STC026-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC026-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04616-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Rebecca Navarro de G\u00f3mez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado \u00danico Civil del Circuito de El Banco, Magdalena, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso coercitivo a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, dentro del proceso ejecutivo que Bavaria S.A. promovi\u00f3 Comercial Ltda., Marta Cecilia G\u00f3mez Navarro, Miladis Mart\u00ednez G\u00f3mez, Gustavo Le\u00f3n Alzate Giraldo y Herederos indeterminados de Le\u00f3n \u00c1ngel G\u00f3mez Zuluaga, con radicado No. 2014-00001-00. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior Santa Marta, proceda a \u00abla revocatoria de la providencia proferida (\u2026) el d\u00eda 20 del mes de enero del a\u00f1o 2021 (\u2026) consecuencialmente los autos proferidos en los recursos horizontales proferidos [por esa colegiatura]\u00bb, y que, en consecuencia, se le reconozca el beneficio \u00abde ser llamada al juicio para su defensa e integrar el Litis consorcio necesario\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que dentro del referido cobro judicial, se libr\u00f3 mandamiento de pago el 15 de enero de 2014, y pese a que el ejecutado Le\u00f3n \u00c1ngel G\u00f3mez Zuluaga, su c\u00f3nyuge, falleci\u00f3 el 12 de marzo de 2011, ella no fue vinculada al proceso y se enter\u00f3 de la existencia del mismo cuando solicito un certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble objeto de garant\u00eda, por lo cual pidi\u00f3 al Juzgado \u00danico Civil del Circuito de El Banco, Magdalena, la nulidad del proceso por no haber sido notificada del auto admisorio de la demanda, y \u00abpor estar involucrado un bien social, perteneciente a la sociedad conyugal, como consecuencia de la uni\u00f3n matrimonial celebrada entre ambos el 16 de julio de 1950, adquirido en el a\u00f1o 2000\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que el 19 de marzo de 2020, el mentado estrado declar\u00f3 la nulidad de las actuaciones surtidas desde la sentencia, inclusive, para que se integrara el contradictorio con ella, tras observar que s\u00f3lo se hab\u00eda enterado a los herederos indeterminados, pese a que \u00abante el fallecimiento de quien adquiere el bien inmueble, era obligaci\u00f3n convocar a los herederos determinados e indeterminados, como a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite (\u2026) porque la sentencia produce efectos contra ella\u00bb. <\/p>\n
Narra que la decisi\u00f3n fue atacada por la ejecutante y revocada el 20 de enero de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, despu\u00e9s de lo cual ella interpuso recusaci\u00f3n contra la funcionaria sustanciadora de la decisi\u00f3n, la cual fue declarada infundada, por lo cual pidi\u00f3 reponer la decisi\u00f3n de la nulidad, pero el recurso fue negado el 14 de abril siguiente, por extempor\u00e1neo, siendo que durante el t\u00e9rmino se present\u00f3 la recusaci\u00f3n \u00ablo que suspend\u00eda cualquier actuaci\u00f3n\u00bb, de manera que en vez de la reposici\u00f3n se le concedi\u00f3 s\u00faplica, la cual fue negada por el siguiente Magistrado en turno. <\/p>\n
Finalmente asegura, que en lo decidido no se tuvo en cuenta que era conocida su condici\u00f3n de c\u00f3nyuge del demandado G\u00f3mez Zuluaga, y el fallecimiento de \u00e9ste fue un \u00abhecho p\u00fablico y notorio\u00bb por haber ocurrido en un municipio peque\u00f1o; as\u00ed mismo, que el bien objeto de garant\u00eda es de la sociedad conyugal, situaciones por las que, en su criterio, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta por intermedio de la Magistrada sustanciadora de la decisi\u00f3n cuestionada manifest\u00f3, que el 20 de enero de 2021 revoc\u00f3 el auto de 19 de mayo de 2020 del Juzgado \u00danico Civil del Circuito de El Banco, Magdalena, para en lugar, negar la nulidad por indebida notificaci\u00f3n alegada por la aqu\u00ed accionante; posteriormente \u00e9sta interpuso recusaci\u00f3n contra ella, la cual rehus\u00f3 el 16 de febrero siguiente, por lo que remiti\u00f3 