STC037-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC037-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03524-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la salvaguarda que Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P., en adelante EPM, le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y al Juzgado Trece Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el asunto n\u00b0 05001-31-03-013-2019-00247-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La entidad accionante pidi\u00f3 que se dejen sin vigencia los fallos emitidos en el proceso de servidumbre de alcantarillado que le instaur\u00f3 a la Propiedad Horizontal Parque Industrial del Sur Etapa I y II y, en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas \u00abretrotraer el tr\u00e1mite del proceso hasta la etapa probatoria y ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas conforme al marco jur\u00eddico especial para este tipo de servidumbres p\u00fablicas\u00bb. <\/p>\n
A la protesta sirven de sustento los hechos a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
EPM pidi\u00f3 que se impusiera servidumbre sobre una parte del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula No. 001-1052577, con el fin de construir y reparar redes de alcantarillado, en cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el R\u00edo Medell\u00edn -PSMV-, destinado a reducir la carga contaminante de ese cuerpo de agua. Para el efecto, aport\u00f3 con la demanda un aval\u00fao que estim\u00f3 el valor de los perjuicios causados a la Copropiedad demandada en $363.438.122. <\/p>\n
La convocada se opuso a esa indemnizaci\u00f3n, y con ese fin aport\u00f3 un dictamen que la calcul\u00f3 en $1.778.613.157; el Juzgado de primera instancia corri\u00f3 traslado de la pericia a la demandante por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, de conformidad con lo previsto en art\u00edculo 218 del C\u00f3digo General del Proceso (14 nov. 2019). <\/p>\n
La agencia judicial, a ra\u00edz de las observaciones efectuadas por la actora dentro de ese plazo, dej\u00f3 sin efectos la anterior determinaci\u00f3n y, en su remplazo, orden\u00f3 oficiar al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi para que suministrara la lista de los profesionales \u00abid\u00f3neos en materia de aval\u00fao de indemnizaci\u00f3n\u00bb de servidumbre de alcantarillado. Para ello, estim\u00f3 que las normas aplicables para calcular los perjuicios no eran las del estatuto adjetivo, sino las establecidas en la Ley 56 de 1981, el Decreto 222 de 1983 y el Decreto 1073 de 2015, seg\u00fan las cuales aquellos deben estimarse por medio de un solo dictamen, practicado por dos peritos, uno del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y el otro de la lista de auxiliares de la justicia, y en caso de desacuerdo entre ellos, por un experto escogido de la lista de suministrada por el mencionado Instituto (26 nov. 2019). <\/p>\n
La Colegiatura de Medell\u00edn, en virtud de la impugnaci\u00f3n formulada por la parte demandada, revoc\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n y \u00aborden\u00f3 dar tr\u00e1mite al dictamen pericial [que present\u00f3], conforme lo contemplado por el art\u00edculo 376 en armon\u00eda con los art\u00edculos 228 y ss. del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (5 may. 2020). Expuso, en s\u00edntesis, que las directrices invocadas por el a quo no son aplicables a las servidumbres de alcantarillado, teniendo en cuenta que no est\u00e1n mencionadas en el inciso primero del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 56 de 1981, y de acuerdo con el inciso segundo del mismo precepto, en lo no previsto se \u00abseguir\u00e1n rigiendo por las disposiciones del C\u00f3digo Civil y dem\u00e1s normas complementarias\u00bb. <\/p>\n
Surtida la contradicci\u00f3n de las experticias presentadas, como lo prev\u00e9 el estatuto adjetivo, y las dem\u00e1s etapas contempladas en sus art\u00edculos 372, 373 y 376, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medell\u00edn dict\u00f3 sentencia en la que impuso la servidumbre solicitada, acogi\u00f3 el dictamen de la parte demandada y conden\u00f3 a la empresa actora a sufragar las siguientes sumas: <\/p>\n
MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES CIEN MIL QUNIENTOS SESENTA PESOS M.L. ($1.605.100.560) por concepto de indemnizaci\u00f3n por la imposici\u00f3n de la servidumbre descrita en el numeral primero de la parte resolutiva. <\/p>\n
TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.L. ($387.448) por concepto de la cobertura vegetal afectada por la imposici\u00f3n de la servidumbre. <\/p>\n
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M.L. ($10.664.128) por concepto de las construcciones anexas y\/o mejoras afectadas por la imposici\u00f3n de la servidumbre. <\/p>\n
CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($160.510.056) por concepto de da\u00f1o al remanente por la imposici\u00f3n de la servidumbre (22 feb. 2021). <\/p>\n
La accionante apel\u00f3 esa directriz; insisti\u00f3 en que debieron aplicarse las normas especiales para tramitar las r\u00e9plicas del demandado, pidi\u00f3 que se decretara de oficio un dictamen con la intervenci\u00f3n del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi a fin de esclarecer las diferencias de las experticias de las partes, y expuso que el de la demandada no pod\u00eda acogerse porque la tasaci\u00f3n correspond\u00eda al total del terreno cuando no se trataba de una venta sino de una simple limitaci\u00f3n, y la mayor parte del segmento gravado no era indemnizable porque estaba ubicada en \u00abzona de retiro del r\u00edo Medell\u00edn y zona de retiro de v\u00eda\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal redujo el monto de los perjuicios y conden\u00f3 a EPM a sufragar, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n, por el \u00e1rea de terreno afectada $963.060.336, y $96.306.033 por \u00abda\u00f1o al remanente\u00bb. Con ese fin, reiter\u00f3 la improcedencia de la pr\u00e1ctica de una experticia con participaci\u00f3n del IGAC, y respald\u00f3 el dictamen de la convocada, pero redujo la estimaci\u00f3n a un 60% (16 jun. 2021). <\/p>\n
