STC028-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
STC028-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04634-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de doce de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la tutela que el Grupo Comercial Jordania S.A.S. \u2013hoy en reorganizaci\u00f3n-, instaur\u00f3 en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior, el Juzgado Octavo Civil del Circuito, la Superintendencia Delegada para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades y el Banco de Occidente, todos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los intervinientes en los consecutivos 2019-01111-00, 2018-0387 y 88609. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de su representante legal, requiri\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, vivienda digna, igualdad, dignidad, educaci\u00f3n y de los menores\u00bb, para que se \u00abDEJ[E] SIN EFECTO la sentencia proferida por el Juzgado Octavo (08) Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Grupo de Reorganizaci\u00f3n empresarial de la Superintendencia de Sociedades\u00bb. <\/p>\n
En compendio se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado (n\u00b0 2018-00387) promovido por el Banco de Occidente en su contra, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de leasing financiero n\u00b0 180-113669 y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del apartamento 302, el garaje 305 y el dep\u00f3sito 48, distinguidos con matr\u00edculas 50C-1387750, 50C-1387948 y 50C-1388005 (5 feb. 2019), providencia frente a la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n, sin \u00e9xito, pues al respecto se resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) As\u00ed las cosas, teniendo en cuenta que los inmuebles objeto de restituci\u00f3n hacen parte de una unidad residencial de uso habitacional y que no tienen relaci\u00f3n alguna con el objeto social del Grupo Comercial Jordania S.A.S. (comercio al por menor de leche, productos l\u00e1cteos y huevos, en establecimientos especializados), y comoquiera que el art\u00edculo 22 de la Ley 1116 establece que \u201cA partir de la apertura del proceso de reorganizaci\u00f3n no podr\u00e1n iniciarse o continuarse procesos de restituci\u00f3n de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, (\u2026)\u201d, el Despacho habr\u00e1 de darle continuidad a este asunto \u2026\u00bb (11 mar. 2019). <\/p>\n
Indic\u00f3 que plante\u00f3 demanda de revisi\u00f3n (Rad. 11001220300020190111100), que el Tribunal declar\u00f3 infundada (16 dic. 2020). <\/p>\n
Adujo que la Superintendencia de Sociedades el 18 de diciembre de 2018 la admiti\u00f3 a reorganizaci\u00f3n empresarial en el marco de la ley 1116 de 2006, y en audiencia de objeciones (31 may. 2021), excluy\u00f3 de la masa patrimonial los bienes antes referenciados, argumentando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Revisados los documentos obrantes en el expediente y los argumentos presentados por el apoderado de la concursada como quiera que, la empresa no pudo demostrar que el bien es necesario para su operaci\u00f3n, esto en concordancia con el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, aunado a que tampoco se pudo demostrar la calidad de este inmueble en el proceso de restituci\u00f3n. Adicionalmente, para su decisi\u00f3n el Despacho tuvo en cuenta que el contrato celebrado fue de leasing habitacional familiar, \u00fanica y exclusivamente destinado a la habitaci\u00f3n de un n\u00facleo familiar, lo cual no lo hace operativo, ni corresponde a la operaci\u00f3n de la empresa, de conformidad con la definici\u00f3n dada por el decreto 2555 de 2010 a esta modalidad del contrato de leasing (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Acus\u00f3 tales actuaciones de \u00abomitir las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas\u00bb, pues en la restituci\u00f3n era imprescindible determinar la \u00aboperatividad de los bienes\u00bb, ya que serv\u00edan a su objeto social y, as\u00ed las cosas, no pod\u00edan ser excluidos de la reorganizaci\u00f3n, y menos, ser objeto de \u00abrestituci\u00f3n\u00bb en el declarativo, porque \u00abel cese en el pago de c\u00e1nones no fue un acto voluntario, por el contrario, correspondi\u00f3 a una prohibici\u00f3n legal