ATC022-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ATC022-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-004-2021-00316-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 17 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mary Luz Zuluaga Giraldo en representaci\u00f3n de sus menores hijos, contra el Juzgado Tercero de Familia de esa misma urbe, si no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa a verse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Revisado el tr\u00e1mite adelantado en primera instancia, se observa que el Defensor de Familia y el Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al Juzgado de Familia convocado, as\u00ed como el se\u00f1or Dairo Ariza Ascanio (ejecutado), no fueron notificados del inicio de la presente acci\u00f3n, a efectos de que pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n y, en el caso de las dos primeras autoridades, garantizar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de los menores involucrados, m\u00e1xime cuando el juicio sobre el que recaen las s\u00faplicas de las que da cuenta el libelo introductorio, es uno de car\u00e1cter compulsivo para el cobro de las cuotas alimentarias fijadas a su favor. <\/p>\n
2. Y es que, de un lado, en lo que corresponde a la Defensor\u00eda y a la Procuradur\u00eda, se advierte la obligatoriedad de su vinculaci\u00f3n, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, a saber: <\/p>\n
Art\u00edculo 82, numeral 11 \u00ab[f]unciones del Defensor de Familia (\u2026) 11. Promover los procesos o tr\u00e1mites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de estos, sin perjuicio de la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y de la representaci\u00f3n judicial a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
Art\u00edculo 95, par\u00e1grafo, inciso 2\u00ba \u00ab[l]os procuradores judiciales de familia obrar\u00e1n en todos los procesos judiciales y administrativos, en defensa de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, y podr\u00e1n impugnar las decisiones que se adopten\u00bb. <\/p>\n
Art\u00edculo 211 \u00ab[l]a Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n ejercer\u00e1 las funciones asignadas en esta ley anterior por intermedio de la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa del Menor y la familia, que a partir de esta ley se denominar\u00e1 la Procuradur\u00eda Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, la cual a trav\u00e9s de las procuradur\u00edas judiciales ejercer\u00e1 las funciones de vigilancia superior, de prevenci\u00f3n, control de gesti\u00f3n y de intervenci\u00f3n ante las autoridades administrativas y judiciales tal como lo establece la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y <\/p>\n
3. Ahora bien, ya entr\u00e1ndose del se\u00f1or Ariza Ascanio, en vista de su condici\u00f3n de ejecutado dentro del litigio objeto de la controversia, tambi\u00e9n debi\u00f3 ser notificado de la solicitud de protecci\u00f3n de la referencia, pues, en estricto sentido, detenta un inter\u00e9s leg\u00edtimo y debe otorg\u00e1rsele la oportunidad de ejercer su defensa y, por ende, el cumplimiento del debido proceso, posibilidad que no se otorg\u00f3 en el sub lite, en donde es claro que el fallo que llegue a emitirse le concierne, ya que de aceptarse las pretensiones encaminadas a que se ordene al Juzgado Tercero de Familia de Valledupar, efectuar la entrega de todos los t\u00edtulos que obran consignados a \u00f3rdenes del proceso compulsivo 2019-00054, sin efectuarse la respectiva actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, podr\u00edan verse afectados sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
5. Al respecto, la Corte Constitucional, ha indicado que \u00ab\u2018el juez constitucional, como director del proceso, est\u00e1 obligado a -entre otras cargas-, integrar debidamente el contradictorio, vinculando al tr\u00e1mite a aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u2019. <\/p>\n
En cuanto a la integraci\u00f3n del contradictorio en sede de tutela, la jurisprudencia constitucional se\u00f1ala que es un deber del juez de primera instancia, puesto que de esa manera garantiza a la parte interesada la posibilidad de ejercer el derecho de contradicci\u00f3n y defensa durante el desarrollo de la tutela, vinculando a los interesados, es decir, a todas las personas \u2018que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u2019\u00bb (C.C. SU116-2018, citado en AC1825-2021). <\/p>\n
6. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la mencionada notificaci\u00f3n, toda vez que se impidi\u00f3 a las aludidas autoridades y sujeto procesal, intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendan hacer valer, en defensa de los derechos de los menores involucrados en el proceso cuestionado, y de los suyos propios, respectivamente. <\/p>\n
7. En consecuencia, se ordenar\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la vinculaci\u00f3n del Defensor de Familia y el Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al Juzgados Tercero de Familia de Valledupar, as\u00ed como de Dairo Ariza Ascanio; sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Devu\u00e9lvase el expediente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar para que se reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes por el medio m\u00e1s expedito <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC022-2022 ATC022-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-004-2021-00316-01 Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 17 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60460","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60460","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60460"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60460\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60460"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60460"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60460"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}