En ese contexto, la precursora protesta porque la indemnizaci\u00f3n se hubiese calculado bajo los par\u00e1metros del C\u00f3digo General del Proceso, pues, en su criterio, debi\u00f3 establecerse como lo orden\u00f3 inicialmente el Juzgado de primera instancia. <\/p>\n
Protesta, adem\u00e1s, por la valoraci\u00f3n de las experticias recaudadas. Su inconformidad radica en que acogieron el aval\u00fao de la asociaci\u00f3n convocada, cuando carec\u00eda de m\u00e9rito demostrativo por las razones que expuso en el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Las autoridades reprochadas defendieron lo confutado, comoquiera que las r\u00e9plicas de la accionante fueron dilucidadas conforme a la normatividad aplicable al caso y a las evidencias recaudadas. <\/p>\n
3.- La Sala defini\u00f3 el resguardo mediante fallo STC14363 de 27 de octubre de 2021. Sin embargo, esa decisi\u00f3n fue anulada a trav\u00e9s del interlocutorio ATC1815 del pasado 1\u00b0 de diciembre, a solicitud del Parque Industrial del Sur Etapa I y II P.H., quien no fue debidamente vinculado a la acci\u00f3n. Una vez enterado del libelo en debida forma, se opuso al amparo, pues, en su criterio, no cumple con los requisitos de procedibilidad, la forma en que deb\u00eda tasarse la indemnizaci\u00f3n es un tema superado en las instancias, y el valor de la misma se ajusta a derecho. <\/p>\n
4.- En la reuni\u00f3n en que se aprob\u00f3 esta decisi\u00f3n, el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta se declar\u00f3 impedido en raz\u00f3n a que un sobrino de \u00e9l es contratista de EPM; sin embargo, los dem\u00e1s Magistrados integrantes de la Sala denegaron el impedimento aludido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como cuesti\u00f3n preliminar, se precisa que la Sala analizar\u00e1 el fondo de los reclamos de Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P., no obstante que han pasado m\u00e1s de seis meses desde que el Tribunal de Medell\u00edn defini\u00f3 lo referente al tr\u00e1mite para justipreciar la indemnizaci\u00f3n (5 may. 2020), y que la interesada no impugn\u00f3 el veredicto de segundo grado, a pesar de que era viable interponer recurso de casaci\u00f3n1. <\/p>\n
Esto, porque hay de por medio intereses p\u00fablicos, pues i) la impulsora es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, cuyo objeto principal es \u00abla prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energ\u00eda y distribuci\u00f3n de gas combustible\u00bb, ii) est\u00e1n comprometidos alrededor de $1.000.000.000 de esa entidad, y iii) la controversia versa sobre una actividad cuya ejecuci\u00f3n requiere una comunidad del territorio nacional. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte ha destacado: <\/p>\n
(\u2026) por la naturaleza de la entidad actora, as\u00ed como por la tem\u00e1tica que rodea la controversia, esto es, la necesidad de revisar, a la luz de la Constituci\u00f3n, actuaciones que podr\u00edan afectar el inter\u00e9s general y el peculio p\u00fablico; ser\u00e1n flexibilizados los supuestos de procedencia. En particular, la falta de subsidiariedad e inmediatez (\u2026) [s]i bien la tutela se torna improcedente cuando no se observan cumplidos los principios de la temporalidad y de la subsidiariedad, en el entendido que para la formulaci\u00f3n de la salvaguarda debe realizarse en un tiempo prudencial, y que previo a su invocaci\u00f3n hay que agotar los mecanismos de defensa establecidos en la ley, se puede prescindir v\u00e1lidamente de tales exigencias cuando existen relevantes circunstancias que justifican una postura m\u00e1s flexible para abordar su procedibilidad (CS STC2389-2020, reiterada en STC874-2021). <\/p>\n
En suma, en atenci\u00f3n al linaje de la contienda, la Corte superar\u00e1 las exigencias de inmediatez y subsidiariedad, con el fin de determinar si la indemnizaci\u00f3n que EPM le debe pagar a Propiedad Horizontal Parque Industrial del Sur Etapa I y II, por concepto de la servidumbre de alcantarillado que afecta el predio identificado con el folio de matr\u00edcula No. 001-1052577, se ajusta a derecho. <\/p>\n
Para el efecto, la Sala circunscribir\u00e1 su atenci\u00f3n a la sentencia de segunda instancia, emitida por el Tribunal de Medell\u00edn, ya que, si bien la lesi\u00f3n invocada proviene de actuaciones consolidadas en el pasado, las mismas fueron reexaminadas por esa determinaci\u00f3n. De suerte que la totalidad de los errores denunciados por la quejosa pueden ser enmendados a trav\u00e9s del an\u00e1lisis de la providencia que zanj\u00f3 la controversia. <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, se anticipa que la protecci\u00f3n implorada debe prosperar parcialmente. Dicho en breve: si bien es razonable que la Corporaci\u00f3n denunciada estimara que los perjuicios deb\u00edan esclarecerse a trav\u00e9s de la pr\u00e1ctica, contradicci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pericias allegadas por las partes, no lo es, que concluyera, a partir de ellas, que la accionante est\u00e1 obligada a sufragar $1.059.366.369 por concepto de los da\u00f1os ocasionados con servidumbre que requiere para cumplir con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el R\u00edo Medell\u00edn -PSMV-. Lo primero, porque esa hermen\u00e9utica se sustent\u00f3 en una interpretaci\u00f3n plausible de los lineamientos que rigen el caso, y lo segundo, comoquiera que el Tribunal no contaba con suficientes elementos de juicio para arribar a esa conclusi\u00f3n, no procur\u00f3 acopiarlos oficiosamente, a pesar de que era su deber recaudarlos, e injustificadamente omiti\u00f3 revisar la legalidad del \u00abda\u00f1o al remanente\u00bb que se reconoci\u00f3 a la antagonista de EPM, como pasa a explicarse. <\/p>\n
2.1.- Se afirma que no es arbitraria la deducci\u00f3n seg\u00fan la cual, los perjuicios debidos a la Copropiedad convocada deb\u00edan tasarse previa pr\u00e1ctica y valoraci\u00f3n de los dict\u00e1menes aportados por las partes, porque al margen de algunas imprecisiones en que pudo incurrir el Tribunal de Medell\u00edn, la soport\u00f3 en una ex\u00e9gesis admisible de las reglas llamadas a solucionar el dilema. <\/p>\n
