STC012-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC012-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04607-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Zuluaga Ram\u00edrez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, as\u00ed como a los Juzgados Veintitr\u00e9s Penal Municipal de la misma ciudad, y, Trece Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Barranquilla, a las partes e intervinientes en el asunto judicial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Solicita el accionante la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la contradicci\u00f3n y a la \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, los cuales considera vulnerados por el \u00f3rgano de cierre convocado, al inadmitir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto en el marco del proceso penal que en su contra se adelanta por el delito de \u00abhurto por medios electr\u00f3nicos y semejantes\u00bb. <\/p>\n
Por tal motivo pretende, en concreto, que se invalide \u00abel auto AP589 de 24 febrero de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, por cuyo medio se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n formulada oportunamente por [su] defensor\u00bb, y en consecuencia, que se ordene a dicha autoridad \u00abprof[erir] una nueva sentencia acorde con el recurso [extraordinario] formulado\u00bb. <\/p>\n
2. Para cimentar tal pedimento, y luego de hacer una copiosa narraci\u00f3n de varios de los hechos acaecidos alrededor del decurso donde result\u00f3 condenado por la conducta il\u00edcita referida, adujo en s\u00edntesis, que la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00abviol\u00f3 [sus] derechos fundamentales al considerar que [su] asistencia [a] dos [de las] sesiones de audiencia, era demostrativa de haber avalado toda la dejadez profesional de [su] entonces defensor, (\u2026) a pesar de estar probado que dicho profesional: 1) pact\u00f3 unas estipulaciones probatorias que afectaron [sus] garant\u00edas fundamentales de defensa y controversia; 2) [l]e impidi\u00f3 ser o\u00eddo en el juicio oral para controvertir los cargos de la Fiscal\u00eda; y, 3) renunci\u00f3 a la pr\u00e1ctica del \u00fanico testigo de descargos decretado en la audiencia preparatoria, quien iba a [declarar] lo que realmente ocurri\u00f3\u00bb, circunstancias todas \u00e9stas que, dice, contribuyeron a que resultara condenado a 60 meses de prisi\u00f3n, y que, sin m\u00e1s, fueron desatendidas por dicha Colegiatura, motivo que lo obliga a tomar la presente v\u00eda excepcional por no contar con otro mecanismo de defensa, pues si bien solicit\u00f3 la interposici\u00f3n del \u00abrecurso de insistencia ante la Procuradur\u00eda Judicial Delegada ante la Corte\u00bb, lo cierto es que, \u00abmediante oficio de 8 de junio de 2021\u00bb tal autoridad le inform\u00f3 que se absten\u00eda de tal proceder. <\/p>\n
3. El 13 de diciembre pasado se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n puso de presente, que \u00abbajo los mismos supuestos que sustentaron la demanda de casaci\u00f3n se pretende ahora la tutela de las referidas garant\u00edas, pero al igual que ocurri\u00f3 en aquella, tal aspiraci\u00f3n se fundamenta en apreciaciones que desconocen por completo el decurso jurisprudencial en torno al derecho de defensa en su acepci\u00f3n t\u00e9cnica, as\u00ed como acerca de las estipulaciones probatorias. <\/p>\n
En ese orden, la decisi\u00f3n que se cuestiona a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n dej\u00f3 en evidencia la intrascendencia de las censuras formuladas, en especial la primera que de manera principal persegu\u00eda la invalidez de la actuaci\u00f3n bajo similar argumentaci\u00f3n expuesta en este asunto. <\/p>\n
As\u00ed se reliev\u00f3 la inviabilidad de una alegaci\u00f3n en ese sentido cuando se elaboraba a partir de la estrategia que v\u00e1lidamente se hab\u00eda trazado el defensor precedente, por manera que mal pod\u00eda a posteriori exponerse una tal pretensi\u00f3n a la luz simplemente de los resultados y no de las actividades ejecutadas en rededor precisamente de la estrategia defensiva entonces asumida y encontrada razonable. <\/p>\n
Ante la inidoneidad de los reparos y su intrascendencia, la decisi\u00f3n de la Sala no pod\u00eda ser diversa a la de inadmitir el libelo examinado, mucho m\u00e1s si no se apreciaba ninguna otra situaci\u00f3n que obligara a su intervenci\u00f3n oficiosa, todo lo cual fue avalado de alguna manera cuando el Ministerio P\u00fablico, no obstante mediar la petici\u00f3n del procesado, se neg\u00f3 a insistir para que se reconsiderara el rechazo de la demanda\u00bb, motivos \u00e9stos por los cuales debe denegarse la salvaguarda reclamada. <\/p>\n
b. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han adoptado para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. En caso objeto de an\u00e1lisis, el ciudadano Zuluaga Ram\u00edrez censura, puntalmente, el auto AP589-2021 mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n formulada contra el fallo de segunda instancia que confirm\u00f3 la condena que le fue impuesta a la pena principal de 60 meses de reclusi\u00f3n, siendo concedido el subrogado de prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
