamente de los asuntos a su cargo, so pena de desatender los principios de celeridad, prevalencia del derecho sustancial, preclusi\u00f3n, entre otros. <\/p>\n
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3. Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci\u00f3n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi\u00f3 el 14 de enero de 2021, muy a pesar de las anomal\u00edas que con posterioridad descubri\u00f3 en la asignaci\u00f3n de competencia por parte del promotor de la acci\u00f3n constitucional que no acompasan con los factores funcional o subjetivo que pudieran avalar tal proceder oficioso y, menos a\u00fan, sin que existiera reproche de la sociedad accionada cuya vinculaci\u00f3n, preciso es advertirlo, a\u00fan no se hab\u00eda realizado. <\/p>\n
Eso no se subsana por el mero hecho de que el receptor avocara el conocimiento y agotara varios pasos para su resoluci\u00f3n, incluso con la participaci\u00f3n de la contradictora, puesto que tal proceder fue consecuencia del yerro del remitente, quien por su premura quedaba compelido a desatarla a menos de que aquella hubiera objetado en debida forma la equivocada asignaci\u00f3n de su oponente. <\/p>\n
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4. En consecuencia, se dispondr\u00e1 el retorno inmediato de las diligencias al estrado que se asignaron en un comienzo para que contin\u00fae tramit\u00e1ndolas, de lo que se noticiar\u00e1 a su hom\u00f3logo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia es el competente para seguir conociendo del tr\u00e1mite en referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado juzgado e informar lo decidido al otro estrado involucrado en el conflicto. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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