STC047-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC047-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02116-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que \u00d3scar Eduardo Morales Rodr\u00edguez le instaur\u00f3 a la Sala 2\u00aa de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y al Juzgado Sexto Laboral de esa ciudad, extensiva a la AFP Colfondos Pensiones y Cesant\u00edas y Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pidi\u00f3 la protecci\u00f3n del debido proceso, la seguridad social, la vida digna, as\u00ed como el m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, presuntamente quebrantados por los accionados y, en consecuencia, dejar sin efecto CSJ SL4676-2020 y ordenar que se dicte otra sentencia que acoja sus pretensiones. <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que el 1\u00ba de enero de 2005 se afili\u00f3 al r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad, a trav\u00e9s de la AFP Horizonte Pensiones y Cesant\u00edas S.A., pero el 29 de junio de 2010 se traslad\u00f3 a la AFP Colfondos S.A., y que en dictamen de 28 de junio de 2013 Mapfre Colombia Vida y Seguros S.A., le calific\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad, de origen com\u00fan, del 75,35%, con fecha de estructuraci\u00f3n el 14 de diciembre de 2012, toda vez que padece \u00abVHI por citomegalovirus, criptococosis diseminada, neuroles, lesi\u00f3n cerebral focal hemorr\u00e1gica p\u00f3ntica\u00bb; luego, es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En los tres (3) a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la discapacidad cotiz\u00f3 al Sistema General de Pensiones 47,3 semanas y, pese a su enfermedad, lo sigui\u00f3 haciendo despu\u00e9s de ser calificado, tanto as\u00ed que logro realizar aportes por m\u00e1s de 50 semanas, situaci\u00f3n por la que el 13 de junio de 2013 le solicit\u00f3 a Colfondos S.A., la pensi\u00f3n de invalidez, prestaci\u00f3n negada porque no acumul\u00f3 50 semanas de cotizaci\u00f3n dentro de los tres (3) a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de su deficiencia, por lo que demand\u00f3 con base en los principios condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y favorabilidad, pero fue vencido inclusive en casaci\u00f3n, a pesar de la gravedad de las enfermedades que sufre y de su dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica, pues desde 2018 carece de ingresos y ha tenido m\u00faltiples dificultades para subsistir. <\/p>\n
Como demostr\u00f3 que para el 14 de diciembre de 2012, cuando se estructur\u00f3 la invalidez, hab\u00eda cotizado m\u00e1s de 26 semanas en cualquier tiempo, se le debi\u00f3 reconocer la pensi\u00f3n acorde con el texto original del art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, aplicable a su caso; adem\u00e1s, su historia laboral indica que en los tres a\u00f1os anteriores a tal estructuraci\u00f3n cotiz\u00f3 47,43 semanas, falt\u00e1ndole solo 2,57 para colmar las exigencias del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003, sobre todo porque la sentencia SU588 de 2016 justifica tal proceder, ya que padece enfermedades cr\u00f3nicas. <\/p>\n
2. El magistrado ponente de CSJ SL4676-2020 sostuvo que esa decisi\u00f3n es coherente con la jurisprudencia constitucional y que ning\u00fan derecho superlativo quebrant\u00f3. Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., pidi\u00f3 ser desvinculada porque no le ha vulnerado garant\u00edas al gestor. Los dem\u00e1s implicados guardaron silencio. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el auxilio porque no observ\u00f3 defectos que enmendar, ya que la sentencia est\u00e1 sustentada en un criterio razonable y concuerda con lo f\u00e1ctico, lo jur\u00eddico y con la jurisprudencia que guiaba la soluci\u00f3n del tema. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el promotor e insisti\u00f3 en las alegaciones del escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El accionante combate la sentencia CSJ SL4676-2020 (23 nov.), situaci\u00f3n que, prima facie, har\u00eda pensar que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de la inmediatez, toda vez que fue instaurada el 12 de octubre de 2021, seg\u00fan consta en el acta de reparto obrante en el infolio, es decir, por fuera de los seis (6) meses fijados por la jurisprudencia como plazo prudencial para su presentaci\u00f3n; empero, como la discusi\u00f3n gira en torno a un derecho pensional y el solicitante es sujeto de especial protecci\u00f3n, se tendr\u00e1 por oportuna su intervenci\u00f3n y se proceder\u00e1 al an\u00e1lisis del caso. <\/p>\n
2.- Vistos los aspectos que fundan la inconformidad, la Sala anticipa la ratificaci\u00f3n de la providencia impugnada, habida cuenta que la sentencia combatida, esto es, CSJ SL4676-2020 (23, nov.), que no cas\u00f3 el fallo de 7 de abril de 2016, en el que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali confirm\u00f3 el fallo que en primera instancia desestim\u00f3 las pretensiones de Morales Rodr\u00edguez, est\u00e1 sostenida en un criterio que es razonable desde el punto de vista de la juridicidad, lo que descarta el desatino que sugiere el gestor. <\/p>\n
