STC080-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC080-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04676-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Wiston Alexander Ram\u00edrez Bonilla contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia tr\u00e1mite al que se hace necesario vincular a la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Arauca y al Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma urbe. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del auxilio demanda la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad convocada al avalar actuaciones desplegadas por un funcionario carente de competencia en el marco de la causa penal que en contra se promovi\u00f3 bajo el radicado interno n.\u00ba 53849. <\/p>\n
Pide concretamente, para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, se deje \u00absin efecto la providencia de segunda instancia calendada el 17 de marzo de 2021, proferida por Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala Penal\u00bb. <\/p>\n
2 En apoyo de su reclamo aduce, en s\u00edntesis, que fue investigado y absuelto por el delito de homicidio agravado en ambas instancias procesales, mediante sentencia del 5 de junio de 2014 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito, y fallo dictado el 31 de mayo de 2018 por el Tribunal Superior, ambos de Arauca, tras reconocerse en su favor \u00abla causal de exclusi\u00f3n de responsabilidad de leg\u00edtima defensa\u00bb; no obstante, al resolver el recurso de casaci\u00f3n que contra de esa \u00faltima determinaci\u00f3n interpuso el ente acusador, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en providencia del 7 de noviembre de 2019, radicado interno 53849, cas\u00f3 la sentencia, para en lugar, emitir una condenatoria por aludido punible, determinaci\u00f3n contra la que, asegura, proced\u00eda la impugnaci\u00f3n especial. <\/p>\n
Para sustentar lo anterior, explic\u00f3 que luego de emitida la anterior determinaci\u00f3n se enter\u00f3 de que el titular de la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la ciudad de Bogot\u00e1, quien adelant\u00f3 la investigaci\u00f3n en su contra, hab\u00eda sido denunciado y condenado \u2013por la \u00e9poca de legalizaci\u00f3n de su captura\u2013 por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento p\u00fablico y falsedad en documento privado. <\/p>\n
Entonces, lo anterior fue puesto en conocimiento de la Corporaci\u00f3n accionada en aras de declarar la anulaci\u00f3n de toda la actuaci\u00f3n, dada la evidente transgresi\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, en la medida en que quien realiz\u00f3 el cierre de la investigaci\u00f3n y calific\u00f3 el sumario e incluso particip\u00f3 en la audiencia de juicio, lo hizo sin ser abogado. <\/p>\n
As\u00ed mismo, a trav\u00e9s de su apoderado de confianza present\u00f3 denuncia formal en contra del aludido ex funcionario; empero, la Magistratura convocada, en decisi\u00f3n del 17 de marzo de 2021 \u00abconfirm\u00f3 la sentencia condenatoria y neg\u00f3 la solicitud de nulidad\u00bb, pretextando que \u00ablos actos procesales que ejecut\u00f3 se reputan existentes y v\u00e1lidos, m\u00e1s a\u00fan cu\u00e1ndo no se observa ni el defensor jam\u00e1s aleg\u00f3 que en la confirmaci\u00f3n de los mismos se hubiera inobservado alg\u00fan requisito legal, o que se violara alguna garant\u00eda fundamental del acusado o las bases del proceso\u00bb, quebrantando as\u00ed, dice, sus garant\u00edas superiores, \u00abpor cuanto no hizo efectiva la igualdad de las partes\u00bb, al considerar que quien deb\u00eda advertir desde el inicio esa irregularidad era la defensa y no la fiscal\u00eda; adem\u00e1s, dej\u00f3 de lado que las \u00abconsecuencias o actuaciones producto de un comportamiento il\u00edcito se reputan legales, con las nefastas consecuencias que de ello se desprende, pues ser\u00eda, por ejemplo, un incentivo para que este tipo de comportamientos se repitan\u00bb, vicisitudes que, dice, hacen viable la revisi\u00f3n de dichas determinaciones por parte del Juez de tutela. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 16 de diciembre de 2021 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala de Casaci\u00f3n Penal a trav\u00e9s de la Magistrada Ponente de la decisi\u00f3n censurada, adem\u00e1s de hacer un recuento de la actuaci\u00f3n a su cargo, se\u00f1al\u00f3 que con fallo SP977-2021, del 17 de marzo anterior, \u00abresolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial contra la primera condena promovida por el defensor, mediante el cual se deneg\u00f3 la solicitud de nulidad parcial del proceso y se confirm[\u00f3] la sentencia condenatoria\u00bb. Revel\u00f3 que en esa oportunidad explic\u00f3 con suficiencia, entre otras, que \u00abla irregularidad de la investidura de un funcionario de hecho no se trasmite a los actos jur\u00eddicos que realiza en esa condici\u00f3n, los que se presumen legales al igual que los de un funcionario de derecho\u00bb. <\/p>\n
Entonces, pidi\u00f3 denegar el amparo al considerar que este \u00abse utiliza para insistir en la solicitud de nulidad que ya fue debidamente resuelta en la sentencia de impugnaci\u00f3n especial\u00bb. <\/p>\n
b. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Arauca, simplemente aport\u00f3 link de acceso al expediente digital. <\/p>\n
c. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Examinada la queja constitucional se avizora, que la cr\u00edtica principal del ciudadano Wiston Alexander Ram\u00edrez Bonilla se circunscribe a cuestionar la decisi\u00f3n contenida en el prove\u00eddo SP977-2021 del 17 de marzo de 2021, a trav\u00e9s del cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3: \u00abPrimero: Denegar la solicitud de nulidad parcial del proceso. Segundo: Confirmar la sentencia de casaci\u00f3n que conden\u00f3 a WISTON ALEX\u00c1NDER RAM\u00cdREZ BONILLA como autor del delito de homicidio agravado\u00bb, pues, seg\u00fan su criterio, se incurri\u00f3 en una causal de procedencia del resguardo al avalar una irregularidad consistente en que \u00abuno de los componentes del juez natural, que en los procesos de la Ley 600 se extiende a los fiscales, es que se trate de sujetos que re\u00fanan las condiciones para ostentar el cargo respectivo\u00bb; adem\u00e1s, se incurri\u00f3 en una falta de competencia, porque el fiscal que lo investig\u00f3 no reun\u00eda las condiciones para ejercer ese cargo, y por lo tanto, la acusaci\u00f3n, considerada como la base del juicio, fue proferida por funcionario incompetente. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, al no advertir desafuero alguno susceptible de correcci\u00f3n constitucional frente a la decisi\u00f3n del 17 de marzo de 2021 (notificada al actor en junio siguiente) a trav\u00e9s de la cual se deneg\u00f3 la solicitud de anulaci\u00f3n solicitada en el marco de la impugnaci\u00f3n especial elevada por el actor en contra del fallo de 6 de noviembre de 2019, con el cual fue condenado como autor del delito de homicidio agravado. Por el contrario, se advierte que la misma se sustent\u00f3 en una respetable aplicaci\u00f3n de las normas que gobiernan ese tr\u00e1mite, as\u00ed como una adecuada y completa valoraci\u00f3n de los medios de defensa arrimados al legajo. <\/p>\n
Al efecto, la Magistratura cuestionada precis\u00f3, en primer t\u00e9rmino, que para determinar la ilegalidad de un acto procesal era imperioso determinar \u00absi en su constituci\u00f3n no se observaron las formas legales y ser\u00e1 ineficaz si adem\u00e1s (art. 310 C.P.P.