STC079-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC079-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04662-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mayra Alejandra Coronado Blanco contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar\u00b8 Jhon Rusber Nore\u00f1a Betancourth (Magistrado de esa Colegiatura), la Personer\u00eda Municipal de la misma ciudad y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas -UARIV, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales y el de sus menores hijos (a quienes no identifica), al m\u00ednimo vital, a la igualdad y a la \u00abespecial asistencia\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco de la salvaguarda promovi\u00f3 contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar y la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de las V\u00edctimas, radicado No. 2021-00355-00. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene \u00abal doctor Jhon Rusber Nore\u00f1a Betancourth, Magistrado del Tribunal Superior de Valledupar, Sala Civil Familia Laboral, tramitar la acci\u00f3n de tutela con medida provisional y garantizar los derechos fundamentales a [sus] hijos menores afectados por el conflicto, para evitar un da\u00f1o irreparable; ordenar a la Unidad de V\u00edctimas que sin m\u00e1s dilataciones y con el fin de evitar un da\u00f1o irreversible a [sus] menores hijos, [l]e entreguen las ayudas humanitarias de emergencia para evitar un da\u00f1o a [sus menores hijos]; [l]e hagan entrega de una certificaci\u00f3n que demuestre [su] condici\u00f3n de desplazado por la violencia; que [la] vinculen a los programas de apoyo econ\u00f3mico que [l]e permitan garantizar los alimentos de [sus] menores hijos\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que en el mes de agosto de 2021 fue v\u00edctima de desplazamiento por hechos ocurridos en el municipio de Villanueva, La Guajira, sin que a la fecha la Personer\u00eda Municipal de Valledupar, ni la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas le haya brindado apoyo a ella ni a sus menores hijos, pese a que est\u00e1n pasando por una mala situaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
Sostiene que, ante sus reclamos, el Tribunal Superior de Valledupar le indic\u00f3 que \u00abno siga presentando acciones de tutela porque [la] van a sancionar, ya que son por los mismos\u00bb; y por su parte, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas le manifest\u00f3 \u00abde forma telef\u00f3nica que debe esperar 60 d\u00edas h\u00e1biles para que realicen la valoraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente afirm\u00f3 que en la acci\u00f3n de tutela que por tales hechos present\u00f3 ante el Tribunal Superior de Valledupar, se consider\u00f3 que ni ella ni sus descendientes estaban sufriendo un \u00abda\u00f1o irremediable\u00bb, y por ello, no se les concedi\u00f3 medida provisional de protecci\u00f3n, pese a que est\u00e1 en una situaci\u00f3n de \u00abextrema necesidad\u00bb y no tiene ning\u00fan tipo de ingreso, circunstancias que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 16 de diciembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia de las actuaciones adelantadas en la acci\u00f3n de tutela de la referencia y en la 2021-00355, tambi\u00e9n promovida por la aqu\u00ed accionante en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de las V\u00edctimas. <\/p>\n
b). La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, por intermedio de su representante judicial, manifest\u00f3 que la aqu\u00ed accionante est\u00e1 incluida en el RUV y present\u00f3 una petici\u00f3n el 23 de diciembre de 2021 a la cual emiti\u00f3 respuesta el d\u00eda 28 del mismo mes, radicado 202172039765281, no obstante \u00e9sta present\u00f3 en su contra la acci\u00f3n de tutela de la referencia, con sustento en los mismos hechos de la presente, de la cual el Tribunal Superior de Valledupar avoc\u00f3 conocimiento el 16 de diciembre siguiente y la fall\u00f3 negando la protecci\u00f3n, sin que se impugnara la decisi\u00f3n, lo que, dice, configura temeridad en el uso del mecanismo e implica que hay cosa juzgada frente al reclamo. <\/p>\n
Precis\u00f3 que en la respuesta que emiti\u00f3 frente a la aludida petici\u00f3n de la actora, se le indic\u00f3 que se accedi\u00f3 a entregarle tres giros de dinero por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, del cual ya se pag\u00f3 uno, y oportunamente informar\u00e1 a trav\u00e9s de los canales de atenci\u00f3n sobre la colocaci\u00f3n de los dem\u00e1s. <\/p>\n
c). Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa, que lo pretendido por la ciudadana Mayra Alejandra a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, es que se ordene al Tribunal Superior de Valledupar, \u00abtramitar\u00bb la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de las V\u00edctimas, y, que la mentada Unidad le entregue unas ayudas humanitarias de emergencia, una certificaci\u00f3n que acredite su condici\u00f3n de desplazada por la violencia, y, que la vincule a los programas de apoyo econ\u00f3mico. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Visto lo anterior, se aprecia sin asomo de duda, que el resguardo constitucional reclamado es improcedente, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es, en \u00faltimas, atacar el tr\u00e1mite y la decisi\u00f3n de fondo de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente donde el juez constitucional el 9 de diciembre pasado emiti\u00f3 decisi\u00f3n frente a las declaraciones y \u00f3rdenes reclamadas en este escenario, la cual fue conocida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, radicado No. 2021-00345, donde se neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque lo all\u00ed pretendido ya hab\u00eda sido objeto de estudio y decisi\u00f3n en otro tr\u00e1mite de tutela que conoci\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar; as\u00ed mismo, ante la repetici\u00f3n del mismo reclamo por parte de la aqu\u00ed inconforme, la mencionada Colegiatura decidi\u00f3 el pasado 9 de diciembre \u00abrechazar de plano\u00bb otra acci\u00f3n de tutela, identificada con el consecutivo No. 2021-0355, y conmin\u00f3 a \u00e9sta para que \u00abse abstenga de continuar presentando acciones ante diferentes despachos judiciales, haciendo un uso indebido de la acci\u00f3n constitucional y del acceso a la justicia, acudiendo mediante acciones con identidad de partes, hechos y pretensiones, so pena de hacerse acreedora a las sanciones previstas que la Ley dispone para este tipo de actuaciones, puesto que podr\u00eda estar incursa en temeridad\u00bb. <\/p>\n
5. Lo antelado implica que la protecci\u00f3n reclamada desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha insistido, en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de id\u00e9ntica condici\u00f3n el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto. <\/p>\n
6. Ahora, se advierte que el expediente contentivo de las acciones tuitivas en comento pueden ser objeto de eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, conforme lo establece el art\u00edculo 33 del memorado compendio1, mecanismo a trav\u00e9s del cual el Defensor del Pueblo o cualquier Magistrado de dicha Corporaci\u00f3n podr\u00e1 pedir a \u00e9sta su escogencia para dicho tr\u00e1mite, \u00fanico mecanismo procesal que puede solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, herramienta esta \u00faltima respecto de la cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC3841-2021). <\/p>\n
7. Finalmente, frente al reclamo de la gestora para que a trav\u00e9s de este medio se ordene a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV, le entregue una certificaci\u00f3n que demuestre su condici\u00f3n de persona desplazada por la violencia, ayudas humanitarias de emergencia, y, la vincule a los programas de apoyo econ\u00f3mico que brinda el Estado, basta con se\u00f1alar, que resulta improcedente en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de la acci\u00f3n de tutela, comoquiera que no obra prueba en el expediente constitucional que la interesada haya acudido directamente a dicha entidad para solicitar lo que por esta v\u00eda peticiona, situaci\u00f3n que impide la intervenci\u00f3n sobre el particular por parte del juez constitucional, quien no puede desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver situaciones particulares. <\/p>\n
8. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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