la inconformidad a la siguiente Magistrada en turno, quien la declar\u00f3 infundada el d\u00eda 25 del mismo mes, \u00abadvirtiendo a la proponente que, en lo sucesivo, se abstuviera de formular recusaciones que puedan implicar una posible temeridad\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que la aqu\u00ed inconforme solicit\u00f3 despu\u00e9s la invalidez del prove\u00eddo de 20 de enero de 2021, la cual fue negada el 14 de abril siguiente, decisi\u00f3n que \u00e9sta solicit\u00f3 reponer, pero el mecanismo fue rechazado por improcedente en auto del 5 de mayo posterior, por lo que a la inconformidad se le dio tr\u00e1mite de s\u00faplica, la cual fue negada el 11 de junio siguiente, actuaciones todas apegadas a las disposiciones legales. <\/p>\n
b). Los Magistrados del Tribunal Superior de Santa Marta que en Sala del 11 de junio de 2021 resolvieron el recurso de s\u00faplica aludido por la gestora, manifestaron atenerse a lo plasmado en esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
c). Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, la ciudadana Navarro de G\u00f3mez cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, el auto de 20 de enero de 2021 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del 19 de marzo de 2020 del Juzgado \u00danico Civil del Circuito de El Banco -Magdalena, para as\u00ed, negar la nulidad por indebida notificaci\u00f3n alegada dentro del proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria que Bavaria SA adelanta contra Comercial Ltda y otros, pues en su sentir, debi\u00f3 ser vinculada al juicio como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Le\u00f3n \u00c1ngel G\u00f3mez Zuluaga, y porque el bien objeto de garant\u00eda hace parte de la sociedad conyugal que tuvo con \u00e9ste. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, ya que de los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos en la determinaci\u00f3n de segundo grado en comento, no se advierte vulneraci\u00f3n superior alguna, por cuanto lo decidido no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, que por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. Para adoptar la decisi\u00f3n que la gestora no comparte, el Tribunal Superior de Santa Marta hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas en el proceso cuestionado y en seguida puntualiz\u00f3 que \u00abla incidentalista busca la invalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n al considerar que no se cit\u00f3 al proceso, pese a su calidad de c\u00f3nyuge del se\u00f1or Le\u00f3n \u00c1ngel G\u00f3mez Zuluaga, en el que se afect\u00f3 un bien que, a su juicio, pertenece a la sociedad conyugal por adquirirse durante su vigencia\u00bb. <\/p>\n
En seguida, para resolver el problema jur\u00eddico, la Colegiatura accionada cit\u00f3 el art\u00edculo 81 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y el art\u00edculo 87 del C\u00f3digo General del Proceso, para del contenido de la \u00faltima norma colegir que, \u00abes posible interponer demanda declarativa o ejecutiva contra los herederos de una persona fallecida, cuando a\u00fan no se hubiere indiciado la sucesi\u00f3n. Trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos, se puede ejecutar el cobro a un tercero, de obligaciones adquiridas por el causante, contenidas en un t\u00edtulo valor, antes del proceso de sucesi\u00f3n. En ese orden la demanda puede formularse: <\/p>\n
1. Contra los herederos determinados, si se conocen e indeterminados. <\/p>\n
2. Contra los herederos indeterminados, cuyos nombres se ignoren. <\/p>\n
Empero, cuando se ha iniciado el proceso de sucesi\u00f3n, la demanda deber\u00e1 dirigirse: <\/p>\n
1. Contra los herederos reconocidos en aqu\u00e9l, los dem\u00e1s conocidos y los indeterminados. <\/p>\n
2. Contra los herederos indeterminados, si no existieran determinados. <\/p>\n
3. Contra el albacea con tenencia de bienes o el administrador de la herencia yacente, si fuera el caso. <\/p>\n