N\u00f3tese que expuso: <\/p>\n
La normativa que trae a colaci\u00f3n la entidad demandante, Leyes 56 de 1981 y 142 de 1994, para arg\u00fcir que en caso de discordancia con los dict\u00e1menes allegados al proceso de imposici\u00f3n de servidumbre de alcantarillado, se debe designar un tercer perito de la lista del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, no es aplicable al evento que nos ata\u00f1e, como se dilucid\u00f3 al interior de este proceso y antes de proferirse sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Las leyes en comento no regulan, en forma especial y por fuera de los dispuesto en el anterior art\u00edculo 415 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy art\u00edculo 376 del CGP, el tema de la servidumbre de alcantarillado; es decir, el tr\u00e1mite de imposici\u00f3n de servidumbre de alcantarillado est\u00e1 regulado por el Procedimiento Civil y no por las Leyes 56 de 1981 y 142 de 1994. A trav\u00e9s de la Ley 56 de 1981, se dictaron \u201cnormas sobre obras p\u00fablicas de generaci\u00f3n el\u00e9ctrica y acueductos, sistemas de regad\u00edo y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras\u201d; sin hacer alusi\u00f3n espec\u00edfica a las servidumbres de alcantarillado, dejando por fuera de dicha Ley lo correspondiente con la imposici\u00f3n de este tipo servidumbre. <\/p>\n
A su vez, el art\u00edculo 1 de dicha normativa, estatuye que \u201cLas relaciones que surgen entre las entidades propietarias de las obras p\u00fablicas que se construyan para generaci\u00f3n y transmisi\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, acueductos, riegos y regulaci\u00f3n de r\u00edos y caudales y los municipios afectados por ellas, as\u00ed como las compensaciones y beneficios que se originen por esas relaciones, se regir\u00e1n por la presente Ley.\u201d <\/p>\n
Las que por la misma causa se generan entre esas entidades y los particulares en lo no regulado por la presente Ley, se seguir\u00e1n rigiendo por las disposiciones del C\u00f3digo Civil y dem\u00e1s normas complementarias. (Destacado extra texto). <\/p>\n
Por tanto, lo relativo con la imposici\u00f3n de servidumbre de alcantarillado, se dej\u00f3 en lo sustantivo para ser regulado por el C\u00f3digo Civil y en lo procesal, en su momento, por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy por el C\u00f3digo General del Proceso, sin que haya lugar a concluir que la servidumbre de alcantarillado es de car\u00e1cter p\u00fablico, debido a que deben observarse las disposiciones de las normas generales enunciadas. <\/p>\n
Prosigui\u00f3, se\u00f1alando que: <\/p>\n
Asimismo, el art\u00edculo 21 de la Ley 56 de 1981, para los casos que espec\u00edficamente regula, estatuye que \u201cEl Juez, al hacer la designaci\u00f3n de peritos en los eventos previstos en el art\u00edculo 456 de C. de P. C. en todos los casos escoger\u00e1 uno de la lista de auxiliares de que disponga el tribunal superior correspondiente y el otro de acuerdo con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 20 del Decreto 2265 de 1.969. En caso de desacuerdo en el dictamen se designar\u00e1 un tercer perito, dirimente, de la respectiva lista del Instituto Geogr\u00e1fico \u00abAgust\u00edn Codazzi.\u00bb <\/p>\n
Norma que trae a colaci\u00f3n la parte demandante para que en este proceso se nombre perito de la lista del Instituto Geogr\u00e1fico \u201cAgust\u00edn Codazzi\u201d, que no se aplica al proceso de imposici\u00f3n de servidumbre de alcantarillado regulado no por normas especiales sino por lo establecido en el C\u00f3digo General del Proceso; la Ley en comento, remite para nombrar al auxiliar de la lista del \u201cAgust\u00edn Codazzi\u201d, no al tr\u00e1mite de servidumbre regulada por el C\u00f3digo Civil y por el C\u00f3digo General del Proceso, que no se aplica para este caso en concreto, sino a los procesos de expropiaci\u00f3n; por ende, no hay obligaci\u00f3n legal de nombrar un tercer perito de la lista del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi en caso de contradicci\u00f3n entre la pericia allegada por la parte demandante, y a su vez, por la demandada. <\/p>\n
En la expropiaci\u00f3n y ante la renuencia del particular de ceder el bien al Estado, se busca la transferencia coactiva de la titular del bien del particular en favor del Estado, previa indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, con la imposici\u00f3n de la servidumbre de alcantarillado en favor de las EPM ESP, no se est\u00e1 privando al demandado de la titularidad del bien; la franja de terreno no se transfiere en favor de la entidad p\u00fablica; se le concede el derecho real en favor de la parte demandante para la construcci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de la infraestructura del proyecto, su uso, mantenimiento y conservaci\u00f3n. <\/p>\n
Precisamente el derogado art\u00edculo 456 del C de PC (hoy 399 del CGP), est\u00e1 enmarcado dentro del proceso de expropiaci\u00f3n; lo que no es aplicable al tr\u00e1mite de imposici\u00f3n de servidumbre de alcantarillado; as\u00ed, esta Sala de Decisi\u00f3n Civil considera que no hay lugar a nombrar un tercer perito de la lista del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, consideraciones que fueron expuestas en auto del 5 de mayo de 2021 y reiteradas en auto del 27 de mayo de 2021 (se enfatiza, sentencia de 16 de junio de 2021 y auto de 5 de mayo de 2020). <\/p>\n
Pues bien, de acuerdo con esa hermen\u00e9utica, no hay duda de que el fallador plural se equivoc\u00f3 al sostener que la servidumbre intentada por la actora no es p\u00fablica, pues lo es, dada su naturaleza, ya que a voces del canon 56 de la Ley 142 de 19942 el gravamen es de \u00abutilidad p\u00fablica\u00bb. Igualmente err\u00f3 cuando insinu\u00f3 que el tr\u00e1mite especial suplicado por la actora es predicable frente a los juicios de expropiaci\u00f3n, dado que, en la actualidad, el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 399 C\u00f3digo General del Proceso3 habilita al demandado a rebatir la indemnizaci\u00f3n ofrecida por la entidad con un dictamen de parte. <\/p>\n
