STC008-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC008-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04456-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por SSS en nombre propio y de sus menores hijos XXX y XYX, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Sincelejo, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso especial a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo en la condici\u00f3n descrita, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad, al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia emitida dentro del proceso especial de restituci\u00f3n de tierras promovido por Anselmo Mart\u00ednez Carrascal y otros, respecto del predio denominado \u00abTarapac\u00e1\u00bb, con radicado No. 2014-00194-00 (interno 0008-2016-02), asunto donde ella y sus hijos intervienen como sucesores procesales del opositor MMM (q.e.p.d.). <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, \u00abrevocar la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2019\u00bb, y en consecuencia, \u00abdeclarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resoluci\u00f3n 0669 de 2014 por el cual la UAEGRTD decidi\u00f3 incluir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente el predio Tarapac\u00e1 reclamado por los accionantes y, en consecuencia, declarar la nulidad del proceso de restituci\u00f3n de tierras desde la admisi\u00f3n de la solicitud\u00bb; o subsidiariamente, \u00abdeclarar probado que los solicitantes no ostentaban la calidad de v\u00edctimas (\u2026) [y en su lugar declarar] la calidad de v\u00edctimas del conflicto armado de los opositores\u00bb de buena fe exenta de culpa, con el consecuente levantamiento de todas las cautelas que recaen sobre el predio \u00abTarapac\u00e1\u00bb, o en caso de no accederse a la restituci\u00f3n, que se ordene ser compensados como opositores. <\/p>\n
Narra que el mismo predio fue objeto de querella policiva de lanzamiento por ocupaci\u00f3n por parte de Jairo Casta\u00f1eda Tamayo, porque los solicitantes de la restituci\u00f3n se lo hab\u00edan prometido en venta a \u00e9ste, de manera que, \u00abel hecho de ponerse de acuerdo [\u00e9stos] para vender a dos personas el mismo predio y recibirle una suma considerable de dinero a los dos, constituye un proceder desleal y es una prueba evidente de la mala fe de los solicitantes y de su \u00e1nimo de aprovecharse la buena fe de los compradores, as\u00ed mismo desvirt\u00faa su calidad de v\u00edctimas de la violencia\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que los solicitantes de la restituci\u00f3n adelantaron ante el Incoder los tr\u00e1mites para que se inscribiera la venta realizada a su esposo, pero la misma no pudo realizarse, y, el 22 de marzo de 2011 la Gobernaci\u00f3n de Sucre impuso medida cautelar \u00abde car\u00e1cter general\u00bb sobre predios de la regi\u00f3n, que impidi\u00f3 la inscripci\u00f3n de enajenaciones por declaratoria de inminencia de riesgo o desplazamiento forzado; que posteriormente, el 29 de julio de 2014 la UAEGRTD notific\u00f3 a MMM que estaba en estudio la solicitud de los vendedores para inscribir el inmueble objeto del negocio, para realizar su restituci\u00f3n. <\/p>\n
Afirma que el 15 de diciembre de 2014, los vendedores representados por la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas, solicitaron la restituci\u00f3n del predio, ruego que correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras, y al cual se opuso MMM alegando la nulidad del acto administrativo de la UAEGRTD con que se incluy\u00f3 el terreno en el registro de tierras despojadas; empero, el expediente fue remitido a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, donde se declar\u00f3 la invalidez de lo actuado, por haberse omitido decisiones. <\/p>\n
Asevera que el 12 de octubre de 2018, el Juzgado de primera instancia neg\u00f3 de plano sus solicitudes de nulidad y los recursos interpuestos, y remiti\u00f3 nuevamente el asunto al Superior; que debido a que el 15 de agosto de ese mismo a\u00f1o falleci\u00f3 MMM, ella junto con sus hijos se hicieron parte dentro del proceso, siendo reconocida dentro del mismo el 13 de agosto de 2020, notific\u00e1ndosele la sentencia del 27 de noviembre de 2019, con que se accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n de tierras, tras declarar infundada la oposici\u00f3n presentada por su extinto c\u00f3nyuge, y no tenerlos a ellos como segundos ocupantes. <\/p>\n
