STC007-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC007-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Omar Juan Carlos Su\u00e1rez Acevedo frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las decisiones proferidas en ambas instancias en el marco del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que promovi\u00f3 al interior del proceso de distracci\u00f3n de bienes que Ginna Juliana Carranza Aguirre y otros, promovieron en contra de Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza y otros, con rad. 2013-00676-00. <\/p>\n
Solicita entonces, para la salvaguarda de sus garant\u00edas, \u00abREVOCAR la decisi\u00f3n tomada en la primera instancia\u00bb el 1\u00ba de junio de 2021, y que como consecuencia de ello, se ordene \u00abFIJAR los nuevos honorarios definitivos\u00bb en el marco de la controversia referida. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto aduce, que comoquiera que suscribi\u00f3 un \u00abcontrato de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb para hacerse parte en la sucesi\u00f3n del causante V\u00edctor Manuel Carranza Ni\u00f1o, pactando \u00abcomo honorarios (\u2026) el diez (10) por ciento m\u00e1s IVA, del monto total de las hijuelas asignadas a [su] mandante\u00bb, y, que \u00abdetect\u00f3 una distracci\u00f3n de bienes\u00bb por parte de otros herederos, promovi\u00f3 el respectivo litigio para perseguir dichos activos, tr\u00e1mite en el que posteriormente, \u00absin existir incumplimiento de [su] parte\u00bb, le fue revocado el mandato. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, pese a que acredit\u00f3 en el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, por una parte, todas las actividades que desarroll\u00f3 procesal y extraprocesalmente para demostrar la distracci\u00f3n de los activos, al punto que los demandados \u00abadoptaran una conducta dirigida r\u00e1pidamente a eliminar de la vida jur\u00eddica todos los actos, escrituras p\u00fablicas, negocios jur\u00eddicos que hab\u00edan dise\u00f1ado para consumar el ocultamiento de los bienes cuyo destino siempre fue la masa sucesoral (\u2026) <evitando las denuncias penales de [su] parte>\u00bb; y, por la otra, el dictamen pericial \u00abque nunca fue objetado por las partes\u00bb tas\u00f3 su desempe\u00f1o en la suma de $1.101.910.320.oo, la Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital ratific\u00f3 \u00edntegramente lo resuelto por el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad, que fij\u00f3 su honorarios en $25.000.000.oo. <\/p>\n
Indica que en las anteriores decisiones no se hizo una \u00abrevisi\u00f3n integral del proceso\u00bb, pues se desconocieron no solo los precedentes jurisprudenciales en punto de tener en cuenta la experticia, sino que, se debi\u00f3 aplicar \u00abuna tarifa de honorarios basada en un porcentaje sobre las pretensiones, o cuando menos sobre el valor de los bienes reintegrados (\u2026) acorde con el enorme trabajo ejecutado\u00bb; adem\u00e1s, que el citado juicio, dice, naci\u00f3 del proceso sucesoral primigenio y el contrato que se suscribi\u00f3 para tal efecto, circunstancias que, asegura, hacen necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 7 de diciembre pasado se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 precis\u00f3, que su decisi\u00f3n \u00abse ci\u00f1\u00f3 a las pruebas que reposan en el dossier, para efectos de establecer que la determinaci\u00f3n de tasar los honorarios del proponente en la suma de $25.000.000., se ajusta a derecho y a la gesti\u00f3n desplegada por el apoderado judicial primigenio de la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
b. El titular del Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de esta capital, despu\u00e9s de relacionar las actuaciones que conoci\u00f3 del tr\u00e1mite incidental aludido, puntualiz\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna del actor, pues la mora en que pudo incurrir tuvo lugar por los diferentes despachos judiciales que conocieron del asunto, y adem\u00e1s, la intervenci\u00f3n de los 5 apoderados judiciales de las diferentes partes. <\/p>\n
c. Jorge Enrique Arbel\u00e1ez Echeverry, quien adujo representar los intereses de Ginna Juliana Carranza Aguirre, se\u00f1al\u00f3 que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, pues el actor omite se\u00f1alar que el contrato que celebr\u00f3 con su mandante fue para participar en la sucesi\u00f3n intestada del progenitor fallecido, y para la calenda en que se revoc\u00f3 el poder en el proceso de distracci\u00f3n de bienes, ni siquiera se hab\u00edan notificado a todas las partes, raz\u00f3n por la cual, los honorarios reconocidos fueron acordes con su gesti\u00f3n profesional. <\/p>\n
d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or Su\u00e1rez Acevedo est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el 18 de agosto de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR\u00bb lo decidido el 1\u00ba de junio anterior por el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de la misma localidad, que fij\u00f3 en $25.000.000,ooo los honorarios del aqu\u00ed inconforme en el marco del tr\u00e1mite incidental que promovi\u00f3 para tal efecto frente a Ginna Juliana Carranza Aguirre y otros, dentro del proceso declarativo que \u00e9stos promovieron frente a Mar\u00eda Blanca Carranza de Carranza y otros, pues seg\u00fan su criterio, se incurri\u00f3 en causal de procedencia por los defectos f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para mantener \u00edntegramente la decisi\u00f3n de primer grado que regul\u00f3 los estipendios del aqu\u00ed actor como profesional del derecho, respecto de la existencia del contrato de prestaci\u00f3n de servicios celebrado con su otrora poderdante, precis\u00f3 que \u00e9ste no pod\u00eda tenerse en cuenta, comoquiera que \u00abde un lado, ese acuerdo tiene por objeto el