STC033-2022 <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC033-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04652-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de doce de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga instaur\u00f3 en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, a la Defensor\u00eda del Pueblo y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2017-00326. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara a la Magistratura querellada \u00abdecretar la nulidad de la sentencia de 14 de mayo de 2021 por falta de competencia\u00bb. <\/p>\n
En compendi\u00f3 adujo que la Defensor\u00eda del Pueblo promovi\u00f3 en su contra demanda ejecutiva, ya que \u00abrecibi\u00f3 multas en favor del Fondo para la Defensa de Derechos e Intereses Colectivos de la Defensor\u00eda del Pueblo, en varias providencias proferidas por el Consejo de Estado, el Juzgado Octavo Administrativo de Descongesti\u00f3n de Manizales, y los Tribunales Administrativos de Caldas, Antioquia y Risaralda (\u2026) sanciones [que] no han sido pagadas\u00bb; que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira profiri\u00f3 sentencia en la que desestim\u00f3 las excepciones propuestas por \u00e9l y dispuso seguir adelante con el cobro. <\/p>\n
Indic\u00f3 que dicha determinaci\u00f3n fue convalidada por el Tribunal accionado (14 may. 2021) y acus\u00f3 lo prove\u00eddo de haber \u00abdesconocido\u00bb lo preceptuado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abpues prorrog\u00f3 por dos ocasiones el t\u00e9rmino para fallar, olvidando que solo pod\u00eda hacerlo una sola vez, excepcionalmente\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pereira aclar\u00f3 que \u00abese expediente pas\u00f3 [al] despacho el 3 de marzo de 2020; teniendo en cuenta la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasi\u00f3n de la pandemia por covid-19, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 25 de junio siguiente, ellos se extendieron; posteriormente, mediante auto del 1\u00b0 de diciembre de 2020, se prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para fallar por 6 meses m\u00e1s, dada la congesti\u00f3n del despacho y seg\u00fan lo autoriza el inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 121 del CGP. As\u00ed que en ning\u00fan momento [se] prorrog\u00f3 dos veces el t\u00e9rmino para fallar\u00bb.. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia adosada al plenario, muy pronto se advierte el fracaso del ruego, porque se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n valida, el requisito de inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, porque entre la fecha de la providencia del Tribunal Superior de Pereira que ratific\u00f3 la expedida el 26 de febrero de 2019 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa urbe (14 may. 2021) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (10 dic. 2021), transcurrieron seis (6) meses y veintis\u00e9is (26) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado, que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Ello, impide examinar el fondo del debate instado, porque si el interesado se demor\u00f3 en interponer la s\u00faplica supralegal, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la autoridad denunciada, con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.- Ahora, en lo concerniente con la queja del promotor, alusiva a que se \u00abprorrog\u00f3 por dos ocasiones el t\u00e9rmino para fallar, olvidando que solo pod\u00eda hacerlo una sola vez, excepcionalmente\u00bb, observa esta Sala que ello no es cierto, por cuanto en el registro del infolio denunciado, en la anotaci\u00f3n que data del 1\u00b0 de diciembre de 2020, se evidencia una \u00fanica pr\u00f3rroga del t\u00e9rmino para dictar \u00absentencia\u00bb, en la que se consigna \u00ab[e]n virtud de la constancia secretarial que precede, como el plazo se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 del CGP fenece el 18 de diciembre de 2020 para dictar la sentencia de segundo grado, con fundamento en el inciso 5\u00ba del mismo, se prorroga por seis meses m\u00e1s, a partir de dicha fecha y hasta el 18 de junio de 2021, el t\u00e9rmino para desatar la alzada, teniendo presente el tr\u00e1mite preferencial que se le ha dado a las numerosas acciones constitucionales a cargo del despacho (art. 15 D.E. 2591 de 1991), a la revisi\u00f3n de los proyectos de los dem\u00e1s ponentes y de la atenci\u00f3n de otras situaciones administrativas, que han ocupado un tiempo importante durante el decurso de cada jornada laboral\u00bb. <\/p>\n
De manera que Javier El\u00edas no puede endilgar trasgresi\u00f3n alguna a sus prerrogativas, en tanto la Colegiatura encartada solo prolong\u00f3 el plazo para definir su competencia por una sola vez, como lo avala el inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 121 del Estamento Procedimental, por lo que reprochar esa actuaci\u00f3n es \u00abimprocedente\u00bb y hace inviable el auxilio por esa aspiraci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Son estas razones las que conllevan al fracaso del socorro instado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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