4. Contra el C\u00f3nyuge, si se trata de bienes y deudas sociales\u00bb. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n que soport\u00f3 en un pronunciamiento emitido sobre el particular por la Corte Suprema de Justicia, para entonces colegir que, \u00abde la normatividad ense\u00f1ada, se desprende que la c\u00f3nyuge sobreviviente, solo se hace imperioso su llamamiento o direccionar la demanda en su contra cuando exista el proceso de sucesi\u00f3n y se trate de bienes sociales\u00bb, aserto que respald\u00f3 en un pronunciamiento doctrinario elaborado al respecto, para en seguida concluir que \u00aben el caso de marras, si bien la incidentante acredit\u00f3 el v\u00ednculo conyugal con el se\u00f1or Le\u00f3n \u00c1ngel G\u00f3mez Zuluaga quien fuera uno de los obligados y que dio en garant\u00eda hipotecaria uno de sus bienes, espec\u00edficamente el identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 224-14089 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa municipalidad y que sea de paso acotar, para el momento en que se present\u00f3 la demanda de dicho predio, estaba en cabeza del occiso (p\u00e1g. 131-132), no lo es menos que la incidentante no demostr\u00f3 que, para el momento en que se present\u00f3 la demanda ejecutiva, estuviera en curso el juicio sucesorio de la referida persona. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que los bienes sociales se estructuran al momento en que se disuelva por alguna causa la sociedad conyugal, por lo tanto, antes de ello, cada uno de los c\u00f3nyuges tiene la administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de sus bienes, a la luz del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 28 de 1932 (\u2026) Desde luego que, en vida, el se\u00f1or ten\u00eda la libre disposici\u00f3n y administraci\u00f3n de sus bienes, por lo tanto, y dado que al momento de hacerse efectiva la garant\u00eda hipotecaria ya hab\u00eda fallecido, la demanda deb\u00eda dirigirse contra sus herederos, pero en la forma que precisa el hoy art\u00edculo 87 del CGP, antes del CPC, norma que, como se dijo, no siempre era necesario demandar a la c\u00f3nyuge ya que solo era obligatorio, se itera, cuando estuviera en curso el proceso de sucesi\u00f3n y se tratara de bienes sociales. <\/p>\n
En suma, al margen que se trate o no de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, en el particular no se estructur\u00f3 ning\u00fan vicio por falta de llamamiento de la c\u00f3nyuge ya que no se demostr\u00f3 que para el momento en que se present\u00f3 la acci\u00f3n ejecutiva, estuviera en curso el juicio sucesorio de ese deudor, razones suficientes para revocar la decisi\u00f3n que se revisa, sin que haya lugar a la condena en costas al no haberse causado\u00bb. <\/p>\n
3.2. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de la normatividad y a jurisprudencia aplicable al caso, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, siendo evidente en este caso, que lo expuesto por la gestora es su particular manera de analizar las normas llamadas a regular el asunto, sin que solo por ello se pueda descalificar la misma labor que realiz\u00f3 el juez cognoscente. <\/p>\n
3.3. Y es que, como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Santa Marta, de revocar la nulidad por indebida notificaci\u00f3n que hab\u00eda sido declarada en primera instancia para en su lugar no invalidar el juicio, obedeci\u00f3 a que, seg\u00fan interpret\u00f3 de la normativa adjetiva que estim\u00f3 aplicable, la vinculaci\u00f3n al proceso de la aqu\u00ed accionante no resultaba necesaria, porque no se acredit\u00f3 que al momento de presentarse la demanda, estuviera en curso el proceso de sucesi\u00f3n del deudor, y c\u00f3nyuge de \u00e9sta, y se involucrara en la ejecuci\u00f3n un bien social. <\/p>\n
3.4. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por la actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
4. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC026-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC026-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04616-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Rebecca […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60506","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60506"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60506\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}