tr\u00e1mite de la sucesi\u00f3n del se\u00f1or V\u00edctor Carranza Ni\u00f1o as\u00ed como la indagaci\u00f3n de activos y pasivos para ese tr\u00e1mite sucesoral, y de otro lado, el incidentante promovi\u00f3 un proceso ordinario con el objeto de obtener la fijaci\u00f3n de sus honorarios por esa espec\u00edfica actuaci\u00f3n, tr\u00e1mite del cual conoce el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de la ciudad\u00bb, a m\u00e1s que \u00ablos combatientes del presente incidente concuerdan en que no suscribieron contrato alguno de prestaci\u00f3n de servicios sobre esta gesti\u00f3n judicial, tampoco hay prueba respecto a que las partes hayan pactado en forma verbal o de otra forma la contraprestaci\u00f3n que aparejar\u00eda la misma\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, de cara al dictamen pericial practicado en el citado asunto, luego de destacar los contornos en que se apoy\u00f3, puntualiz\u00f3 la Colegiatura convocada, que \u00absi bien (\u2026) no fue objetado, ello no implica que deba acogerse en forma indiscriminada (\u2026), pues la principal premisa sostenida por el auxiliar de la justicia no puede aceptarse, en tanto, no expuso las razones por las cuales adopt\u00f3 como baremo inicial el aval\u00fao comercial de los bienes denunciados como distra\u00eddos, siendo que, ins\u00edstase, no existe un contrato expreso y no qued\u00f3 demostrada la forma como se retribuir\u00eda el mandato judicial aqu\u00ed conferido, en consecuencia, al no estar debidamente fundamentada la experticia no puede acogerse lo all\u00ed conceptuado\u00bb. <\/p>\n
Ahora, tras advertir que el a quo consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a aplicar \u00ablo establecido en el Acuerdo 10554 de 2016, por cuanto el mismo rige \u00fanicamente para los procesos que se presenten con posterioridad a su vigencia; de otra parte, descart\u00f3 lo estipulado en el Acuerdo 1887 de 2003 que determina como agencias en derecho hasta un 20% de las pretensiones reconocidas o negadas pues en este asunto para la \u00e9poca en que se decidi\u00f3 el presente incidente no se hab\u00eda proferido sentencia\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno puede aceptarse el reparo del apelante referido a que el a-quo aplic\u00f3 en forma indebida las tarifas para las agencias en derecho, pues se edific\u00f3 sobre la base de una falsa premisa, esto es, que los prenotados acuerdos fundamentaron la decisi\u00f3n fustigada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto refiere a la valoraci\u00f3n de la actuaci\u00f3n judicial desplegada por el profesional del derecho, que fue el par\u00e1metro utilizado en la decisi\u00f3n de primer grado en la que se consider\u00f3 que, \u00absi bien la actuaci\u00f3n fue en cierto grado compleja, la misma se adelant\u00f3 hasta la notificaci\u00f3n de los integrantes del extremo demandado, por lo cual fij\u00f3 los honorarios en la suma cuestionada\u00bb, indic\u00f3 que \u00abel juzgador s\u00ed apreci\u00f3 la gesti\u00f3n judicial en cuesti\u00f3n, pero estim\u00f3 que se desarroll\u00f3 hasta una etapa temprana del litigio. Ello, sumado a que no hay ning\u00fan elemento de juicio que evidencie las actuaciones extraprocesales alegadas, mucho menos que precisamente correspondieran a la retribuci\u00f3n del mandato judicial aqu\u00ed conferido, cuesti\u00f3n que le incumb\u00eda acreditar al incidentante al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, por ende, tampoco le asiste raz\u00f3n al apelante en cuanto a ese aspecto\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo, all\u00ed incidentante, es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria. <\/p>\n
3.3. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n del Tribunal se apoy\u00f3 en la normatividad aplicable y el an\u00e1lisis conjunto de los medios de prueba, los que permitieron advertir, que no hab\u00eda un acuerdo contractual entre las partes respecto del juicio declarativo y que el contrato de prestaci\u00f3n de servicios que se pretendi\u00f3 hacer valer, en efecto, correspondi\u00f3 a un asunto diferente y respecto del cual tampoco pueden extenderse los efectos que el actor quiere irrigar, m\u00e1xime cuando su poderdante fue contundente en no aceptar pacto alguno de cara al nuevo proceso. <\/p>\n
3.4. Adem\u00e1s, n\u00f3tese que sobre dicha tem\u00e1tica, es decir, la fijaci\u00f3n de honorarios profesionales, no existe tarifa legal alguna, por lo que ante las falencias advertidas respecto de la experticia practicada, aun cuando \u00e9sta no fuere objetada por la mandante, de manera alguna ataba a la Colegiatura convocada para tenerla en cuenta conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 232 del C.G. del P., como contrariamente lo exige el inconforme, lo que conllev\u00f3 a mirar criterios auxiliares como la naturaleza, la calidad y la duraci\u00f3n de la actuaci\u00f3n realizada por el apoderado, la cuant\u00eda del proceso y otras circunstancias especiales, que estuvieron debidamente acreditadas, y, si el inconforme no cumpli\u00f3 con dicha carga probatoria a voces del canon 167 ib\u00eddem no puede pretender por este medio dar una soluci\u00f3n a sus descuidos. <\/p>\n
3.5. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC007-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC007-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Omar Juan Carlos Su\u00e1rez Acevedo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60500","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60500","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60500"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60500\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60500"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60500"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60500"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}