Sin embargo, eso no torna descabellada la resoluci\u00f3n objetada, si en cuenta se tiene que el fallador plural, en \u00faltimas, descart\u00f3 la tesis defendida por EPM porque consider\u00f3 que no existe una norma especial que imponga en los procesos de servidumbre de alcantarillado, la pr\u00e1ctica de un dictamen con participaci\u00f3n del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, en la hip\u00f3tesis de que el demandado refute la indemnizaci\u00f3n ofrecida. De suerte que, en su criterio, el asunto deb\u00eda quedar cobijado por las reglas generales, esto es, las del estatuto adjetivo. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el Tribunal, aunque reconoci\u00f3 que el art\u00edculo 21 de la Ley 56 de 1981 prescrib\u00eda esa exigencia, advirti\u00f3 que la misma solo pod\u00eda predicarse frente a los asuntos all\u00ed reglados, por ejemplo, los de servidumbres de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica. Luego, a su juicio, ante el silencio del legislador hab\u00eda que estarse a la regla del inciso segundo del inciso segundo del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 56 de 1981, seg\u00fan la cual las actividades de las entidades asociadas a obras p\u00fablicas y que no estuviesen previstas en esa normatividad deb\u00edan regirse por las normas generales. <\/p>\n
Como puede verse, la postura criticada est\u00e1 soportada en argumentos s\u00f3lidos que impiden descalificarla a trav\u00e9s de este sendero, de modo que, as\u00ed no se comparta, debe ser respetada, pues, como lo ha dicho la Sala, trat\u00e1ndose de providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 reservada para casos de indiscutible arbitrariedad judicial. <\/p>\n
Ahora, no se desconoce que la tesitura defendida por Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn tambi\u00e9n es admisible, pues, desde una interpretaci\u00f3n extensiva, podr\u00eda afirmarse que, si bien no hay una norma espec\u00edfica para las servidumbres de alcantarillado, eso no descarta la aplicaci\u00f3n de pautas an\u00e1logas como ser\u00eda, por ejemplo, el caso de la de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, si en cuenta se tiene que lo perseguido con la pr\u00e1ctica de una experticia especial es la defensa de lo p\u00fablico. <\/p>\n
Sin embargo, lo cierto es que la existencia de esa alternativa no habilita el desconocimiento de la otra hermen\u00e9utica, pues, ambas posturas tienen respaldo institucional, la primera, al estar sustentada en razones autoritativas, y la segunda, en principios. <\/p>\n
Ahora, podr\u00eda replicarse contra lo dicho que, ante la presencia de dos posturas, pero edificada una de ellas en principios, deber\u00eda, en todo caso, preferirse la \u00faltima, como lo ha hecho la Corte en otros casos. No obstante, en este particular episodio, no hay razones que justifiquen, en el plano constitucional, dejar de lado la tesitura amparada en una lectura gramatical del texto legal, toda vez que la misma, al igual que la otra, realizan el principio de protecci\u00f3n de lo p\u00fablico, como se explica a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, la exigencia de la participaci\u00f3n del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi en los dict\u00e1menes que se requieren para establecer los perjuicios a que tienen derecho los particulares afectados con la actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica, busca garantizar que la indemnizaci\u00f3n se fije con par\u00e1metros objetivos y adecuados, al ser, conforme a los Decretos 2113 de 1992 y 846 de 2021, la m\u00e1xima autoridad catastral del pa\u00eds. Pero si no interviene, eso no significa que se abandone esa finalidad, pues, en todo caso, es al juez a quien le compete realizarla a trav\u00e9s de la valoraci\u00f3n de las pruebas periciales que se recauden en el proceso. Es que, con independencia del origen del dictamen, provenga del IGAC o de la propia parte, el fallador lo debe sopesar, a voces del art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abde acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y claridad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u00bb. Adem\u00e1s, como lo ha reiterado la Sala, <\/p>\n
(\u2026) los juzgadores en asuntos de ese linaje, donde est\u00e1 involucrado el patrimonio p\u00fablico y el bienestar com\u00fan, no pueden ser simples convidados de piedra (\u2026), sino que deben ser proactivos con el fin de esclarecer los hechos de la controversia y garantizar, espec\u00edficamente, que previo el debido proceso del particular, aquella pueda adquirir -o usar- el bien que necesita para satisfacer los intereses generales\u201d (CSJ STC3937-2021). <\/p>\n
Es decir, no solo si el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi presta su colaboraci\u00f3n en este tipo de procesos se protege lo p\u00fablico, el prop\u00f3sito tambi\u00e9n se logra con los dict\u00e1menes de las partes. Basta ver, por ejemplo, que en el proceso de expropiaci\u00f3n la ley habilit\u00f3 al demandado a rebatir la indemnizaci\u00f3n de la entidad con un dictamen elaborado por una lonja de Propiedad. Recu\u00e9rdese que el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 399 de ese estatuto estipul\u00f3: <\/p>\n
Cuando el demandado est\u00e9 en desacuerdo con el aval\u00fao o considere que hay lugar a indemnizaci\u00f3n por conceptos no incluidos en \u00e9l o por u mayor valor, deber\u00e1 aportar un dictamen pericial elaborado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) o por una lonja de propiedad ra\u00edz, del cual se correr\u00e1 traslado al demandante por tres (3) d\u00edas. Si no se presenta se rechazar\u00e1 de plano la objeci\u00f3n formulada. <\/p>\n
