STC081-2022 <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC081-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03198-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la Fundaci\u00f3n I.P.S. de la Universidad de Pamplona en liquidaci\u00f3n, frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte actora reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la \u00abcorrecta\u00bb administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la decisi\u00f3n de fondo proferida en el marco del proceso ejecutivo singular que promovi\u00f3 frente a La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros, con rad. 2018-00342-00. <\/p>\n
Por tal motivo, solicita entonces, \u00ab[r]evocar\u00bb el prove\u00eddo proferido el 30 de julio de 2021, y, que, como consecuencia de ello, se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta \u00abproferir una nueva providencia\u00bb en el marco del referido asunto. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto aduce, que pese a que los argumentos del recurso de apelaci\u00f3n formulado en contra de la sentencia de primera instancia, fueron \u00ab\u00fanicamente una supuesta FALSA MOTIVACI\u00d3N O INDEBIDA MOTIVACI\u00d3N\u00bb la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, acudiendo \u00ab\u00fanica y exclusivamente (\u2026) [a] un pronunciamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Civil\u00bb, revoc\u00f3 la decidido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tras considerar que \u00ablos documentos o facturas aportadas (\u2026) no prestaban m\u00e9rito ejecutivo, toda vez que no fueron acompa\u00f1adas o radicadas con un documento denominado \u201cCUENTA DE COBRO\u201d\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en la anterior decisi\u00f3n se desconoci\u00f3 el ordenamiento procesal, no solo, pas\u00f3 por alto los motivos de inconformidad expuestos en la alzada, sino lo dispuesto en el art\u00edculo 430 del C. G. del P., en cuanto a la oportunidad para examinar los requisitos formales del t\u00edtulo, adem\u00e1s que se trataba de \u00abfacturas emitidas por servicios de salud\u00bb, luego, est\u00e1n regidas por la Ley 1231 de 2008, razones suficientes que, dice, hacen necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 11 de enero de los corrientes, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta precis\u00f3, que se atiene a los argumentos expuestos en la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
b. La representante legal de La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros despu\u00e9s de referirse a los hechos expuestos por la censora, precis\u00f3 que \u00ab[e]s claro que los reparos expresados en el escrito de tutela como actos de violaci\u00f3n, son meras interpretaciones realizadas por la accionante, las cuales no tienen respaldo jur\u00eddico, o jurisprudencial, y estos no pueden considerarse como una violaci\u00f3n a derechos constitucionales, m\u00e1s a\u00fan cuando dichos argumentos nunca fueron esbozados por la accionante en ninguna de las instancias del proceso, y se observa m\u00e1s que dicha acci\u00f3n busca revivir etapas procesales y deslegitimar el fallo proferido por el Ad-Quem, as\u00ed las cosas y conforme con lo antes mencionado se observa que se pretende hacer uso de la sentencia como una tercera instancia, lo cual resulta contrario al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito introductorio se advierte, que la censura de la Fundaci\u00f3n I.P.S. Universidad de Pamplona en liquidaci\u00f3n, est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el 30 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, que resolvi\u00f3 \u00abREVOCAR\u00bb lo decidido el 19 de enero de del mismo a\u00f1o por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, para en su lugar, entonces, \u00ababstenerse de proseguir la ejecuci\u00f3n por la ausencia de t\u00edtulo ejecutivo id\u00f3neo\u00bb, dentro del proceso que para tal efecto promovi\u00f3 frente a la Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros, pues en su sentir, no hab\u00eda lugar a examinar el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, habida cuenta de los argumentos expuestos en el recurso de alzada. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, para revocar la decisi\u00f3n de primer grado y en su lugar cesar la acci\u00f3n ejecutiva, luego advertir, que los motivos de la apelaci\u00f3n se dirig\u00edan entre otras a cuestionar la normatividad aplicable a las facturas generadas por la prestaci\u00f3n de servicios de salud precis\u00f3 que, en efecto \u00abno se les puede considerar como t\u00edtulos valores gobernados exclusivamente por el estatuto mercantil, ya que el asunto est\u00e1 regido por normas especiales que prev\u00e9n la forma como deben realizarse los pagos y los t\u00e9rminos para efectos de generar glosas, devoluciones y respuestas, escenario legal que naturalmente transforma tales instrumentos en t\u00edtulos complejos, puesto que el agotamiento de esos tr\u00e1mites debe verse reflejado en los documentos a ellas anexos\u00bb. <\/p>\n
