ATC036-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC036-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00232-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 16 de noviembre de 2021, que concedi\u00f3 el amparo promovido por Maryan Yulieth Henao Murillo contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Medell\u00edn, la Direcci\u00f3n Financiera del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro, sino fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como se analizar\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora -en su calidad de empleada de la rama judicial, adscrita al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro en el cargo de escribiente- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al trabajo, salud e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
2. Para el efecto, sostuvo que es \u00abempleada del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro, Antioquia, en el cargo de Escribiente en propiedad\u00bb. Y que solicit\u00f3 \u00abel Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) ante la oficina de presupuesto y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Rama Judicial Seccional Antioquia para disfrutar del periodo de vacaciones y reemplazo por vacaciones\u00bb. En respuesta, la Coordinaci\u00f3n del \u00c1rea Financiera de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Antioquia-Choc\u00f3, expidi\u00f3 dicho documento con n\u00famero 064621, con el cual dispuso la \u00abdisponibilidad presupuestal para cancelar vacaciones y primas vacacionales [\u2026] y amparar el reemplazo por vacaciones [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
No obstante, se\u00f1al\u00f3 que la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Medell\u00edn, en actuaci\u00f3n del 6 de octubre de 2021 no reconoci\u00f3 la expedici\u00f3n del \u00abcertificado de disponibilidad presupuestal para autorizar los reemplazos de vacaciones en el cargo de Escribiente\u00bb, por cuanto la adici\u00f3n presupuestal \u00abpara es[e] rubro se [encontraba] sujeta a lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011 expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Indic\u00f3 que el 13 de octubre de la misma anualidad, elev\u00f3 petici\u00f3n a la Juez Segunda Promiscua de Familia de Rionegro, para disfrutar de sus vacaciones \u00abdel [\u2026] 9 de diciembre de 2021 y hasta el [\u2026] 2 de enero de 2022\u00bb. Lo anterior, dado que pertenece al \u00abr\u00e9gimen de vacaciones individuales por [hacer parte de un despacho] que se encuentra enlistado [\u2026] tal y como lo relaciona el art\u00edculo 146 de la Ley 240 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3, que el 15 de octubre siguiente, la funcionaria citada profiri\u00f3 \u00ab\u2026Resoluci\u00f3n No. 014 [\u2026] mediante la cual, [neg\u00f3] las VACACIONES a las cuales ten[\u00eda] derecho, argumentando [\u2026] la necesidad del servicio y aplazar las mismas hasta tanto se disponga del presupuesto para el reemplazo\u00bb. Inconforme con ello, interpuso recurso \u00abde reposici\u00f3n, el cual fue resuelto de manera negativa por la titular del Despacho mediante Resoluci\u00f3n 015 del 26 de octubre de 2021\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, adujo que \u00abexiste una mala interpretaci\u00f3n de parte de la Administraci\u00f3n Seccional, pues la Circular que toman como fundamento, la PSAC11-44, hace referencia a los Funcionarios, seg\u00fan la ley, a Jueces y Magistrados y en unas circunstancias especial\u00edsimas, es decir, la circular est\u00e1 encaminada a establecer orden en el disfrute de las vacaciones a los Jueces, solicit\u00e1ndoles que las reporte con anticipaci\u00f3n, establece que es el Consejo Seccional de cada Distrito quien debe programarlas, los requisitos m\u00ednimos en cuanto a datos, y otras situaciones que considero son administrativas y que buscan ordenar el procedimiento, pero en ning\u00fan caso esta misma circular niega o da instrucciones de rechazar, por ning\u00fan motivo los derechos a los empleados de la Rama (servidores), que a la luz de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Ley, y a los acuerdos Colectivos Vigentes, y en apego a sus mismos principios, deber\u00e1 tomarse favorablemente y no como la administraci\u00f3n ahora la ha tomado en forma desfavorable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se ordene a las autoridades acusadas que \u00ab[\u2026] dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, inicien las acciones pertinentes en aras de garantizar la provisi\u00f3n de los recursos y proceda a expedir el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal de reemplazo que se requieren para que la Juez Segunda Promiscuo de Familia de Rionegro, Antioquia, tambi\u00e9n proceda a concederme las vacaciones renumeradas a que por ley tengo derecho [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, que el \u00abDirector Ejecutivo de La Oficina De Administraci\u00f3n Judicial Seccional Antioquia- Direcci\u00f3n Financiera, o quien haga sus veces, que omita tener como fundamento para la expedici\u00f3n del Certificado de Disponibilidad Presupuestal de los empleados, la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, con fallo del 16 de noviembre de 2021 