Y es que, antes, desde una visi\u00f3n anacr\u00f3nica del derecho, era impensable que un dictamen confeccionado por cuenta de las partes pudiera servir de apoyo al juzgador, pues se cre\u00eda que la objetividad e imparcialidad de sus conclusiones depend\u00eda de que su hacedor fuera un tercero extra\u00f1o a las partes, que el administrador de justicia deb\u00eda designar de una lista que era elaborada por la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura. <\/p>\n
Pero hoy en d\u00eda, cuando se han comprendido los alcances de los principios de buena fe, lealtad procesal y del deber colaboraci\u00f3n de las partes con la administraci\u00f3n de justicia, esa idea queda completamente descartada, de modo que la pericia aportada por uno de los extremos de la litis tiene el mismo valor que la que se elabora en virtud de la designaci\u00f3n del juez o en la que participa una entidad especializada en materia de inmuebles, como lo es el IGAC. Con mayor raz\u00f3n, si todos los dict\u00e1menes deben someterse a las reglas prescritas en los art\u00edculos 226 y siguientes para su pr\u00e1ctica y valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, como la defensa de lo p\u00fablico no solo se logra mediante la participaci\u00f3n del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi en los dict\u00e1menes tendientes a tasar la indemnizaci\u00f3n por la actividad de las entidades estatales, sino que, esa finalidad se satisface tambi\u00e9n si las partes aportan sus dict\u00e1menes, no es descabellado que se decida aplicar el C\u00f3digo General del Proceso para la pr\u00e1ctica, contradicci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pericias, como tampoco si se opta por decretar uno en el que intervenga la entidad mencionada. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, aunque la controversia en torno al deber de calcular la indemnizaci\u00f3n en el asunto mediante un dictamen elaborado por un perito designado por el juez y otro del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi pudiera ser susceptible de otra ex\u00e9gesis, comoquiera que la tesitura del Tribunal de Medell\u00edn al respecto est\u00e1 soportada en argumentos razonables, los cuales no ri\u00f1en con los intereses p\u00fablicos que se deben defender en ese tipo de causas, no puede ser desconocida por este sendero. <\/p>\n
Por ende, en este punto, el amparo deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
2.2.- Analizadas las otras inferencias de la Colegiatura reprochada, la suerte es distinta, en tanto concluy\u00f3 que EPM deb\u00eda indemnizar a la Propiedad Horizontal Parque Industrial del Sur Etapa 1 y 2, por concepto de la faja de terreno afectada y el \u00abda\u00f1o al remanente\u00bb, a las sumas de $963.060.336 y $96.306.033, respectivamente, sin tener certeza de que esa era la cuant\u00eda de la lesi\u00f3n percibida por la parte demandada. <\/p>\n
En efecto, a pesar de que advirti\u00f3 que las diferencias entre uno y otro dictamen radicaban en que, el de la demandante calcul\u00f3 los perjuicios sobre el 30% del valor total los metros cuadrados del \u00e1rea afectada, y el de la convocada sobre el 100%, am\u00e9n de que exist\u00edan razones poderosas que imped\u00edan tasarlos sobre este \u00faltimo porcentaje, consider\u00f3, sin tener bases s\u00f3lidas, que el da\u00f1o deb\u00eda establecerse sobre el 60% del monto que arroj\u00f3 la segunda experticia. <\/p>\n
As\u00ed, luego de precisar que i) ambas pericias fijaron un valor similar para el metro cuadrado del inmueble ($1\u2019834.869 \u2013 $1\u2019806.000), ii) las razones que tuvo cada una para tasar la indemnizaci\u00f3n sobre el 30 o el 100% del valor del \u00e1rea afectada, y iii) que acoger\u00eda la experticia de la parte demandada, en cuanto tas\u00f3 el \u00e1rea de afectaci\u00f3n (888,76 m2) en $1.605.100.50, por ser m\u00e1s consistente en sus fundamentos, esboz\u00f3 las circunstancias por las cuales era inviable estimar los perjuicios sobre el 100% de ese monto, apunt\u00f3, espec\u00edficamente: <\/p>\n
La hipot\u00e9tica gravedad de la afectaci\u00f3n deviene de las potencialidades que la demandada advierte en el inmueble, esto es, la posibilidad de modificar la destinaci\u00f3n en un futuro para ser inmuebles residenciales o comerciales de acuerdo con la habilitaci\u00f3n dada por el Plan de Ordenamiento Territorial de la Estrella y los \u00edndices de edificabilidad que tiene el terreno. <\/p>\n
Punto que ha generado mayor controversia por parte de EPM ESP por varios aspectos, (i) no se tiene en cuenta que parte de la franja sobre la que se impondr\u00e1 la servidumbre est\u00e1 en zona de retiro de r\u00edo y otra parte est\u00e1 en zona de retiro de una v\u00eda departamental, lo cual condiciona la destinaci\u00f3n de estas \u00e1reas y por disposici\u00f3n legal no pueden establecerse desarrollos inmobiliarios sobre ellas; (ii) la potencialidad de desarrollo es meramente hipot\u00e9tica al no existir en el momento ning\u00fan factor indicativo de la voluntad de realizar un proyecto diferente en el predio; (iii) no se trata de una enajenaci\u00f3n sino de una limitaci\u00f3n relacionada con un derecho real permitiendo la instalaci\u00f3n de una tuber\u00eda de alcantarillado sobre una porci\u00f3n de terreno del predio de los demandados. <\/p>\n
Si bien el Juzgado de primera instancia no se detuvo en el an\u00e1lisis de estas circunstancias, esta Sala Civil en empleo de la sana cr\u00edtica, atendiendo a las reglas de la experiencia y a las particularidades sobre el inmueble que se consignaron en los dict\u00e1menes, comparte los reparos planteados, en el entendido de encontrar injustificado el reconocimiento de una indemnizaci\u00f3n equivalente al 100% del precio del \u00e1rea sobre el que se impondr\u00e1 la servidumbre, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
Si bien desde el plan de ordenamiento territorial se contempla la posibilidad de variar la destinaci\u00f3n del predio para convertirlo en un desarrollo residencial o comercial, ello no pasa de ser una mera posibilidad o expectativa que se desprende de una potencialidad de desarrollo, puesto que ambos peritos coincidieron en afirmar que en los pr\u00f3ximos veinte o treinta a\u00f1os no se presentar\u00eda cambio en su destinaci\u00f3n, porque la copropiedad est\u00e1 ubicada en una zona de destinaci\u00f3n industrial junto con otros parques e inmuebles con id\u00e9ntico prop\u00f3sito. <\/p>\n