Indica que en dicha decisi\u00f3n el Tribunal no se pronunci\u00f3 sobre la nulidad de la resoluci\u00f3n 0669 de 2014 con que la UAEGRTD incluy\u00f3 el predio en el registro de tierras despojadas, ni valor\u00f3 debidamente unas pruebas y dej\u00f3 de sopesar otras, pues, concluy\u00f3 que los solicitantes no se retiraron voluntariamente del inmueble; no repar\u00f3 en que \u00e9stos no hab\u00edan establecido all\u00ed su vivienda ni desarrollaron su actividad econ\u00f3mica habitual; que actuaron de mala fe al vender el bien a m\u00e1s de una persona; que hab\u00edan adelantado los tr\u00e1mites necesarios para que el INCODER autorizara la transferencia del dominio del fundo; que su esposo fue v\u00edctima de la violencia y fue asesinado, por lo que merec\u00eda especial protecci\u00f3n debido a su situaci\u00f3n de vulnerabilidad; que \u00e9ste no era propietario de todas las tierras que se atribuyeron, no viol\u00f3 la prohibici\u00f3n de tener m\u00e1s de una UAF, ni estaba prohibido enajenar el predio por supuestamente no haber transcurrido 15 a\u00f1os desde su adjudicaci\u00f3n a los solicitantes de la restituci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente asegura, que pidi\u00f3 la modulaci\u00f3n de la sentencia del Tribunal accionado, pero la misma le fue negada el 18 de octubre de 2021, sin detenerse a analizar las irregularidades antes se\u00f1aladas, situaciones por las que, en su criterio, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor y de sus menores hijos. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 9 de diciembre de 2021 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal de Cartagena, por intermedio de la Magistrada Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada a esa autoridad, hizo un recuento de las principales consideraciones que plasm\u00f3 en la misma, resaltando que no obraba prueba en el expediente de la calidad de v\u00edctima del opositor a la restituci\u00f3n, derivada de hechos ocurridos en el predio Tarapac\u00e1; que \u00e9ste no impugn\u00f3 en la etapa administrativa la resoluci\u00f3n con que se incluy\u00f3 el predio en el registro de tierras despojadas; no obstante, su inconformidad frente a ese acto administrativo fue evacuada por el juzgado de primera instancia; que no obraba prueba de que al momento de ingresar al inmueble, MMM se encontrara en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y en cambio s\u00ed estaba probado que era propietario de numeroso inmuebles; de otro lado, los 15 a\u00f1os de prohibici\u00f3n de enajenaci\u00f3n que reca\u00eda sobre los solicitantes de la restituci\u00f3n, contaban desde que se registr\u00f3 el bien en la ORIP respectiva en el a\u00f1o 2008, pues hasta ese momento \u00abel inmueble segu\u00eda siendo un bien fiscal adjudicable\u00bb. <\/p>\n
b). La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV, por intermedio de su representante judicial, indic\u00f3 que no tiene competencia para resolver lo pretendido por la gestora en este escenario, y en cambio, ha cumplido cabalmente con lo que le corresponde dentro del proceso de restituci\u00f3n cuestionado. <\/p>\n
c.) La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Superintendencia de Notariado y Registro pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, ya que no se le atribuye ning\u00fan hecho vulnerador de las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
d.) La Procuradora 1\u00aa Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras se manifest\u00f3 frente a los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n y pidi\u00f3 se acceda a la misma, para que la Colegiatura accionada se manifieste sobre la nulidad propuesta por la aqu\u00ed interesada dentro del proceso cuestionado y tenga en cuenta las pruebas que all\u00ed obran sobre las victimizaciones sufridas por el opositor, y, de otro lado, se ordene a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras practicar a \u00e9sta la caracterizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica. <\/p>\n
e.) Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, la se\u00f1ora SSS en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos XXX y XYX, cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, i) la sentencia de 27 de noviembre de 2019 de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, con que se accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n reclamada por Anselmo Mart\u00ednez Carrascal y otros, respecto del predio denominado \u00abTarapac\u00e1\u00bb, tr\u00e1mite donde aquella interviene como sucesora procesal del fallecido opositor MMM; y, ii) la decisi\u00f3n del 19 de octubre de 2021 de la misma Colegiatura, con que resolvi\u00f3 negar la solicitud de modulaci\u00f3n de dicho fallo, pues seg\u00fan su dicho, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas del asunto. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por las siguientes razones a saber: <\/p>\n
3.1. Respecto del primer reparo, sin duda, se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Cartagena data del 27 de noviembre de 2019; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 30 de noviembre de 2021, es decir, transcurridos dos (2) a\u00f1os, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de la actora es reprochar el que se haya accedido a la restituci\u00f3n de tierras all\u00ed estudiada y adem\u00e1s no haya prosperado la oposici\u00f3n presentada por su fallecido esposo, ni si quiera para acceder la compensaci\u00f3n por supuestamente haber actuado \u00e9ste con buena fe exenta de culpa, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esa decisi\u00f3n del Tribunal accionado, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para que aquella haya tardado en reclamar por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Si en gracia de discusi\u00f3n, se calculara el lapso para la oportuna interposici\u00f3n del amparo, desde el 13 de agosto de 2020, cuando seg\u00fan lo admite la gestora en su escrito inicial, fue reconocida como sucesora procesal dentro del asunto criticado debido a la muerte de su esposo y opositor inicial, fecha en que se le notific\u00f3 el contenido de la sentencia que censura en este escenario, la conclusi\u00f3n seguir\u00eda siendo la misma, pues habr\u00eda dejado transcurrir un (1) a\u00f1o y tres (3) meses para acudir al juez constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
