ATC059-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC059-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00644-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada por Myriam G\u00f3mez Vera frente al fallo proferido el 25 de noviembre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa ciudad, si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
Ello al vislumbrar que aunque al admitir la demanda de amparo dispuso vincular al tr\u00e1mite, entre otros, \u00aba todos los intervinientes del proceso ejecutivo hipotecario de radicado 2016-00143-01\u00bb, no obra constancia alguna que d\u00e9 cuenta de la efectiva vinculaci\u00f3n y enteramiento de quien en ese asunto es el actual cesionario-ejecutante, a fin de que pudiera ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, siendo evidente su inter\u00e9s directo en lo que aqu\u00ed se llegue definir, m\u00e1xime cuando la quejosa pretende se retrotraigan algunas de las actuaciones surtidas en ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
N\u00f3tese que aunque tal juicio compulsivo lo promovi\u00f3 Bancolombia S.A., esa misma entidad al concurrir a este tr\u00e1mite tutelar advirti\u00f3 estar impedida de pronunciarse frente al mismo, \u00aben virtud de la venta de la acreencia a favor de Reintegra SAS en octubre de 2018\u00bb, sumado a que de acuerdo a los registros existentes respecto de tal asunto en el sistema de gesti\u00f3n judicial no s\u00f3lo se desprende que la aludida transferencia fue judicialmente reconocida desde el 5 de marzo de 2019, sino que, adem\u00e1s, despu\u00e9s de ella se ha producido, por lo menos, una m\u00e1s. <\/p>\n
Se resalta que el enteramiento omitido debe efectuarse de forma directa al interesado, sin que sea v\u00e1lida su notificaci\u00f3n a trav\u00e9s del apoderado que eventualmente lo representa en tal actuaci\u00f3n, de no olvidar que cuando al fallador le resulte realmente imposible la comunicaci\u00f3n personal, como \u00faltimo remedio incluso puede acudir al llamado edictal, en los t\u00e9rminos que reiteradamente lo ha expuesto esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El canon 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal\u2026 Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces\u2026 <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u201cpor edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u201d, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2026 (CC A-018\/05). <\/p>\n
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, tras determinarse qui\u00e9n es el actual cesionario-ejecutante en el juicio recriminado, debi\u00f3 producirse su vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n, toda vez que al omitirla le fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendiera hacer valer. <\/p>\n
5. Por lo consignado, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, tras determinarse qui\u00e9n es el actual cesionario-ejecutante en el juicio reprochado, debi\u00f3 producirse su vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal de origen para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo anotado en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el precepto 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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