En efecto, tal decisi\u00f3n est\u00e1 sustentada en una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa y de la jurisprudencia aplicable al tema tratado, sin que las conclusiones que contiene en torno a los principios de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y de favorabilidad, en que tanto insiste el impulsor, est\u00e9n desconectadas del precedente que ha servido de faro para zanjar casos an\u00e1logos. <\/p>\n
N\u00f3tese que, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la hom\u00f3loga laboral reflexion\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Pues bien, por regla general se ha precisado que en aras de fijar la normatividad aplicable de cara a otorgar una pensi\u00f3n de invalidez, ha de tomarse la que se encuentre vigente para el momento en que se determine la estructuraci\u00f3n de la invalidez del afiliado (CSL SL2358-2017). <\/p>\n
De ah\u00ed que, en el caso, se hubiera concluido con acierto que la disposici\u00f3n legal sobre la cual deb\u00eda estudiarse la procedencia del derecho era, en principio, la Ley 860 de 2003. No obstante, se reitera, que a la fecha en que se declar\u00f3 la p\u00e9rdida de capacidad laboral (14 de diciembre de 2012), el se\u00f1or Morales Rodr\u00edguez no contaba con semanas cotizadas, por lo que no acreditaba las 50 que exige la norma para causar la prestaci\u00f3n en comento. <\/p>\n
Sin embargo, esta Corporaci\u00f3n ha establecido los par\u00e1metros para acudir a la norma anterior y proteger a un grupo poblacional con expectativa leg\u00edtima, no con derecho adquirido, que goza de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, cual es, la satisfacci\u00f3n de las semanas m\u00ednimas que exige la reglamentaci\u00f3n derogada para acceder a la prestaci\u00f3n que cubre la contingencia por invalidez. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha explicado que es la norma inmediatamente derogada mas no cualquiera en el pasado que contenga una condici\u00f3n que pueda ser cumplida por quien alega el mencionado principio que le beneficie (CSJ SL, 14 ago. 2012, rad. 41671). <\/p>\n
A partir de esa dial\u00e9ctica precis\u00f3, entonces, que como el interesado no cumpli\u00f3 la densidad de las cincuenta (50) semanas de cotizaci\u00f3n durante los \u00faltimos tres (3) a\u00f1os inmediatamente anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez, seg\u00fan lo exige la Ley 860 de 2003, era necesario establecer la viabilidad de aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y a trav\u00e9s de \u00e9l juzgar su situaci\u00f3n con base en los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993, original, pero coligi\u00f3 que ello es imposible, para lo cual expuso: <\/p>\n
(\u2026) advierte la Sala que el Tribunal no incurri\u00f3 en un yerro jur\u00eddico al negar la procedencia de la pensi\u00f3n de invalidez solicitada, al tenor del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, que aunque se vali\u00f3 del anterior criterio de la Sala, no cumpli\u00f3 la densidad de semanas del art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, original, no solo en perspectiva de la fecha de la estructuraci\u00f3n del estado de invalidez que, se precisa, necesariamente debe ser entre el 26 de diciembre 2003 e igual calenda de 2006, sino en la del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, pues a trav\u00e9s del mismo se protegen las expectativas leg\u00edtimas de quienes, al momento del cambio normativo, ten\u00edan el presupuesto de densidad para acceder a la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Al desarrollar tal premisa reliev\u00f3 que, para poderse otorgar la pensi\u00f3n de invalidez por virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, se deben demostrar varios elementos que transcribi\u00f3 de CSJ SL2358-2017, as\u00ed: <\/p>\n
3.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo <\/p>\n
Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado estuviese cotizando. <\/p>\n
b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 26 de diciembre de 2003. <\/p>\n
c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006. <\/p>\n
d) Que al momento de la invalidez estuviese cotizando, y <\/p>\n
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes de la invalidez. <\/p>\n
Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo <\/p>\n
a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado no estuviese cotizando. <\/p>\n
b) Que hubiese aportado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a dicha data, es decir, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002. <\/p>\n
c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006. <\/p>\n
d) Que al momento de la invalidez no estuviese cotizando, y <\/p>\n
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a su invalidez. <\/p>\n
4. Combinaci\u00f3n permisible de las situaciones anteriores <\/p>\n
A todas estas, tambi\u00e9n hay que tener presente, para otorgar la pensi\u00f3n de invalidez bajo la \u00e9gida de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, la combinaci\u00f3n de las hip\u00f3tesis en precedencia, as\u00ed: <\/p>\n