En tal orden, sent\u00f3 que los citados documentos estaban regidos por las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, el Decreto 3260 de 2004, y especialmente en lo previsto por los art\u00edculos 21 a 25 del Decreto 4747 de 2007, 056 de 2015 y as\u00ed mismo la Resoluci\u00f3n No 3047 de 2008, luego indic\u00f3 que \u00abauscultadas las facturas base del recaudo coercitivo obrantes del folio 1 al 766 del cuaderno de primera instancia, no es objeto de discusi\u00f3n que estas se encuentra radicadas ante La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros. Ello, por cuanto, pese a que no tiene sello de recibido de la ejecutada, sino que por parte de \u201cTECNOIMAGENES\u201d, que, al parecer es un consorcio, \u00e9sta circunstancia no mereci\u00f3 reproche alguno a la demandada\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, puntualiz\u00f3 que \u00ab[s]in embargo, no sucede lo mismo respecto de la o las cuentas de cobro con las que probablemente fueron radicadas esas facturas, toda vez que en el dossier no reposa ni la m\u00e1s m\u00ednima muestra de este documento. Si esto es as\u00ed como en realidad lo es, refulge que no fue acreditado el cumplimiento del tr\u00e1mite administrativo explicitado en precedencia, de donde se sigue que la incompletitud del t\u00edtulo ejecutivo torna inexigible las facturas b\u00e1culo de la acci\u00f3n compulsiva. En otras palabras, si bien se adosaron a la demanda las facturas que relacionan los servicios prestados y todas tienen sello de recibido por la compa\u00f1\u00eda demandada, lo cierto es que no se presentaron las respectivas cuentas de cobro que permitan colegir que el tr\u00e1mite administrativo previo que deb\u00eda surtirse para obtener su pago, en efecto fue agotado. <\/p>\n
Bajo este orden argumentativo, las razones esgrimidas por el juez a quo se avizoran desatinadas, dado que desde la misma orden de apremio consider\u00f3 que las facturas en la forma como fueron presentadas son suficientes para emitir el mandamiento ejecutivo. De donde se sigue que obviamente la ejecuci\u00f3n no ha de proseguir avante, toda vez que no supera el escrutinio de la aducci\u00f3n de t\u00edtulo con m\u00e9rito ejecutivo para su ejecuci\u00f3n, y por ah\u00ed innecesario resulta auscultar el reparo enfilado contra la sentencia del primer nivel\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed ejecutante), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria. <\/p>\n
5. T\u00e9ngase en cuenta que, contrario a lo considerado por la gestora del amparo, la decisi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n convocada se apoy\u00f3 en la normatividad aplicable y el an\u00e1lisis conjunto de los medios de prueba, los que permitieron advertir, que en efecto, las documentales arrimadas base del recaudo, por su naturaleza constitu\u00edan un t\u00edtulo complejo, y en tal orden no estaban acompa\u00f1adas de los legajos necesarios para su eficacia, como qued\u00f3 visto; sin que adem\u00e1s se advierta un desvi\u00f3 grosero del ordenamiento procesal que rige el litigio, en punto del examen de los supuestos t\u00edtulos objeto del recaudo, pues no solo, los motivos de inconformidad de la alzada iban dirigidos entre otras a cuestionar la legislaci\u00f3n aplicable a las facturas arrimadas, sino que, respecto de la puntual materia ha sido pacifica la posici\u00f3n de esta Corte \u00aben la pertinencia y necesidad de examinar los t\u00edtulos ejecutivos en los fallos, incluidos los de segundo grado, pues, se memora, los jueces tienen dentro de sus deberes, escrutar los presupuestos de los documentos ejecutivos, \u201cpotestad-deber\u201d que se extrae no s\u00f3lo del antiguo Estatuto Procesal Civil, sino de lo consignado en el actual C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (STC290-2021)1. <\/p>\n
6. En relaci\u00f3n del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
7. En virtud de lo antes dicho, se impone desestimar lo pretendido con el escrito presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Ver entre otras STC14863-2019, STC4053-218, STC4808-2017. <\/p>\n
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