3. Empero, revisado el contenido de la decisi\u00f3n atacada, no emerge arbitrariedad con entidad suficiente como para permitir el paso a esta excepcional justicia, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. De entrada, es pertinente indicar, que el referido remedio extraordinario impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. As\u00ed entonces, dicho \u00f3rgano de cierre, luego de enlistar los dos cargos presentados por la defensa, hacer referencia a los argumentos en los que fueron sustentados, y analizarlos cada uno por separado, ultim\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[l]a controversia que en estos t\u00e9rminos plantea el censor revela que, en realidad, su prop\u00f3sito es disentir de la actividad defensiva desplegada por quien represent\u00f3 al procesado con anterioridad, en tanto no actu\u00f3 seg\u00fan su parecer, con lo cual olvida, seg\u00fan ya se ha dicho, que en sede de casaci\u00f3n no resulta dable juzgar el acierto o desatino de la gesti\u00f3n profesional de los defensores que precedieron al casacionista, pues cada letrado tiene su particular forma para afrontar la labor encomendada, sin que sea factible determinar de manera irrebatible cu\u00e1l pudo ser la mejor y m\u00e1s afortunada estrategia defensiva (CSJ AP, 28 de sep. de 2006, rad. 25247)\u00bb (sub l\u00edneas intencionales). <\/p>\n
Cada profesional, por tanto, como ya se resalt\u00f3 en este asunto, estructura la t\u00e1ctica que a su juicio resulta m\u00e1s adecuada y se ajuste mejor a su estilo o a la perspectiva que tiene del proceso, de modo que la disparidad sobre ese punto no tiene la capacidad de infligir lesi\u00f3n al derecho de defensa t\u00e9cnica (CSJ AP, 25 de mayo 2016, rad. 46698). <\/p>\n
4. Ahora, en lo que hace a las estipulaciones, desde luego que ellas implican una renuncia del derecho a la prueba en cuanto se acuerda fijado un hecho sin necesidad de aportar medio demostrativo que lo establezca, pero de tal acto legalmente autorizado y reglado no puede seguirse una infracci\u00f3n de la garant\u00eda de contradicci\u00f3n, mucho menos cuando en este asunto no aparece verificado que se haya contrariado la voluntad del procesado, pues la intervenci\u00f3n del entonces defensor estuvo, sin lugar a dudas, condicionada al asentimiento de \u00e9l, como que excepcionalmente estuvo presente durante la audiencia preparatoria y especialmente en la sesi\u00f3n en la cual se acordaron las estipulaciones. Dada por dem\u00e1s la estrategia elaborada por el defensor, tal actuaci\u00f3n constituy\u00f3, precisamente, manifestaci\u00f3n de la libertad de que el profesional goza para desarrollar su gesti\u00f3n, m\u00e1xime que el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 10 de la Ley 906 de 2004 faculta a las partes a celebrar estipulaciones sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, a condici\u00f3n de que eso no implique renuncia de los derechos constitucionales. <\/p>\n
Es de suyo que el acuerdo no se logra si en relaci\u00f3n con el determinado hecho existe controversia sustancial entre las partes; es apenas obvio que lo acordado supone la anuencia, el asentimiento de los part\u00edcipes en el convenio, quienes concuerdan en dar por demostrado un espec\u00edfico suceso sin necesidad de la prueba que lo sustente. <\/p>\n
Se equivoca el censor, por tanto, al pretender que ning\u00fan aspecto sustancial del proceso puede ser objeto de estipulaci\u00f3n, el cual en esas condiciones s\u00f3lo podr\u00eda ser debatido en el juicio a trav\u00e9s de la consabida controversia probatoria; no es eso lo que dicen las normas por \u00e9l invocadas, lo que de \u00e9stas se establece es que no puede haber acuerdo sobre un hecho que suscite controversia sustancial entre las partes, no que un hecho de trascendencia para el proceso no pueda ser objeto de estipulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y finalmente, acot\u00f3 que \u00abninguna relevancia ostentan los reparos seg\u00fan los cuales no se determin\u00f3 con el contrato de cuenta corriente una relaci\u00f3n entre el acusado y quienes accedieron ilegalmente a las cuentas defraudadas, ni con los documentos de identidad, que el acusado ten\u00eda para la \u00e9poca de los hechos 19 a\u00f1os, lo cual, como si se tratare de una eventual causa de inimputabilidad, no le permit\u00eda una mayor comprensi\u00f3n de la eventual ilicitud de la conducta desplegada\u00bb. <\/p>\n
5. De este modo, como las deducciones efectuadas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en relaci\u00f3n con la demanda de casaci\u00f3n propuesta por el aqu\u00ed inconforme, se insiste, son razonables y producto de una respetable interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al asunto, ello impide sostener, entonces, que se haya configurado alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales. <\/p>\n
Y es que en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la determinaci\u00f3n con la que se inadmiti\u00f3 el mentado mecanismo extraordinario, en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039- 2021). <\/p>\n
6. Adicionalmente, t\u00e9ngase en cuenta que el gestor cont\u00f3 con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela alega, medio de defensa que no aprovech\u00f3 adecuadamente, pues como se vio, su libelo fue inadmitido, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir la valoraci\u00f3n efectuada, lo que torna improcedente el actual reclamo, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el actor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (STC3705-2021). <\/p>\n
7. En consecuencia, las razones consignadas se estiman suficientes para desestimar el amparo pretendido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional reclamada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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