3.2. Y en cuanto a la segunda inconformidad elevada por la gestora, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo reclamado respecto de la decisi\u00f3n del 19 de octubre de 2021 de negarle la modulaci\u00f3n del aludido fallo, por cuanto lo decidido no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, que por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.2.1. Para adoptar la decisi\u00f3n que la gestora no comparte, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras Tribunal Superior de Cartagena observ\u00f3 que el motivo para solicitar la modulaci\u00f3n del fallo emitido dentro del referido proceso consist\u00eda en que \u00abno hubo pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad del acto administrativo contenido en la Resoluci\u00f3n 0669 de 2014 por medio de la cual la UAEGRTD resolvi\u00f3 la inclusi\u00f3n en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente del predio reclamado por los solicitantes en el presente proceso; as\u00ed como tambi\u00e9n por el hecho de que a su juicio, en la sentencia que orden\u00f3 la restituci\u00f3n a favor de los solicitantes no hubo la valoraci\u00f3n probatoria suficiente para determinar los requisitos axiol\u00f3gicos de la restituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Frente a esas inconformidades, precis\u00f3 el alcance que desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional se le ha dado al mecanismo de la modulaci\u00f3n de fallos, para entonces colegir que la figura \u00abprocede de manera excepcional cuando por alguna circunstancia se presente la imposibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes contenidas en la decisi\u00f3n, de tal manera que se afecte la garant\u00eda del derecho reconocido a alguna de las partes. <\/p>\n
En ese sentido se aclara que esta Sala ha modulado fallos \u00fanica y exclusivamente para modificar aspectos relativos a la ejecuci\u00f3n de sentencias cuando se encuentre comprometido gravemente el n\u00facleo esencial del derecho restituido, pero nunca para variar el sentido de una decisi\u00f3n ni para acceder a inconformidades de fondo que presenten las partes en cuanto a la decisi\u00f3n judicial. Lo contrario implicar\u00eda comprometer gravemente la seguridad jur\u00eddica de los fallos de Restituci\u00f3n de Tierras y equivaldr\u00eda a utilizar la figura de la modulaci\u00f3n como un mecanismo de impugnaci\u00f3n de las sentencias. <\/p>\n
Dicho esto, considera esta Sala que la solicitud presentada por la se\u00f1ora SSS e HIJOS, en calidad de sucesores procesales del se\u00f1or MMM resulta improcedente pues pretende revivir el debate probatorio y que se analicen nuevamente todos los aspectos sustanciales que se revisaron en una sentencia ejecutoriada y en un asunto sobre el cual ya existe cosa juzgada. En ese orden de ideas, es claro que las inconformidades de car\u00e1cter sustancial y procesal expuestas por la se\u00f1ora SSS, no pueden ser resueltas por medio de modulaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.2. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Colegiatura convocada se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de la normatividad y la jurisprudencia aplicables al caso, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n normativa no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, siendo evidente en este caso, que lo expuesto por la gestora es su particular manera de analizar las pruebas del decurso cuestionado, sin que solo por ello se pueda descalificar la misma labor que realiz\u00f3 el juez cognoscente. <\/p>\n
Y es que, como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del Tribunal accionado, de no modular la sentencia que profiri\u00f3 dentro del proceso del ep\u00edgrafe, obedeci\u00f3 a que lo pretendido por la actora a trav\u00e9s de ese mecanismo, no era buscar la manera de que se cumplieran las \u00f3rdenes all\u00ed dispuestas, sino reabrir el debate sobre situaciones definidas en dicha decisi\u00f3n, para variar el sentido de las mismas, lo cual escapa al espec\u00edfico prop\u00f3sito del medio incoado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por la actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
4. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentran involucrados unos menores de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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