No se advierte que la demandada pretendiera modificar su naturaleza ni construir \u00e1reas comunes como adujo el representante legal en el interrogatorio; no se aportaron proyectos, decisiones de la asamblea general de copropietarios, proyectos o cambios en el r\u00e9gimen del reglamento de propiedad horizontal, tr\u00e1mites urban\u00edsticos ni licencias, entre otros, que permitieran concluir que ello se fuera llevar a cabo; es decir, no existen hechos fehacientes o pruebas a trav\u00e9s de las cuales se materialice las modificaciones y nuevas construcciones que se est\u00e1n frustrando con la imposici\u00f3n de la servidumbre, concluy\u00e9ndose que es una expectativa o mera posibilidad futura, generando un hecho incierto no se puede traducirse en fundamento del da\u00f1o para colegir que el grado de afectaci\u00f3n es alto. <\/p>\n
Tampoco se desconoce que la imposici\u00f3n de la servidumbre es a perpetuidad, pero hay que evitar caer en el extremo de considerar que esa franja se deba valorar como si hiciera parte de una compraventa, puesto que por ello prive absolutamente de su tenencia; asimismo, debe considerarse el \u00e1rea que est\u00e1 ubicada en ronda de r\u00edo, debi\u00e9ndose respetar un \u00e1rea de retiro de treinta metros. <\/p>\n
La demandada pasa por alto estas circunstancias y como contra argumento expone que en esta zona se podr\u00edan edificar \u00e1reas comunes, construir parques, v\u00edas y andenes. <\/p>\n
Atendiendo a las particularidades del inmueble \u2013 espec\u00edficamente a la zona destinada para la imposici\u00f3n de la servidumbre \u2013 y a sabiendas que no puede indemnizarse una mera expectativa, esta Sala desestima la calificaci\u00f3n dada a la afectaci\u00f3n por la imposici\u00f3n de la servidumbre de alcantarillado y considera que no es \u201calta\u201d; teniendo presente que la estimaci\u00f3n fue respaldada en conceptos de entidades como ANDESCO y se ilustr\u00f3 la metodolog\u00eda empleada por ECOPETROL, pero el primero es s\u00f3lo un proyecto de \u00edndole acad\u00e9mico que no se ha formalizado, y el segundo, no resulta aplicable al tratarse de una imposici\u00f3n de servidumbres de hidrocarburos que generan mayor afectaci\u00f3n en el predio que las soporta. <\/p>\n
Igualmente, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
En lo tocante con la disminuci\u00f3n del valor comercial del bien ra\u00edz, la pericia por s\u00ed sola, no tiene el peso f\u00e1ctico ni jur\u00eddico para convertirse en la prueba determinante que conduzca al convencimiento del Juez, con respecto a la p\u00e9rdida de valor comercial del inmueble asociada a la potencialidad de desarrollo y a los \u00edndices de edificabilidad en que se bas\u00f3 la parte demandada para concluir que se trataba de una alta afectaci\u00f3n y dando lugar a exigir el 100% del aval\u00fao de la faja sobre la que se impondr\u00eda la servidumbre. <\/p>\n
M\u00edrese como el factor determinante para establecer el grado de afectaci\u00f3n alta que generar\u00eda la servidumbre en el predio de propiedad de la demandada, fue el hecho relacionado con el potencial de edificabilidad, de ah\u00ed se concluy\u00f3 que se afectar\u00eda una zona que potencialmente podr\u00eda servir para el desarrollo de proyectos urban\u00edsticos, sin tener en consideraci\u00f3n que parte de la franja afectada con la servidumbre se encuentra en zona de retiro de la ronda h\u00eddrica y otra parte en zona de retiro de una v\u00eda departamental, m\u00e1s all\u00e1 de la potencialidad de explotaci\u00f3n que pueda predicarse. <\/p>\n
Y a continuaci\u00f3n, el Tribunal, pese a reconocer todas esas falencias de los c\u00e1lculos del segundo dictamen y reconocer que no contaba con par\u00e1metros objetivos para determinar el porcentaje con el cual deb\u00eda tasarse el nivel de la afectaci\u00f3n del predio, se\u00f1al\u00f3 que el c\u00e1lculo deb\u00eda realizarse sobre el 60%; obs\u00e9rvese que expuso: <\/p>\n
As\u00ed, no se tiene un criterio un\u00edvoco en torno a la determinaci\u00f3n del porcentaje del aval\u00fao de la franja que debe reconocerse por concepto de indemnizaci\u00f3n en favor de quien soporta la servidumbre de alcantarillado, y es en este punto donde cobra relevancia la valoraci\u00f3n y postura del Juez a la hora de determinar, con base en el haz probatorio, cu\u00e1l es el monto de dinero que debe concederse por tal concepto. <\/p>\n
En cuanto a la asignaci\u00f3n del porcentaje por parte del A Quo y frente a los dict\u00e1menes, que es el punto que no genera convencimiento a esta Sala Civil, debe precisarse que con apego a las disposiciones del art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, de los art\u00edculos 176, 232 e inciso cuarto del art\u00edculo 283 del CGP, en procura de la reparaci\u00f3n integral del propietario del predio sirviente, como una manifestaci\u00f3n del arbitrio judicial, se estimar\u00e1 un porcentaje que se compadezca con la afectaci\u00f3n real y a su vez indemnice el perjuicio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
El porcentaje del 30% estimado por la parte demandante es muy bajo, al tiempo que el propuesto del 100% por la parte demandada es muy elevado; por ello atendiendo a las circunstancias espec\u00edficas del \u00e1rea afectada con la imposici\u00f3n de la servidumbre, a las implicaciones que este tipo de limitaci\u00f3n al dominio genera en el bien y ponderando el porcentaje establecido por cada una de las experticias, se estima que la indemnizaci\u00f3n debe ascender al SESENTA POR CIENTO (60%) del aval\u00fao, dando como resultado NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($963.060.336), teniendo en cuenta que el valor del metro cuadrado es de UN MILL\u00d3N OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS ($1\u2019806.000) y el \u00e1rea afectada con la servidumbre es de 888,76 m2 . <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Como consecuencia se MODIFICAR\u00c1 la sentencia de primera instancia, ordenando a la demandante el pago de la indemnizaci\u00f3n en favor de la demandada por NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($963.060.336). <\/p>\n
