ATC034-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2021-01078-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2021 por la Sala Tercera de Decisi\u00f3n de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que concedi\u00f3 el amparo reclamado por Norwan Oswaldo Ram\u00edrez Vargas contra el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de esta ciudad, si no fuera porque en el devenir de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada en el proceso de uni\u00f3n marital del hecho y sociedad patrimonial 11001311000320080066700, instaurado por el accionante contra Sandra Milena Gonz\u00e1lez Garc\u00eda. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja, sostuvo que, en agosto de 2019, solicit\u00f3 el desarchivo del proceso mencionado y que se libraran los oficios de levantamiento de medidas cautelares del veh\u00edculo con placas MQJ 343, requerimiento en el que ha insistido \u00abal menos en tres oportunidades (\u2026) sin tener una respuesta del Juzgado\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que ese Despacho emiti\u00f3 auto del 11 de septiembre de 2020, \u00abdonde el \u00fanico dato correcto es el n\u00famero del proceso, la dem\u00e1s informaci\u00f3n corresponde a otro apoderado y otras partes de un proceso diferente, por lo que se inform\u00f3 esta situaci\u00f3n y nunca se recibi\u00f3 respuesta. Igualmente en la p\u00e1gina del juzgado aparece que se emiti\u00f3 un oficio pero nunca se ha podido acceder a su contenido\u00bb, circunstancia que puso en conocimiento del operador judicial, mediante correo electr\u00f3nico del 18 de marzo de 2021, pero no ha obtenido respuesta. <\/p>\n
Censur\u00f3 que \u00abel veh\u00edculo sigue con una limitaci\u00f3n al dominio, a pesar de que ya se orden\u00f3 desde hace m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os librar los oficios correspondientes\u00bb y que \u00abla medida cautelar se encuentra vigente, con lo cual no tengo la posibilidad de realizar el traspaso de un veh\u00edculo que ya fue enajenado\u00bb. <\/p>\n
Con ocasi\u00f3n de lo anterior, solicit\u00f3 \u00abordenar al Despacho que corresponda, se proceda a dar tr\u00e1mite a mi solicitud de levantamiento de las medidas cautelares (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 la salvaguarda invocada, al encontrar que, \u00abcontrario a lo manifestado por el accionante, las medidas cautelares fueron levantadas mediante providencia del 11 de septiembre de 2020, para lo cual se libr\u00f3 el oficio N\u00b0 01091 el 6 de noviembre de 2020, que registra los datos correctos del proceso y del veh\u00edculo (\u2026)\u00bb, sin embargo, pese a las peticiones del tutelante y habiendo trascurrido 10 meses, el Juzgado no ha dado respuesta, por lo que orden\u00f3 al Despacho accionado adoptar \u00ablas medidas a que haya lugar para la entrega efectiva al accionante, del oficio dirigido a la Secretar\u00eda de Movilidad de Mosquera Cundinamarca, correspondiente al levantamiento de la cautela\u00bb. <\/p>\n
4.- El 4 de noviembre de 2021, fecha de la sentencia proferida por el a quo constitucional, la se\u00f1ora Paula Andrea Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez, quien se identific\u00f3 como hija y heredera de la se\u00f1ora Sandra Milena Gonz\u00e1lez Garc\u00eda, present\u00f3 dos memoriales, como parte interesada; el primero, solicitando el traslado de la tutela, y el segundo contestando la acci\u00f3n1. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que su madre falleci\u00f3 el 5 de enero de 2021, hecho que era de conocimiento del actor, y que en el proceso de marras se negaron las pretensiones patrimoniales del tutelante, por lo que afirm\u00f3 que no le asist\u00eda derecho alguno sobre el automotor adquirido por la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Garc\u00eda, quien, seg\u00fan refiri\u00f3, en vida inici\u00f3 proceso penal que cursa por el delito abuso de confianza contra el accionante, toda vez que \u00abse llev\u00f3 el veh\u00edculo\u00bb sin su consentimiento para ser vendido a un tercero. <\/p>\n
Argument\u00f3 que el tr\u00e1mite del levantamiento de las cautelas y la entrega de los oficios que reclama el gestor con la presente tutela concierne a los herederos de la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Garc\u00eda, demandada favorecida en dicho tr\u00e1mite, y no al promotor; por tanto, sostuvo que el Juzgado convocado deb\u00eda abstenerse de hacer la entrega de los oficios pretendidos con la petici\u00f3n de amparo constitucional. Al respecto, puso de presente que su madre tuvo otro hijo, Edgar Juli\u00e1n Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez y que ellos eran los dos \u00fanicos herederos de los bienes de su progenitora. <\/p>\n
