STC046-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02004-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC046-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02004-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Yhorwady Mart\u00ednez P\u00e9rez frente a la sentencia proferida el 12 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le interpuso a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, extensiva al Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad y a los intervinientes en el incidente por desacato No. 76111-31-04-002-2020-00005-00. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La accionante solicit\u00f3 dejar sin efecto la decisi\u00f3n de 26 de agosto de 2021, por medio de la cual el Tribunal revoc\u00f3 la sanci\u00f3n que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga le impuso a Enrique Ardila Franco, en calidad de Director T\u00e9cnico de Reparaci\u00f3n de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas, por incumplir el mandato constitucional expedido a su favor, que conmin\u00f3 a dicha Unidad Administrativa a pagarle la indemnizaci\u00f3n que se le reconoci\u00f3 a su menor hijo, Jharik Esteban Ram\u00edrez (ya fallecido), por la muerte de su padre, William Ram\u00edrez (18 feb. 2020). <\/p>\n
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Explic\u00f3 que la citada agencia judicial castig\u00f3 al organismo convocado luego de la firmeza de ese fallo de tutela, as\u00ed como del emitido por el Tribunal de Buga (2 feb. 2021), que ampar\u00f3 sus derechos en el resguardo que le promovi\u00f3 al juzgado porque inicialmente declar\u00f3 que la directriz supralegal se hab\u00eda obedecido (rad. 2021-00031-00). Sin embargo, la Corporaci\u00f3n acusada, con desconocimiento de dichas determinaciones, las reglas aplicables al caso, estim\u00f3 que la sanci\u00f3n era improcedente. <\/p>\n
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2. La Sala reprochada guard\u00f3 silencio. La agencia judicial implicada, por su parte, hizo un recuento de la actuaci\u00f3n controvertida. La Unidad Administrativa mencionada adujo que carece de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
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3. El a quo neg\u00f3 el amparo, al considerar que la providencia censurada es razonable. La gestora impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en las observaciones del escrito inicial. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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El desenlace opugnado se ratificar\u00e1, comoquiera que, en efecto, la resoluci\u00f3n mediante la cual el Tribunal de Buga se abstuvo de sancionar al director t\u00e9cnico de Reparaci\u00f3n de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas no es arbitraria, ni caprichosa, obedece a argumentos soportados en el ordenamiento jur\u00eddico que, por ende, no pueden ser desconocidos a trav\u00e9s de este sendero, reservado para casos de indiscutible arbitrariedad judicial. <\/p>\n
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As\u00ed, revisado el interlocutorio confrontado, se advierte que el fallador plural enjuiciado concluy\u00f3 que deb\u00eda archivarse el incidente de desacato porque si bien, objetivamente, la entidad demandada no pag\u00f3 a la actora la indemnizaci\u00f3n que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga le orden\u00f3 sufragarle, como sucesora de su menor hijo, no hab\u00eda lugar a predicar la responsabilidad subjetiva requerida para castigarlo. Esto, al constatar que, de acuerdo con el Decreto 1290 de 2008 y la ley 1448 de 2011, al fallecer su hijo, la reparaci\u00f3n que en vida se reconoci\u00f3 por la muerte de su padre, William Ram\u00edrez, no se le transmit\u00eda a la censora, sino que deb\u00eda otorg\u00e1rsele a la progenitora de este. Sobre el particular, y luego de destacar que \u00abel desacato implica un compromiso voluntario subjetivo de la autoridad que recibe la orden, en el sentido de sustraerse voluntaria o caprichosamente al cumplimiento de lo resuelto en la sentencia de tutela (\u2026)\u00bb, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
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En el caso concreto, debe la Sala advertir que objetivamente se encuentra demostrado el incumplimiento al fallo de tutela emitido por el Juzgado de primera instancia a favor de la accionante Yhorwady Mart\u00ednez P\u00e9rez, toda vez que, el mismo iba encaminado a que se realizara el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa que hab\u00eda sido asignada al hijo menor de aquella, quien falleci\u00f3. Sin embargo, ello, per s\u00e9, no basta para erigir un pronunciamiento de car\u00e1cter sancionatorio en contra del funcionario encargado de acatar las \u00f3rdenes judiciales en materia de tutela. <\/p>\n
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(\u2026) <\/p>\n
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N\u00f3tese que la Unidad para la Atenci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, con sustento en lo establecido en el Decreto 1290 de 2008 y la Ley 1448 de 2011, ambos relativos a la atenci\u00f3n de las v\u00edctimas del conflicto armado, explic\u00f3 los motivos por los cuales no es posible dar cumplimiento a la orden judicial. <\/p>\n
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As\u00ed, al encontrarse pendiente de pago la indemnizaci\u00f3n que en un primer momento se hab\u00eda asignado al menor de edad Jharik Esteban Ram\u00edrez Mart\u00ednez, pero ante el fallecimiento de \u00e9ste, la autoridad de v\u00edctimas debi\u00f3 acudir a los \u00f3rdenes de indemnizaci\u00f3n dispuesto en el art\u00edculo 5 del Decreto 1290 de 2008, en el que se\u00f1ala que a falta de hijos, el 50% de la indemnizaci\u00f3n corresponder\u00e1 a los padres de la v\u00edctima directa; en ese sentido, dicho monto fue dirigido a la madre de William Ram\u00edrez, obitado. <\/p>\n
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Luego, agreg\u00f3 que, en todo caso, la actora no pod\u00eda hacerse acreedora del valor reclamado, toda vez que ya hab\u00eda percibido el porcentaje que, como c\u00f3nyuge o compa\u00f1era permanente de William Ram\u00edrez le hab\u00eda correspondido, y seg\u00fan uno de los principios rectores en materia de indemnizaci\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto armado, \u00abninguna v\u00edctima podr\u00e1 recibir una doble reparaci\u00f3n econ\u00f3mica por el mismo concepto o violaci\u00f3n, con cargo a los recursos del Estado\u00bb (prohibici\u00f3n de doble reparaci\u00f3n). <\/p>\n
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Ahora, que a esa determinaci\u00f3n le precedan dos decisiones en sentido opuesto -fallos de tutela del Juzgado y del Tribunal de Buga-, no basta para que sea removida a trav\u00e9s de este escenario, si en cuenta se tiene que el juez colegiado suministr\u00f3 los motivos por los cuales su cumplimiento no era exigible. Igualmente, que la peticionaria discrepe de esa interpretaci\u00f3n, tampoco torna exitoso el resguardo, pues, como lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n, \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (STC4330-2021). <\/p>\n
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DECISI\u00d3N <\/p>\n
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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
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Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
3 <\/p>\n
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