4.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalid\u00f3 no estaba cotizando <\/p>\n
La situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, se encontraba cotizando al sistema y hab\u00eda aportado 26 semanas o m\u00e1s en cualquier tiempo. <\/p>\n
Si el mencionado afiliado, adem\u00e1s, no estaba cotizando para la \u00e9poca del siniestro de la invalidez – \u00abhecho que hace exigible el acceso a la pensi\u00f3n\u00bb- que debe sobrevenir entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, pero ten\u00eda 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el a\u00f1o inmediatamente anterior a dicho estado, es beneficiario de la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Acontece, sin embargo, que de no verificarse este \u00faltimo supuesto, al afiliado no lo cobija tal postulado. <\/p>\n
Aunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le hab\u00eda aportado 26 semanas o m\u00e1s en cualquier tiempo, no goza de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. <\/p>\n
4.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalid\u00f3 estaba cotizando <\/p>\n
Ac\u00e1, la situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta nace si el afiliado al momento del cambio legislativo, vale decir, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema, pero hab\u00eda aportado 26 o m\u00e1s semanas en el a\u00f1o inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002. <\/p>\n
Ahora, si el aludido afiliado estaba cotizando al momento de la invalidez – \u00abhecho que hace exigible el acceso a la pensi\u00f3n\u00bb- que debe suceder entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, y ten\u00eda 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el cualquier tiempo, igualmente ser\u00e1 beneficiario de la aplicaci\u00f3n del postulado de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. La sala juzga pertinente advertir que de no cumplirse este \u00faltimo supuesto, al afiliado no lo ampara dicho principio. <\/p>\n
En el mismo sentido que en el caso delantero, y a\u00fan a riesgo de fatigar, debe acentuarse que si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco hab\u00eda aportado 26 o m\u00e1s semanas en el a\u00f1o inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002, no posee una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. <\/p>\n
Con ese estudio, concluy\u00f3 que la remisi\u00f3n a la normatividad inmediatamente anterior a la que reg\u00eda el caso (Ley 860 de 2003) que, por virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, sirve para saber si el interesado tiene derecho a la pensi\u00f3n reclamada, solamente procede para aquellos eventos en los que la invalidez se estructur\u00f3 entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, no en los dem\u00e1s, y al respecto llam\u00f3 la atenci\u00f3n en cuanto a que: <\/p>\n
(\u2026) tambi\u00e9n resulta esencial advertir que la temporalidad de su aplicaci\u00f3n est\u00e1 delimitada, en lo que tiene que ver con el tr\u00e1nsito legislativo entre Ley 100 de 1993 y Ley 860 de 2003, pues el prop\u00f3sito justamente no es perpetuar de forma indefinida las disposiciones que emanan de la Ley 100 de 1993, sino que, por el contrario, lo que se busca es construir un puente de amparo de 3 a\u00f1os que cobije a los afiliados para que re\u00fanan la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n que prev\u00e9 el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003, y una vez verificada la contingencia de la invalidez de origen com\u00fan, puedan acceder a la prestaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Para luego concluir que: <\/p>\n
En el caso no es posible en ning\u00fan sentido pretender que le fuera aplicada al accionante la Ley 100 de 1993, bajo la remisi\u00f3n que habilita el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Es as\u00ed, pues al haberse estructurado la invalidez el 14 de diciembre de 2012, lo cierto es que se encontraba por fuera de la zona de paso prevista para tales fines. Por ende, bajo dichos presupuestos efectivamente no era dable concederle la pensi\u00f3n de invalidez al se\u00f1or Oscar Eduardo Morales Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Hecha esa precisi\u00f3n, descart\u00f3 tambi\u00e9n el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n a partir del postulado de la favorabilidad, tras advertir que este se sustenta en la incertidumbre que puede llegar a existir respecto de la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas vigentes llamadas a disciplinar una misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica, situaci\u00f3n que, seg\u00fan dijo, es ajena al caso en estudio, al ser claro que la regla que gobierna el asunto es la Ley 860 de 2003, en la que, conforme precis\u00f3, se apoy\u00f3 el tribunal, que, adem\u00e1s, sigui\u00f3 el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral sobre el punto en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3 que en las instancias nada se plante\u00f3 respecto de la aproximaci\u00f3n de semanas y que, por tanto, constituye un hecho novedoso, inadmisible en casaci\u00f3n; no obstante, precis\u00f3 que tal fen\u00f3meno carece de asidero en este evento, toda vez que est\u00e1 previsto para cifras que superen el 0,5, y en el asunto en estudio el demandante cotiz\u00f3 47,42 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la invalidez, cuando deb\u00eda acumular 50 semanas, lo que significa que le faltaron 2,58, que suman 18 d\u00edas, t\u00e9rmino que excede el tope admitido para hacer actuar la tesis por la que aboga el gestor, para lo cual se apoy\u00f3 en jurisprudencia sobre tal \u00edtem. <\/p>\n
