STC027-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2021-00261-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, dirime la Corte la impugnaci\u00f3n que Juan Camilo Rey Ruiz promovi\u00f3 frente a la sentencia de 25 de noviembre de 2021 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente, actuando como agente oficioso del menor Carlos Andr\u00e9s Murcia, instaur\u00f3 contra E.S.E Hospital San Jos\u00e9 de Tierralta. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pretende que se ordene a la accionada que proceda a efectuar el pago de las sumas de dinero se\u00f1aladas en el mandamiento proferido por el Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Monter\u00eda, dentro del proceso ejecutivo con radicado N\u00b0 23-001-31-03-004-2018-00041-00. As\u00ed mismo que se ordene la compulsa de copias a las entidades correspondientes para que procedan a investigar a la entidad tutelada por el incumplimiento del pago de la obligaci\u00f3n objeto de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Como sustento, indic\u00f3 que el menor Carlos Andr\u00e9s Murcia tiene 13 a\u00f1os y al momento de nacer sufri\u00f3 hipoxia cerebral que lo dej\u00f3 en estado vegetativo, lo cual sucedi\u00f3 como consecuencia de una falla en la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico asistencial por parte de la E.S.E Hospital San Jos\u00e9 de Tierralta. Por los hechos descritos la entidad accionada fue condenada al pago de perjuicios morales y lucro cesante derivados de la falla del servicio (15 diciembre 2011, 26 junio 2014). Precis\u00f3 que, ante el incumplimiento para efectuar el pago, luego de varias reclamaciones, promovi\u00f3 proceso ejecutivo que le correspondi\u00f3 al Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Monter\u00eda, quien profiri\u00f3 mandamiento de pago (17 marzo 2017). Se\u00f1al\u00f3 que las partes suscribieron un acuerdo de pago con el fin de dar por terminado el proceso (17 junio 2020); sin embargo, \u00fanicamente se cumpli\u00f3 con el pago de la primera cuota. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el proceso ejecutivo se ha tornado ineficaz por cuanto no existe un mecanismo jur\u00eddico adicional en la jurisdicci\u00f3n ordinaria para obligar al ejecutado al pago de la obligaci\u00f3n, lo que torna procedente la acci\u00f3n constitucional; tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que ha promovido varias acciones de tutela con el mismo objetivo, pero el amparo se ha declarado improcedente, por lo que, a su juicio, ante la existencia de decisiones inhibitorias, no puede predicarse la existencia de temeridad. <\/p>\n
2. La entidad accionada E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE TIERRALTA no emiti\u00f3 pronunciamiento alguno. <\/p>\n
3. El Tribunal neg\u00f3 la salvaguarda tras considerar que el accionante carece de legitimidad para promover el amparo; adem\u00e1s, estim\u00f3 que no se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que el proceso ejecutivo instaurado por el gestor a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n impugnada debe respaldarse, pero no porque el quejoso no hubiera acreditado los requisitos de la agencia oficiosa, habida cuenta que trat\u00e1ndose de menores las exigencias procedimentales de dicha figura deben flexibilizarse, sino porque est\u00e1 configurado el fen\u00f3meno de la temeridad. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del amparo a menores, por su calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, la sociedad, el Estado y sus representantes deben procurar la ejecuci\u00f3n de acciones afirmativas que den lugar a la prevalencia de los derechos fundamentales de ese grupo poblacional, prop\u00f3sito este al que no puede ser ajeno el derecho procesal; as\u00ed, mal podr\u00edan anteponerse las ritualidades de un tr\u00e1mite, a la necesidad de amparo que pueda evidenciarse o siquiera estudiarse en asuntos en donde se advierta que debe prevalecer el inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario se\u00f1alar que el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagra que \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. Sobre este tipo de conductas la Sala ha precisado que: <\/p>\n
(\u2026) la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial (STC-01841-00, 21 oct. 2009, STC6467-2018, reiteradas en STC8587-2020). <\/p>\n
Analizada la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria del caso en concreto puede concluirse que, adem\u00e1s de este auxilio, el actor present\u00f3 otro ruego con id\u00e9nticos hechos y pretensiones (2021-00348). Ese tr\u00e1mite fue declarado improcedente en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta (C\u00f3rdoba) (22 septiembre 2021), y su impugnaci\u00f3n fue definida por el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Monter\u00eda (27 octubre 2021). T\u00e9ngase en cuenta que, contrario a lo aducido por el actor, la declaratoria de improcedencia de dicha solicitud no lo habilita a promover un nuevo amparo por las mismas circunstancias, toda vez que tal proceder desconoce el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991. Salvo, eso as\u00ed, que existan nuevos hechos; no obstante, eso aqu\u00ed no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Por lo aqu\u00ed expuesto, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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