que contempla el art\u00edculo 17 de la Ley de Insolvencia, y que, estando estas obligaciones en cabeza de la sociedad mercantil, imped\u00eda que se realizar\u00e1 dicho pago\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 el proceder del Banco de Occidente, porque \u00ab[a] la fecha han sido cancelados CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS M\/Cte. ($173.853.503), por c\u00e1nones post-reorganizaci\u00f3n, los cuales resultan il\u00f3gicos ante un arrendamiento, m\u00e1xime, cuando en la zona donde est\u00e1n los bienes un arrendamiento no supera los DOS MILLONES DE PESOS M\/Cte. ($2.000.000)\u00bb y adem\u00e1s, porque \u00aben las distintas actuaciones judiciales surtidas sobre este asunto, es evidente la configuraci\u00f3n de un ERROR INDUCIDO, toda vez que la entidad financiera ha utilizado el contrato a su acomodo, es decir, en los procesos judiciales ha manifestado que se trata de un contrato de leasing habitacional, como lo hizo ante la Superintendencia de Sociedades, llevando a que el Juez concluyera como decisi\u00f3n la exclusi\u00f3n del activo\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el expediente digital para su estudio y el Juzgado Octavo Civil del Circuito defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud a que entre la fecha de la providencia en la que el Juzgado Octavo del Circuito de esta capital defini\u00f3 la instancia en el litigio de restituci\u00f3n (5 feb. 2019), la del Tribunal de Bogot\u00e1 que declar\u00f3 infundada la demanda de revisi\u00f3n (16 dic. 2020), la de la Superintendencia de Sociedades que excluy\u00f3 de la masa patrimonial los \u00abbienes\u00bb aludidos (31 may. 2021), y la radicaci\u00f3n del escrito superlativo (9 dic. 2021), transcurrieron un (1) a\u00f1os, diez (10) meses, cuatro (4) d\u00edas; once (11) meses, veinticuatro (24) d\u00edas; y seis (6) meses, nueve (9) d\u00edas, respectivamente; esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (Se resalta) (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021, STC14745-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si el interesado se demor\u00f3 en incoar la guarda, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a las entidades denunciadas y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.- En lo pertinente a la aspiraci\u00f3n dirigida a cuestionar el proceder del Banco de Occidente, la suerte es la misma, pero por \u00abinexistencia\u00bb de la trasgresi\u00f3n enunciada, dado que el anhelo del precursor se dirige, en s\u00edntesis, a anular la acci\u00f3n restitutoria frente a la cual se agotaron los controles judiciales ordinarios y extraordinarios ante los jueces naturales quienes depusieron los fundamentos jur\u00eddicos para convalidar el \u00abderecho\u00bb perseguido. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea el tutelante es que la iniciaci\u00f3n de los tr\u00e1mites de \u00abreorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb imped\u00edan perseguir la universalidad de sus activos, lo que constituye una circunstancia alejada de los presupuestos de la Ley 1116 de 2006 y sobre los cuales, cada una de las autoridades fustigadas fundamentaron sus determinaciones. Por ende, hay una diferencia de criterios acerca de la manera como se interpreta lo dispuesto en el marco aludido y la entendida por Grupo Comercial Jordania S.A.S. \u2013hoy en reorganizaci\u00f3n-. <\/p>\n
Significa entonces que, no puede predicarse conculcaci\u00f3n al \u00abdebido proceso\u00bb, porque la entidad financiera sigui\u00f3 el rito establecido y, en esa medida, no se avizora que haya infringido o amenazado \u00abatributos b\u00e1sicos\u00bb, por lo que no es posible la intervenci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corte ha venido sosteniendo que, para la prosperidad de la \u00abayuda\u00bb tuitiva \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014, STC6835-2019, 30 may. 2019, citada en STC7647-2020 y STC15890-2021). <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, resulta clara la impertinencia del amparo suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instaurada por Grupo Comercial Jordania S.A.S. \u2013hoy en reorganizaci\u00f3n-. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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