Como puede verse, el enjuiciador estableci\u00f3, sin m\u00e1s, que los da\u00f1os que deb\u00edan reconocerse a la parte demandada equival\u00edan al 60% del valor total del \u00e1rea afectada con la servidumbre. <\/p>\n
Por supuesto, el asunto no pod\u00eda definirse, como lo hizo el Tribunal, apelando al \u00abarbitrio iudicis\u00bb, pues si bien esa herramienta es \u00fatil en otros escenarios, a efectos de tasar da\u00f1os cuya ponderaci\u00f3n es dif\u00edcil debido a su naturaleza, verbigracia, los extrapatrimoniales, en este caso no lo es, dado que la lesi\u00f3n sufrida por la Copropiedad convocada es completamente verificable, m\u00e1xime cuando el Tribunal hall\u00f3 demostradas diversas circunstancias que incid\u00edan en la consolidaci\u00f3n del perjuicio, pero que deb\u00edan cuantificarse a fin de esclarecer el monto del perjuicio ocasionado por la servidumbre. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, como el Tribunal comprob\u00f3 que \u00abla franja afectada con la servidumbre se encuentra en zona de retiro de la ronda h\u00eddrica y otra parte en zona de retiro de una v\u00eda departamental\u00bb, lo l\u00f3gico era que definiera, cuantitativamente, c\u00f3mo ese aspecto incid\u00eda en la indemnizaci\u00f3n, pero prefiri\u00f3, bajo su propia convicci\u00f3n, fijar un porcentaje, que no sab\u00eda, con certeza, si correspond\u00eda al grado de afectaci\u00f3n sufrido por la Propiedad Horizontal demandada. <\/p>\n
En fin, que la indemnizaci\u00f3n equivaliera a m\u00e1s o menos el 100 o el 30% del valor de la zona gravada con servidumbre, era un aspecto determinable, que no pod\u00eda quedar a la discrecionalidad del sentenciador; la duda deb\u00eda, en todo caso, por estar comprometidos dineros p\u00fablicos, disiparse a trav\u00e9s de la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial que le permitiera esclarecerla. Mem\u00f3rese que, en casos asociados a recursos de esa naturaleza, la Corte ha insistido en que <\/p>\n
(\u2026) es deber del juzgador examinar -con especial rigor- las pruebas t\u00e9cnicas allegadas (\u2026), para evitar el riesgo de ocasionar un detrimento al erario, labor\u00edo en que deber\u00e1 tener en cuenta, entre otros aspectos, la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de los fundamentos que les den sustento. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo ese entendido, era necesario que el juez de la causa realizara un examen ponderado del conjunto del insumo probatorio obrante en la litis, ya que era menester contrastar los medios informativos acopiados, sobre todo para zanjar las profundas diferencias existentes entre las cifras se\u00f1aladas en cada uno de los trabajos, sino tambi\u00e9n en raz\u00f3n al \u00abhecho no menos importante, de que el precio se pagar\u00e1 con recursos p\u00fablicos\u00bb (STC6037-2017). <\/p>\n
Atinente a esto \u00faltimo, se ha destacado con especial \u00e9nfasis, la atenci\u00f3n que los jueces deben prestar en controversias, que como la expropiaci\u00f3n, involucra recursos p\u00fablicos, reiterando la exigencia a los funcionarios de \u00abser din\u00e1micos y proactivos en la averiguaci\u00f3n de la verdad\u00bb (STC8027-2014, 24 jun 2014, 2014-00831-01). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Planteamientos que cobran mayor relevancia, si en cuenta se tiene, que en el tr\u00e1mite se involucran recursos p\u00fablicos y por tanto, la valoraci\u00f3n probatoria no pod\u00eda asumirse con la se\u00f1alada ligereza (\u2026) (se enfatiza ahora, CSJ STC, 18 jul. 2013, rad. 2013-00182, citada y reiterada, entre otras, en STC12960-2019, STC3717-2020, STC3937-2021). <\/p>\n
Cosa distinta es que el Tribunal, a sabiendas de la oscuridad, opt\u00f3 por no esclarecer el t\u00f3pico, apoyado en que las discordancias entre los dict\u00e1menes, por no ser \u00abmay\u00fasculas\u00bb, no daban \u00abpie al decreto de un tercer dictamen o para imponer la pr\u00e1ctica de una prueba de oficio\u00bb, cuando claramente, no daba lo mismo fallar con una prueba o con la otra, de ello depend\u00eda, nada m\u00e1s y nada menos, que el costo que ten\u00eda que asumir la entidad p\u00fablica para satisfacer el bienestar de la comunidad. Basta ver que, de acuerdo con la experticia inicial, EPM pagar\u00eda apenas $363.438.122, pero en virtud de la segunda asumir\u00eda un poco m\u00e1s de $1.605.100.560. <\/p>\n
Y es que, si de acuerdo con el fallador plural, la indemnizaci\u00f3n no pod\u00eda estimarse sobre el 100% del aval\u00fao de la franja afectada, al ser excesivo, deb\u00eda quedar claramente definido por qu\u00e9 el 30% sugerido por la demandante era inviable; no obstante, la Corporaci\u00f3n lo descart\u00f3 simplemente porque era \u00abmuy bajo\u00bb, sin justificar las razones de esa aseveraci\u00f3n. Por supuesto, si el fallador colegiado, en \u00faltimas, admiti\u00f3 los motivos por los cuales la entidad demandante ofert\u00f3 indemnizar a la demandada sobre un 30% del valor del terreno comprometido, esto es, i) \u00absobre la franja cercana al r\u00edo no se puede hacer ninguna otra edificaci\u00f3n al encontrarse dentro de los treinta metros de ronda de r\u00edo y solo podr\u00eda destinarse a la construcci\u00f3n de v\u00edas, andenes, parques, pero ninguna construcci\u00f3n que sea vendible a terceros\u00bb; ii) \u00abla servidumbre es una limitaci\u00f3n al dominio, no es una compra, se hizo un desarrollo completo, el folio estaba cerrado para zonas comunes, en ese momento exist\u00eda una licencia y ya se hab\u00eda ejecutada\u00bb; y iii) \u00abno se prev\u00e9 un cambio en el uso de las \u00e1reas por lo menos en un espacio de veinte a\u00f1os y por ello adopt\u00f3 un valor consecuente con la realidad del predio\u00bb, deb\u00eda justificar, adecuadamente, por qu\u00e9 el 30% tambi\u00e9n era inviable. <\/p>\n