\/2000): afect\u00f3 garant\u00edas fundamentales de las partes o las bases del proceso (trascendencia); no cumpli\u00f3 su finalidad o \u00e9sta se obtuvo con indefensi\u00f3n (instrumentalidad de las formas); no fue coadyuvado por el interesado en su anulaci\u00f3n salvo que se trate de falta de defensa t\u00e9cnica (protecci\u00f3n); no fue ratificado por el perjudicado (convalidaci\u00f3n); y, no puede ser reparado por otro mecanismo procesal principal (subsidiariedad). Por \u00faltimo, la anomal\u00eda debe estar definida en la ley como causal de nulidad (taxatividad)\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, dijo que con sustento en reciente jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencia de sep. 18\/2001, rad. S-472) se determin\u00f3 que los funcionarios de hecho \u00abson los que \u00abcarecen de investidura o que la tienen, pero de manera irregular, desempe\u00f1an funciones que corresponden efectivamente a un empleo p\u00fablico debidamente creado y tienen los mismos derechos u prestaciones salariales que el r\u00e9gimen jur\u00eddico vigente reconoce a los funcionarios de jure\u00bb y, en consecuencia, \u00ab[l]a validez de actuaciones se ha predicado, inclusive, frente a funcionarios de hecho que cumplen labores jurisdiccionales\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, precis\u00f3 que en \u00abla sentencia de casaci\u00f3n SP, dic. 12\/2006, rad. 26405, se advirti\u00f3 que el ejercicio del cargo por una fiscal antes de su posesi\u00f3n la convert\u00eda en funcionaria de facto, pero que \u201clos efectos de sus decisiones ten\u00edan las mismas consecuencias que poseer\u00edan sus actos si hubiera obrado como funcionaria de derecho\u201d, conforme a la doctrina expuesta en el pronunciamiento SP, mar. 14\/2002, rad. 9921\u00bb. Entonces, \u00abla irregularidad de la investidura de un funcionario de hecho no se trasmite a los actos jur\u00eddicos que realiza en esa condici\u00f3n, los que se presumen legales al igual que los de un funcionario de derecho\u00bb y respecto a los actos desplegados por el funcionario relacionados con: \u00abdecretar el cierre de la investigaci\u00f3n el 11 de mayo de 2011, proferir resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n el 14 de diciembre siguiente y asistir a la audiencia preparatoria el 26 de septiembre de 2012\u00bb, resultaban carentes de trascendencia alguna, \u00abpues la inmensa mayor\u00eda de las pruebas ya hab\u00eda sido recaudada por los fiscales anteriores y, en todo caso, ninguna injerencia tuvo aqu\u00e9l en la incorporaci\u00f3n de las que fundaron tanto la decisi\u00f3n absolutoria en las instancias como la condenatoria en casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, explic\u00f3 que la competencia de modo alguno puede predicarse de un funcionario, sino de una instituci\u00f3n en este caso del ente acusador. Por dem\u00e1s, explic\u00f3 detalladamente uno a una las cuestiones probatorias que se pretend\u00edan cuestionar a trav\u00e9s de la impugnaci\u00f3n especial. <\/p>\n
4. Por lo expuesto, emerge para la Sala que, a diferencia de lo entendido por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el juez colegiado aqu\u00ed convocado se soport\u00f3, precisamente, en una hermen\u00e9utica respetable del precedente adoptado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en punto a que los actos que pueden afectar la validez de la actuaci\u00f3n desplegados por un funcionario de hecho se encuentran amparados de la presunci\u00f3n de legalidad, al ejercer sus funciones bajo la convicci\u00f3n razonable de que se trata de funcionarios investidos v\u00e1lidamente de funci\u00f3n p\u00fablica; sin que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, permita per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, luego queda en evidencia que lo expuesto por el gestor en este escenario, es su particular manera de analizar lo definido por el juez del asunto, sin que por ello pueda descalificarse la labor de este, quien, como se vio, tuvo en cuenta la l\u00ednea jurisprudencial adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la defini\u00f3 con fundamento en una argumentaci\u00f3n que no puede ser catalogada como caprichosa o subjetiva. <\/p>\n
5. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, <\/p>\n
as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC5908-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Magistratura ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
6. Estas consideraciones bastan entonces para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado el fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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