ATC032-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC032-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-000-2021-00331-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La empresa accionante pretendi\u00f3 que se ordenara a las autoridades convocadas \u00abi) dejar sin efectos la sentencia de primera instancia (12 sep. 2017), dictar nueva sentencia que tenga en cuenta la no incursi\u00f3n en los yerros advertidos por oponer (sic) excepciones contra el negocio causal a pesar de la prohibici\u00f3n del art. 784 del C\u00f3digo de Comercio y ii) dictar mandamiento de pago en favor de la cooperativa y contra Hortencia Pedraza Gallardo\u00bb. <\/p>\n
2. El a quo desestim\u00f3 el amparo, tras concluir que \u00abel juzgado Civil del Circuito de Aguachica le imprimi\u00f3 a la segunda instancia el tr\u00e1mite correspondiente sin pretermitir etapa procesal alguna\u00bb aunado a que \u00abla accionante no identific\u00f3 de forma concreta y razonable los yerros o la v\u00eda de hecho en que presuntamente incurri\u00f3 la autoridad en la sentencia de segunda instancia del 18 de diciembre de 2020, que generaran la presunta violaci\u00f3n a su derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Ese desenlace fue repelido por la promotora, quien insisti\u00f3 en el resguardo de \u00absus derechos fundamentales\u00bb, en raz\u00f3n a que los estima lesionados con \u00ablas sentencias de primera y segunda instancia proferidas por las autoridades accionadas el 12 de septiembre de 2017 y 18 de diciembre de 2020, dentro del proceso ejecutivo que instaur\u00f3 contra Hortencia Pedraza Gallardo por defecto f\u00e1ctico, sustancial, procedimental y error inducido\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De este modo, emerge palmario que el Tribunal de Valledupar carec\u00eda de aptitud para adelantar el presente resguardo, dado que lo involucra, en tanto una de las determinaciones que se busca dejar sin efecto, es el veredicto de segunda instancia, expedido el 18 de diciembre de 2020 que \u00abconfirm\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tamalameque el 12 de septiembre de 2017\u00bb, la cual fue objeto de \u00absolicitud de nulidad para que se declarara la ilegalidad de la audiencia donde se adopt\u00f3 el fallo por indebida notificaci\u00f3n del auto adiado 15 de diciembre y omisi\u00f3n de la etapa para sustentar el recurso\u00bb, invalidez denegada por el juez de primer grado (28 en. 2021) y confirmada por la citada Corporaci\u00f3n el 14 de septiembre siguiente, por lo que se impon\u00eda la vinculaci\u00f3n de la \u00faltima autoridad a este tr\u00e1mite, ya que en caso de encontrarse viable la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n constitucional reclamada, se ver\u00eda cobijada con sus efectos. <\/p>\n
Por tanto, ata\u00f1e a esta Corte rituar esta acci\u00f3n superlativa en primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, conforme al cual, \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, se impone la invalidez de lo actuado, porque se tiene dicho que <\/p>\n
[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (ATC1323-2019 reiterada en ATC683-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio expedido el 22 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la tutela de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar que estas diligencias sean repartidas a trav\u00e9s de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para su impulso en primera instancia. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed prove\u00eddo a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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