STC040-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC040-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04608-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la salvaguarda que Jos\u00e9 Domingo Rangel Angarita, quien act\u00faa en calidad de representante legal de Ganadera Isla de Santo Domingo S.A., y Manuel Fernando Rangel Angarita instauraron contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, extensiva al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Barrancabermeja y a los dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 68081312100120170006400. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes solicitaron que se deje sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal accionado en el proceso en comento (24 agosto 2021), para que, en su lugar, se profiera una nueva ajustada a derecho. <\/p>\n
En sustento se\u00f1alaron que Juan Pablo Cavanzo L\u00f3pez y Jorge Enrique Cavanzo O\u00f1ate promovieron proceso de restituci\u00f3n de tierras del cual conoci\u00f3 el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja. Precisaron que en dicho tr\u00e1mite ejercieron oposici\u00f3n; sin embargo, el Tribunal profiri\u00f3 sentencia en la que neg\u00f3 la prosperidad de dicha defensa. A juicio de los actores, el Cuerpo Colegiado incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria y desconoci\u00f3 que la fase administrativa se realiz\u00f3 de forma irregular; neg\u00f3 de forma injustificada la incorporaci\u00f3n al expediente de las pruebas que fueron solicitadas por su apoderado; adem\u00e1s, aunque promovieron una solicitud de nulidad, estiman que la misma se interpret\u00f3 de forma indebida, situaci\u00f3n que fue ratificada incluso al decidirse el recurso de s\u00faplica que promovieron, de modo que no hubo una soluci\u00f3n de fondo. <\/p>\n
2. Para la fecha de elaboraci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, no se hab\u00eda recibido respuesta de las accionadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que no cumple con el requisito de inmediatez; adem\u00e1s, la sentencia cuestionada se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de los supuestos f\u00e1cticos y probanzas obrantes en el proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras en comento. <\/p>\n
Del escrito de tutela se evidencia que los actores cuestionan la resoluci\u00f3n de la solicitud de nulidad que formularon por las presuntas irregularidades sucedidas en la etapa administrativa; sin embargo, esa discusi\u00f3n qued\u00f3 zanjada al resolverse tal pedimento (2 febrero 2021) y el recurso de s\u00faplica impetrado (26 febrero 2021), decisiones que se profirieron hace m\u00e1s de 6 meses, por lo que no son susceptibles de control constitucional. Recu\u00e9rdese que \u00ab(\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) (CSJ STC1691-2021, reiterada en STC14002-2021). <\/p>\n
De otro lado, revisada la sentencia censurada, se hall\u00f3 que el Cuerpo Colegiado rese\u00f1\u00f3 los fundamentos de la oposici\u00f3n presentada. Se\u00f1al\u00f3 que los opositores consideraron, en esencia, que: i) la UAEGRTD cre\u00f3 un nexo causal inexistente entre los hechos generalizados de violencia ocurridos desde 1980 y el asesinato de Jorge Eduardo Cavanzo en 1989, ii) los hechos invocados por los demandantes est\u00e1n por fuera del periodo de vigencia de la Ley 1448 de 2011, iii) no existe registro del actuar de grupos armados al margen de la ley, iv). la venta de los 7 predios no fue repentina, sino con pleno consentimiento exento de vicios, v) no hubo desplazamiento forzado, toda vez que los demandantes siempre han estado arraigados en Bucaramanga y su patrimonio creci\u00f3, vi) hubo indebida acumulaci\u00f3n al proceso de restituci\u00f3n de los predios Venecia – Bengal\u00ed, Los Alpes, Verabon, El Circo y La Palmita, puesto que inicialmente se excluy\u00f3 el inicio formal del estudio de las solicitudes de inscripci\u00f3n en el RTDAF, a trav\u00e9s de sendas resoluciones, y a pesar de que solo una de ellas fue recurrida, la UAEGRTD las reform\u00f3 todas, sin mediar siquiera una revocatoria directa de esos actos administrativos. <\/p>\n
Al proferir la sentencia el Tribunal analiz\u00f3 uno a uno los argumentos planteados por los opositores y contrast\u00f3 lo dicho con un an\u00e1lisis conjunto de las probanzas obrantes en el plenario, lo que le permiti\u00f3 concluir que los demandantes s\u00ed eran v\u00edctimas del conflicto armando. Sobre este punto precis\u00f3: <\/p>\n
Acorde con los testimonios recaudados en sedes administrativa y judicial, aquellos que supieron sobre el homicidio del se\u00f1or CAVANZO GUIZA y del hurto del ganado, fueron consistentes en se\u00f1alar a organizaciones insurgentes como sus autores, lo que resulta congruente con la firme y corroborada presencia de ellos en la zona para la \u00e9poca de los sucesos, igualmente evidenciada a partir de los elementos probatorios analizados en ac\u00e1pite anterior. Se cuenta adem\u00e1s con las noticias que se publicaron en prensa (diarios Vanguardia Liberal y El Tiempo) y que obran en este expediente, en las que se endilgaron estos hechos a la Uni\u00f3n Camilista del ELN, por lo que en su momento informaron los involucrados, y es que en todo caso no se trat\u00f3 de un asesinato que se dio as\u00ed no m\u00e1s, de manera intempestiva y aislada, pues ha quedado documentado que de \u00e9poca atr\u00e1s \u00e9l ven\u00eda siendo objeto de extorsiones por parte de estos grupos que le exig\u00edan ciertas sumas de dinero de forma peri\u00f3dica, e incluso en especie con la entrega de semovientes, practica bien conocida como m\u00e9todo de financiaci\u00f3n de estos; y sabido es tambi\u00e9n que a quien se negaba a cooperar en los t\u00e9rminos impuestos, en esencia quedaba expuesto a la pena de muerte. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la autoridad judicial destac\u00f3 que el desplazamiento se concret\u00f3 en el a\u00f1o 1992, de suerte que el asunto s\u00ed est\u00e1 dentro del requisito de temporalidad que prev\u00e9 del art\u00edculo 75 de la Ley 1448 de 2011. Y respecto la indebida acumulaci\u00f3n al proceso de restituci\u00f3n de los predios Venecia – Bengal\u00ed, Los Alpes, Verabon, El Circo y La Palmita, se\u00f1al\u00f3 que ese asunto ya hab\u00eda sido dilucidado en la solicitud de nulidad formulada por los opositores. Entonces, puede afirmarse que la decisi\u00f3n censurada obedece a un criterio e interpretaci\u00f3n razonable de la ley 1448 de 2011 y de los medios suasorios obrantes en el expediente. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que la precursora no comparta tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo instado, pues como qued\u00f3 dicho no se observan los desaciertos que se enrostran a la colegiatura. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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