Las falencias se hacen m\u00e1s evidentes cuando se advierte que el Tribunal observ\u00f3 que la determinaci\u00f3n de los porcentajes de una y otra prueba pericial, \u00ab(\u2026) obedece a criterios subjetivos de los peritos, porque en materia de estimaci\u00f3n de perjuicios con ocasi\u00f3n de la imposici\u00f3n de este tipo de servidumbres no se ha impartido en el pa\u00eds una directriz concreta y precisa (\u2026)\u00bb, pues, desde esa perspectiva, debi\u00f3 indagar, por ejemplo, ante el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, como m\u00e1xima autoridad catastral del pa\u00eds, si en verdad no exist\u00edan esos criterios o hab\u00eda semejantes que fueran \u00fatiles para esclarecer el monto de la indemnizaci\u00f3n, dadas las particulares circunstancias del segmento objeto de gravamen. <\/p>\n
El Tribunal tampoco dilucid\u00f3 si la actora estaba obligada a pagar el \u00abda\u00f1o al remanente\u00bb tasado por el aval\u00fao de la parte demandada a pesar de que estaba obligada a examinar el t\u00f3pico. Si bien, la quejosa no ahond\u00f3 en el punto al apelar el veredicto de primera instancia, eso no exim\u00eda al fallador de determinar si la impulsora deb\u00eda pagarlo o no, pues, se repite, dados los intereses p\u00fablicos que hay de por medio, le incumb\u00eda determinar si aquella estaba obligada indemnizar a la demandada por tal concepto. <\/p>\n
Total, el Tribunal denunciado estableci\u00f3, sin fundamentos objetivos, los da\u00f1os que deb\u00eda pagar el organismo accionante a la Propiedad Horizontal Parque Industrial del Sur Etapa I y II, con el fin de adelantar las obras asociadas al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el R\u00edo Medell\u00edn -PSMV-, lo que impone conceder el resguardo con el fin de que adopte las medidas necesarias para determinar los perjuicios respectivos. <\/p>\n
Finalmente, se precisa, a tono con las r\u00e9plicas de la Propiedad Horizontal convocada que con lo anterior no se est\u00e1 diciendo que se aumente o disminuya la indemnizaci\u00f3n que se le reconoci\u00f3, simplemente que el fallador plural vuelva a tasarla adecuadamente, con par\u00e1metros objetivos que permitan calcular los perjuicios a los que realmente tiene derecho. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, se denegar\u00e1 el ruego enfilado frente al tr\u00e1mite de la indemnizaci\u00f3n, mas se conceder\u00e1 respecto de la valoraci\u00f3n de las experticias recaudadas en el asunto. Para esto \u00faltimo, se dejar\u00e1 sin efectos la sentencia de 16 de junio de 2021 del Tribunal de Medell\u00edn y las actuaciones que de ella dependan, para que, en su lugar, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, adopte, de acuerdo con los lineamientos trazados en esta providencia, las medidas que estime pertinentes para definir nuevamente el procedimiento enjuiciado. El veredicto de reemplazo lo dictar\u00e1 en un plazo no superior a seis (6) meses, desde el enteramiento de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONCEDE PARCIALMENTE la protecci\u00f3n suplicada por la Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P. <\/p>\n
En consecuencia, se DEJA SIN EFECTOS la sentencia emitida el 16 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal de Medell\u00edn, en el proceso de servidumbre de alcantarillado que la accionante le promovi\u00f3 a la Propiedad Horizontal Parque Industrial del Sur Etapa I y II (rad. 05001-31-03-013-2019-00247-00), y las dem\u00e1s providencias que de ellas dependan. En su lugar, se ORDENA a la accionada que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, adopte, de acuerdo con los par\u00e1metros trazados en esta providencia las medidas que estime pertinentes para definir nuevamente el proceso. <\/p>\n
En todo caso, el veredicto de reemplazo lo dictar\u00e1 en un plazo no superior a seis (6) meses contados a partir del enteramiento de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El proceso objeto de queja constitucional es un proceso declarativo y la cuant\u00eda del da\u00f1o que la sentencia de segunda instancia irrog\u00f3 a la actora supera los 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, previstos en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso para recurrir en casaci\u00f3n; dicha suma asciende a la fecha, a $1.014.980.000, y la accionante fue condenada a pagar a su contradictora un total de $1.059.366.369. <\/p>\n
2\u0002 La Ley 142 de 1994, \u00abpor el cual se establece el r\u00e9gimen de los servicios p\u00fablicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones\u00bb, se\u00f1ala en el art\u00edculo 56: \u00abDecl\u00e1rase de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social la ejecuci\u00f3n de obras para prestar los servicios p\u00fablicos y la adquisici\u00f3n de espacios suficientes para garantizar la protecci\u00f3n de las instalaciones respectivas. Con ambos prop\u00f3sitos podr\u00e1n expropiarse bienes inmuebles\u00bb <\/p>\n
3\u0002 Dispone el precepto comentado: \u00abCuando el demandado est\u00e9 en desacuerdo con el aval\u00fao o considere que hay lugar a indemnizaci\u00f3n por conceptos no incluidos en \u00e9l o por u mayor valor, deber\u00e1 aportar un dictamen pericial elaborado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) o por una lonja de propiedad ra\u00edz, del cual se correr\u00e1 traslado al demandante por tres (3) d\u00edas. Si no se presenta se rechazar\u00e1 de plano la objeci\u00f3n formulada. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC037-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC037-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03524-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la salvaguarda que Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P., en adelante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60517","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60517","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60517"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60517\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60517"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60517"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60517"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}