concedi\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que \u00ablas razones presentadas por las entidades accionadas para denegar el disfrute de las vacaciones de la accionante carecen de justificaci\u00f3n alguna, lo que genera la vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental al trabajo. No puede condicionarse el disfrute de las vacaciones de la actora a la merced de que se expida una nueva circular que disponga el tr\u00e1mite para la asignaci\u00f3n del rubro presupuestal, en tanto que el alcance que se le ha dado al multicitado acto administrativo se advierte descontextualizado, conllevando a una indefinici\u00f3n en el tiempo para el disfrute del descanso, sin raz\u00f3n v\u00e1lida\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Medell\u00edn decidi\u00f3 impugnarla. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales de acuerdo con las cuales nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio, principios estos que por imperativo legal est\u00e1n consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido \u00abderecho fundamental\u00bb, dentro de las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla. Ello pues, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
2. En este caso, del sustrato f\u00e1ctico expuesto en la demanda, se advierte la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la presente impugnaci\u00f3n, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a-quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
En efecto, al amparo constitucional le son aplicables los lineamientos contenidos en el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 -\u00abpor el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, el cual, establece que: <\/p>\n
\u00ab8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo [\u2026] <\/p>\n
11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb (se resalta). <\/p>\n
3. Atendiendo a lo anterior, en el sub examine se evidencia que la queja constitucional apunt\u00f3 a cuestionar las actuaciones surtidas por la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Medell\u00edn, la Direcci\u00f3n Financiera del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia -extensiva al Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial- y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro, en el tr\u00e1mite de la solicitud de expedici\u00f3n del certificado de disponibilidad presupuestal para hacer uso de las vacaciones a las que la actora considera tiene derecho. <\/p>\n
En ese orden, dada la naturaleza jur\u00eddica de las autoridades convocadas y en atenci\u00f3n a que el amparo fue impetrado por una empleada de la rama judicial, perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria1, se vislumbra que el competente para conocer en primera instancia de la salvaguarda es el Consejo de Estado, acorde al numeral 8\u00b0 (inciso 2\u00b0) del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 -modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021-. <\/p>\n
4. En consecuencia, la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal de Antioquia est\u00e1 viciada de nulidad por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los tr\u00e1mites de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (CSJ ATC1396-2016, reiterado en ATC1569-2021). <\/p>\n
Lo antecedente impone la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 138 del estatuto procesal vigente, en cuanto a los efectos de la \u00abdeclaratoria de falta de competencia\u00bb, extensivo a este procedimiento por mandato del canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992 que reglament\u00f3 el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se declarar\u00e1 la nulidad por falta de competencia de lo actuado en este tr\u00e1mite a partir del auto admisorio. Y se remitir\u00e1 el expediente a la Secretar\u00eda del Consejo de Estado, para que sea repartido entre los magistrados que integran esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo brevemente expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n de tutela en referencia, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Por secretar\u00eda, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda del Consejo de Estado para que se realice el respectivo reparto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n a los interesados y al tribunal constitucional de origen, en la forma prescrita por el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Cargo de escribiente en propiedad del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro \u2013 Antioquia. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC036-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente ATC036-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00232-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Ser\u00eda del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60471","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60471","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60471"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60471\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60471"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60471"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60471"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}