El 5 de noviembre siguiente, indic\u00f3 que no cont\u00f3 con el t\u00e9rmino de traslado de la tutela, pidi\u00f3 que se tuviera en cuenta su contestaci\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que su madre no pudo ser notificada de la acci\u00f3n constitucional, pues ya estaba fallecida. <\/p>\n
Bajo las mismas razones, impugn\u00f3 la sentencia dictada por el a quo constitucional, alegando, adem\u00e1s, que \u00abel a quo no tuvo en cuenta al momento de fallar la contestaci\u00f3n de la tutela, pues pese a haber surtido la notificaci\u00f3n de la misma de manera indebida, pues la dirigi\u00f3 a mi fallecida madre, no facilit\u00f3 el traslado y tampoco otorg\u00f3 termino para ejercer el derecho de defensa que nos asiste como herederos\u00bb, en referencia a ella y su hermano mayor de edad Edgar Juli\u00e1n Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales, entre las que se destaca la posibilidad de enfrentar en igualdad de condiciones los cargos, cuestionamientos o condenas reclamadas en sede judicial. Para ello, resulta indispensable concurrir al proceso y contar con la posibilidad de aducir pruebas y controvertir las allegadas por la parte contraria, principios consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2.- La acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido \u00abderecho fundamental\u00bb, dentro de las cuales se contempla la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o intervinientes las providencias que se dicten, por as\u00ed ordenarlo el canon 16 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.4 del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
3.- En el presente asunto, se advierte una irregularidad consistente en la omisi\u00f3n de vincular y notificar debidamente a todos los intervinientes e interesados en el tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, revisado el expediente documental, se evidencia que, mediante auto de fecha 22 de octubre de 2021, se dispuso admitir la presente acci\u00f3n de tutela instaurada contra el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Bogot\u00e1 y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de los intervinientes del proceso 2008-00667-00, entre ellos, Sandra Milena Gonz\u00e1lez Garc\u00eda, en calidad de demandada. <\/p>\n
Sin embargo, de acuerdo con el certificado de defunci\u00f3n aportado ante el Tribunal de primera instancia, la referida demandada falleci\u00f3 el 5 de enero de 2021, aspecto que no se mencion\u00f3 en la tutela inicial, raz\u00f3n por la cual, el citado auto admisorio nada advirti\u00f3 sobre la necesaria vinculaci\u00f3n de sus herederos, como interesados en el asunto. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el aviso fijado para efectos de notificar el inicio de esta acci\u00f3n se dirigi\u00f3 \u00fanicamente a las partes determinadas del proceso debatido. <\/p>\n
Por tanto, es claro, con la informaci\u00f3n allegada por Paula Andrea Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez, que los sucesores referidos y los herederos indeterminados tienen inter\u00e9s en las decisiones que en esta sede se adopten y, en tal sentido, resulta imperativo vincularlos al presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
4.- Lo anterior, desemboca en la causal de nulidad reglada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 C.G. del P., preceptiva que resulta aplicable a la presente acci\u00f3n constitucional en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, que dispone que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb. <\/p>\n
5.- En ese orden de ideas, lo rese\u00f1ado impone declarar la invalidez de todo lo actuado a partir del auto que admiti\u00f3 el amparo, inclusive, para que el a-quo constitucional cumpla con la formalidad de vincular y notificar de la acci\u00f3n de tutela a todos los intervinientes e interesados del proceso objeto de debate, incluyendo a los se\u00f1ores Paula Andrea Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez y Edgar Juli\u00e1n Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
SEGUNDO: DISPONER que, por Secretar\u00eda, se devuelva el expediente al a-quo constitucional, para que reponga la actuaci\u00f3n anulada. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR notificar esta decisi\u00f3n a los interesados, en la forma prescrita en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Alleg\u00f3 unos registros civiles de nacimiento y un certificado de defunci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
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