Tal panorama frustra la intromisi\u00f3n exhortada, ya que revela que la sentencia fustigada est\u00e1 edificada sobre argumentos serios, coherentes y ponderados que no pueden ser tildados de arbitrarios e ilegales, con independencia de que esta Sala los pueda no llegar a compartir, sobre todo porque tales premisas concuerdan con la jurisprudencia que hay sobre la materia, que las respalda y les da solvencia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en l\u00ednea de principio, no se advierte que se haya desconocido la sentencia SU588-2016, toda vez que la situaci\u00f3n all\u00ed juzgada por la Corte Constitucional ofrec\u00eda unas particularidades que la hacen dis\u00edmil a la que invoca Morales Rodr\u00edguez, ya que estaba referida a la invalidez derivada de una enfermedad cong\u00e9nita, tanto as\u00ed que en ella se enfatiz\u00f3 que esta suele coincidir con el nacimiento de la persona o con otra situaci\u00f3n cercana a ese momento. <\/p>\n
Fue as\u00ed como en dicho pronunciamiento se precis\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) cuando se niega el reconocimiento y pago del derecho a la pensi\u00f3n de invalidez a una persona que padece una enfermedad cong\u00e9nita, cr\u00f3nica y\/o degenerativa que fue calificada con un porcentaje de disminuci\u00f3n de capacidad laboral igual o superior al 50%, pero a la cual se le asign\u00f3 por parte de las autoridades m\u00e9dico laborales una fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez correspondiente a la fecha de nacimiento, a una cercana a ese momento, la del primer s\u00edntoma o la del primer diagn\u00f3stico, con fundamento en que no acredita el n\u00famero de semanas requeridas con anterioridad a ese momento sin tomar en consideraci\u00f3n la efectiva explotaci\u00f3n de su capacidad laboral residual, se vulneran los derechos constitucionales fundamentales a la seguridad social, vida digna y m\u00ednimo vital (se resalta). <\/p>\n
Como se ve, tal situaci\u00f3n difiere del caso en cuesti\u00f3n, en el que la invalidez se estructur\u00f3 el 14 de diciembre de 2012, es decir, cuando \u00d3scar Eduardo ten\u00eda 32 a\u00f1os de edad, pues, seg\u00fan dijo, naci\u00f3 el 14 de marzo de 1980. <\/p>\n
3.- Aunque no se desconoce la situaci\u00f3n particular de salud del pretensor, que est\u00e1 en situaci\u00f3n de discapacidad y, por tanto, es considerado \u00absujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb, tal condici\u00f3n no conlleva de por s\u00ed a que se le conceda la guarda suplicada, habida cuenta que la decisi\u00f3n de la Sala accionada no revela atropello, ni cualquier otro defecto que deba ser corregido por esta senda excepcional, tanto as\u00ed que lo que se percibe es el inter\u00e9s que tiene el gestor de imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la naturaleza de este instrumento tutelar. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el fin pr\u00edstino de esta v\u00eda no fue servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada en STC2544-2021), sino de poner en evidencia la amenaza o el quebranto de garant\u00edas superlativas de las personas por la acci\u00f3n o inacci\u00f3n de las instituciones y dem\u00e1s sujetos llamados a respetarlas, de ah\u00ed que solo en esos eventos puede la justicia constitucional interceder y remediar tal desprop\u00f3sito. <\/p>\n
Y aunque el impugnante expuso que la situaci\u00f3n que alega le est\u00e1 ocasionado un perjuicio irremediable, ello no va m\u00e1s all\u00e1 de ser un enunciado, comoquiera que dej\u00f3 de acreditar la gravedad de lo acontecido, la inminencia del da\u00f1o y la impostergabilidad de las medidas que anhel\u00f3 obtener en esta senda, lo que conspira contra su prop\u00f3sito, pues, al respecto, esta Sala ha explicado que, <\/p>\n
(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, STC15930-2018, y STC3455-2020). <\/p>\n
4.- Se impone, entonces, prohijar el veredicto que desestim\u00f3 el ruego tuitivo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC047-2022 Magistrado Ponente STC047-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02116-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de octubre de 2021 por la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60526","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60526","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60526"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60526\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60526"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60526"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60526"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}